Opinión

Ilegalidad y cobardía

Picture of Leonel Herrera

Leonel Herrera

Periodista y activista

Hay tres razones sencillas y fáciles de entender por las cuales los magistrados del TSE están obligados a denegar la inscripción de la candidatura de Bukele.

Por Leonel Herrera* 

(Carta a Noel Orellana y demás magistrados/as  del TSE)

La mayoría de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) parecen decididos a inscribir la candidatura inconstitucional del actual presidente Nayib Bukele para las elecciones de 2024. El principal pretexto esgrimido para justificar su decisión es que “las sentencias de la Sala de lo Constitucional se cumplen” y que si no lo hacen estaría cometiendo los delitos de incumplimiento de deberes y desacato que están sancionados en el Código Penal.

Sin embargo, desde la perspectiva legal es en sentido inverso: el delito sería inscribir la candidatura inconstitucional, pues representaría un acto arbitrario violatorio de la legislación electoral y la Constitución de la República. Hay tres razones sencillas y fáciles de entender por las cuales los magistrados del TSE están obligados a denegar la inscripción de la candidatura de Bukele.

La primera razón es que la Sala que avala la reelección presidencial continua no es legal y legítima, sino que fue nombrada ilegalmente tras la destitución igualmente ilegal de los anteriores magistrados el 1 de mayo de 2021, en la primera sesión plenaria de la actual legislatura controlada por el oficialismo. Los magistrados impuestos son todos afines al bukelismo y en ninguna de sus acciones se han mostrado independientes, sino totalmente sometidos a los deseos de Casa Presidencial; el ejemplo más claro es el fallo que abre la puerta a la reelección de Bukele.

A esto se agrega el hecho señalado por el abogado Enrique Anaya Barraza, referido a que no se trata de una sentencia sobre la reelección, sino una resolución sobre los derechos ciudadanos de una persona que promovía la reelección. Es decir, además de que los magistrados no tienen legitimidad para resolver, se extralimitaron en su función al resolver sobre algo que no era objeto de controversia en la demanda que había sido presentada.

La segunda razón es que, aun si la Sala fuera legal y sus magistrados electos correctamente, no puede emitir resoluciones que contraríen disposiciones constitucionales. En su rol de intérprete de la Constitución, la Sala de lo Constitucional no puede violentarla; y ¡siete artículos dicen que está prohibida la reelección presidencial continua!

¿Cómo puede la Sala decir que la reelección es posible si la Constitución establece que es obligatoria la alternancia en la presidencia de la república; que pierde sus derechos ciudadanos quien promueve la reelección presidencial; que el presidente no puede ser candidato presidencial; que el período presidencial dura cinco años y el presidente no puede quedarse ni un día más; que si el presidente se reelige la Asamblea Legislativa lo debe destituir; y que el pueblo está obligado a la insurrección cuando se altere el orden constitucional y la forma de gobierno? ¿Qué es lo que no entienden Noel Orellana y los demás flamantes magistrados y magistradas del TSE?

Y la tercera razón es que, en materia electoral, la máxima instancia es el Tribunal Supremo Electoral, no la Sala de lo Constitucional. En tal sentido, el TSE está obligado a respetar la Constitución que prohíbe la reelección, no la resolución de una sala que pretende avalar la reelección de Bukele. ¡Está clarísimo!, magistrado Orellana y compañía.

Cuestión de entereza y valentía

Seguramente los magistrados se sienten presionados y amenazados por el oficialismo. GatoEncerrado publicó que en septiembre de 2021, en vísperas de la resolución de la Sala que avalaría la reelección, los magistrados del TSE fueron convocados a Casa Presidencial, por el asesor jurídico Javier Argueta, para “informarles” sobre dicha resolución 

Y por si el mensaje no estaba totalmente claro, en enero de 2023 la mayoría legislativa oficialista aprobó una reforma electoral que castiga hasta con 30 años de cárcel a quienes “obstaculicen la inscripción de candidaturas”. A esto esto se suma el riesgo de que la Fiscalía les invente un caso o que los troles bukelistas destruyan su imagen pública con sus acostumbradas campañas de difamación contra quienes no siguen su guion.

Si es ante esto que han sucumbido los magistrados/as del TSE, ya no es una cuestión sólo de ilegalidad, sino de falta de entereza y valentía. Sin embargo, Orellana y compañía aún están a tiempo de actuar como patriotas, honrando su juramento de hacer cumplir la Constitución y las leyes; o quedar en el basurero de la historia como funcionarios serviles a las ambiciones de poder de un presidente que para perpetuarse en el cargo busca reelegirse inconstitucionalmente.

Tienen la palabra, magistrados y magistradas del TSE.

Picture of Leonel Herrera

Leonel Herrera

Periodista y activista

Más de GatoEncerrado