Opinión

Centroamérica merece una política fiscal diferente

Picture of Lourdes Molina Escalante

Lourdes Molina Escalante

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

En El Salvador, los retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas están a la orden del día, las prioridades del gasto público están en función de la popularidad presidencial, mientras se recortan presupuestos en áreas claves y se mantiene el otorgamiento de privilegios fiscales como estrategia poco efectiva de atracción de inversiones.

Por Lourdes Molina Escalante* 

La política fiscal es la herramienta que tienen los Estados para construir las sociedades en las que las personas gocen plenamente de sus derechos en un contexto de bienestar y democracia. Con la forma en que un país escoja diseñar su política fiscal definirá quiénes pagaran impuestos, quienes no lo harán, cuáles serán las prioridades en la asignación de recursos – salud y educación o publicidad gubernamental, por ejemplo-, también determinará si se hace un uso estratégico de la deuda pública y el grado de transparencia y rendición de cuentas que los funcionarios tendrán frente a la ciudadanía. 

En Centroamérica, históricamente, a la política fiscal se le ha asignado un rol pasivo y alejado de los estándares que se requieren en contextos democratizadores, lo que ha impedido alcanzar niveles apropiados de bienestar para la población. Los desafíos en materia fiscal en la región son varios y en su mayoría tienen un carácter estructural, por lo que requiere respuesta de política pública integrales. Por el lado de los ingresos públicos estos son insuficientes para financiar el desarrollo; los sistemas tributarios son bajos y regresivos; prevalecen los privilegios fiscales y altos niveles de gasto tributario; por si fuera poco, se observa una limitada efectividad del combate a la evasión y elusión fiscales, a la planificación fiscal agresiva, el contrabando, la defraudación aduanera y los flujos ilícitos de capital. En materia de gasto público también se observa que este no es suficiente para garantizar derechos y bienestar, lo cual se combina con una ejecución desvinculada de una visión de desarrollo y desafíos de eficiencia, efectividad, sostenibilidad, equidad y continuidad.  La deuda pública también representa desafíos para Centroamérica ya que presenta niveles crecientes y su costo es bastante alto, incluso en la mayoría de los países el servicio de la deuda, es decir el pago de intereses y amortizaciones, representa una de las mayores partidas dentro de los presupuestos y absorbe recursos que pudieran destinarse al financiamiento del gasto social. Finalmente, existe un limitado acceso a la información pública, transparencia y participación ciudadana, lo que crea las condiciones propicias para la corrupción e impunidad.

Con un contexto fiscal tan desafiante lo que se esperaría de cada uno de los gobiernos de la región estuviera diseñando e implementando los cambios y reformas necesarios para reorientar y fortalecer la política fiscal para convertirla en una herramienta efectiva para la garantía de derechos y el bienestar de la población. Pero lo que encontramos en la realidad no necesariamente está a la altura de los desafíos. 

Guatemala se encuentra en un contexto electoral, 23 partidos y coaliciones están participando en la contienda presidencial, cada candidato o candidata hace mil ofrecimientos para enamorar a las personas votantes, pero casi ninguno aborda cuestiones fiscales básicas, por ejemplo: cuánto cuesta cumplir esas promesas o cómo se financiará ese cumplimiento. 

En El Salvador, los retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas están a la orden del día, las prioridades del gasto público están en función de la popularidad presidencial, mientras se recortan presupuestos en áreas claves y se mantiene el otorgamiento de privilegios fiscales como estrategia poco efectiva de atracción de inversiones.

En Nicaragua, mientras el dictador se dedica a bailar, los recursos públicos son utilizados para financiar las fuerzas represivas del Estados que persiguen y criminalizar liderazgos religiosos, sociales o a cualquier persona que ose criticar alguna acción gubernamental. 

Costa Rica, lo más cercano a un mínimo estado de bienestar que teníamos en la región, lleva años sumergiéndose en una crisis fiscal, ante la cual cada gobierno solo parece tener una respuesta: austeridad, sin tomar en consideración sus implicaciones en la prestación de bienes y servicios públicos, la necesidad de reducir el alto costo de la deuda público o sin reconocer que si se quiere vivir en un país como los de la OCDE no se pueden pagar impuestos como un país de Centroamérica. 

En Honduras, actualmente se discute el proyecto de Ley de justicia tributaria, lo cual podría un paso en la dirección correcta, pero reconociendo que aún quedarán muchos desafíos por responder. La discusión de esta ley ha evidenciado dos aspectos clave: cualquier reforma o cambio fiscal siempre generará posiciones encontradas - especialmente por los grupos de poder que se perciban afectados-; y la importancia de que este tipo de reformas sean discutidas con los diferentes sectores de la sociedad con base en elementos técnicos y no falacias o percepciones engañosas. Más allá de lo que suceda con la aprobación, o no de la ley, el actual gobierno se enfrenta al desafío de evitar repetir las prácticas de opacidad, nepotismo y falta de diálogo que criticaron en sus opositores.

Centroamérica y las personas que habitamos en ella merecemos una política fiscal diferente, una en la que el gasto público sea suficiente para garantizar nuestros derechos más básicos y que sea planificado, ejecutado y evaluado con base en el cumplimiento de metas de desarrollo. Necesitamos que nuestros presupuestos se financien a partir de un sistema tributario más justo y progresivo, en el que quienes tengan mayores ingresos contribuyan más a la construcción de lo colectivo y que los incentivos tributarios no se conviertan en privilegios injustificados para el no pago de impuestos. Requerimos que la deuda pública sea utilizada como herramienta de desarrollo. Y, desde luego, la política fiscal centroamericana carecería de toda legitimidad si no es transparente, por ello se requieren mecanismos efectivos para que la ciudadanía tenga acceso a información pública, participe en espacios de discusión y toma de decisiones y se exija la probidad, transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios e instituciones públicas.

Picture of Lourdes Molina Escalante

Lourdes Molina Escalante

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

Más de GatoEncerrado