El pasado 21 de septiembre, se cumplieron dos años desde que el Estado Mayor, liderado por el presidente Nayib Bukele impidió el acceso a los archivos militares correspondiente al caso de El Mozote. 

Cabe mencionar que en una conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el 1 de noviembre del 2019, Nayib Bukele expresó: “mi gobierno está comprometido con la verdad y abrirá los archivos del Ejército de la “A” hasta la “Z’”.

El 21 de septiembre del 2020, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que parara las inspecciones a seis unidades militares ordenadas por un juzgado de instrucción en el proceso por la masacre de 1,000 campesinxs (en su mayoría niñxs), en 1981 en el Departamento de Morazán, El Salvador. 

Asimismo, el 25 de septiembre de ese mismo año, apenas sólo 4 días después, el mismísimo Bukele aseguró que los archivos correspondientes al Mozote fueron destruidos: “Cuando llegamos al Gobierno, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote fueron destruidos. Pudo haber pasado en los gobiernos en estos 40 años”.

La masacre de El Mozote, ocurrida en El Salvador en el marco de la guerra civil, consta de una serie de operativos encabezados por el ejército salvadoreño, que culminaron en una cadena de masacres contra la población civil. 

Dichas operaciones, fueron realizadas por el Batallón de “Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl”, la “Tercera Brigada de Infantería de San Miguel”, el “Destacamento Militar número 4” en San Francisco Gotera y el “Alto Mando de la Fuerza Armada”, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1.000 y 2.000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la contrainsurgencia. El operativo se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre, los soldados ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres, las violaron y a los hombres, los ejecutaron.

Por consiguiente, 9 años después, el 30 de octubre de 1990 el caso fue enviado a la Comisión Interamericana (CIDH) y estuvo archivado 10 años. En el 2000, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) fue acreditado como representante del caso. (Cabe mencionar que, en 1993, El Salvador aprobó la Ley de Amnistía que se deroga en el 2016).

En el 2020, el juicio de El Mozote se acercaba al final de su fase investigativa y estaba a punto de pasar a su fase de sentencia, pero fue el gobierno salvadoreño liderado por Bukele quién nuevamente obstruyó el acceso a esos archivos militares, favoreciendo la impunidad de este caso, pues, son esos archivos los que deben  contener los planes militares, planes operativos, planes estratégicos, planes de guerra  y nombres de los militares de alto rango que estuvieron a cargo de los operativos entre 1981 y 1983. 

Hasta la fecha, familiares víctimas de la Masacre de El Mozote siguen reclamando al Estado salvadoreño justicia y acceso a esos archivos militares. El próximo diciembre se cumplen 41 años de impunidad y en conmemoración a las víctimas, nuevamente las familias encenderán una vela por todxs aquellxs niñxs, mujeres y hombres que el estado salvadoreño les arrebato la vida y sigue sin darles una respuesta.

¡Memoria Histórica para no repetir la historia!

¡Justicia para las víctimas del Mozote!