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Juez ordena detención de expresidente Cristiani y del exdiputado Rodolfo Parker
El juez Tercero de Paz de San Salvador, José Campos , decretó detención provisional contra Cristiani, Parker y otros cuatro acusados en la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida en 1989 en las instalaciones de la UCA. Otros implicados seguirán el proceso en libertad. Cristiani respondió a través de una carta publicada en Twiter.
Por Ruth Zavala
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó este 11 de marzo detención provisional contra el expresidente de la República (1989-1994), Alfredo Félix Cristiani Burkard, acusado de “comisión por omisión” en el delito de asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA).
Cristiani y otras 12 personas fueron acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR), liderada por el fiscal impuesto Rodolfo Delgado Montes, el pasado 25 de febrero. La nueva acusación se da luego de que, en enero de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó una resolución, del 8 de septiembre de 2020, de la Sala de lo Penal que ordenó cerrar el proceso judicial porque el caso había prescrito.
¿Cómo implica la FGR a Cristiani?
En el requerimiento presentado al Juzgado, la Fiscalía relata que el 13 de noviembre de 1989 hubo una reunión de emergencia en el Estado Mayor de la Fuerza Armada (FAES). En esa reunión, el fallecido coronel René Emilio Ponce Torres, quien era jefe del Estado Mayor conjunto, ordenó al coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, jefe del Conjunto Tres Operaciones del Estado Mayor General de la FAES, que realizara un registro (cateo) en la UCA. Según la Fiscalía, fue una estrategia para conocer el terreno y desarrollar del operativo.
Dos días después, el 15 de noviembre de 1989, entre las 6:30 pm y las 10:00 pm, los altos mandos militares se reunieron nuevamente en el Estado Mayor Conjunto para tomar medidas frente a la ofensiva militar del FMLN. El entonces coronel Ponce llamó al coronel Guillermo Benavides Moreno, director de la Escuela Militar, y en presencia de todos ordenó asesinar al sacerdote y rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, sin dejar testigos. Para eso, encomendó el uso del Batallón Atlacatl.
Según la investigación fiscal, en la misma reunión “se acordó consultar las medidas” con el presidente de la República Alfredo Cristiani, comandante general de las Fuerzas Armadas, quien “nunca dio una contraorden al respecto”; es decir, no lo impidió.
La Fiscalía argumenta que el expresidente Cristiani, al ostentar el cargo de comandante general de las FAES, y según la cadena de mando militar, “tenía la capacidad de decidir en última instancia la ejecución o no de la operación militar irregular”. “Y, sin embargo, estando en posición de garante no hizo nada para este no se cometiera”.
Además de Ellacuría, en el operativo también asesinaron al vicerrector académico, Ignacio Martín Baró; al director del Instituto de Derechos Humanos, Segundo Montes; al subdirector del Centro Monseñor Romero, Juan Ramón Moreno; al catedrático Amando López; y el salvadoreño Joaquín López, director nacional de Fe y Alegría. Asesinaron, además, a la cocinera Elba Julia Ramos, y su hija de 16 años.
Respuesta de Cristiani
Minutos después de la resolución del juez, la hija del expresidente, Claudia Cristiani, publicó en Twitter una carta de respuesta del exmandatario. Cristiani aseguró que desconocía los planes para asesinar a los sacerdotes jesuitas.
Buenas tardes, comparto declaraciones de mi padre, Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador. pic.twitter.com/aaUoTIC1mV
— Claudia Cristiani (@ccristianillach) March 11, 2022
“El fiscal de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento. La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos”, sostuvo.
Respecto al cuestionamiento de que siendo el comandante en jefe de la FAES no tenía conocimiento de los planes para asesinar al sacerdote jesuita, Cristiani respondió que tuvo el poder hasta después de la firma de La Paz.
“Después de largos años de regímenes militares y golpes de Estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana, y no se consolidó sino hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz”, dijo.
Cristiani añadió que siempre estará dispuesto a rendir cuentas a la nación, a las víctimas y a la historia, pero no a un proceso judicial manipulado y sin garantías de independencia e imparcialidad.
Sostuvo que en estos momentos no existen garantías procesales, debido a que la mayor parte de magistrados, jueces y fiscales han sido impuestos y están al servicio del poder presidencial.
