Periodismo explicativo
Asamblea elige a magistrados de la Corte Suprema afines a los intereses del bukelismo
En el día en que vencía el plazo para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de Nuevas Ideas, junto a sus aliados PCN y PDC, juramentaron abogados que han trabajado directamente con Nayib Bukele o que fueron cómplices del golpe al Poder Judicial que el bukelismo realizó en 2021. Analistas cuestionan que esta elección de magistrados es similar a la que hacían los partidos del pasado, cuando faltaban a la transparencia y no se hacían las verificaciones necesarias para determinar si las personas elegidas tenían vínculos partidarios o conflictos de interés que pudieran comprometer su independencia.
Por Eugenia Velásquez
Septiembre 27, 2024
Resumen para lectores con prisa
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Nayib Bukele, eligió como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a personas que han trabajado directamente con el mandatario, como la abogada Lidia Castillo; o que fueron cómplices del golpe al Poder Judicial en 2021, como Óscar López Jerez, quien además ha sido incluido en la Lista Engel por ser un “actor corrupto y antidemocrático”. Este tipo de perfiles, según analistas, deja en evidencia que la intención era elegir abogados que seguirán siendo “leales” y “obedientes” a los intereses del bukelismo, por encima del interés público.
Por esta misma razón, los analistas también señalan que la elección incumplió con los estándares establecidos, ya que los diputados no verificaron vínculos partidarios de los elegidos o si su independencia podría estar comprometida. También hicieron la elección en secreto y los nombres fueron conocidos hasta que el pleno legislativo aprobó el dictamen.
Este tipo de magistrados, afines al bukelismo, preocupan a organizaciones como Fespad, ya que en las entrevistas en las que participaron para ser elegidos dejaron entrever que al alinearse con el gobierno no harán un contrapeso y, por lo tanto, también rechazarán los habeas corpus para estudiar los casos de las personas que han sido capturadas y encarceladas injustamente durante el régimen de excepción.
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Los diputados de Nuevas Ideas, y sus aliados en la Asamblea Legislativa, eligieron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a personas afines al Gobierno de Nayib Bukele. Dicho de otra manera: El partido del presidente de facto de El Salvador se aseguró de juramentar como nuevos magistrados de la CSJ a los abogados cuyos perfiles permiten inferir que no harán contrapeso —en palabras más sencillas: no estorbarán— al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, permitiendo así que el país siga controlado por el bukelismo y sin separación de poderes del Estado. Entre esos abogados están Óscar López Jerez, quien fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos por su complicidad en el golpe al Poder Judicial que hizo el bukelismo en 2021; y Lidia Patricia Castillo Amaya, empleada de la Presidencia de Bukele.
La elección que hicieron los diputados este 23 de septiembre, según dijeron diferentes constitucionalistas a GatoEncerrado, es “continuista”. Es decir, los nuevos magistrados continuarán con el mismo legado de “lealtad” y “obediencia a la dictadura de Bukele” que dejaron los anteriores, quienes se mostraron genuflexos ante Bukele y sus intereses. Algunos de los magistrados juramentados, de hecho, ya eran magistrados fieles al bukelismo y han sido reelegidos para un nuevo periodo con diferentes obligaciones y funciones.
El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, aseguró que este proceso de elección se realizó con “absoluta transparencia y compromiso con la ética”, pero analistas y constitucionalistas dijeron a esta revista que ocurrió lo contrario. Criticaron que el partido oficialista siguió el mismo patrón de los partidos del pasado cuando elegían de forma privada, como si fuera un secreto que se debía guardar, y emitían un dictamen favorable que era de conocimiento público hasta que llegaba al pleno para su aprobación.
En aquellas elecciones, al igual que en esta ocasión con el partido oficialista, los diputados no eran transparentes para explicar cuáles eran los criterios por los que eligieron a unos y rechazaron a otros y tampoco verificaban si esas personas tenían vínculos con partidos políticos o incumplían otros requisitos. Los partidos PDC y PCN, aliados del oficialismo, apoyaron la elección sin explicar si fueron tomados en cuenta a la hora de seleccionar los perfiles o si solo endosaron sus votos por la lealtad que muestran públicamente al bukelismo.
La elección tuvo que hacerse el lunes 23 de septiembre porque ese mismo día vencía el plazo que tenía la Asamblea Legislativa para juramentar a los nuevos funcionarios. Caso contrario ocurrió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes fueron elegidos con casi dos meses de retraso.
Los ungidos del bukelismo para servir en la CSJ
El abogado Óscar Alberto López Jerez fue reelegido para el periodo 2024-2033, aunque ya no continuará como presidente del Órgano Judicial. Concluyó su periodo el mismo 23 de septiembre de 2024, después de que la Asamblea le extendió el plazo desde el pasado 27 de junio, ya que sus funciones culminaban el 30 de junio de este año.
