Ojo De Gato / Verificación
El Salvador tiene menos homicidios, pero no es el país más seguro del hemisferio occidental
Desde que asumió su segundo mandato, Nayib Bukele ha asegurado que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Aunque los homicidios han disminuido, otras formas de violencia se mantienen, como las desapariciones, la violencia feminicida y abusos policiales y militares. Los datos del Índice Global de Paz, hasta junio de 2024, demuestran que El Salvador no aparece siquiera entre los 100 países más seguros del mundo. La declaración de Bukele es falsa y reduce el tema de la seguridad pública a la violencia homicida.
Por Guillermo Cartagena
Julio 3, 2024
Nayib Bukele afirmó el 1 de junio, en el discurso de su toma de posesión para un segundo mandato inconstitucional, que “El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental”. Luego lo repitió en una entrevista que concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson y después, como efecto dominó, sus funcionarios, diputados y youtubers tomaron la frase y la difundieron como la narrativa oficial. Pero… ¿Qué tan cierta es esa afirmación?
Esa afirmación de Bukele intenta colocar a El Salvador, en materia de seguridad, por delante de países como Islandia, Portugal o Canadá, reconocidos internacionalmente por sus altos índices de seguridad y su calidad de vida en el hemisferio occidental y mundial. Sin embargo, los datos, a pesar de las declaraciones de Bukele, revelan una realidad diferente y demuestran que el mandatario reduce el tema de la seguridad pública a la violencia homicida.
El más reciente Índice Global de Paz (IGP) publicado en junio de 2024, elaborado por el respetado Instituto de Economía y Paz (IEP), evidencia que El Salvador no es el país más seguro del hemisferio occidental, tampoco de Latinoamérica y ni siquiera de Centroamérica. De hecho, según los resultados de este informe, el país ocupa la posición 107 a nivel mundial, y aunque este puesto representa una mejora respecto al informe de 2023 cuando El Salvador se ubicaba en la posición 122, el país aún se mantiene por detrás de más de un centenar de naciones con índices de seguridad más altos.
Para determinar el grado de seguridad de 163 países del mundo, el IGP emplea 23 indicadores cualitativos y cuantitativos. No se centra solamente en la cantidad de homicidios que se cometen en un determinado país —como lo hace Bukele— sino que miden la paz bajo tres aspectos principales: nivel de seguridad social, alcance del conflicto interno o externo en curso (en el caso de países bajo conflictos) y el grado de militarización.
Para Centroamérica, el IGP establece que el país más seguro es Costa Rica, le sigue Panamá y en tercera posición se ubica El Salvador. En el cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran Nicaragua, Guatemala y Honduras, respectivamente.
En julio de 2023, GatoEncerrado ya había desmentido que El Salvador fuera el país más seguro de Latinoamérica. En ese momento, el país ocupaba la cuarta posición según una publicación de Insight Crime, aunque esta solo tomaba en cuenta la tasa de violencia homicida. Ahora, con datos más recientes del IGP y con otros factores en consideración, el país se ubica en el puesto 11 de América Latina.
En cuanto al hemisferio occidental, más de 25 países presentan mejor índice de seguridad que El Salvador. Los primeros puestos los ocupan países europeos como Islandia —que es el país más seguro del mundo— seguido de Irlanda, Portugal, España y Reino Unido. Países de América también están por delante de El Salvador, entre ellos Canadá, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile. Además, países del occidente de África como Ghana, Sierra Leona, Liberia, Marruecos, Senegal, Guinea-Bissau y Mauritania.
A partir de esos datos y al rescatar que el IGP toma en consideración aspectos que van más allá de la reducción de homicidios para analizar la seguridad en los países, la declaración de Bukele durante su investidura inconstitucional encaja en la categoría de falsa.
Lejos de ser un país seguro
El Salvador todavía se encuentra muy distante de los países con índices de seguridad elevados. No entra ni en los primeros 100 lugares. Y es que a pesar de la reducción de homicidios en los últimos años, eso no es suficiente para afirmar que la población goza de plena seguridad, porque para determinar si un país es seguro también se toman en cuenta otros factores. Así lo explica la investigadora en temas de violencia e inseguridad, Jeannette Aguilar.
“La seguridad es una categoría multidimensional que involucra la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad, pero también la existencia de un sistema legal o jurídico que ofrezca garantías de protección frente a cualquier abuso o vulneración, incluyendo la que pueda provenir de agentes del Estado”, señaló Aguilar.
