Las instituciones que deberían auditar y vigilar los fondos públicos utilizados para financiar a partidos políticos, a través de la deuda política, no hacen su trabajo. Al contrario, colaboran con el secretismo del Gobierno de Nayib Bukele y consienten que la información esté oculta a la población. Entre esas instituciones está el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República. La organización Acción Ciudadana señala que esta falta de transparencia y los retrasos en el pago de la deuda política pone en desventaja a los partidos de oposición y provoca que las elecciones no ocurran en condiciones igualitarias.
Diciembre 16, 2024
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Entre enero y abril de 2024, el Ministerio de Hacienda aseguró haber distribuido $10 millones entre los partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales y legislativas de este año. De esos, $4 millones fueron entregados a los partidos FMLN y Arena; pero de los otros $6 millones se desconoce el paradero, ya que la falta de transparencia gubernamental imposibilita dar seguimiento al dinero público. Así lo señaló la organización Acción Ciudadana en su más reciente informe sobre deuda política.
La deuda política, según la Constitución de la República y la Ley de Partidos Políticos, es el monto que Hacienda está obligada a entregar a los institutos políticos que participan en las elecciones, con el fin de evitar que las campañas electorales sean financiadas con dinero ilícito, por grupos criminales o sectores que buscan beneficiarse de su relación con los candidatos que resulten ganadores. El monto que Hacienda debe pagar es definido por el costo que se asigna a cada voto que los partidos reciben en las elecciones.
Este monto, como todo el dinero público, debe ser auditado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) y otras instituciones contraloras para garantizar que ha sido utilizado correctamente. Incluso, los partidos también deben transparentar, por obligación de ley, el financiamiento que reciben de fuentes privadas.
“En el año 2023, los partidos políticos no recibieron el pago del anticipo de la deuda política correspondiente al proceso electoral 2024. Comenzaron a recibir este anticipo hasta enero del año 2024. El Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda detalla que se han desembolsado, hasta la fecha, un estimado de $10 millones en concepto de pago del complemento de la deuda política. Lastimosamente el Portal no detalla a qué partidos políticos se entregó esta información, pero a inicios del año, Hacienda reveló que $4 millones habían sido entregados a los partidos Arena y Fmln, desde enero hasta abril, pero no tenemos datos de a dónde se entregaron los otros $6 millones aproximadamente”, explicó Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Investigación Política de Acción Ciudadana.
🔵 El portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda detalla que han desembolsado $10 millones en concepto de pago de la deuda política, dijo Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Investigación Política de AC. pic.twitter.com/Y8LNQbQCSL
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) December 13, 2024
Esta organización califica con “bandera roja” la falta de transparencia sobre el financiamiento que reciben algunos partidos políticos, debido al riesgo de que se oculte información relevante que puede mostrar financiamiento ilegal o de grupos de poder que buscan lucrarse de la gestión pública. De igual forma, puede ocultarse el uso indebido de fondos públicos provenientes de la deuda política.
“También se pueden estar dando contrataciones del Estado con financistas de partidos políticos y eso no se sabe, está ese riesgo, también hay un riesgo con el tema Bitcoin, no sabemos si se está financiando a partidos por esta vía”, señaló Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Esa falta de transparencia en el gobierno también se puede observar en el partido oficialista Nuevas Ideas, que no hace pública la información financiera de sus donantes desde que nació en 2018 y, por lo tanto, incumple con la ley. El artículo 26-C de la Ley de Partidos Políticos establece que “los partidos políticos tendrán la obligación de poner a disposición de la Corte de Cuentas, la información relativa a su financiamiento público y a disposición del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio de Hacienda la información relativa a su financiamiento público y privados, sin necesidad de que medie el consentimiento de los donantes al final de cada ejercicio fiscal”.
Acción Ciudadana también denunció que las instituciones contraloras, que ahora están cooptadas por funcionarios alineados al Gobierno de Nayib Bukele, en vez de garantizar el buen uso de los fondos públicos han colaborado con el secretismo y el consentimiento de candados para esconder la información del financiamiento partidario.
🔵Ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el Ministerio de Hacienda quieren entregar información del financiamiento de los partidos políticos, dice Eduardo Escobar. pic.twitter.com/YYngHzOkNH
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) December 13, 2024
“No sabemos a ciencia cierta de dónde proviene el financiamiento para campañas, de dónde proviene el dinero que utilizan los partidos. También vemos que se están sumando a la no entrega de información, algunas instituciones estatales como el Tribunal Supremo Electoral. También pedimos información al Ministerio de Hacienda sobre los donantes que reportan los partidos políticos y no entregaron la información”, explicó Escobar.
En los últimos dos procesos electorales, la deuda política no se ha pagado oportunamente. Para las elecciones de 2024, algunos partidos políticos manifestaron retrasos administrativos que imposibilitaron acceder a tiempo a los fondos públicos previstos en la ley, lo que también implicó una desventaja en la campaña electoral que lideró el partido oficialista Nuevas Ideas.
De acuerdo con Escobar, estos retrasos tendrán repercusiones en las elecciones de 2027, pues se perjudica el equilibrio en los próximos comicios al reducir la capacidad de los partidos para competir en una contienda electoral viable, igualitaria y transparente.
“Sin duda, la situación financiera de los partidos de oposición no parece mejorar en el corto y mediano plazo. Una oposición política sin financiamiento dificulta el equilibrio del poder o la alternancia necesaria en los estados democráticos”, explicó Acción Ciudadana.