Foto/Twitter de Dora Martínez

Capres reunió a magistrados del TSE previo a la sentencia que avala la reelección de Bukele

En Casa Presidencial ya tenían adelantada la resolución que la Sala daría a conocer a los salvadoreños la noche del viernes 3 de septiembre. Horas antes de que saliera a la luz, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, reunió en privado a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral para informarles que la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo iba a emitir una resolución que daría el pase libre a la reelección presidencial de Nayib Bukele, según fuentes del ente electoral que tuvieron conocimiento de la reunión y contaron a GatoEncerrado en condición de anonimato. Este relato evidencia el control que el Ejecutivo ejerce sobre las instituciones que deberían ser independientes.

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Beatriz Benítez

Beatriz Benítez

La tarde del viernes 3 de septiembre, Javier Argueta, asesor jurídico del presidente Nayib Bukele, contactó por teléfono a cuatro de los cinco magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tener una reunión privada en Casa Presidencial (Capres) de forma inmediata, a las 5:15 de la tarde. El motivo era conocer lo que pensaban los funcionarios acerca de la polémica resolución que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —impuesta por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo— emitió para abrir las puertas a la reelección continua de Bukele. Para poner en contexto la situación, Capres ya tenía conocimiento sobre el contenido de una resolución en la que no fue parte del proceso y que todavía no era de conocimiento público a través de Twitter

Obedecieron al llamado de Argueta la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, y sus colegas Noel Orellana, Guillermo Wellman y Rubén Meléndez. El quinto magistrado, Julio Olivo, no fue convocado.

En la reunión, además de adelantarles el contenido de la resolución, Argueta les dijo que quería conocer su opinión, según dos fuentes del ente electoral que hablaron con GatoEncerrado en condición de anonimato. En respuesta, y sin haber sido notificados oficialmente en el correo institucional, los cuatro magistrados coincidieron: las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. En otras palabras, los magistrados mostraron que no van a interferir en la inscripción de una posible candidatura a la reelección de Bukele en 2024, a pesar de que la Constitución de la República actual prohíbe explícitamente, en al menos cuatro artículos, la reelección presidencial.

La reunión entre Argueta y los magistrados del TSE ocurrió pasadas las 5:00 de la tarde y, de acuerdo a las fuentes, se extendió alrededor de dos horas, porque algunos magistrados se incorporaron después de la hora prevista. Cuando el encuentro finalizó, la Sala notificó la resolución por correo electrónico a la Secretaría del Tribunal, la cual tiene contacto directo con la presidenta del TSE. Luego apareció publicada en Twitter a las 8:47 de la noche, aunque la resolución fue emitida a las 12:37 de la tarde de ese 3 de septiembre. 

La historia de esta polémica resolución inició en febrero pasado, cuando la Sala destituida admitió una demanda presentada por el abogado Enrique Anaya para quitarle el derecho de ciudadanía a la excandidata de Gana Nancy Díaz de Martínez, por promover o apoyar la reelección del presidente de la República. La Sala impuesta por el oficialismo aprovechó la demanda para torcer la actual Constitución y abrir paso a la reelección presidencial. Consecuentemente, la Sala impuesta también le ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución. Los argumentos expuestos por la Sala no tienen más base jurídica que adjudicarse lo que “el pueblo quiere”.

El abogado Enrique Anaya dijo a GatoEncerrado que fue notificado vía correo electrónico por la Sala casi de manera simultánea a la publicación del documento en la cuenta de Twitter; es decir, después de que Argueta y los magistrados del TSE se reunieron en privado. Si bien la Sala vinculó al TSE para que cumpla la resolución cuando llegue el momento de inscribir candidaturas en 2024,  Anaya explicó que en el proceso por pérdida de derechos de ciudadanía únicamente eran partícipes él como demandante y la excandidata a diputada de Gana, Nancy Díaz de Martínez, como demandada. Señaló que bajo ninguna circunstancia la Sala tenía que notificar a la Presidencia de la República. 

Anaya reiteró que el documento no tiene valor jurídico debido a que no se trataba de un proceso de inconstitucionalidad, “porque el tema en debate era si puede perder derechos de ciudadanía la señora, no la reelección presidencial inmediata”.

