diciembre 15, 2021
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A seis años de la adopción de la Agenda 2030, y a nueve años para presentar resultados, ya se pueden trazar no solo los primeros balances sino que las primeras lecciones aprendidas y los retos pendientes.
La crítica, conformada por abogados constitucionalistas, ha señalado a la ley como la mayor enemiga del gobierno, porque las modificaciones que propone el director de la obra y vicepresidente de la República Félix Ulloa en la nueva Constitución de la República van en contra de cláusulas pétreas. Con esta pieza, los asistentes observarán cómo las reformas tienen un solo objetivo: Concentrar más poder en las manos del titiritero Nayib Bukele, o como él mismo prefiere llamarse, dictador y emperador de El Salvador.
Esta obra aborda el engaño de incluir el derecho a acceso a la información pública en la nueva propuesta de Constitución de la República, al evidenciar tras bambalinas cómo las palabras son incongruentes con los actos: los títeres del equipo ad hoc se han negado a entregar información de interés público sobre todas las personas involucradas en el proceso de creación del documento y lo han mantenido en secreto.
Aunque se trata de una obra de bajo presupuesto, sin el recurso humano con criterio técnico para modificar 216 artículos de la Constitución de la República, el director y vicepresidente de la República Félix Ulloa es creativo y, con ilusiones ópticas, pretende hacer creer a los asistentes que el proceso de creación de nueva Constitución fue participativo, cuando en realidad nada de lo que propusieron los involucrados e involucradas será tomado en cuenta en el documento final.
El escenario ha sido decorado cuál paraíso del Edén, con el reconocimiento al "derecho al agua, su saneamiento y al aire", y con la obligación estatal de garantizar agua suficiente y accesible, pero al final no es más que un sueño alejado de la realidad de las comunidades: El gobierno ha otorgado permisos ambientales a proyectos extractivos de agua, como la construcción de Ciudad Valle El Ángel, y ha propuesto plazos de hasta 15 años para que empresas privadas exploten el agua.