Por Francisco Otero

La explotación minera en el país data desde el siglo XIX. El historiador Héctor Lindo ha explicado que ya para el siglo XX estaban instaladas grandes empresas mineras en el país, gracias a las facilidades que ofrecían los gobiernos de turno, como la exoneración de impuestos y la complicidad en el encubrimiento de accidentes mortales en las minas. Durante el siglo XX, unos cuantos extranjeros se enriquecieron con las minas y la contaminación que dejaron perdura hasta la actualidad. Durante todo ese tiempo, no hubo “transformaciones” ni beneficios sociales ni económicos permanentes para la población. 

En el año 2017, la Asamblea Legislativa prohibió totalmente la minería metálica en El Salvador, después de una larga batalla legal e internacional entre la minera Pacific Rim y el Estado salvadoreño, una recia lucha social que dejó asesinatos de ambientalistas impunes hasta la actualidad y estudios científicos que indicaban los impactos negativos al medio ambiente y al desarrollo social y económico de la población salvadoreña.

Antes de la prohibición de la minería metálica, organismos internacionales y nacionales ya habían advertido de forma técnica que El Salvador no tenía las condiciones para permitir la actividad minera. En 2010, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas había clasificado a El Salvador como el segundo país con más deterioro ambiental de Las Américas, solo después de Haití. En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo una evaluación ambiental del sector minero y concluyó que el país era tan vulnerable que no podía garantizar un control eficaz en el riesgo de impactos ambientales y sociales. 

Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, explicó a GatoEncerrado que la situación del país sigue siendo vulnerable y que la actividad minera solo vendría a agravar más la crisis ambiental. Detalló que “por cada 25 toneladas de tierra se saca un promedio de una onza de oro, las cuales deben ser procesadas con cianuro, arsénico, mercurio y otros químicos que luego se descargan al medio ambiente”. Uno de los más afectados con la reactivación de la minería sería el río Lempa, que suministra agua para 4 millones de salvadoreños, cultivos y otras actividades que requieren de agua no contaminada.

“El gobierno (de Bukele) no está interesado en cuidar el medio ambiente, este anuncio sobre la reinstalación de la minería es parte de una agenda extractivista más amplia que implementan, como la creación de Surf City en la zona costera, el programa de energía nuclear, los cuales estarían generando impactos negativos a los recursos naturales”, aseguró Cabezas.

Según un estudio realizado por la UNES, llamado “El lado oscuro del oro, impactos de la minería metálica en El Salvador”, en el proceso de extracción minera del oro o lixiviación se utilizan diversos químicos para separar el metal de los demás materiales, como el cianuro, que es un compuesto sumamente tóxico que puede causar la muerte de seres humanos que hacen uso de aguas contaminadas.

El mismo estudio sugiere que el arsénico es un semi-metal altamente tóxico que puede contaminar continuamente los ecosistemas superficiales y los mantos acuíferos, así como causar la muerte de los humanos que estén expuestos a consumirlo. Otro elemento tóxico utilizado en los procesos mineros es el mercurio, que puede afectar el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal y renal de los humanos al ser consumido por exposición.