Por Leonel Herrera

En octubre de 2023 planteé “cinco tesis” sobre el régimen de excepción”. Cumplidos tres años de dicho régimen, dos de aquellas “tesis” han resultado especialmente ciertas. Una era que “el régimen de excepción no es para combatir a las pandillas, o no sólo para eso”; y la otra decía que “el régimen de excepción podría ser la nueva legalidad”.

Para sostener la primera “tesis” argumenté, en primer lugar, que “el régimen de excepción no es necesario para combatir a las maras, pues ya existen marcos legales específicos para eso: una ley de proscripción de pandillas, una sentencia de la Sala de lo Constitucional que las declara como grupos terroristas y diferentes reformas penales para perseguir a estos grupos criminales”. Consideré que el régimen habría sido necesario para enfrentar la crisis de seguridad con los 87 asesinatos perpetrados por las maras entre el 25 y 27 de marzo de 2022, pero que después ya no lo fue.

Y, en segundo lugar, advertía que el régimen de excepción estaba siendo utilizado para mantener un estado de control autoritario y para atemorizar a la población, amenazando con detenerla por cualquier motivo aplicando las disposiciones del régimen.

Como ejemplos puse varios casos donde las personas fueron chantajeadas con el régimen de excepción si no accedían a las pretensiones gubernamentales, como los vendedores informales desalojados de las calles del centro de San Salvador; y donde personas capturadas fueron procesados con disposiciones del régimen, a pesar de que sus casos no tenían ninguna relación con pandillas: un grupo de sindicalistas que protestaban por el impago de salarios en la Alcaldía de Soyapango (ahora distrito de San Salvador Este), los ambientalistas antimineros de Santa Marta y ADES, entre otros.

También planteaba que el régimen de excepción podría estar sirviendo para otras cosas, por ejemplo: para “espiar ilegalmente a cualquier persona” o para “hacer todavía más opaca, intransparente y corrupta la administración pública”. Mencionaba que investigaciones periodísticas mostraban “numerosos casos de asignación irregular de proyectos, compras anómalas y otros procesos viciados”. 

Y sobre la segunda “tesis” advertía que el régimen de excepción se mantendría hasta las elecciones de febrero de 2024 y que posiblemente se quedaría a ser la “nueva legalidad” en el segundo mandato de Bukele. Una “nueva legalidad”, ilegal e inconstitucional, que eliminaría definitivamente la presunción de inocencia, el debido proceso penal y el respeto a los derechos humanos.

Sugería que esto se podría dar de dos maneras: una podía ser manteniendo indefinidamente el régimen, con el ritual permanente de prorrogarlo cada mes; y la otra sería modificar leyes, incorporando disposiciones del régimen. Planteaba que, de hecho, la segunda modalidad ya estaba en marcha mediante reformas a los códigos Penal y Procesal Penal y otras normativas que permitían a la Fiscalía y los tribunales ampliar los plazos procesales, hacer juicios masivos y  hasta condenar sin pruebas.

Con relación a la primera “tesis”, es clarísimo que el régimen de excepción no es una política de seguridad pública. La realidad confirma que este es para mantener un clima generalizado de miedo que atemoriza, intimida e inmoviliza a la sociedad; y que funciona como carta blanca para cometer cualquier abuso y arbitrariedad contra las personas, especialmente contra activistas sociales, defensoras de derechos humanos, opositoras políticas y críticas del gobierno.

Que el régimen de excepción se utiliza para implementar una estrategia de criminalización y persecución judicial por razones políticas, se confirma ahora con nuevos casos: la captura de los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el doble proceso judicial contra el expresidente del TSE, Eugenio Chicas, la arremetida contra los miembros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), la detención del joven Félix López, entre otros.

Y con respecto a la segunda tesis, es constatable que -efectivamente- el régimen de excepcion, con tres años de implementación ininterrumpida, se ha convertido en “estado permanente de suspensión (y violación) de derechos ciudadanos y garantías constitucionales para toda la población”. Es decir, se ha convertido en una “nueva legalidad”.

En tal sentido, esta vez me atrevo a plantear como “nueva tesis” que “el régimen de excepción no terminará por voluntad propia de quienes lo mantienen; sino que acabará cuando la mayoría de la población confirme que no es una política de seguridad pública, pierda el miedo, se levante y obligue al gobierno (a sus sirvientes legislativos) a suspenderlo”.

Sostengo que Nayib Bukele y sus secuaces no quitarán el régimen de excepción porque lo necesitan indispensablemente, ya que su régimen —autoritario, corrupto, mentiroso y violador de derechos humanos— solo puede funcionar al margen de la legalidad. En un contexto de respeto a la institucionalidad, al estado de derecho y al cumplimiento pleno de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, este gobierno, simplemente, no podría existir. 

Por tanto, para sacar al país de este régimen de excepción innecesario, inconstitucional y violador de derechos humanos, la ciudadanía no debe esperar a que, algún día, el gobierno decida no pedir a sus diputados que puchen el botón para prorrogarlo; sino que debe expresar masivamente su rechazo por todos los medios pacíficos posibles, de manera virtual y presencial.

Mientras esto no suceda, Bukele y compañía seguirán usando el régimen de excepción para violar derechos humanos, concentrar el poder y enriquecerse con dinero público, con el falso argumento de que es para mantener la seguridad y evitar el retorno de las pandillas. El valiente ejemplo de los familiares de víctimas inocentes y de las organizaciones que denuncian los abusos del régimen deberían inspirar al resto de la sociedad.

El Salvador necesita establecer un nuevo marco legal que garantice la seguridad mediante políticas integrales que combinen persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención de las víctimas, respetando el debido proceso, los derechos humanos y las reglas democráticas.

También urge abordar las causas estructurales de la violencia, relacionadas con las desigualdades y la injusticia social provocadas por la concentración de la riqueza, problemas que —lejos de resolverse— se han agravado con el actual gobierno. Esto se refleja claramente en el aumento de la pobreza y extrema pobreza en los estratos sociales más bajos,  la pérdida de poder adquisitivo de las capas medias y el deterioro de las condiciones de vida de la población en general.