La niñez es una etapa crucial en la vida de una persona y desempeña un papel fundamental en la formación de su identidad y desarrollo integral. En esta etapa de la vida se sientan las bases para el crecimiento físico, mental y emocional, es un período de aprendizaje acelerado y de exploración del mundo: es un período de oportunidades y potencialidades que marcará el curso de la vida. Por ello, es fundamental que las sociedades inviertan en el bienestar de los niños y las niñas, su desarrollo integral beneficia a la sociedad en su conjunto.

La importancia de la niñez en las sociedades se refleja en la aprobación y ratificación de tratados internacionales y legislaciones nacionales destinadas al respeto, protección y garantía de sus derechos. Uno de los más relevantes es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el instrumento internacional más ampliamente ratificado en la historia. La CDN establece una amplia gama de derechos fundamentales para la niñez, entre ellos, la vida, la salud, la educación, la alimentación, la protección ante la violencia y la participación en las decisiones que afectan su vida. Además, la CDN establece la obligación de los Estados de asignar los recursos adecuados para su implementación, ampliamente desarrollada en la Observación General 19 del Comité de los Derechos del Niño, que establece cuatro principios generales de los presupuestos públicos para la niñez: no discriminación, interés superior del niño, desarrollo integral y derecho a ser escuchado.

Guatemala es uno de los países que ha ratificado la CDN, además cuenta con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia: asumió compromisos para garantizar el bienestar y desarrollo de los 6.6 millones de niños, niñas y adolescentes (37.4% de la población) que a 2023 habitan en el país. Pese a estos compromisos, la situación de la mayor parte de la niñez y la adolescencia guatemalteca es precaria, sin las condiciones necesarias para el disfrute de sus derechos. Esto se refleja en una variedad de indicadores socioeconómicos que ubican a Guatemala como el peor país de América Latina para ser niño o niña, para citar algunos: 46.0% de la niñez menor de 5 años vive con desnutrición crónica (retraso en el crecimiento), 6 de cada 10 niños viven en pobreza (8 de cada 10 en la niñez indígena), 44% de adolescentes de 15 a 17 años está fuera del sistema educativo, 23 de cada 1,000 niños o niñas muere antes de los cinco años.

Los preocupantes indicadores de la situación de la niñez guatemalteca son resultado de un Estado ausente, que no provee a la niñez de los bienes y los servicios públicos en cantidad y calidad suficientes, principalmente a la que vive en situaciones de vulnerabilidad y exclusión, resultado de la escasa inversión pública del Estado guatemalteco en la niñez y la adolescencia. Los reportes de la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA), realizadas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), muestran que a marzo del 2023 el presupuesto vigente para la IPNA es de Q29,673.4 millones, lo cual representa 25.3% del presupuesto de gasto público total y 3.8% del producto interno bruto. La inversión diaria en cada niño, niña y adolescente es de Q12.3 (USD 1.6), insuficiente, considerando que con ello se tendría que garantizar salud, educación, alimentación, protección ante la violencia y el resto de sus derechos.

Actualmente, Guatemala está a las puertas de unas nuevas elecciones generales, en las que se definirán la presidencia y vicepresidencia de la República, diputaciones, alcaldes, síndicos y concejales, es decir, a los garantes durante los próximos cuatro años de los derechos de la niñez y la adolescencia. Dada la grave situación de la niñez y adolescencia, se espera que las organizaciones políticas participantes incluyan dentro de sus propuestas de planes de gobierno medidas para garantizar sus derechos, con el debido rigor técnico, especificando las metas y el costo fiscal de sus propuestas. Sin embargo, el seguimiento a las propuestas de planes de gobierno realizado por el Icefi, muestra que, a 19 días de las elecciones: 

-17 de los 22 partidos y coaliciones políticas que participan en la elección presidencial, han publicado sus propuestas de planes de gobierno.

-Todos los partidos y coaliciones políticas que han publicado su propuesta de plan de gobierno tienen al menos una propuesta que involucra algún derecho de la niñez y adolescencia, y 16 de las 17 propuestas publicadas abordan el derecho a la educación. Pero, solo 6 incluyeron propuestas sobre seguridad y prevención de la violencia.

-6 incluyen metas para las propuestas presentadas, aunque solamente una para todos sus planteamientos, y el resto solo para algunos casos.

-4 incluyeron estimaciones del costo fiscal de sus propuestas. Solo 4 incluyeron la fuente de financiamiento.

Es decir, la mayoría de los partidos políticos no ha presentado propuestas técnicamente sustentadas, que incluyan estimaciones del costo fiscal de implementar su oferta electoral. Algo sumamente preocupante, pues no se avizora que los futuros gobernantes y legisladores priorizarán a la niñez y la adolescencia, que planeen asignar recursos adecuados y que tomarán medidas concretas para mejorar su situación. Al momento de votar, se debe recordar que solo a través de una inversión adecuada y políticas efectivas se puede garantizar el desarrollo pleno de los niños y las niñas, y si esto no ha sido considerado en las propuestas de planes de gobierno, difícilmente se podrán ver avances en el corto plazo para saldar la enorme deuda que la sociedad guatemalteca tiene con su infancia.