Los actuales magistrados del TSE, quienes han sido señalados por el presidente Bukele de responder a los intereses de la oposición, tendrán a cargo la organización y ejecución de las próximas elecciones presidenciales, diputados y concejos municipales de 2024; si es que no son destituidos del cargo, como ha ocurrido con otros funcionarios reemplazados por la Asamblea de Bukele.

Un acuerdo por WhatsApp

Casi una hora después del tuit de la Sala impuesta, y luego de la reunión con Argueta, los magistrados del TSE se comunicaron a través de WhatsApp. La presidenta del TSE creó un nuevo grupo de WhatsApp en el que agregó sólo a los magistrados propietarios, incluyendo a Julio Olivo. A las 9:40 de la noche de ese 3 de septiembre, la presidenta del Tribunal les mandó el enlace de la publicación del tuit de la Sala e inmediatamente les propuso a sus colegas publicar un comunicado. Dos magistrados le dieron el aval esa misma noche y el tercero hasta el sábado por la mañana, cuando el escueto comunicado de tres párrafos ya estaba elaborado.

Fue así como la presidenta del TSE ordenó al jefe de comunicaciones que publicara el comunicado en la cuenta oficial de Twitter, el cual salió a las 8:32 de la mañana del sábado 4 de septiembre. De acuerdo a las fuentes consultadas por GatoEncerrado, el comunicado fue escrito por el equipo de comunicaciones de la presidenta Martínez de Barahona.

El comunicado reiteraba lo que los magistrados ya habían hablado con Argueta: El TSE acatará resolución de la Sala de lo Constitucional”,  en virtud de que las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional “son inapelables y de obligatorio cumplimiento". 

Después de que el TSE emitió su postura, Olivo dijo en su cuenta de Twitter que estaba "muy sorprendido" sobre la publicación del comunicado y que el organismo colegiado no sesionó ni votó para discutirlo. 

Esta revista lo buscó tres días después para saber por qué no participó en el encuentro de los magistrados con el asesor jurídico de la Presidencia. Olivo aseguró desconocer sobre la misma, pues no fue invitado y aseguró que tampoco hubiera ido porque su papel de magistrado exige independencia. Prácticamente, se enteró de la reunión por las preguntas que le hizo GatoEncerrado. Además, dijo que a raíz de la polémica que se generó por el comunicado que emitió el TSE, la presidenta Martínez de Barahona convocó a una reunión a todos los magistrados, en la que no hizo ninguna mención sobre la reunión del viernes.

Olivo reiteró que fue alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado cuando se enteró del comunicado, luego de que organismos internacionales le llamaron para preguntarle.

El magistrado Olivo confirmó que la presidenta del TSE creó otro grupo de chat, sin incluir a los magistrados suplentes. Fue ahí donde les contestó que la reelección del presidente está prohibida por la Constitución de la República en los artículos 88 y 152. Dijo que desde 1841 se mantiene la cláusula de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y solo el general Maximiliano Hernández Martínez la violó cuando reformó la Constitución en 1939. 

Olivo aseguró que los magistrados tienen otro grupo de chat que lo usan para tomar decisiones urgentes, pero en este caso no hay un calendario electoral ni tienen fecha para la próxima elección 2024. Según Olivo, antes de sentar postura en un comunicado, el organismo colegiado tenía que haber discutido la resolución, nombrar una comisión o mandarla a la unidad jurisdiccional para el respectivo análisis y luego decidir si hacían un pronunciamiento. Dijo que estas decisiones deben de pasar por votación, como ha ocurrido “siempre”. 

Dos días después de la publicación del comunicado, el magistrado Noel Orellana habló con GatoEncerrado y dijo que no se requería de una votación, pues hay antecedentes en las que han tomado decisiones por chat.  “La señora presidenta estaba nada más pidiendo el aval para hacerlo público (…) La verdad es que eso no requiere votación como tal, porque es una práctica que se ha hecho”, dijo. 