El jurista fue electo por primera vez como magistrado de la CSJ el 24 de septiembre de 2015. Luego, el 1 de mayo de 2021 fue impuesto por el bukelismo como presidente de la Corte tras la destitución que la Asamblea hizo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tras su complicidad en el golpe al Poder Judicial, en septiembre de 2021, el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su “Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos”, mejor conocida como “Lista Engel”. Su lealtad, de hecho, viene de más atrás: en 2018 votó para no enviar a Bukele a juicio por enriquecimiento ilícito y luego en 2020 votó para no hacer públicas las declaraciones patrimoniales de Bukele. López Jerez también tiene antecedentes en la Fiscalía y en la Policía, donde fue investigado por lavado de dinero.
En febrero de 2022, mientras era el presidente de facto de la Corte Suprema, López Jeréz enfrentó una pugna interna en la que varios magistrados lo dejaron sin el control del Órgano Judicial. Once magistrados le quitaron el poder en temas administrativos y removieron de sus cargos a 17 jefaturas de distintas dependencias de la Corte que habían sido nombradas por Jerez.
En lugar de López Jerez, como magistrado presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional fue elegido Henry Alexander Mejía, para el periodo que inició el 24 de septiembre de este año y que termina hasta el 15 de noviembre de 2027. Luego de ese tiempo, seguirá siendo magistrado de la CSJ hasta 2033.
Mejía fue nombrado en 2021 como magistrado suplente de la Corte Suprema, pero tras la renuncia de Enrique Alberto Portillo Peña asumió como magistrado titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo en noviembre de 2022. Antes de ser juramentado, renunció a la elección de suplente.
Para el mismo periodo 2024-2033, también fue electa la abogada Lidia Patricia Castillo Amaya 2024-2033, quien hasta septiembre era la Subsecretaria de Integridad y Cumplimiento de la Presidencia de la República, con un salario por encima de los $4,000. En su hoja de vida también consta que fue asesora jurídica en la Secretaría de Auditoría, otra dependencia de la Presidencia; así como miembro propietaria del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. En otras palabras, es una persona que ha gozado de la confianza de Bukele para ostentar los cargos que ha tenido en Casa Presidencial.
Entre 2017 y 2018, Castillo también fue asesora jurídica parlamentaria del Órgano Legislativo del partido FMLN. Una fuente interna de la Asamblea aseguró a GatoEncerrado que también fue asesora de la exdiputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, exdirigente del partido de izquierda. En la red social X escribió que aportó su firma para apoyar la creación del partido Nuestro Tiempo.
El abogado Miguel Elías Martínez Cortez también fue elegido para el periodo 2024-2033. En sus atestados consta que ha sido magistrado presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, ejecutor de embargos, ha trabajado en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil y ha desempeñado funciones de perito evaluador de bienes muebles e inmuebles.
Vicente Alexander Rivas Romero también fue electo para el periodo del 24 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2033. Según su hoja de vida, desde julio de 2022 se desempeñó como magistrado presidente de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador y de enero a junio de 2022 fue magistrado presidente en funciones de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla.
Alejandro Antonio Quinteros Espinoza fue electo como magistrado para seis años, del 24 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2030. En 2021 fue nombrado por la Asamblea Legislativa como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, pero en julio de 2023 fue colocado por la CSJ como magistrado en funciones de la Sala de lo Penal, tras el fallecimiento del magistrado Miguel Ángel Flores Durel. Antes de ser juramentado renunció a la elección de suplente.
José Fernando Marroquín Galo también fue electo para seis años, del 24 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2030. Fue asistente de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, además de director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Magistrados a la medida del bukelismo y no de la justicia
Analistas y constitucionalistas dijeron a esta revista que los abogados elegidos por la Asamblea Legislativa, controlada por el bukelismo, no garantizan que en El Salvador se dé una pronta justicia y que se vele por los derechos de miles de detenidos de forma injusta y sin cargos valederos bajo el régimen de excepción.
El constitucionalista Enrique Anaya señaló que la elección no cumplió con los estándares constitucionales y que las entrevistas que realizaron los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no cumplieron con los requisitos de transparencia al no hacer públicos los atestados de los aspirantes.
La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, dijo que pidió las hojas de vida de los candidatos para tener una idea de quiénes estaban solicitando ser evaluados. Aunque se las facilitaron, su partido no fue tomado en cuenta para participar directamente en la elección.
"Nosotros subimos los perfiles de los candidatos a Magistrados de la @CorteSupremaSV para que los salvadoreños, medios de comunicación y personas interesadas pudieran tener acceso a cada uno de sus currículums". Diputada @Villabull. pic.twitter.com/lgp8Ohf5Y8
— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) September 23, 2024
La diputada Villatoro también criticó que no se permitió a la academia ni a la sociedad civil emitir opinión sobre los candidatos que se presentaron. “¿Qué faltó? La participación ciudadana, que miembros de la sociedad civil pudieran estar presentes dentro de la comisión (política), que se permitiera a la academia emitir opinión sobre los candidatos; por ejemplo, asociaciones querían hablar y no se les permitió. Prácticamente fue lo mismo, hacer las entrevistas, no se hizo la ponderación de las entrevistas. Todo ese estudio de verdad hizo falta”, explicó Villatoro.
Villatoro propuso, en el pleno, como magistrado a la CSJ al abogado Óscar Antonio Canales Cisco, pero su moción no tuvo los votos suficientes. Actualmente, Canales Cisco es magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. Su periodo concluyó el 23 de septiembre de 2024.
