Foto/Emerson Flores
El Estado ha invertido más de $170 millones en la compra de vacunas anticovid, de acuerdo a estimaciones del ICEFI. El instituto logró identificar que para la compra de vacunas se ha usado al Fopromid, un mecanismo que permite opacidad en el manejo de fondos. Mientras tanto, el ritmo de vacunación se ha estancado en los últimos meses sin que haya campañas de educación más orientadas en resolver las dudas de la población. Este 17 de febrero se cumple un año de la llegada de las primeras vacunas anticovid en El Salvador; sin embargo, el Ministerio de Salud puso bajo reserva la información de los procesos de compra, el registro de cabinas destinadas a la vacunación y el plan de despliegue de vacunación.
A un año de la llegada del primer lote de vacunas anticovid a El Salvador y casi dos desde el inicio de la pandemia, persisten muchas preguntas alrededor del manejo de la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado el país en años. Muchas de estas preguntas podrían responderse si el Estado siguiera cumpliendo los mecanismos de transparencia establecidos, en cambio se ha optado por reservar toda la información relacionada a la compra y adquisición de vacunas, el plan de vacunación, los datos de las pruebas COVID y el manejo hospitalario de los pacientes.
Aunque el gobierno ha creado una página web denominada “Observatorio COVID-19”, en la que se suben los datos de los casos confirmados por día, que durante el más reciente brote de casos dejó de actualizarse por dos semanas, estos datos no son suficientes para realizar un análisis del impacto de la pandemia, de acuerdo a especialistas como epidemiólogos e infectólogos.
Wilfrido Clara, epidemiólogo y salubrista, explicó a GatoEncerrado que en este caso no se puede confundir entre datos estadísticos y datos de monitorización. Una monitorización de la pandemia implica tener todos los datos para poder analizar el curso y desarrollo diario de esta. “Datos básicos como la incidencia diaria de casos de COVID, la incidencia de hospitalizaciones por edad, el porcentaje de ocupación de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) por pacientes. Esta información no está disponible no solo para el personal sanitario, sino que para nadie”, dijo Clara.
Al no tener esta información pública, Clara consideró que se puede dar una percepción distorsionada del riesgo. Como ejemplo, mencionó que en medio de la reciente crisis de alza de casos, la página que muestra la cantidad de casos diarios dejó de actualizarse. “La gente puede creer que como hay silencio, ya se controló, ya no pasó nada. Lo que lleva a que adopten comportamientos que puedan generar una mayor transmisión del virus”, sostuvo Clara.
Los datos volvieron a actualizarse el 13 de febrero, pero habían dejado de subirse el 30 de enero, justo en el pico de casos. Con esa actualización ya se puede observar un descenso de casos diarios durante esas dos semanas, por lo que a los especialistas les ha llamado la atención por qué en medio del alza dejó de darse a conocer cuántos casos diarios se estaban reportando. Hasta este día, no se han vuelto a subir los casos diarios confirmados desde el 13 de febrero.
El manejo de la información ha sido similar en cuanto a la incidencia de la vacunación en las hospitalizaciones y mortalidad.
Por ejemplo, no se conoce cuántas de las personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos meses no estaban vacunadas o no tenían un esquema de vacunación completo. De igual forma que no se sabe los grupos de edad que más han requerido ser ingresados o que comorbilidades tenía cada caso que se complicó.
“La vacunación, junto con otras medidas públicas, debe estar bajo evaluación. Es una medida que ha tenido costos. Nosotros hemos solicitado datos para valorar por qué, a pesar de que se estaba vacunando, las cuatro olas se han dado acá sin que las vacunas hayan tenido impacto en la incidencia en el número de casos nuevos. Con esto no quiero decir que no han servido la vacunas, sino que todos sabemos ya que el objetivo principal de las vacunas es disminuir la morbimortalidad; es decir, el número de personas que va al hospital y fallece”, dijo Jorge Panameño, médico infectólogo y miembro del observatorio de COVID-19 del Colegio Médico.
El manejo de la información ha sido similar en cuanto a la incidencia de la vacunación en las hospitalizaciones y mortalidad.
Por ejemplo, no se conoce cuántas de las personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos meses no estaban vacunadas o no tenían un esquema de vacunación completo. De igual forma que no se sabe los grupos de edad que más han requerido ser ingresados o que comorbilidades tenía cada caso que se complicó.
