Foto/Emerson Flores/Leonel Pacas
El Salvador mantiene un “exterminio técnico” para negar derechos a los pueblos indígenas
A 90 años del etnocidio, el Estado salvadoreño sigue negando la existencia de los pueblos indígenas y en consecuencia tampoco garantiza sus derechos . Los tres poderes del Estado continúan un “exterminio técnico” y se limitan a desarrollar medidas asistencialistas, mientras incumplen compromisos internaciones de justicia restaurativa.
Por Gloria Olivares
El Estado salvadoreño ha sido, históricamente, el principal verdugo de las personas indígenas en el país. En enero de 1932, luego de levantamientos para exigir el reconocimiento de sus derechos humanos y la devolución de sus tierras, los indígenas fueron masacrados por el Ejército y guardias civiles del dictador Maximiliano Hernández Martínez en distintos puntos del país, pero sobre todo en la región occidental y con más intensidad en Sonsonate. La cantidad de víctimas aún no está clara, porque el Estado salvadoreño ha sido tan displicente con los indígenas que ni siquiera documentó cuántas vidas arrebató. El Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) estima que fueron entre 10,000 y 30,000 víctimas que hasta hoy siguen en la impunidad, con el agravante de que han sido invisibilizadas y borradas de la historia. 90 años después del etnocidio, las cosas no han cambiado mucho. Aunque ya no hay un exterminio literal, en la práctica los tres órganos del Estado siguen negando la existencia de los pueblos indígenas. Representantes de comités y organizaciones indígenas dijeron a GatoEncerrado que actualmente sigue ocurriendo un “exterminio técnico”.
En 2007, el Ejecutivo salvadoreño desarrolló ese “exterminio técnico” a través del Censo de Hogares con el que invisibilizó a las poblaciones indígenas. El gobierno del presidente Nayib Bukele, por su lado, continúa con el legado que heredó de los gobiernos anteriores y sigue sin garantizar el desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas. El Órgano Judicial, también se niega a resolver las denuncias de los pueblos originarios y la Asamblea Legislativa ha despreciado las iniciativas de ley que buscan el reconocimiento de sus derechos y, en vez de discutirlas, las ha enviado al archivo para que se pierdan en el olvido.
En el contexto de la conmemoración de los 90 años de la masacre de 1932, miembros de pueblos indígenas de Izalco realizan un ritual ancestral en el lugar sagrado conocido como El Llanito donde descansan algunos de sus antepasados. Foto/Emerson Flores.
Según el VI Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 2007, la población indígena únicamente representaba un 0.23 % de la población total del país. Ese porcentaje fue obtenido a partir del auto reconocimiento de las personas. Betty Pérez, representante del Consejo Coordinador Nacional Indigena Salvadoreño (CCNIS), dijo que ese censo, desde su creación, representaba el “exterminio técnico” que ocurre actualmente en contra de las personas indígenas.
Según los representantes del CCNIS, los funcionarios de la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC) modificaron la pregunta sin consulta previa al equipo multidisciplinario que elaboró el cuestionario del censo, conformado por representantes nacionales e internacionales.
Contraste entre las preguntas del Censo de 2007
En este cuadro se puede evidenciar el contraste entre la pregunta original que fue redactada por un equipo multidisciplinario y representantes de los pueblos indígenas, y la pregunta final que se utilizó en el censo de 2007.
PREGUNTA ORIGINAL: Según sus antepasados y prácticas culturales ¿se considera usted miembro de un pueblo indígena? Si es así, diga ¿cuál? |
|---|
Lenca
Kakawira Nahua Otro, especifique |
PREGUNTA FINAL: ¿Es usted? |
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Blanco Mestizo Indígena Negro Otros Si usted es indígena, ¿a cuál grupo pertenece? Lenca Kakawira (Cacaopera) Nahua Otro, especifique |
Fuente: Elaboración propia con el instrumento de censo del Diagnóstico situacional de la niñez y adolescencia indígena en El Salvador.
