Foto/Twitter del CONNA

CONNA cierra miles de expedientes de forma exprés

Empleados del CONNA han trabajado desde muy temprano en las mañanas hasta la noche, incluso sábados y domingos, para cerrar, sin seguir el debido proceso, más de 60 mil expedientes sobre violaciones a derechos humanos de la niñez y adolescencia. Todo esto para lograr la transición que impone la recién aprobada Ley Crecer Juntos que derogó la LEPINA y disolvió instituciones como el CONNA y el ISNA. 

Por Melissa Paises

Por Melissa Paises

El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) se apresuró a cerrar de forma exprés, y sin la evaluación adecuada caso por caso, más de 60 mil expedientes sobre amenazas o vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes acumulados desde 2012 hasta 2020.

La medida de apresurar el cierre de los expedientes se tomó ante la aprobación de la Ley Crecer Juntos, que derogará la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y disolverá el CONNA y el ISNA para crear el nuevo Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA).

Un empleado de una Junta de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, instancias que se encargan entre otras cosas de recibir denuncias y dictar medidas de protección administrativa en cada caso, contó a GatoEncerrado que las jefaturas del CONNA exigieron cerrar los expedientes pendientes en un plazo de un mes. 

Según relató, las jefaturas le asignaron a cada empleado, sin importar que estuviera o no capacitado para hacer resoluciones jurídicas —incluyendo a psicólogos, trabajadores sociales y hasta ordenanzas—, más de 50 expedientes diarios, los cuales fueron cerrados sin evaluar las evidencias de los casos y sin verificar las condiciones en las que se encontraban las niñas, niños o adolescentes vulnerados.

El cierre exprés de los expedientes fue confirmado el pasado 10 de junio por la directora ejecutiva del CONNA, Linda Amaya, cuando llegó a la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa para dar su opinión sobre la Ley Crecer Juntos, que en ese momento estaba en trámite para su aprobación.

La funcionaria destacó como un logro el cierre exprés de los más de 60 mil expedientes en mora y aseguró que esto fue gracias al “esfuerzo sobrehumano” de las Juntas que tuvieron que trabajar hasta los sábados y domingos.

“Más que 60 mil casos, son 60 mil niños que se quedaron sin una protección del Estado, son 60 mil niños que nunca se les dio una respuesta”, comentó Amaya ante los diputados de la comisión. 

La directora del CONNA, sin embargo, omitió hablar del mecanismo de cierre exprés y de que la niñez se quedó, nuevamente, sin la protección del Estado por la apresurada medida de cerrar los casos.

Según contó el empleado de las Juntas de Protección de la Niñez, para agilizar el proceso, las jefaturas del CONNA les proporcionaron un modelo de resolución y les indicaron una serie de criterios casi genéricos para cerrar los expedientes. La mayoría de los casos se cerraron bajo el criterio de la “no reincidencia” y “mayoría de edad”, debido a la antigüedad de los mismos.

Criterios

♦ No reincidencia: Cuando las Juntas no pudieron acudir a verificar la situación y la persona que puso el aviso en primer lugar no volvió a interponer una denuncia sobre los mismos hechos.

♦ Mayoría de edad: Cuando la víctima ya cumplió más de 18 años. Este tipo de cierre es común debido a la cantidad de años que han pasado los expedientes sin obtener una resolución.

♦ No localizable: Cuando la Junta intentó acudir a verificar la situación, pero no pudo acceder al lugar por diversos motivos, o cuando es imposible establecer el contacto. 

♦ Archivo y reapertura: Cuando los casos son extremadamente graves y requieren una resolución real. Dentro de estos cierres, es posible que algunos se mantengan activos por las condiciones de la vulneración, por lo que se procede a archivarlos y abrir un expediente nuevo para que se trate de hacer las gestiones necesarias en el futuro. Sin embargo, este es el menos probable debido a que la mayoría de los casos se cierran bajo los otros criterios. 

Según Zaira Navas, exdirectora ejecutiva del CONNA, un expediente solo se puede cerrar si se ha superado la violación a los derechos de los niños y adolescentes que han sido denunciados; es decir, que la vulneración o violación ya no exista.

“Tiene que presentarse un motivo o justificarse, poner las circunstancias de hecho y de derecho que generan que ya no existe una violación a los derechos de los niños, caso contrario estamos frente a una vulneración al derecho de acceso a la justicia administrativa para los niños, niñas y adolescentes”, dijo Navas a esta revista. 

