El gobierno salvadoreño comenzó este año con una deuda que supera los $32 mil millones. En el último quinquenio, bajo la administración de Nayib Bukele, la deuda creció a un ritmo acelerado, aumentando más de $11 mil millones. El gobierno también adeuda $10,413 millones a los trabajadores que cotizan a las AFP, con lo que ha puesto en riesgo la jubilación de miles de personas que esperan tener un retiro digno. En 2024, la Asamblea Legislativa, dominada por el bukelismo, aprobó $3,500 millones en emisión de títulos valores para recompra de deuda a una tasa más alta y para gastos operativos o emergentes del Estado que no fueron detallados con certeza.
Enero 8, 2024
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Datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que la deuda pública de El Salvador alcanzó los $32,053 millones el pasado mes de noviembre, lo que representa un aumento de $2,457 millones respecto a la cantidad total de cierre de 2023. Estas cifras colocan a El Salvador como el país más endeudado de Centroamérica, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Actualmente, la deuda representa más del 87% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Desde 2019, el Gobierno de Nayib Bukele ha echado mano de cuánto recurso ha tenido a su disposición, siendo el sistema de pensiones uno de los más afectados. El futuro de decenas de miles de trabajadores que esperan tener un retiro laboral digno depende de la estabilidad de ese sistema que ha sido trastocado por el oficialismo.
De acuerdo al economista César Villalona, desde que la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Sistema de Pensiones en diciembre de 2022 —para trasladar la deuda previsional del Ministerio de Hacienda al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), a partir de abril de 2023— el gobierno ha tomado $2,015.5 millones del fondo de pensiones. El economista también aseguró que más de la mitad de ese dinero es para financiar la caja del Estado y no para cubrir compromisos de pensiones del Estado.
“La deuda total con el fondo de pensiones ya está en $10,413 millones, 24% mayor que en marzo de 2023 y más del doble de cuando Bukele llegó a la presidencia en junio de 2019. Como el gobierno no paga nada por esa deuda, las cuentas de quienes cotizan casi no tienen rendimientos”, explicó Villalona.
Una de las reformas a la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que la Asamblea bukelista hizo en 2022, fue eliminar el límite que tenía el Estado para tomar prestado el dinero de los trabajadores a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP). Anteriormente, el techo era del 45% del fondo total, pero ahora con los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), ya no existe ese límite. Con estos papeles de deuda, el Estado paga las pensiones de los jubilados del desaparecido Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos de El Salvador (INPEP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El INPEP fue disuelto en 2022 con la promulgación de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Otro de los instrumentos fiscales que el gobierno ha encontrado para subsanar su déficit financiero es la emisión de títulos valores. Solo en 2024, la Asamblea Legislativa aprobó $3,500 millones en emisión de bonos, que en términos sencillos es también una deuda que el Estado adquiere al comprometerse a pagar a los tenedores a un interés superior al 9.6%.
“Este papel representa deuda, ¿y qué pasa cuando el Estado sale a poner esto en el mercado financiero? lo que hago es vender esos títulos valores y me estoy comprometiendo a pagar. Ese dinero le entra al gobierno de esa operación de vender títulos valores, pero esos títulos valores representan deuda, porque me estoy comprometiendo a pagar”, aclaró el economista José Luis Magaña en la entrevista de TVX del 29 de noviembre de 2024.
@canaltvx Encuentro TVX: Julia Evelyn Martínez, Economista y José Luis Magaña Economista
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Magaña, además, hizo un comparativo del estado de la deuda pública total antes de que Bukele tomara posesión del cargo en junio de 2019. Según dijo, al 31 de mayo de ese año, la deuda nacional era de $19,200 millones, pero hasta noviembre de 2024, esta ya superó los $31,200 millones; es decir, el gobierno de Bukele ha endeudado a El Salvador en menos de seis años con $12,000 millones más.
El año 2024 ha sido el más evidente de la galopante deuda que el gobierno de Bukele ha adquirido. La Asamblea Legislativa, con los votos de los diputados de Nuevas Ideas y de sus aliados PCN y PDC, autorizó en total tres emisiones en títulos valores. La primera fue el 28 de febrero por $1,000 millones; luego, el 22 de mayo avaló otra por $1,500 millones; y el 12 de noviembre se dio la última del año por $1,000 millones más. La mayoría de estas autorizaciones se han dado bajo la figura de la dispensa de trámite, es decir, sin tener un estudio detallado del destino de los fondos.
#FrenteAFrente | "No hay una plenaria donde no entre un préstamo, de los últimos, aprobaron $1,000 millones. Propusimos que ningún préstamo se aprobara por Dispensa de Trámite, no nos acompañaron, el presidente de la Comisión de Hacienda se dedicó a atacar". Diputada @Villabull. pic.twitter.com/FhtPFkP6i4
— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) December 10, 2024
En la primera emisión de $1,000 millones en febrero de 2024, el gobierno justificó que el dinero sería para “atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado, incluyendo la realización de manejos de pasivos en una o varias transacciones”.