La representante del Consejo Indígena Salvadoreño también denunció que durante la ejecución del censo, los encuestadores respondieron el instrumento a criterio propio; es decir, si ellos veían que la persona usaba ropa indígena o si tenía algún rasgo identitario realizaban la pregunta. De lo contrario, ellos asumían las respuestas sobre cómo se identificaba cada persona.
Amadeo Martínez, quien también es representante del CCNIS y consejero mayor del Consejo Indígena de Centro América (CICA) y abogado especialista en derechos culturales, también señaló que las personas indígenas no fueron capacitadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) para participar como empadronadores. Eso se convirtió en otra limitante del censo ya que, según Martínez, podría haber dado más confianza a los censados, debido a la represión histórica que esta población ha enfrentado a lo largo de la historia.
Este “exterminio técnico” fue entendido por las organizaciones como una estrategia desde las instituciones del Estado salvadoreño para negar la existencia de los pueblos indígenas. Según Martínez, este “exterminio” no fue arbitrario, sino que fue realizado para evitar el reconocimiento de la cantidad de personas indígenas en el país y consecuentemente evadir la obligación estatal de garantizar sus derechos y desarrollar políticas públicas para su desarrollo integral.
En El Salvador solo existen oficialmente tres instrumentos con información y datos desagregados sobre los pueblos originarios: El Perfil de los Pueblos Indígenas en El Salvador, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2005 y el VI Censo de población y V de Vivienda del año 2007. Pero los datos de estos documentos se contradicen entre ellos, debido a las discrepancias porcentuales de la población indígena.
Documento | Año | Porcentaje |
|---|---|---|
Perfil de los Pueblos Indígenas en El Salvador | 2003 | 10 – 12 % |
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2005 | 17 % |
VI Censo de población y V de Vivienda | 2007 | 0.23 % |
Fuente: Diagnóstico situacional de la niñez y adolescencia indígena en El Salvador. Tabla 1. pág. 155
Por la falta de reconocimiento, vulneraciones a sus derechos y la discrminación, el Movimiento Unificado de Indígenas de Nahuizalco (MUINA) y las demás comunidades indígenas interpusieron en 2007 una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero la Sala, conformada por los magistrados Victoria Marina De Avilés, José Néstor Castaneda, Julio Enrique Acosta Baires y Mauricio Alfredo Clará, en vez de recibir y discutir internamente el amparo, decidió que ni siquiera podía admitirlo bajo el argumento de que no existían vulneraciones en contra de un sector de la población que en ese momento no estaba reconocido en la Constitución de la República (sentencia 324-2007). El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de ese momento, Óscar Humberto Luna, aseguró al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que la resolución de la Sala evidenciaba la falta de un marco normativo salvadoreño para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Eso no era nuevo para las organizaciones indígenas. Conscientes de ese vacío legal, el 20 de abril de 2006 presentaron la primera propuesta de reforma constitucional para que se reconociera la multiculturalidad del país y a los pueblos indígenas. Finalmente, la reforma fue aprobada el 25 de abril de 2012 y ratificada el 12 de junio de 2014. El proceso, en sí mismo, reveló la poca voluntad política y relevancia que tiene el reconocimiento de los pueblos indígenas como un tema de agenda política. El anteproyecto original proponía agregar una quinta sección al capítulo II de la Constitución referente a los derechos sociales. Esta sección se titularía “Pueblos y Comunidades Indígenas” y estaría compuesta por tres artículos.
En contraste con la propuesta de reforma que llevaron las organizaciones indígenas, lo aprobado y ratificado por la Asamblea Legislativa no retoma ni un 10 %. Al final, solo se reformó el artículo 63, en el que se agregó: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.
Medidas asistencialistas
A pesar de que la invisibilización ha sido una constante histórica, los que dirigen el Estado salvadoreño en la actualidad tampoco están buscando saldar la deuda con las personas indígenas. Aún con presión, recomendaciones de organismos internacionales y después del “exterminio técnico” ocurrido en el censo de 2007, no se ha desarrollado ningún esfuerzo para tener datos más coherentes con la cantidad de personas indígenas en El Salvador.