“La vacunación, junto con otras medidas públicas, debe estar bajo evaluación. Es una medida que ha tenido costos. Nosotros hemos solicitado datos para valorar por qué, a pesar de que se estaba vacunando, las cuatro olas se han dado acá sin que las vacunas hayan tenido impacto en la incidencia en el número de casos nuevos. Con esto no quiero decir que no han servido la vacunas, sino que todos sabemos ya que el objetivo principal de las vacunas es disminuir la morbimortalidad; es decir, el número de personas que va al hospital y fallece”, dijo Jorge Panameño, médico infectólogo y miembro del observatorio de COVID-19 del Colegio Médico.
Una inversión millonaria de la que poco se conoce
Tanto Clara como Panameño dijeron que no se puede dejar de destacar como algo positivo que, a diferencia de otros países, en El Salvador se logró que haya disponibilidad de vacunas para todos. Sin embargo llama la atención la falta de transparencia con la información relacionada a la adquisición de la vacuna y los planes de vacunación.
De acuerdo a estimaciones elaboradas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), El Salvador podría haber invertido ya $171.33 millones en la compra de vacunas. Debido a que los datos no son públicos porque fueron declarados en reserva, el ICEFI hizo los cálculos con las bases de datos de UNICEF de los costos unitarios por vacunas.
La vacuna más cara por unidad es la de Sinopharm, con un costo unitario aproximado de $20.48. El Salvador adquirió 1 millón 668,000 de dosis de esta marca por lo que la inversión ha sido de $34.16 millones.
La mayor inversión por marca ha sido con las vacunas Sinovac que tienen un costo unitario de $17.85 y el país adquirió 4 millones de dosis, lo que implica un gasto aproximado de $71.40 millones.
La segunda mayor inversión ha sido con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que tiene un costo unitario de $13.78. En este caso El Salvador ha comprado más vacunas con 4 millones 389,930 adquiridas a un costo total de $60.61 millones.
La vacuna de menor precio ha sido AstraZeneca, con un precio unitario de $4.77. De estas el país compró 1, 080,800 por un precio total aproximado de $5.16 millones.
Los $171.33 millones implican una quinta parte del presupuesto del Ministerio de Salud, dijo Ricardo Castaneda, economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del ICEFI.
Aunque la compra de vacunas le corresponde al Minsal, Castaneda explicó que al hacer un análisis del presupuesto que el ministerio tiene asignado para el rubro bienes y servicios, este no es suficiente para haber hecho la compra. De hecho, el presupuesto de este rubro disminuyó entre 2021 y 2022.
“Si los recursos para la compra de vacunas no están en el Minsal, ¿dónde están?”, preguntó Castaneda.
El ICEFI identificó que el manejo de recursos se hizo a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), a través de este se le trasladaron $161.6 millones al Minsal hasta el 30 de junio, para la adquisición de vacunas, insumos, medicamentos y equipo médico para la red hospitalaria y unidades de salud.
Pero el Fopromid se ha convertido en un mecanismo que deja la puerta abierta a la opacidad para el uso de recursos públicos. Esto se debe a su alta discrecionalidad, al usarlo no es necesario aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) por lo que los funcionarios pueden hacer compras directas. “Pueden entrar proveedores que no podrían ingresar por otros mecanismos”, señaló Castaneda.
Al cierre de 2021, El Salvador había recibido en total 15 millones 604, 580 vacunas. El 71.40 % de estas se adquirió por medio de compra directa y el 28.60 % por donación, de acuerdo a estimaciones del ICEFI con base en información de distintas entidades gubernamentales.
El mayor donante ha sido Estados Unidos, de todas las vacunas donadas este país entregó el 71.5 %, le sigue China con el 16.8 %, el mecanismo Covax con 9.4 % y México con 3 %.
Ritmo de vacunación estancado
El país alcanzó el punto máximo de vacunación en agosto de 2021. Desde entonces se ha venido reduciendo la cantidad de personas vacunadas a diario. Clara ha observado que el ritmo de vacunación se ha estancado desde octubre.
El porcentaje de población con dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 es del 64 % en El Salvador, de acuerdo a lo presentado por ICEFI.
La encuesta “Evaluación del año 2021”, elaborada por Fundaungo, encontró que el 89.5 % de la población encuestada manifestó haberse vacunado. Los porcentajes de personas no vacunadas son mayores en el área rural 13.5 %, que en la urbana, 8.8 %.
