Opinión

Las mujeres y la protección social en Centroamérica

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Abelardo Medina

Coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Landívar; también dispone de especializaciones en política y técnica tributaria; estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia.

Mientras en el mundo, por ejemplo, el 77.5 % de las personas que se encuentran en edad de retiro disfrutan de una pensión por vejez,  en los países de la región, se ubican extremos realmente lamentables como el caso de Honduras en donde solo el 10.7 % de la población en condiciones de retiro disfrutan de dicho programa de protección social, Guatemala con el 16.7 % y El Salvador con 20.1 % de la población total, entre otros.

Por Abelardo Medina* 

Cuando se realizan discusiones sobre la cobertura de la protección social en los países de Centroamérica, regularmente los cuadros técnicos, pero especialmente los políticos, hacen referencia a la forma como se debiera plantear la asistencia del Estado a aquellas personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA) de cada país, de tal forma que los participantes en el mercado laboral tengan la posibilidad de recibir los beneficios relacionados con: La vejez, la atención a enfermedades, la incapacidad temporal o definitiva para ejercer sus funciones y en menor escala, la cobertura a las madres de beneficios por maternidad o la asistencia ante el potencial desempleo.  Por ello, en esencia, los entes vinculados a la seguridad social se preocupan por la sostenibilidad financiera de sus programas, partiendo del supuesto que solo representan sujetos de interés los que se desempeñan en el mercado formal.

En todos los programas de protección social mencionados,  de acuerdo a la información de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- (2022), la región se encuentra a la zaga de lo que pasa en el mundo y en la región latinoamericana.  Así,  mientras en el mundo, por ejemplo, el 77.5 % de las personas que se encuentran en edad de retiro disfrutan de una pensión por vejez, en los países de la región, se ubican extremos realmente lamentables como el caso de Honduras en donde solo el 10.7 % de la población en condiciones de retiro disfrutan de dicho programa de protección social, Guatemala con el 16.7 % y El Salvador con 20.1 % de la población total, entre otros.

Una de las explicaciones primarias de dicho fenómeno que afecta significativamente el ciclo de vida de la población,  es la profundización del modelo económico de la región que se basa principalmente en la agroexportación de productos que descansan su competitividad en el pago de bajos salarios y que produce no solo pobreza en los países, sino una carencia sistemática de empleos bien remunerados que empuja a los habitantes a migrar a otras latitudes en busca de nuevas oportunidades o a realizar actividades en la informalidad, especialmente en el comercio; sin embargo, también la carencia de programas inclusivos por parte del Estado para promover la cobertura universal de este tipo de programas es trascendental.

La baja cobertura de los programas de pensión de retiro para la vejez está relacionada con los altos  niveles de informalidad laboral que, conforme la OIT, alcanzan 82.6 % para Honduras (2017), 81.8 % para Nicaragua (2012), 79.0 % para Guatemala (2019), 68.5 % para El Salvador (68.5%), 55.7 % para Panamá (2021) y 36.6 % para Costa Rica (2020) y que derivan primariamente del hecho que los empresarios, muchos de bajos niveles de productividad, no quieren o no pueden hacer frente a los pagos por aporte a la seguridad social y de que los Estados tampoco contribuyen a su financiamiento, lo que los mantiene con un acceso limitado.

No obstante, para las mujeres, aun cuando la informalidad es importante,  la falta de acceso a los sistemas de pensiones por retiro deriva principalmente de la distribución sexual del trabajo acostumbrada en nuestras regiones, en donde sus funciones están al margen del mercado de trabajo. Conforme a las limitadas estadísticas disponibles, en Costa Rica solo el 46.1 % de las mujeres, en Guatemala el 11.5 % y en Nicaragua el 19.9 % de las mujeres en edad de retiro disfrutan de una pensión para que puedan vivir con cierto nivel de dignidad sus últimos años, luego de una larga vida de trabajo dedicado a la familia y a la comunidad;   en el resto de países no existen dichas estadísticas, sin embargo, se estima que son similares.

La carencia de cobertura de programas de jubilación para las mujeres inicia con la dedicación, muy importante para la familia y para la sociedad, de la ejecución de tareas como amas de casa y cuidadoras, que aunque no se reflejan en el Producto Interno Bruto (PIB), tiene una contribución fundamental a la elevación del bienestar de la familia,  y contienen altos niveles de productividad y esfuerzo, pero sin la generación de ingresos que pueda permitir la creación de un fondo de retiro. Lamentablemente, el grupo familiar, en la mayor parte de los casos,  no ve la creación de un fondo para el retiro de la mujer como algo fundamental,  además que el Estado no las contempla en sus políticas, atendiendo al hecho que su trabajo queda invisibilizado al no formar parte de las cuentas nacionales. 

Los números son reveladores y preocupantes. Por ejemplo,  si en Guatemala solo el 11.5 % de las mujeres recibe una pensión de vejez y atención de salud en la tercera edad, quiere decir automáticamente que 88.5 % no lo recibe; por lo que, de acuerdo a las estadísticas de este país centroamericano, 659,924 mujeres (est. 2022) están siendo empujadas a vivir de  la caridad pública o familiar, o a mantenerse realizando actividades económicas, más allá de la edad recomendada, y por ende a no disfrutar de una digna vejez.

Resulta paradójico escucharnos acerca de la importancia de nuestras madres, esposas e hijas… Sin embargo, como sociedades, dicha admiración y respeto aun no se transforma en preocupación efectiva para este género que dejó toda su vida en el hogar creando bienestar. Es una tarea pendiente que debe ser atendida, garantizando que las mujeres tengan una pensión para su vejez y los cuidados médicos necesarios,  que les permitan disponer una vida digna y tranquila en sus últimos años.

 

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Abelardo Medina

Coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Landívar; también dispone de especializaciones en política y técnica tributaria; estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia.

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