Beatriz era una joven mujer que habitaba en el área rural de El Salvador, en condiciones de extrema pobreza y con un diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que no tiene cura. En 2013, Beatriz tuvo una crisis de lupus y debió ser internada en el hospital, con los exámenes médicos se determinó que estaba embarazada, por segunda vez, pero que el feto tenía anencefalia; es decir que no había desarrollado cráneo, ni cerebro y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero. Ante este escenario la recomendación médica era la interrupción inmediata del embarazo para evitar el deterioro de la salud de Beatriz y complicaciones que pudieran costarle la vida. 

Pero la interrupción de embarazo no se pudo realizar porque en El Salvador, desde 1998, el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia, incluso cuando como en el caso de Beatriz, la vida de la persona gestante peligra. Ante el impedimento de recibir el tratamiento médico Beatriz, con el acompañamiento legal de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, inició una batalla legal para salvaguardar su vida y su salud. Como parte de este proceso se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se permitiera la interrupción del embarazo, sin embargo este fue rechazado y Beatriz se vio forzada a continuar con un embarazo inviable durante 3 meses más, lo que significo el deterioro de su salud, tanto física como mental.

Ante la falta de respuesta del sistema nacional de justicia, el caso de Beatriz fue presentado en las instancias internacionales correspondientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH otorgaron medidas cautelares y provisionales en favor de Beatriz, además requirieron que el Estado salvadoreño tomara las medidas médicas necesarias para asegurar la vida y la integridad de Beatriz.

Algunas semanas después Beatriz inició trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después.  Sin embargo, las secuelas en la salud fueron permanentes y sumando a las complicaciones de un accidente, Beatriz falleció el 8 de octubre de 2017.

El caso de Beatriz no es único, en El Salvador 181 mujeres, entre 1998 y 2019, han sido condenadas a más de 50 años de cárcel por experimentar emergencias obstétricas. En conjunto esto demuestra que la prohibición absoluta del aborto desconoce los derechos sexuales y reproductivos y representa una amenaza para la vida, la salud y la integridad de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

En el primer trimestre de 2023 la Corte IDH tratará este caso, se espera que esto permita que Beatriz y su familia obtengan justicia por las grandes violaciones a sus derechos mientras esperaba que el sistema decidiera sobre su salud y su vida, pero también cómo el Estado salvadoreño incumplió las recomendaciones de la CIDH para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños causados. La sentencia de la Corte puede establecer estándares acerca de las medidas que el Estado debe adoptar para que las personas gestantes tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados para resguardar sus derechos, a la salud y a la vida.

La penalización del aborto no reduce su ocurrencia, más bien se convierte en una causa para que las mujeres recurran a abortos en condiciones inseguras o peligrosas. El aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública, con base en los principios de integralidad y laicidad, que permita la realización plena de los derechos y bienestar de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes; un asunto que además debe ser acompañado de políticas públicas que promuevan el acceso universal a educación científica e integral en materia sexual y reproductiva, a servicios de planificación familiar y salud materna, así como la atención sanitaria y psicológica del embarazo, del aborto y del parto. Y esto aplica no solo para El Salvador, sino también para el resto de la región centroamericana, particularmente Honduras y Nicaragua.