El marco normativo con el que se reconoce a los pueblos indígenas está únicamente en el artículo 63 de la Constitución, la Ley de Cultura y la Política de Salud de los Pueblos Indígenas.
La Ley de Cultura vigente reconoce los derechos individuales y colectivos de esta población. Según el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, es el Ministerio de Cultura (Micultura) quien debe ejercer la rectoría de los procesos relacionados con el desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas, además es su competencia recolectar y sistematizar estadísticas culturales a nivel nacional.
Para cumplir con estas funciones, Micultura cuenta con la Dirección General de Multiculturalidad. Esta dirección también es la instancia encargada del tema de pueblos indígenas en la estructura estatal, delegada a promover los derechos de los pueblos indígenas y dirigir y coordinar la Política Nacional para Pueblos Indígenas en El Salvador y para la que en el desarrollo de sus funciones tiene asignado un personal de 7 trabajadores.
Para corroborar el cumplimiento de estas atribuciones, GatoEncerrado solicitó a Micultura un censo de la población indígena segmentado por género, edad y domicilio, pero la solicitud no fue admitida, argumentando que la petición de información “no forma parte de las competencias de este ente obligado”, lo que contradice su razón de ser. Una fuente que trabajó en el ministerio, y quien prefirió ser citada bajo anonimato, aseguró a esta revista que no existe un censo de la población indígena. Esta fuente también comentó que esta información es vital para conocer a esta población y poder construir proyectos que vayan acorde a sus necesidades.
Captura de la admisión de solicitud en la unidad de acceso a la información del Ministerio de Cultura.
José Antonio Vides, un joven líder de la comunidad indígena en Pushtan, ubicado en el municipio de Nahuizalco, señaló que no tener datos oficiales actualizados sobre los pueblos indígenas es un mecanismo actual para continuar con la práctica de no reconocer a las personas indígenas.
Para la Instancia Consultiva Regional de Pueblos Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la eliminación de las materias de historia, geografía y el abordaje dado a temáticas relacionadas a los pueblos indígenas en la currícula educativa también es un mecanismo para invisibilizar la existencia de los pueblos indígenas. “Desde 1931 no hay materia específica sobre pueblos indígenas, ni en las comunidades indígenas mismas. En colegios privados e iglesias todo lo indígena es considerado como atraso o algo diabólico”, expresó Fidel Flores, miembro de la Instancia Consultiva Regional de Pueblos Indígenas de la Oficina Regional de la OACNUDH.
El gobierno de Bukele se instaló con el compromiso de garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, para el goce de sus derechos individuales y colectivos, visibilizando así sus tradiciones y su participación en la historia y cultura, según consta en su plan de gobierno que fue denominado “Plan Cuscatlán”. Pero, dos años y siete meses después, esta promesa todavía sigue en la lista de espera.
GatoEncerrado hizo una solicitud de información a Micultura para consultar por el documento oficial de la Política Nacional de Pueblos Indígenas y la respuesta de la institución fue que esa información es inexistente debido a que: “actualmente se está elaborando este documento, por tanto, no hay documento final. Está en la etapa de generación, en la cual hay todavía discusiones y debates”.
Captura de resolución de solicitud de información al Ministerio de Cultura sobre la Política nacional de los Pueblos Indígenas.
Cuando el gobierno de Bukele inició su gestión, ya existía una política relacionada a los pueblos originarios. En 2017, entró en vigencia la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador elaborada desde la extinta Secretaría de Cultura de la Presidencia.
Este instrumento fue un intento por reconocer los derechos de las personas indígenas, pero su elaboración negaba la autonomía de los pueblos ya que no los incluyó en su construcción y por eso no brindaba una respuesta concreta a sus necesidades.
La historia parece repetirse ya que representantes indígenas aseguraron a GatoEncerrado que para la formulación de la nueva Política Nacional de Pueblos Indígenas tampoco existe un trabajo articulado. “Necesitamos entendernos con el gobierno para ponernos de acuerdo sobre cómo establecer un plan, una política que nos permita a los pueblos indígenas plasmar cómo percibimos el desarrollo, porque el concepto de desarrollo no está de acuerdo a la cosmovisión de nosotros como pueblos indígenas”, explicó Nicolás Sánchez, representante de los pueblos indígenas y miembro del Comité Indígena para la defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco.
