Por Karla Arévalo

Determinar estas causas fue posible mediante entrevistas a familiares de personas que fallecieron en centros penales y especialistas, verificaciones in situ (en el lugar) —en casos de privados de libertad que fueron enterrados en fosas comunes—, reportes médicos y forenses e investigaciones de campo. Un ejercicio al que también se han sumado otras organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Socorro Jurídico, entre otras.  

Contrario a lo que asegura el funcionario, Cristosal halló indicios de muerte natural o patológica únicamente en 25 casos. En la mayoría, las causas se relacionan con la violencia: en 39 muertes hay sospecha de criminalidad, en 29 fue por muerte violenta y en 7 por probable muerte violenta, como torturas, golpes, asfixia mecánica por estrangulación o lesiones. Otras muertes no fueron categorizadas porque las autoridades no dieron información ni a las familiares sobrevivientes ni a las organizaciones de derechos humanos. 

“Hubo cuerpos que presentaron graves signos de tortura, ahorcaduras, estrangulamientos, otros tenían la cabeza reventada, otros fueron vapuleados en el estómago o su cuerpo estaba totalmente lacerado”, explicó Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal.

En torno a las causas por muerte natural, la investigación sostiene que algunos internos no recibieron los medicamentos que entregaron sus familiares cuando estaban presos, y tampoco fueron atendidos oportunamente cuando se quejaron por padecimientos como neumonía, tuberculosis, insuficiencia renal, anemia, entre otras.

“Los casos documentados dan lugar a afirmar que la atención en salud para la población penitenciaria es nula o deplorable, lo que agrava cualquier enfermedad previa durante la detención. Además, las condiciones de insalubridad y hacinamiento son generadoras de un mayor deterioro en las personas que presentan cuadros de enfermedades y condiciones médicas crónicas”, puntualizó el informe. 

La postura de que los privados de libertad fallecieron por enfermedades o causas naturales no es nueva, y es parte del discurso oficial desde que se conocieron las primeras muertes en prisiones.

En octubre de 2022, el director de Centros Penales, Osiris Luna, dijo que las personas detenidas estaban “falleciendo” porque padecen “hasta cuatro morbilidades y se niegan a recibir sus tratamientos”. En esos casos, según Cristosal, a los detenidos no se les realizó ningún examen médico legal, por lo que varias de esas muertes pudieron estar “precedidas por falta de asistencia y atención médica, suministro de medicamentos o negligencia médica”. 

¿El Estado es responsable por las muertes?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha remarcado que el Estado es el principal garante de los derechos de quienes se hallen bajo su custodia; por lo tanto, debe adoptar medidas para proteger y conservar esos derechos, entre estos, el de la vida. 

Para Navas, todas las muertes de detenidos son responsabilidad directa del Estado, ya sea por “acción u omisión”; es decir, porque las muertes fueron provocadas por agentes del Estado o porque el Estado permitió, mediante sus condiciones, que las muertes ocurrieran. 

“Vivimos en un país en donde se ejercen distintos tipos de graves violaciones a derechos humanos, tortura, malos tratos, ejecuciones extralegales o extrajudiciales (como las muertes de los detenidos) y lo peor es que se ha hecho de manera constante y ahora permanente con el régimen de excepción”, agregó Johanna Ramírez, coordinadora del Área de Atención a Víctimas de la organización Servicio Social Pasionista. 

La cifra de muertes en penales revelada por Cristosal podría quedarse corta, según el mismo informe, pues hay casos en los que la causa de muerte no es clara o no coincide con las condiciones de salud previa de los fallecidos. Asimismo, hay detenidos que fueron enterrados en fosas comunes sin que sus familiares hayan sido notificados.

Hasta el 2 de junio, el gobierno había capturado 69,812 personas bajo la facultad que le otorga el régimen de excepción. La cifra de capturados ha provocado que el país supere las 105,000 personas privadas de libertad, ubicándose como el país con más reclusos a nivel mundial. El Salvador tiene aproximadamente el 1.6 % de su población total en la cárcel.