Sobrecarga laboral

Ante la orden de cerrar los expedientes de forma exprés en un periodo de un mes, los empleados del CONNA también señalaron que la sobrecarga laboral les ha causado estrés, deterioro en la salud mental y en sus vidas personales.

 “Aunque llegara a la Junta a las 4:00 de la mañana y me fuera a las 10:00 de la noche todos los días, no saldría con la cantidad de trabajo que hay. No hay nadie que tenga la capacidad. Estamos cansados, agotados, quemados”, aseguró el trabajador de las Juntas de Protección, quien pidió no mencionar su nombre ni especificar en cuál Junta labora, para evitar represalias por hablar con medios de comunicación.

Los empleados también aseguraron que fueron amenazados con sanciones y hasta con despido de no cumplir con la carga de trabajo impuesta. Eso a pesar de que algunos empleados ni siquiera deberían estar en esa labor por no contar con la capacitación adecuada ni laborar en el área encargada de cerrar expedientes.

El artículo 295 de la nueva Ley Crecer Juntos establece que el personal del CONNA y del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA) pasará a formar parte del nuevo CONAPINA, bajo las mismas condiciones. El mismo artículo establece que aunque los empleados pasen al nuevo Consejo, podrán ser asignados a otra categorización de puestos.

“Bajo estas condiciones actuales de presión a las que nos están sometiendo, en la que todos los días sale una nueva demanda, una nueva presión, una nueva meta para cumplir, vivimos en la cuerda floja todos los días”, dijo el empleado.

Mora por falta de presupuesto

Según información del portal de transparencia del CONNA, desde 2012 a 2020 a las Juntas de Protección ingresaron un total de 104,833 casos, de los cuales solo 47,450 tuvieron una resolución; es decir, el 54 % de los casos de esos años se encontraban en mora.

Los trabajadores aseguran que esto se debe a la falta de recursos económicos y de personal asignado a cada Junta. La brecha para resolver los casos se abre más cuando los trabajadores sociales y los vehículos para realizar las visitas y verificaciones necesarias no son suficientes. Actualmente, existen 16 Juntas de Protección en todo el país: una por cada departamento, exceptuando San Salvador donde existen tres para intentar cubrir la demanda.

En 2021, las 16 Juntas contaban únicamente con 18 vehículos, uno para cada Junta, a excepción de Santa Ana y San Miguel que cuentan con dos cada una. Estos vehículos deben ser compartidos con los equipos de Asistencia Técnica Territorial para actividades, reuniones, o cualquier otro tipo de movilización que se presente.

La falta de personal y vehículos es una de las consecuencias de no tener un presupuesto que se ajuste a las necesidades de la institución. Aunque desde su creación en 2011 el CONNA ha tenido incrementos en su presupuesto, los empleados sostienen que los fondos siguen siendo insuficientes.

En 2021, el presupuesto del CONNA fue de $9.3 millones; pero en 2022, a pesar del discurso público del gobierno de Nayib Bukele y del despacho de la Primera Dama de apostarle a la niñez y adolescencia, el presupuesto tuvo una disminución de $36,812.

Frente a la mora de expedientes heredada desde 2012, trabajadores de las Juntas reconocen que esa deuda es adquirida desde las administraciones anteriores; sin embargo, dijeron que pensaron que la nueva administración le apostaría más a la institución.

Con el CONAPINA, que fusiona al CONNA y el ISNA, los empleados temen que, al no mencionarse un aumento presupuestario, la nueva institución va a encontrarse bajo la misma situación actual, pero con un nombre diferente.

“Para cumplir con la labor de las Juntas necesitaríamos cuatro veces más del presupuesto, cuatro veces más del personal y más de una Junta en algunos departamentos. Y con las nuevas disposiciones que trae la ley, creo que necesitaríamos seis veces más de todo”, dijo el empleado de las Juntas. 

La falta de motivación y la constante presión de las jefaturas han provocado que mucho talento humano abandone sus cargos por cuenta propia, por lo que consideran que las personas que se mantienen en la institución se quedan por vocación, por lo que manifiestan su deseo de mantenerse dentro del CONAPINA para continuar con su labor de brindar atención a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Algunos trabajadores también reconocen la oportunidad que representa una renovación a la institucionalidad y a la legislación vigente; sin embargo, aseguran que para que esto sea una realidad y no se cometan los mismos errores que en el pasado, el Estado debe apostarle a la mejora presupuestaria. 

“Puede que la iniciativa (de la Ley Crecer Juntos) sea buena a largo plazo, pero a corto se está generando una indefensión a los niños”, dijo el empleado.

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