A pesar de que los funcionarios de este gobierno aseguran haber trabajado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los resultados de estos supuestos esfuerzos se han limitado a medidas asistencialistas.
GatoEncerrado revisó las memorias de labores del Ministerio de Cultura de los años 2019-2020 y 2020-2021 y encontró que específicamente, la gestión estratégica institucional de la Dirección General de Multiculturalidad, que es la encargada de “la promoción de la cultura de los pueblos indígenas y difusión de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, entre las instituciones del Estado”, no logró su objetivo.
Los representantes de pueblos indígenas opinan que las acciones asistencialistas solo dan continuidad a los atropellos que han vivido históricamente: “Hace 500 años vinieron los españoles y nos aplastaron y este señor (Bukele) está haciendo lo mismo. Nos está aplastando nuestra dignidad y nuestros derechos como indígenas y como salvadoreños”, expresó el Tata Eulogio Juárez Pérez, representante de los pueblos indígenas del Occidente del país.
DEFINICIÓN
¿Qué significa ser Tata?
“El que llega a ser Tata, es porque entra en un proceso de preparación para que le den autorización de poder ejercer invocaciones, ceremonias ancestrales en determinados momentos. Una persona que quiere ser guía espiritual o que llega a ser Tata, es porque él conoce su energía”. Francisco Pulque, Integrante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, mejor conocido en su comunidad como Tata Pulque.
El gobierno puede saldar la deuda histórica mediante una serie de acciones reivindicativas, pero estas no se han desarrollado. Según Orfi Arévalo, periodista y mujer indígena de Sonsonate, las iniciativas que ha realizado el gobierno a través de la Dirección General de Multiculturalidad son solo medidas asistencialistas.
DEFINICIÓN
Asistencialismo
El asistencialismo público, según el ensayo ¿Asistencialismo o inversión social? Desarrollado en 2008 por Mario Fuentes Destarac, jurista guatemalteco, “es la acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de individuos en condiciones de desprotección o de vulnerabilidad, de manera temporal”. Fuentes destaca que el problema con el asistencialismo es que no se brinda soluciones a largo plazo, convierte a las poblaciones en dependientes y “ priva de capacidad, autoridad y autonomía para decidir libremente sus propios asuntos”.
El problema de estas medidas es que restan autonomía a una población que necesita acciones reivindicativas. Orfi Arévalo aseguró que estas medidas se deben reemplazar por programas sostenibles, en los que la población indígena tenga una papel participativo.
El Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño también ha mostrado su preocupación por la instrumentalización de las comunidades indígenas que hacen las instituciones gubernamentales.
Para Martínez, una acción que va encaminada a la reivindicación sería la aprobación del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas (PLANPIES), y retomarlo en la construcción de la nueva Política Nacional de Pueblos Indígena. “Si tú comparas el PLANPIES con la política para los pueblos indígenas, se van a dar cuenta que en el plan de acción se recogen desde las comunidades los conceptos y la problemática”, explicó.
El informe del Proceso de Elaboración del PLANPIES expone que su proceso de elaboración incluyó 6 jornadas de consultas con diferentes representantes de los pueblos indígenas a escala nacional, con el fin de hacerles partícipes, agrupar sus mayores problemáticas y recopilar propuestas para incluirlas en el Plan de Acción.
Pese a que la propuesta de reforma a la Constitución presentada por la organizaciones indígenas fue reducida y entró en vigencia desde 2012, el reconocimiento de los pueblos indígenas aún debe materializarse en una ley secundaria.
Con este objetivo, el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño presentó el 24 de marzo de 2021 una propuesta de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador. Según Martínez, esta propuesta había sido construída a partir de los insumos recabados por el PLANPIES.
Los miembros de la comunidad indígena de Sisimitepec se reúnen en una ermita, en ella hay un mural que contiene algunos de los nombres de vícitmas que fueron asesinadas en 1932. Foto/Emerson Flores.