El juzgado giró la orden de captura contra Cristiani por no haberse presentado a la audiencia inicial ni enviar a un abogado. Según publicaciones de su hija, Cristiani está fuera del país.
Benjamín Cuéllar, ex director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), cuestionó la decisión de la Fiscalía de acusar a Cristiani. “Decretan orden de detención por ser el autor intelectual y ahí si no estoy de acuerdo, porque Cristiani no dio la orden”, declaró a canal 21.
También cuestionó que la Fiscalía incorporara en el proceso el testimonio de Walter Araujo, ex presidente de Arena y ahora militante de Nuevas Ideas.
Orden de captura contra Parker
El juzgado también giró orden de detención provisional para el exdiputado de la Asamblea Legislativa, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Antonio Parker Soto, acusado de los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal.
En la audiencia, el Juzgado rechazó la petición del abogado defensor de Parker Soto de separar el caso y juzgarlo de manera individual.
Según la fiscalía, el ex diputado Parker, quien fue asesor jurídico del Estado Mayor y miembro de la Comisión de Honor, creada para investigar a la Fuerza Armada luego de la masacre, alteró las declaraciones y documentos que incriminaban a algunos oficiales que participaron en los hechos. Esto también fue mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad.
En julio de 2020, el presidente Bukele escribió que el entonces diputado Parker había sido mencionado en el juicio de la masacre de los jesuitas, en España, “como encubridor del crimen”.
Parker respondió que nunca encubrió y que las declaraciones eran falsas.
Por tu condición de Presidente de la República te contesto: no encubrí ni mentí, esas menciones son totalmente falsas y más bien contrarias a la realidad. Aclarado lo anterior, rebajarme a tu nivel como individuo, no quiero.
— Rodolfo Parker (@rodolfo_parker) July 8, 2020
Más órdenes de captura
Asimismo, el tribunal decretó detención provisional contra el general retirado Inocente Orlando Montano, quien era viceministro de Seguridad Pública; Nelson Iván López López, ex jefe del Conjunto Uno del Estado Mayor y jefe de turno de Operaciones Tácticas; Joaquín Cerna Flores, ex jefe del Conjunto Tres de Operaciones del Estado Mayor; y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas, ex asesor de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos.
Montano fue condenado a 133 años de prisión en España, por el asesinato de los cinco jesuitas españoles.
Militares enfrentarán proceso en libertad
En la nueva acusación presentada por la FGR, se incluyó a dos militares retirados, quienes fueron los únicos que se presentaron a la audiencia: el general Rafael Bustillo Toledo, acusado de asesinato, y el militar retirado Carlos Camilo Hernández, acusado de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.
Bustillo era comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, y Hernández fungía como subdirector de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.
Para ambos , el juez decretó medidas alternas a la detención porque se presentaron a la audiencia. Deberán presentarse cada 15 días al juzgado de instrucción que se les asigne y no podrán salir del país.
Al salir de la audiencia, Bustillo dijo a los periodistas que el responsable de cometer el hecho fue el general Emilio Ponce. “Él era el líder, a quien lo seguían (…) Había una cúpula que le llamaban los “compadres”, y él les decía a ellos qué vamos hacer”.
El tribunal determinó que Rafael Humberto Larios, acusado del delito de asesinato, será procesado en libertad por falta de pruebas. Ordenó a la FGR que amplíe la investigación.
También otorgó medidas alternas a la detención al general retirado Juan Orlando Zepeda, ex viceministro de Defensa Nacional; y a Óscar Alberto León Linares, comandante del Batallón Atlacatl, ambos por problemas de salud.
Debido a que ya fallecieron, el juez exoneró al general René Emilio Ponce, quien era jefe del Estado Mayor y acusado de ser el autor inmediato del asesinato de los jesuitas, y el coronel Francisco Elena Fuentes, señalado de asesinato.
Juez aparta a la querella
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el juez determinó que el abogado Arnau Baulenas, quien había sido querellante del caso jesuita, pasaría a ser apoderado, ya que en esta reapertura del caso no se presentó documentación que lo acreditara como querellante.
Tras la decisión del juez, Baulenas aseguró que lo ocurrido es una complicidad entre la fiscalía y los abogados defensores para que las víctimas no puedan tener una participación activa en el proceso.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial el jueves 10 de marzo en la sala 4A del Centro Judicial Isidro Menéndez contra los implicados y finalizó el viernes 11. Todos pasaron a la fase de instrucción.
