El Estado salvadoreño ha intentado borrar de su historia a los pueblos indígenas desde antes de 1932, cuando ocurrió el etnocidio. En 2007, el Estado ejecutó intencionalmente un “exterminio técnico” para continuar negando los derechos y garantías de las personas indígenas en el país. Este sector de la población, en su mayoría, no tiene acceso a tierras, educación y vive en condiciones de pobreza por la falta de un marco legal para garantizar sus derechos. Sin embargo, los habitantes del cantón Sisimitepec, Sonsonate, son un ejemplo de resistencia. Esta comunidad indígena aún persigue su autodeterminación y la conservación de su identidad a partir de la defensa de los bienes comunes.