En Guatemala, la situación socioeconómica de gran parte de las personas jóvenes está marcada por la desigualdad y la exclusión. Seis de cada diez jóvenes viven en pobreza monetaria, lo cual aumenta a ocho de cada diez en jóvenes indígenas. Seis de cada diez jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, entre otros elementos básicos para su desarrollo. 

Los embarazos en adolescentes y jóvenes y la maternidad temprana constituyen aún un problema que afecta la vida de miles de mujeres: de acuerdo con el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), entre 2015 y 2020, se registraron 607,176 embarazos en adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años. En cuanto al trabajo, únicamente tres de cada diez jóvenes ocupados tienen algunas de las garantías laborales básicas y solamente dos están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Estas y muchas más situaciones han obligado y siguen obligando a muchos jóvenes a buscar oportunidades en otros países, incluso arriesgando su vida. 

Lo anterior sucede en un contexto en el que el Estado guatemalteco aún no ha aprobado una legislación específica para las juventudes, ni ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, principal instrumento internacional que reconoce los derechos específicos para las juventudes. 

Su aprobación permitiría reiterar las obligaciones que el Estado tiene de atender a las juventudes de acuerdo con las características propias de su período de vida y podría obligar al Estado a proteger y aumentar la inversión pública en esta población. Esto no debe hacer perder de vista que el Estado de Guatemala tiene múltiples obligaciones respecto a la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos de las juventudes, asumidas tanto a nivel internacional como a nivel nacional, aunque dispersas y no específicas.

Una de las mejores formas de evaluar el esfuerzo que un Estado realiza para cumplir con garantizar los derechos de las juventudes es por medio de los presupuestos públicos, pues estos reflejan de manera concreta las verdaderas prioridades del Estado. 

En ese sentido, para contar con información sobre las inversiones que el Estado realiza en las juventudes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en alianza con Paz Joven y Plan Internacional Guatemala, ha desarrollado el estudio denominado ¿Cuánto estamos invirtiendo en los jóvenes? Un análisis de los presupuestos públicos de 2015 al 2021, que será presentado oficialmente el 11 de mayo de 2022. En términos generales y a manera de adelanto, en el siguiente cuadro se muestran los principales indicadores de la medición de la inversión pública en las juventudes (Ipjuve) entre 2015 y 2021, de los cuales resalta que: 

✓ A 2021, la Ipjuve fue de Q 15,486.6 millones, un 33.9% más que en 2015. Sin embargo, al descontar la inflación, muestra que este aumento fue de solamente del 6.3% (de Q 11,566.5 millones en 2015 pasó a Q 12,300.3 millones en 2021).  

✓ La inversión diaria por cada joven es menor a un dólar diario (USD 0.76), monto que se mantuvo prácticamente constante en el período estudiado; claramente insuficiente para atender necesidades vitales como salud, nutrición, educación, vivienda, etc. 

✓ La Ipjuve como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 2.3%, inferior al 2.4% del 2015. Mientras que la Ipjuve como porcentaje del presupuesto público representó en 2021 el 15.5%, inferior al 16.5% del 2015. Es decir que ha disminuido su importancia dentro de la economía nacional y dentro del presupuesto público.   

✓ En todos los años estudiados, la ejecución presupuestaria de la Ipjuve fue inferior al 90%:  existen importantes ineficiencias en la ejecución de los programas destinados a la juventud.