Por Beatriz Benítez

Tras concluir la actividad, una patrulla de la Policía persiguió el microbús azul donde se trasladaban 10 integrantes del Movimiento y hasta detenerlo en la 3ª calle poniente, en el centro de San Salvador. 

El hecho fue registrado por periodistas de El Diario de Hoy,  a quienes también se les retuvo y pidió documentación. Para Samuel Ramírez, la presencia del medio de comunicación y la alerta que hizo el Movimiento en el momento, influyó en que los dejaran ir, incluso dijo que un agente se disculpó y le aseguró que se trataba de “una acción de rutina”. Sin embargo, no tiene duda de que se trató de “un intento de captura”. Cree que había órdenes de algún mando de la Policía de detenerlos, ya que cuando los bajaron logró escuchar que alguien dijo “ya los tenemos”.

Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista, calificó el hecho como “una agresión directa por parte del Estado a activistas, personas defensoras y víctimas del  Régimen de Excepción que están denunciando los abusos” de la Policía y de las autoridades de los centros penitenciarios. Agregó que el caso será divulgado en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También dijeron que acudirán a interponer la denuncia ante la la Fiscalía General de la República, aunque saben que todas las instituciones están controladas por el gobierno de Nayib Bukele. 

La directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Gabriela Santos, condenó que el Estado se ensaña contra las víctimas, quienes se han organizado en un movimiento ante las violaciones a derechos humanos y la falta de información de las personas detenidas.

“Esa persecución hacia las personas que tratan de que se les cumplan sus derechos es una violación grave. Estamos volviendo a los años 70’s, 80’s; no se diferencia en nada este gobierno a los gobiernos de esa época cuando arremete contra los que buscan conocer sobre la situación de los detenidos, los que buscan protestar contra los abusos de autoridad”, dijo Ovidio Mauricio,  coordinador de la Asociación de Derechos Humanos “Tutela Legal Dra. María Julia Hernández”.

A pesar de la crisis humanitaria en las cárceles, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no se pronuncia por nada. “Pareciera que solo está de adorno”, reprochó Ramírez. 

Según han documentado las organizaciones de sociedad civil, en los 15 meses del régimen hay un total de 5,490 personas que fueron víctimas de vulneraciones a sus derechos y 173 murieron bajo custodia del Estado, de las cuales 142 han sido archivadas por la Fiscalía General de la República bajo el argumento de que fueron “muertes naturales”.

En una audiencia del pasado 14 de julio ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Estado salvadoreño negó las violaciones a derechos humanos en el régimen, vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Desde el oficialismo se tilda de “defensores de pandillas” a quienes cuestionan las detenciones arbitrarias; sin embargo, las víctimas del régimen sostienen que no están en contra de que se capture a quienes han cometido delitos, pero piden liberar a las personas inocentes: “No defendemos delincuentes, defendemos inocentes”, aseguró Mejía, quien defiende a su hija que fue capturada el 7 de abril de 2022 y sigue en prisión.