También, Orellana sostuvo que el máximo organismo para interpretar la Constitución es la Sala de lo Constitucional y que el TSE no tiene facultades para determinar si cumplen o no una resolución, sino que tiene que hacerlo; de lo contrario, podrían caer en delito: “Estamos en la obligación de ejecutar aquellas resoluciones que emanen de tribunales superiores y que en este caso yo creo que no es la excepción”, mantuvo.

Antes de que se publicara esta nota, GatoEncerrado le escribió al magistrado Orellana para preguntarle sobre la reunión en Capres; sin embargo, ya no respondió. Por su parte, el magistrado Guillermo Wellman dijo a través de su asistente de comunicaciones que él siempre ha mantenido el criterio que las sentencias de la Sala de lo Constitucional se acatan, pero tampoco respondió sobre la reunión con Argueta. 

GatoEncerrado le llamó y dejó un mensaje al magistrado Rubén Meléndez y tampoco respondió. De igual forma se le llamó a la presidenta del TSE y no respondió. Esta revista también contactó por teléfono a Javier Argueta, pero colgó la llamada cuando escuchó la pregunta. 

Presidencia controla las instituciones

Para diferentes abogados, consultados por esta revista para hacer un análisis, esta reunión entre Casa Presidencial y los magistrados del TSE, evidencia el control del Órgano Ejecutivo sobre las instituciones que deben actuar de forma independiente.

“En este caso, se nota que todo está controlado por Presidencia, es  la que está manoseando la institucionalidad a conveniencia y con el agravante del interés del presidente en reelegirse”, dijo el constitucionalista Jonathan Sisco, de Cristosal.  

Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), coincidió en que la resolución tiene un conflicto de origen porque “toda razón jurídica está perdida en el país”, frente a la desarticulación del Estado de derecho ocurrida el 1 de mayo.

Fue tajante en decir que la resolución es completamente inconstitucional, porque tiene vicios de forma y de contenido, ya que trata sobre la reelección presidencial inmediata, pero el demandante no les había solicitado ese punto e ignora al menos los artículos 88, 152 y 154 de la Constitución, que prohíben la reelección. 

Baños agregó que “no es usual que una institución del Estado, que se presume independiente, sea convocada en Casa Presidencial (suponiendo que se ha facilitado de manera anticipada la resolución que va a dar la Sala Constitucional)”. Para el abogado de Fespad, esta reunión refleja una cooptación; no solo de los tres Órganos de Estado, sino de instituciones como el TSE.

“Yo entiendo que entre las instituciones del Estado debe de haber colaboración, pero este tipo de reuniones, si son secretas, de espaldas a la población y, sobre todo tocando un tema tan espinoso como ese y de la forma en la que se ha trabajado, es sumamente cuestionable”, finalizó el abogado de Fespad.

El magistrado Olivo coincidió en que “no es normal, ni deberían haberse reunido, porque pone entre dicho el papel de imparcialidad que debe de tener el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo ante una sentencia que prácticamente está planteando una reelección del presidente, que está prohibida por la Constitución".

De derecha a izquierda: Noel Orellana, Julio Olivo, Dora Martínez, Guillermo Wellman y Rubén Meléndez. Foto/Asamblea Legislativa

Reelección y reformas

El vicepresidente Félix Ulloa entregó, este 15 de septiembre, propuestas de reformas a la Constitución de la República al presidente Bukele. El proceso para elaborar esas propuestas ha sido calificado por constitucionalistas salvadoreños como una sustitución de la actual Constitución que promueve graves retrocesos en distintas temáticas. En las primeras páginas de la propuesta, el Equipo ad hoc, que ha sido liderado por Ulloa, hace referencia al documento emitido por los abogados usurpadores de la Sala que avala la reelección presidencial. 

A pesar de que la Constitución actual es clara en ordenar la alternabilidad en el ejercicio del cargo de presidente de la República, el equipo propuso reformar el artículo 88, al agregar que "para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la Presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial”. Esto, bajo argumento de que otra Sala de lo Constitucional pueda cambiar la jurisprudencia en este asunto, "como ha ocurrido en este caso". Abogados consultados por esta revista consideraron que el equipo se ha desligado de la decisión de la Sala impuesta.

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