Opinión

Por una vida libre de violencia para las mujeres

Lourdes Molina Escalante

Lourdes Molina Escalante

@lb_esc

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, está directamente vinculada con la desigual distribución del poder y con las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en la sociedad.

Por Lourdes Molina Escalante

A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, en la mayoría de los casos a manos de su pareja. En Latinoamérica se estima que diariamente 12 mujeres, adolescentes y niñas por motivos de género, la mayoría de estos feminicidios quedan en la impunidad. Las niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas enfrentan las legislaciones y prácticas que figuran entre las más restrictivas en el mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos – Nicaragua, El Salvador y Honduras tienen legislaciones que criminalizan el aborto-.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, está directamente vinculada con la desigual distribución del poder y con las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en la sociedad; a la vez, estas desigualdades son perpetuadas a través de la violencia y limitan las posibilidades de las mujeres de ejercer plenamente sus derechos sociales, políticos y económicos.

Anteriormente la violencia contra las mujeres se reducía a los daños a la integridad física, pero en realidad va más allá de eso. Este tipo de violencia es todo acto violento que, basado en motivos de género, provoca la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de una mujer; pero también incluye las amenazas de realizar actos violentos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, la utilización de mensajes o símbolos que naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Los actos de violencia pueden ocurrir en el seno de su familia, de su comunidad o de su entorno laboral, pero también pueden ser perpetrados y tolerados por el Estado. Además, la virtualidad tampoco es un entorno seguro, el desarrollo de las tecnologías únicamente ha ampliado los medios (celulares, internet, redes sociales, videojuegos, correos electrónicos) que pueden utilizarse para violentar a las mujeres.

Todas las mujeres, en cualquier parte del mundo, pueden ser víctimas de violencia, pero algunas son particularmente vulnerables: las niñas, las de la tercera edad, las indígenas, las que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales, las migrantes y refugiadas o las que tienen algún tipo de discapacidad.

A pesar de que la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas es más común de lo que se desearía, las estadísticas, datos y registros que se generan e informan continúan siendo limitadas, lo que permite que los perpetradores y victimarios sigan gozando de impunidad, mientras que las víctimas son estigmatizadas o avergonzadas cuando deciden romper el silencio.

La lucha contra la discriminación y la violencia requiere de esfuerzos permanentes, integrales y en todas las esferas de la sociedad; implica deconstruir patrones culturales profundamente arraigados que obstaculizan los esfuerzos en defensa de los derechos de las mujeres. Lamentablemente, la desinformación, el odio y la polarización parecen avanzar cada vez más en nuestras sociedades, deteriorando las políticas públicas y la institucionalidad, y menoscabando los avances logrados en la reivindicación de los derechos de las mujeres, incluyendo el de tener una vida libre de violencia.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, es un momento propicio para que la ciudadanía exija a los Estados de la región el cumplimiento de los compromisos sociales y políticos que permitan superar los desafíos estructurales y construir una Centroamérica inclusiva en la que todas las personas tengan garantizados sus derechos.

Para ello es indispensable que cada gobierno formule planes y políticas nacionales para la prevención, protección y atención de todo tipo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres; así como para avanzar en la construcción de la justicia económica, social y fiscal de una manera inclusiva y sensible al género.

Esto es particularmente relevante en esta época del año en la que todos los países de la región se discuten las leyes de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 carácter, es urgente que los países de la región asignen los recursos presupuestarios suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres. El desarrollo de la región centroamericana solo será posible en la medida que los Estados usen todas las herramientas y recursos necesarios para asegurar a todas las niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia. 

Lourdes Molina Escalante

Lourdes Molina Escalante

@lb_esc

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

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