En la segunda emisión de títulos valores en mayo pasado, el argumento del Ejecutivo fue que los recursos se ocuparían “para necesidades generales del presupuesto del Estado y manejo de pasivos, incluso, con el fin de obtener recursos financieros que puedan apoyar a los esfuerzos y acciones del Gobierno de El Salvador en la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población”.
#Plenaria| Diputada @ClaudiaOrtizSV , de Vamos, califica de “preocupante” la nueva emisión de $1,500 millones de títulos valores que la Asamblea se dispone a aprobar este día, “tenemos la receta perfecta para el desastre” dice Ortiz, ya que las condiciones económicas del país no… pic.twitter.com/Yx3Th3jH22
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) May 22, 2024
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, expresó que esta deuda se ha utilizado para pagar una deuda anterior que tenía una tasa de interés menor. “Es la deuda más cara de la historia de El Salvador con un interés del 12%. Una deuda que se usó para pagar otra deuda que tenía un interés incluso menor. Las condiciones de nuestra situación financiera no han cambiado en nada, por lo tanto, tenemos la receta perfecta para el desastre”, explicó Ortiz, el pasado 22 de mayo.
En la tercera autorización de bonos, realizada en noviembre, el oficialismo argumentó que serían para la recompra de deuda y para realizar “gastos emergentes”. Sin embargo, la economista Julia Evelyn Martínez, expuso en una entrevista de TVX que para la recompra de deuda solo se utilizarán $242.9 millones, mientras que los $757.1 millones restantes se asignan a obligaciones generales del Estado, según lo expuesto en el dictamen aprobado.
#Plenaria 🔵| La @AsambleaSV aprueba emitir $1,000 mil millones de dólares en Títulos Valores de Crédito. La nueva deuda fue aprobada con dispensa de trámite y sin estudio previo. pic.twitter.com/qg2Qxq5jEs
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) November 12, 2024
Martínez también destacó que no existe transparencia sobre el uso de los otros $757.1 millones. “La pregunta es ¿qué harán con esos $758 millones?, porque allí los tienen, ¿qué van a hacer? ¿es que irá para inversión? y la inversión no es deuda, ya sea que vaya a proyectos de inversión o de gasto corriente, eso incrementará el nivel de endeudamiento de El Salvador, que de por sí es el más alto de toda Centroamérica y del Caribe”, sostuvo Martínez en una entrevista del canal TVX.
#Plenaria 🔵| La @AsambleaSV aprueba emitir $1,000 mil millones de dólares en Títulos Valores de Crédito. La nueva deuda fue aprobada con dispensa de trámite y sin estudio previo. pic.twitter.com/qg2Qxq5jEs
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Martínez también destacó que no existe transparencia sobre el uso de los otros $757.1 millones. “La pregunta es ¿qué harán con esos $758 millones?, porque allí los tienen, ¿qué van a hacer? ¿es que irá para inversión? y la inversión no es deuda, ya sea que vaya a proyectos de inversión o de gasto corriente, eso incrementará el nivel de endeudamiento de El Salvador, que de por sí es el más alto de toda Centroamérica y del Caribe”, sostuvo Martínez en una entrevista del canal TVX.
@canaltvx Encuentro TVX: Julia Evelyn Martínez, Economista y José Luis Magaña Economista.
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En medio de la discusión de este dictamen, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, argumentó que además de recompra de deuda, el dinero serviría para gasto corriente. “Estos $1,000 millones están esperando que se ingresen al Presupuesto General de la Nación de 2024 para que el Ministerio de Hacienda proceda a hacer pagos de la deuda de largo plazo y financiamiento de gasto corriente, ¿a qué nos referimos? salarios, indemnizaciones, pago de alquileres, compras diversas del gobierno en general, a eso nos referimos con gasto corriente. Este dinero no es una deuda, sino que es un dinero que se vendió en títulos valores y que deben de pagar al Estado salvadoreño, fruto de una operación de colocación de estos títulos valores a nivel internacional y que deben incorporarse al Presupuesto General de la Nación, es tan sencillo como eso”, expresó Callejas.
La economista Martínez se refirió a las palabras de Callejas en la entrevista de TVX, aduciendo que la diputada realmente parece desconocer lo que aprobaron. “Si esa señora, esa excelentísima diputada, está hablando esas barbaridades y habla con tanta ignorancia sobre un tema tan delicado sobre el endeudamiento público de El Salvador y no puede diferenciar entre lo que es deuda, inversión y gasto corriente, simplemente estamos perdidos, no podemos hacer nada por salvar a esa Asamblea Legislativa, no están interesados ni siquiera en conocer en qué se trata. Yo a esa señora si hubiera sido alumna mía yo la repruebo”, alegó Martínez.