Esta propuesta se sumó a otras 22 iniciativas y expedientes de diferentes temas que la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos decidió ignorar y enviar al archivo, el 25 de mayo de 2021; es decir, los nuevos diputados, que en su mayoría son oficialistas y obedientes al régimen de Nayib Bukele, no tenían ni un mes de haber asumido el cargo cuando le dieron la espalda al esfuerzo de los pueblos indígenas por ser reconocidos.
Ante esta situación, Martínez aseguró que desde el CCNIS van a presentar una nueva propuesta de ley, pero advirtió que si esta iniciativa alguna vez llegara a la etapa de discusión en la Asamblea Legislativa, el proceso de discusión debe desarrollarse de manera integral.
“La ley estaba siendo discutida (por la anterior legislatura), pero no solamente deben adoptarla, sino que se debe discutir a nivel territorial, ellos deben hacer reuniones en las diferentes zonas del país”, aseguró Martínez.
El lunes 24 de enero de 2022, la Comisión de Justicia recibió al Consejo Indígena de Sonsonate, quién solicitó que se desarrollé un proceso para el esclarecimiento del etnocidio de 1932 e iniciar un nuevo estudio de proyecto de ley para garantizar los derechos de la población índigena. Los parlamentarios, luego de escuchar a los representantes del Consejo, se comprometieron a legislar sobre el tema.
Compromisos internacionales
Según Amadeo Martínez, del CCNIS, los compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas tienen su base en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas adoptada en 2007. Sin embargo, el abogado Martínez indicó que esta declaración no ha sido aplicada.
Instrumentos internacionales adoptados por el Estado salvadoreño
Instrumento internacional | Firma | Ratificación |
|---|---|---|
Convenio 107 OIT | 05/06/1957 | 18/11/1958 |
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial | 30/11/1979 | No necesita |
Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales | 21/09/1967 | 30/11/1979 |
Declaración de las Naciones Unidas Sobre Pueblos Indígenas | 07/09/2007 | No necesita |
Indicación: Para una mejor experiencia, puedes ver este cuadro de manera horizontal.
Fuente: Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas.
Para darle seguimiento a esta declaración, la Oficina de las Naciones Unidas desarrolló en 2014 el Foro de Pueblos Indígenas en el que el gobierno de El Salvador se comprometió a darle vida y hacer vinculante esta declaración. En este Foro se eligieron seis países del mundo para hacer el Plan de Acción Nacional de los Pueblos Indígenas: dos de África, dos de Asia y dos de América Latina. En América Latina fueron elegidos Paraguay y El Salvador. El PLANPIES es resultado del seguimiento a los compromisos adquiridos, pero hasta el momento no han sido retomados.
Existen otros instrumentos internacionales que velan por la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales que aborda compromisos relacionados al reconocimiento de sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades.
En El Salvador, este convenio no ha sido firmado ni ratificado: “Aquí, a veces se dice que hay que ratificar el Convenio 269 de la OIT, pero para que sea ratificado tiene que ser primero firmado por el Ejecutivo. Primero tiene que haber una voluntad política del gobierno para que lo firme y luego trasladarlo a la Asamblea, para que lo ratifique. Vendría a ser ley del país y ahí estaría sobre la misma Constitución”, explicó Martínez.
Según el representante del CCNIS, en los últimos años se han desarrollado procesos de cabildeó en las distintas legislaturas para aproximarse al posicionamiento que los diputados tienen sobre este convenio. “Cuando hemos andado cabildeando en la Asamblea, algunos diputados de la anterior asamblea nos decían: miren aquí eso es difícil que lo firmen los gobiernos, porque el convenio habla sobre la devolución de tierras, las tierras comunales y ejidales, y eso lo que vendría a hacer es una confrontación social”, dijo Amadeo.
Con todo esto, lo único que queda claro es que desde 1932 hasta 2022, el Estado se ha mantenido firme en su posición política de exterminar, aunque ahora de forma “técnica”, a los pueblos indígenas.