Por Eugenia Velásquez

El diputado de Arena, Alberto Romero, fue desaforado por la Asamblea Legislativa este viernes 1 de septiembre, para que enfrente un proceso judicial en el que es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La votación para quitarle la inmunidad fue unánime, incluso la mayoría de los diputados de Arena votaron a favor de quitarle la inmunidad. 

Inmediatamente después de la votación, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron hasta las oficinas de la fracción legislativa del partido Arena para capturarlo oficialmente y llevarlo hacia unas bartolinas policiales, donde deberá esperar a que se desarrolle el proceso judicial en su contra, a cargo de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

Antes de su captura, Romero había permanecido en las oficinas de Arena desde el pasado miércoles 23 de agosto, cuando el fiscal general, Rodolfo Delgado, solicitó el desafuero. Fuentes del partido Arena aseguraron a esta revista que en la mañana de este sábado 2 de septiembre, Romero tuvo que ser trasladado hacia un centro hospitalario por una “descompensación”, tras no ser alimentado en la noche del viernes ni en la mañana de este sábado.

En las cinco horas que duró la plenaria extraordinaria del antejuicio, en la que se le quitó el fuero a Romero, los diputados oficialistas de Nuevas Ideas aprovecharon el uso de la palabra para promover la narrativa de que están luchando contra la corrupción, mientras que los diputados opositores acusaron a los oficialistas de ser incoherentes por proteger a los funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele y a otros diputados del partido que han sido señalados de cometer corrupción y que aparecen en la Lista Engel.

“Hablan y critican los viajes hechos por el diputado (Romero), pero ya nos dimos cuenta que salen en manada del país. Dicen que los fondos son propios, pero: ¿por qué reservan la información? Si verdaderamente dicen la verdad, deberían quitarle la reserva a eso, no tenemos ningún problema, nosotros somos funcionarios públicos”, criticó el diputado suplente de Arena, César Reyes, haciendo alusión a que los diputados oficialistas promovieron que la información sobre gastos de los diputados sea un secreto. 

Con Romero, la actual Asamblea Legislativa ha desaforado a cinco diputados: tres de ellos son del partido oficialista Nuevas Ideas y dos de Arena. En agosto también fue desaforado el diputado Erick García, de Nuevas Ideas, a quien la Fiscalía lo acusa del delito de “falsedad ideológica”. En 2021, la Asamblea retiró la inmunidad legislativa a los diputados oficialistas José Ilofio García y Gerardo Balmore Aguilar por supuestamente haber cometido el delito de cohecho impropio (aceptar dinero o prebendas para realizar un acto propio de su cargo). En ese mismo año, Norman Quijano, quien era diputado del partido Arena en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), fue desaforado con el objetivo de que enfrentara un proceso judicial por supuestamente haber cometido los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

El caso Romero

La Fiscalía investiga a Romero por supuestamente haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito tras no poder justificar su incremento patrimonial que asciende a un poco más de $1.1 millón. También lo acusa de cometer lavado de dinero al trasladar diferentes cantidades de dólares a las cuentas bancarias de su esposa e hija. 

Ernesto Alfredo Parada, el abogado del diputado Romero, alegó en su intervención ante la comisión de antejuicio que su defendido estaba siendo doblemente juzgado, ya que fue condenado por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de la ciudad de Cojutepeque, del departamento de Cuscatlán, a devolver al Estado $445,766.05 y lo inhabilitó por diez años para ejercer cualquier cargo público.

A pesar de esa condena, la Fiscalía explicó en su nuevo requerimiento que amplió el periodo de la investigación desde 2009 hasta el 31 de diciembre de 2022, periodo que no fueron analizados por la Sección de Probidad. En el caso de la investigación por lavado de dinero se hizo de 2011 a 2022.

La Fiscalía aseguró que encontró inconsistencias en ingresos, impuestos declarados y cuentas bancarias. Según la Fiscalía, entre 2011 y 2022, Romero hizo abonos por $901,993.81 en diferentes cuentas del Banco Agrícola y Cuscatlán, de ese total, asegura que $500,158.81 son remuneraciones netas, mientras que $401,835.00 tienen origen desconocido. Además, la esposa de Romero recibió más de $52 mil en depósitos que hicieron empleados de la fracción de Arena.

Durante el antejuicio, también se mencionó que recibió por misiones oficiales y viáticos la cantidad de $257,494.32, reflejados en 94 viajes realizados a España, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Italia, China, Perú, Ecuador y Costa Rica, entre otros.

La Fiscalía también detalló que parte del dinero encontrado en las cuentas bancarias de la esposa e hija del diputado Romero provenía de cuentas de empleados de la fracción de Arena, quienes realizaban depósitos sin causa justificada.

La defensa de Romero intentó desmentir los señalamientos y aseguró a la Asamblea Legislativa que el monto de las cuentas asciende a tan solo $700, que no le congelaron ningún vehículo al diputado porque no tiene y que le anotaron preventivamente su casa, de 93.93 metros cuadrados, como el único bien que posee Romero. También señaló que el día 23 de agosto, cuando Romero fue detenido por la Policía al salir del Salón Azul, hubo “ilegalidades” en el procedimiento.