El pasado 20 de septiembre la Unión Europea pidió al Estado salvadoreño “poner fin al régimen de excepción”. El pedido lo hizo Duccio Bandini, jefe adjunto de la División para México, Centroamérica y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante una sesión de la Delegación para las Relaciones Exteriores con los Países de América Central de la Eurocámara.

Rescato este hecho porque pasó desapercibido para la mayoría de medios periodísticos del país y por algo que me parece muy significativo: sucedió un día después de que el presidente Nayib Bukele presentara en la Asamblea General de la ONU el combate contra las pandillas, realizado a través del régimen de excepción, como principal logro de su gestión.

Esto es una señal contundente de que la comunidad internacional no acepta resolver los problemas de seguridad con medidas autoritarias y violatorias de derechos humanos. La petición de la UE es un NO al régimen de excepción y un “pulgar hacia abajo” al discurso del mandatario salvadoreño.

En este sentido, y con la intención de generar un debate serio y profundo sobre este tema, planteo cinco “tesis” sobre el régimen de excepción.

Primera “tesis”: El régimen de excepción no es para combatir a las pandillas, o no sólo para eso.

Hay dos razones que sustentan esta “tesis”. Una es que el régimen de excepción no es necesario para combatir a las maras, pues ya existen marcos legales específicos para eso: hay una ley de proscripción de pandillas, una sentencia de la Sala de lo Constitucional que las declara “grupos terroristas” y diferentes reformas penales para perseguir a estos grupos criminales. 

Probablemente el régimen fue necesario para enfrentar la crisis de seguridad y los 87 asesinatos perpetrados por las maras entre el 25 y 27 de marzo de 2022, pero después ya no lo fue. Las 17 prórrogas realizadas en más de año y medio apuntan hacia otros objetivos; y ésa es la segunda razón: el régimen de excepción ha sido utilizado para mantener un estado de control autoritario y atemorizar a la población, amenazando con detenerla por cualquier motivo.

Vendedoras y vendedores del centro de San Salvador desalojaron sus puestos fácilmente, amenazados con el régimen de excepción; por exigir el pago de sus salarios atrasados, trabajadores de la Alcaldía de Soyapango fueron capturados bajo el régimen; una niña de 13 años fue amenazada con el régimen, si no se dejaba abusar del militar que la violó sexualmente en Mizata.

Cualquier persona que critique al gobierno, proteste contra una injusticia o no permita alguna arbitrariedad corre el riesgo de ser detenida bajo el régimen de excepción y lo que esto implica: perder su empleo o arruinar su negocio,  dejar a su familia, sufrir hambre y sed en la cárcel o -incluso- morir vapuleada por policías y custodios. El régimen es una carta blanca para cometer impunemente todo tipo de vejación contra población inocente, sobre todo jóvenes pobres.

Sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales son perseguidos por el régimen. Aun cuando el caso no tiene relación con maras, los líderes de Santa Marta fueron procesados bajo el régimen: se incumplieron plazos procesales y en los casi ocho meses encarcelados se les impidió visitas familiares y del abogado, les violaron su derecho a la salud e integridad y uno de ellos estuvo en peligro de perder la vida en el mortífero penal de Izalco.

A Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) y miembro de la Central Sindical Independiente (CSI), intentaron capturarlo bajo el régimen, después que denunció la existencia de una red de corrupción al interior de una delegación policial. El régimen de excepción también ha propiciado la censura y autocensura en la mayor parte de la prensa.

Es posible que el régimen de excepción también sea utilizado para espiar indiscriminadamente y sin justificación válida a cualquier persona, dado que una de las garantías constitucionales suspendidas a toda la población es la inviolabilidad de las comunicaciones.

Finalmente, el régimen ha servido para un mayor endeudamiento del país y hacer todavía más opaca, intransparente y corrupta la administración pública. Investigaciones periodísticas revelan asignación irregular de proyectos, compras anómalas y otros procesos viciados. El inacceso a la información empeoró, sobre todo en relación a la seguridad: en vez de datos reales se difunde una narrativa triunfalista que hace creer que las maras ya están totalmente desarticuladas.

Segunda tesis: El régimen de excepción posiblemente esconde una nueva negociación con las maras o una nueva fase de las negociaciones existentes hasta marzo de 2022.

Varios hechos ponen en duda la autenticidad de la ofensiva gubernamental contra las maras. Uno es que la persecución parece más dirigida hacia la base pandilleril y no tanto a las estructuras de mando. Es extraño que, en plena “guerra contra las maras”, la Corte Suprema de Justicia -dominada por el oficialismo- haya negado la extradición de cabecillas pandilleriles reclamados por Estados Unidos.

También la Dirección General de Centros Penales ha excarcelado a jefes de maras sin haber cumplido sus condenas. En audios publicados por El Faro, el director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín, admite que él personalmente sacó a uno de ellos de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y lo llevó hasta Guatemala.

