Erróneamente, la democracia de un país suele reducirse a la posibilidad de que su ciudadanía pueda ejercer el derecho al sufragio para elegir a sus gobernantes. Esa visión, es utilizada por muchos gobernantes para tratar de legitimar sus acciones no democráticas, afirmando que al haber sido elegidos por la población tienen básicamente un cheque en blanco para decidir sobre los asuntos públicos, sin necesidad de consultarle a la ciudadanía.

Desde un punto de vista más amplio, la democracia requiere que esa ciudadanía que tiene derecho al voto también ejerza plenamente su derecho a participar en los asuntos de carácter público, lo cual incluye la definición de cómo los recursos financieros con los que cuenta el Estado son utilizados para alcanzar el bien común; es decir, participar en la discusión del presupuesto público.

Si bien es cierto que el proceso de formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto público tiene un alto componente técnico, no se debe caer en la trampa de que cualquier discusión al respecto únicamente le compete al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, a los diputados o a quienes tienen conocimiento técnicos en la materia. Por su naturaleza e importancia, el presupuesto público nos pertenece a todas y todos.

La desconexión que la ciudadanía siente con el presupuesto está vinculada a la propagación de narrativas en las que se considera que solo unas pocas personas o sectores pagan impuestos, que los bienes y servicios públicos son actos de caridad por los cuales agradecer a los funcionarios o que la falta de transparencia y la corrupción no tiene implicaciones directas en el goce de derechos. 

Cuando en realidad, los presupuestos públicos nos permiten tener claridad sobre quiénes y en qué dimensión financian el funcionamiento del Estado; pero sobretodo, en los presupuestos se definen las prioridades de la sociedad y por ende establece los recursos con los que el Estado contará para garantizar, o no, los derechos de todas las personas. 

A pesar de la importancia que tiene el presupuesto en la vida de las personas, en El Salvador el proceso presupuestario es un proceso poco democrático, que se caracteriza por la falta de disponibilidad y transparencia en la información presupuestaria, así como por la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el presupuesto, tal como lo señala la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, elaborada y publicada a nivel internacional por el International Budget Partnership, en ambos aspectos nuestro país tiene una mala calificación: 46 de 100 puntos en transparencia y  apenas 13 de 100 puntos en participación ciudadana. 

En un contexto democrático, lo esperado sería que la institucionalidad pública tomara estos resultados como una alerta para cambiar el rumbo, mejorando las prácticas de transparencia y creando espacios para la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso presupuestario. 

Pero el contexto salvadoreño no es precisamente uno democrático. El Índice de Democracia elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, muestra que desde 2017 nuestra democracia se ha ido deteriorando y desde 2020, con una calificación menor a los 6 de 10 puntos, nuestro país se considera un régimen híbrido en el que conviven prácticas democráticas y autoritarias. 

El debilitamiento de la democracia se ve reflejado en el deterioro de la institucionalidad pública directamente vinculada con la transparencia como el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia; en la declaratoria de reserva sobre información de viajes de funcionarios, planes de política pública, utilización de recursos públicos para la implementación de la Ley Bitcoin, costo de las vacunas, entre otros; y el cierre de espacios de discusión presupuestaria que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa apenas llevaba un par de años implementando. 

Además, en nuestro contexto, para que la transparencia y participación ciudadana verdaderamente sean prácticas democráticas, no se pueden abordar al margen de la defensa de la separación e independencia entre los órganos del Estado y el respeto al Estado de derecho; tampoco pueden existir al margen de las amenazas que representan la persecución y criminalización de organizaciones de sociedad civil o limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa. 

Por lo anterior, para evitar que la democracia continúe muriendo resulta fundamental que exista transparencia y participación ciudadana en el proceso presupuestario salvadoreño, porque ambas son antídotos contra la corrupción, un mal sumamente enraizado en nuestra sociedad que no discrimina colores políticos.  

La transparencia y participación también nos pueden recordar que la construcción de acuerdos entre los diferentes sectores de la sociedad y la conciliación de los diferentes intereses que representan son posibles; pero sobre todo ambas son instrumentos que permitirían legitimar no solo el presupuesto público sino también el propio quehacer de la administración pública, una legitimidad que altos niveles de popularidad no puede dar.

Hay mucho trabajo por hacer en materia de transparencia presupuestaria y participación ciudadana en El Salvador: esta es una tarea que nos demanda ir más allá de las declaraciones de buena voluntad e implementar acciones concretas. Toca entonces mantener, desde cada uno de nuestros espacios (sociedad civil, academia, medios de comunicación, iglesias, entre otros) acciones para demandar y exigir más transparencia y participación. Nuestro país, nuestras personas y nuestra democracia siguen valiendo la pena.