De todos los encuestados que no se habían vacunado, el 45.9 % no lo ha hecho por factores relacionados a una percepción negativa acerca de las vacunas o el proceso de vacunación, como no confiar en el tipo de vacuna, no creer que sea efectiva o necesaria o temor a los efectos.
Además, el 15.4 % reportó que no se ha vacunado por problemas de horarios o acceso a centros de vacunación.
“Todos estos motivos se pueden atender con educación, son motivos superables. No sabemos si esos datos los tiene el Minsal, si tiene mapeados dónde están los núcleos de población que no se han vacunado”, dijo Clara.
Otra de las principales razones que dieron las personas encuestadas que no se han vacunado era porque estaba embarazada o en período de lactancia.
El Ministerio de Salud ha estado compartiendo en sus redes sociales que las mujeres embarazadas pueden vacunarse sin problemas y ha compartido fotos de promotores de salud realizando la labor, pero se desconoce cuál ha sido el éxito de los mensajes en redes para convencer a la población.
Tanto Clara, Panameño y el infectólogo, Iván Solano Leiva, coincidieron que, ante esta posible cuarta ola por la cepa ómicron, que aún no ha sido confirmada oficialmente, sería importante dar a conocer a la población que las vacunas sí funcionan a través de datos.
“Que se conozca cuántos de los pacientes ingresados al Hospital El Salvador no estaban vacunados, cuántos habían recibido una, dos o tres dosis. Que se dé la certidumbre a la población de que las vacunas funcionan”, dijo Solano Leiva.
Por otro lado, desde el ICEFI se señaló que el país ha alcanzado el 91.2 % de la meta de dosis de vacunas contra el Covid-19 que se necesitan adquirir. Para este año solo faltan 1.5 millones de dosis por comprar.
“Es fundamental hacer un manejo adecuado del inventario para evitar que las vacunas caduquen. Además, es importante, que en caso se haya negociado la adquisición de un mayor número de vacunas al que el país necesita, se puedan renegociar con las farmacéuticas para evitar un despilfarro de recursos públicos”, dijo Castaneda.
¿Por qué afecta la falta de información?
De todas las entidades gubernamentales, el Ministerio de Salud es uno de los que tiene los mejores sistemas de monitorización y registro de estadísticas, como su Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en El Salvador (VIGEPES). Por años se había explicado de forma pública sobre su registro de datos relacionados al dengue, zika, chikunguña, IRAS y otro tipo de enfermedades, pero con la llegada del virus Covid-19 se tomó la decisión de que la información de los casos no se registrara ahí, según investigó GatoEncerrado en julio de 2020.
Los datos relacionados a la edad y sexo de cada persona infectada con el virus, cuántos han requerido ser hospitalizados según la edad de cada paciente; en qué colonias, cantones o caseríos se han dado brotes, han estado fuera del alcance tanto de la población como del personal sanitario.
“Me negaría a creer que estos datos no están. Quizá solo un grupo pequeño de funcionarios tengan acceso. Los datos disponibles son parciales y afectan la toma de decisiones, como el personal sanitario que no tenga estos datos cuando se trata de toma de decisiones de forma local, lo están haciendo a ciegas”, señaló Clara.
Solano Leiva concluye que el manejo de la pandemia no ha sido el más adecuado. La falta de datos no ha permitido que se siga una hoja de ruta para la atención de la pandemia. Recordó las decisiones más cuestionadas, como el confinar por más de 30 días a personas en centros de contención, detener a personas o amenazar con el uso de la fuerza policial y militar a la población. Así como la creación de un mega centro de vacunación, que en estos momentos estaría subutilizado, que propició que la vacunación no fuera descentralizada.
Y en estos momentos, ante la falta de una comunicación adecuada, hay personas que están teniendo la percepción de que los vacunados se están enfermando, por lo que no vale la pena vacunarse, señaló Solano Leiva.
Panameño sostuvo que ante la alta mutagenicidad del virus este llegó para quedarse y ya es imposible hablar de inmunidad de rebaño, por ello es necesario que la población comprenda que será como la influenza y será necesario quizá estarse vacunando cada año.
“En la peor crisis sanitaria en más de 100 años se debe involucrar a la sociedad, el Estado no puede salir solo, hay grupos de médicos y académicos independientes que pueden aportar muchísimo”, reiteró Clara.