Este 5 de junio de 2022, con la conmemoración del 50 aniversario de la Conferencia de Estocolmo 1972, Día Mundial de Medio Ambiente, al igual que hace medio siglo, se utiliza el lema “una sola tierra”, la consigna que pide profundizar en cambios sostenibles y armónicos, pero sobre todo hace un llamado para la creación y consenso de políticas, que implica la necesidad de destinar recursos suficientes —de parte de los gobiernos, los sectores económicos y los habitantes del mundo—,  para frenar el acelerado deterioro ambiental, frente a una realidad apremiante. 

El reto de los Estados, conjuntamente con la creación de políticas que permitan el cumplimiento del cuidado al medio ambiente, es asignar un gasto público suficiente, como impulso indispensable para el cumplimiento de cualquier objetivo de política pública. Sin embargo, en nuestra realidad, los países centroamericanos se han caracterizado por tener administraciones públicas de  tamaño pequeño, reducida participación dentro de las economías internas, y caracterizadas por ser insuficientes para cubrir con las necesidades más básicas de los habitantes. 

Al llevar a cifras esta participación, según la clasificación por finalidad y función del Fondo Monetario Internacional (FMI), en promedio, del gasto que los gobiernos centroamericanos destinan a la protección ambiental no representa siquiera el 1.0% de los presupuestos ejecutados (Costa Rica 0.52%, El Salvador 0.09%, Guatemala 1.37%, Honduras 0.44%, Nicaragua 0.87%, Panamá 1.85%), siendo El Salvador y Honduras los países que menos destinan respecto al tamaño de sus presupuestos. Una inversión conjunta poco significativa, y más si la meta es acelerar la implementación de compromisos que involucra el cumplimiento de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  aunque es de carácter  trasversal, el cumplimento ambiental  directamente da respuesta a 5 de los 17 objetivos: ODS 6 Disponibilidad de agua y saneamiento, ODS 7 energía asequible, segura y sostenible, ODS 13 acción por el clima, ODS 14 conservar la vida submarina y ODS 15 vida de ecosistemas terrestres. 

Algunas de las razones de esta baja inversión, además de la débil capacidad recaudatoria y la baja legitimidad de la mayoría de gobernantes ante los crónicos malos resultados del poder público, es que la protección ambiental compite frente a otras prioridades socioeconómicas, también apremiantes en la región; prioridades como la seguridad alimentaria, los altos niveles de violencia, desempleo, informalidad, deserción escolar, sistemas de salud colapsados, no dan respiro para enfocarse a la atención ambiental. Sin embargo, existen fuertes razones para no dejar en ningún momento los esfuerzos por preservar los recursos naturales; numerosos estudios relacionan la pobreza y vulnerabilidad con el medio ambiente como una relación bidireccional, por una parte la pobreza es un detonante del impacto sobre el ambiente por el uso intensivo de recursos para la sobrevivencia y por otra parte, el medio ambiente es decisivo para que las poblaciones sean pobres en espacios de deterioro o insuficiencia de los recursos naturales.

Existen otros factores que coadyuvan a su invisibilidad: el tema ambiental en la región centroamericana es un fenómeno complejo por el hecho de las diferentes formas de conexión y relacionamiento humano con el entorno natural, entran en juego comprensiones, identidades, cosmovisiones, incluso esta relación influye en los sistemas alimentarios compartidos de pueblos o comunidades rurales, indígenas o campesinas. También, el hecho que en las últimas décadas los modelos económicos han permitido la privatización y el uso intensivo de recursos naturales públicos para beneficios individuales; el caso del agua, la explotación minera, el uso de los suelos, con los cuales algunos han lucrado con altas ganancias y donde los intereses económicos privados de corto plazo han sido prioridad y permitidos en las legislaciones y los Estados. Esta privatización es otro de los grandes retos y un tema relacionado mayoritariamente en áreas rurales y también motivo de resistencias y luchas sociales, individuales y colectivas en defensa de los recursos naturales entre poblaciones, empresas y Estados durante los últimos años.

Sin embargo, el acceso a los recursos naturales actualmente genera una relación desigualdad, de exclusión e incluso de confrontación también en las áreas urbanas. El ejemplo más claro es sobre el uso del agua, el acceso a este recurso ha estado sujeto a la capacidad de quien paga más por el servicio. Aunque la región centroamericana anteriormente se reconocía como zona hídrica abundante, el mal uso, la privatización y la contaminación, entre otros fenómenos, han hecho que en los años recientes el acceder a este recurso sea motivo de conflicto, incluso, la carencia o acceso sea un pilar para algunas mediciones de pobreza. Actualmente, en Centroamérica, según algunos estudios, en promedio, la brecha por cerrar para que la población acceda a un servicio de agua mejorado alcanza a casi 4 de cada 10 habientes. 

Por otra parte, existen importantes razones adicionales, para fortalecer las acciones de recuperación y sostenibilidad ambiental, cabe recordar, lo vulnerable que es la región ante fenómenos climáticos extremos —de lo cual ya se ha hablado en anteriores ocasiones—, o bien, lo vulnerable frente a enfermedades por factores medioambientales: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 2016,  el 19% de las muertes en Latinoamérica eran una carga atribuible al medioambiente, un costo humano muy alto. Estas resultan ser algunas de las razones por las cuales es indispensable tomar la modalidad de emergencia ambiental en la región; el caso es que en los países centroamericanos, aún se tiene un camino largo por andar, pero sin duda alguna, la medida primera e indiscutible debe ser el aumento en la inversión pública basado en el logro de resultados sobre la  protección ambiental y la formulación y puesta en marcha de agendas de gobierno, concretas y creíbles, en donde el tema ambiental sea visto y tratado como el componente transversal en toda acción y política de Estado.