Documentación de los abogados que participaron en la elecciones de magistrados.
Para el abogado Anaya, lo que sucedió el pasado 23 de septiembre es una demostración más de que en realidad el compromiso o “lealtad” de los nuevos magistrados será a la “dictadura de Bukele” y no a la ciudadanía salvadoreña.
“El proceso, en mi opinión, es una farsa, no cumple con estándares internacionales ni nacionales ni otra cosa, pero no había que esperar otra cosa. Sobre las personas electas es intrascendente a quienes han designado, porque así fuera que algunas personas tuvieran atestados académicos respetables, no los han hecho públicos. En todo caso, lo determinante para poder ser nombrado definitivamente fue un compromiso o lealtad total a la dictadura. Es absolutamente intrascendente a quienes hayan designado”, explicó Anaya.
A su juicio, los nuevos nombramientos no provocarán un cambio sustancioso para la justicia en El Salvador y señaló, sarcásticamente, que la Asamblea podría haber “designado al (payaso) Cocolito y hubiera dado igual”.
“Son personas que están sometidas a la dictadura. En aquellos casos donde haya interés directamente del gobierno, terminarán dictando resoluciones a favor del gobierno, de la familia gobernante o en predominio de la corrupción. No veo ningún cambio”, lamentó Anaya.
El constitucionalista añadió que muestra fiel del “sometimiento a la dictadura” es que López Jerez fue reelegido como magistrado, y que, aunque no se atrevieron a nombrarlo de nuevo como presidente de la CSJ, sigue en su cargo de magistrado “dando continuidad a la dictadura”, lo cual seguirá provocando el rechazo de las decenas de hábeas corpus que familiares de víctimas inocentes del régimen de excepción han presentado ante la Sala de lo Constitucional.
Jonathan Sisco, abogado de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) tampoco realizó de forma transparente el proceso para elaborar la lista de 15 precandidatos y que no verificó que se cumplieran los requisitos de independencia e imparcialidad.
“Esto indica que se incumplieron los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional para este tipo de elecciones. Se repite la misma práctica del pasado, antes se elegían a personas vinculadas a partidos políticos. Se eligió a personas que trabajaron como asesores de la Asamblea Legislativa o que laboraron en Presidencia, una situación similar se dio en esta ocasión, violando la sentencia de inconstitucionalidad con el número de referencia 56-2016”, alegó Sisco.
El fallo al que se refiere Sisco invalidó la elección por parte de la Asamblea Legislativa del abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera como magistrado suplente de la CSJ para el periodo que finalizaba el 30 de junio de 2021, por el motivo de su vinculación material comprobada con el partido FMLN. De acuerdo a esta sentencia, al tratarse de un cargo jurisdiccional conlleva a la vulneración del principio de independencia judicial y al principio de la democracia representativa y republicana reconocidos en los artículos 172, inciso tercero, y 85, inciso primero, de la Constitución, así como en lo prescrito en el artículo 218 relativo a que los funcionarios se encuentran al servicio del Estado y no de una fracción política determinada.
“En relación con lo anterior y como efecto de esta sentencia, se determina que en lo sucesivo, la Asamblea Legislativa no podrá integrar la Corte Suprema de Justicia o cualquier órgano o institución que ejerza atribuciones de control del poder político con personas que posean una vinculación objetiva o material comprobada con partidos políticos, al ser tal circunstancia un motivo de inelegibilidad de los mismos que pone en riesgo su independencia”, señala el fallo en cuestión.
Para la abogada Ruth López, bajo la administración de Bukele ya no existe en El Salvador ninguna institución de control que garantice los derechos de los salvadoreños, que van desde las creadas constitucionalmente como la Corte Suprema de Justicia hasta otras creadas por ley colmo el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) o el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que fue la última configurada.
“Esto ocurre porque el poder se ha asegurado de aniquilar la posibilidad de que le establezcan límites y sanciones ante los incumplimientos de sus obligaciones, colocando en las instituciones de rendición de cuentas a personas carentes de independencia; por lo tanto, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los que se necesita la mitad para tomar decisiones de Corte Plena, no hay nada diferente a esperar”, manifestó López.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) exhortó a través de su cuenta en X a los nuevos magistrados a “centrar su misión en impartir pronta y cumplida justicia” para decenas de personas que buscan a sus familiares desaparecidos por causa del régimen de excepción. Fespad señala que han presentado 12 casos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero la respuesta ha sido solo “silencio”.
“Magistrada y magistrados, las familias de personas desaparecidas claman por respuestas y justicia. Es su deber reabrir y dar seguimiento a estos casos con la seriedad que merecen”, exigió Fespad en un comunicado.
Este lunes, fueron electos la nueva y nuevos magistrados de la @CorteSupremaSV. Ante esto, y tomando en cuenta la importancia de tales cargos, les exhortamos a centrar su misión en impartir pronta y cumplida justicia. (1/5)https://t.co/XgYVKQe8eH
— FESPAD (@FESPAD_sv) September 24, 2024