En El Salvador se han perdido las garantías legales. En el informe “El modelo Bukele: seguridad sin derechos humanos”, presentado por siete organizaciones sociales a propósito del segundo aniversario de vigencia del régimen de excepción —la medida con la que el Gobierno de Bukele ha capturado a más de 80 mil personas, entre ellas alrededor de 8 mil inocentes— se expone que la Policía Nacional Civil (PNC) aparece señalada en 4,701 denuncias desde marzo de 2022 como la institución que más acciones violatorias ha cometido en contra de los derechos humanos de los denunciantes. Es decir, la Policía se ha comportado como una entidad que, en lugar de garantizar seguridad y transmitir tranquilidad, ha vulnerado el goce de los derechos humanos de la ciudadanía.
Además de las agresiones de policías y también de militares, Aguilar recalca que otros tipos de violencia, como la feminicida o de género, las desapariciones de personas, el crimen organizado como la trata de mujeres, contrabando de armas y el narcotráfico persisten en el país sin que haya investigación y justicia para las víctimas. “Son formas de violencia e inseguridad de las que no se habla, que están cada vez más invisibilizadas”, explicó.
Algunas organizaciones de la sociedad civil se han encargado de registrar los casos vinculados a esas otras formas de violencia e inseguridad que continúan afectando a la población, ya que el Gobierno de Bukele prefiere ignorar e incluso ocultar esa información relacionada con los diferentes tipos de violencia.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en conjunto con otras cinco organizaciones registraron un aumento en las desapariciones forzadas desde el inicio del régimen de excepción hasta abril de 2024 con un total de 327 denuncias. Estas organizaciones también detallaron algunos patrones en los casos registrados: algunas de las desapariciones han ocurrido cuando agentes del Estado han detenido a las personas, se niegan a reconocer la detención y son las familias de las víctimas quienes ubican a la persona en algún centro penal. La información es escasa y en algunos casos los únicos detalles que reciben llegan hasta que la persona ha fallecido dentro del penal. Algunos de los cadáveres de las personas que fallecieron en penales muestran señales de tortura.
Sobre la cantidad de desapariciones cometidas por agentes no estatales, es difícil encontrar cifras oficiales porque desde el segundo semestre de 2022 esa información fue puesta bajo reserva por la Policía, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) la declaró inexistente. No obstante, organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) o Socorro Jurídico Humanitario han manifestado que el incremento de este tipo de desapariciones es real por los testimonios y denuncias que reciben.
La razón detrás de ese aumento puede estar vinculada a la negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas, según la hipótesis de Aguilar: “En El Salvador se advierte un patrón: en periodos de negociaciones entre los gobiernos y las pandillas, los homicidios bajan, pero las denuncias de desapariciones suben. Esto responde a la lógica necropolítica de los grupos delincuenciales de ocultar los restos de las víctimas para mostrar una reducción de la estadística”.
¿600 días sin homicidios?
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, los homicidios cayeron en picada, pasando de 1,147 en 2021 a 154 en 2023. Un mes y medio antes del cierre del quinquenio, a través de su cuenta en “X”, Casa Presidencial compartió una publicación en la que se destaca haber alcanzado la cifra de 600 días sin homicidios durante la administración de Bukele, pero esa cantidad tampoco es verdadera.
A un mes y medio de culminar el quinquenio se han contabilizado 600 DÍAS SIN HOMICIDIOS, convirtiéndonos en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. 🇸🇻#PlanControlTerritorial#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/xEql7rLWsK
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) April 17, 2024
Las autoridades salvadoreñas han dejado de considerar en las estadísticas de homicidios las muertes violentas de supuestos pandilleros en presuntos enfrentamientos con policías y militares. Tampoco se contabilizan los casos de desapariciones que terminan en el hallazgo de osamentas ni se incluyen las muertes en los centros penales donde hay evidencia documentada de que las muertes fueron violentas, como sí se hace en otros países que se apegan a manuales técnicos sobre la generación de datos de homicidios, como el Protocolo de Bogotá sobre la calidad de datos de homicidios. En cambio, en El Salvador no existe información oficial pública sobre ninguno de estos casos, que deberían estar entre las estadísticas de homicidios para contar con información fidedigna.
“Esconden los registros porque la realidad de la violencia letal en el país no corresponde con el discurso oficial que asegura reducciones a mínimos cercanos a cero”, consideró Jeannette Aguilar, quien agregó que mantener una narrativa oficial de “seguridad” es la razón por la que el gobierno no expone las cifras reales sobre homicidios y omite tomar en cuenta otros tipos de violencia.
De modo que ni siquiera existe una garantía de que la reducción de homicidios sea bajo las cantidades que comparte el gobierno porque los datos están sesgados y no contemplan otros tipos de violencia que continúan ocurriendo en el país.