Otro hecho es la falta de resistencia a las detenciones masivas. Resulta ilógico que criminales bien armados fueran capturados fácilmente, lo cual contrasta con la respuesta que las pandillas dieron a ofensivas gubernamentales en otros momentos, cuando se enfrentaron militarmente a las fuerzas de seguridad. Según una publicación de Insightcrime, no resistir habría sido algo intencionado de las maras, lo cual provoca dudas sobre qué motivó tal decisión .

Se suma el hecho del escaso decomiso de armamento. Según datos oficiales citados por La Prensa Gráfica, entre marzo de 2022 y abril de 2023 fue incautado un total de 2,629 armas de fuego, un poco más de la mitad de las 4,206 decomisadas entre 2016 y 2017 en una ofensiva anti pandillas del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. ¿Por qué es tan pírrica la incautación de armas en el régimen de excepción? Los mareros las escondieron bien o el gobierno no las decomisa.

Finalmente está el posible trato diferenciado entre presos pandilleros y reos comunes. Muchos de los 7,000 inocentes liberados tras ser detenidos injustificadamente narran aterradoras historias de violencia, hambre, sed, falta de medicinas, maltratados y torturas en las hacinadas cárceles. Sin embargo, una televisora colombiana que accedió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) entrevistó a un pandillero, quien dijo que “no reciben golpes” y agradeció porque “están bien”.

Tercera tesis: El régimen de excepción evidencia la falta de una verdadera política de seguridad y de soluciones a los demás problemas del país.

El gobierno de Bukele nunca mostró su política de seguridad pública, el “Plan Control Territorial” es un misterio y tras la masacre de marzo de 2022 llegó el régimen de excepción. Esto evidencia la falta de una política que combine eficazmente prevención de la violencia, represión del delito, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia. 

El régimen de excepción profundiza el enfoque represivo, evidencia claramente la ausencia de un enfoque integral y -ni por asomo- aborda las causas estructurales de la violencia e inseguridad. En el régimen todas las acciones apuntan hacia la violencia de las pandillas y deja de lado la del crimen organizado, de género y otros tipos de violencia que imperan en nuestra sociedad.

Y, desde luego, el régimen de excepción muestra la falta de empeño estatal en la solución de los demás problemas que afectan a la población: aumento de la pobreza y el desempleo, salarios bajos, alto costo de la vida, crisis alimentaria, deterioro de la educación y la salud, destrucción del medioambiente, mayor migración y falta de viviendas, agua potable, saneamiento, pensiones dignas y oportunidades para la juventud.

Cuarta tesis: El régimen de excepción es una estrategia electoral.

El régimen de excepción tiene una narrativa que pone tres ideas en el imaginario de la gente: 1- El Salvador es un país seguro porque se acabaron las pandillas, 2- Esto fue posible gracias al régimen de excepción y 3- La oposición política quiere quitar el régimen de excepción para que las pandillas regresen a robar, amenazar, extorsionar, violar y matar. 

Esas ideas son el centro del discurso electoral del actual presidente, quien buscará la reelección a pesar de estar prohibida en al menos seis artículos de la Constitución. Así Bukele reedita el viejo discurso falso, manipulador y de miedo que caracterizaba a las campañas de ARENA, solo que ahora los pandilleros ocupan el lugar de los otroras “comunistas come niños” que alejaban las inversiones, las remesas y la seguridad patrimonial de la población.

Quinta tesis: el régimen de excepción podría ser la nueva “legalidad”.

Es seguro que el régimen de excepción se mantendrá hasta las elecciones de febrero de 2024 y es posible que se quede a ser la “nueva legalidad” del eventual segundo mandato de Bukele. Esto puede ser de dos formas: una es mantener indefinidamente el régimen, con el ritual permanente de prorrogar cada mes; y la otra es modificar las leyes, incorporando las disposiciones del régimen.

De hecho, la segunda modalidad ya está en marcha mediante reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, Ley de Escuchas Telefónicas y otras normativas. Con estas reformas la Fiscalía y los tribunales podrán ampliar los plazos de instrucción, hacer juicios masivos y condenar sin pruebas. Esta “nueva legalidad” -ilegal e inconstitucional- elimina la presunción de inocencia, el debido proceso penal y el respeto a los derechos humanos.

¿Qué hacer?

Es imprescindible un debate serio, transparente y propositivo sobre el régimen de excepción y la situación real de seguridad pública. Los hechos señalados y las valoraciones planteadas en estas “cinco tesis” buscan contribuir a una discusión que propone como horizonte tres objetivos urgentes: 

1- Salir de este régimen de excepción innecesario, ilegal y violador de derechos humanos;

2- Construir una política integral de seguridad pública que combine eficazmente acciones de prevención, represión, rehabilitación y reinserción y atención de las víctimas de la violencia; y

3- Abordar las causas estructurales de la violencia relacionadas con las desigualdades y la exclusión causadas por la injusta distribución de la riqueza, que hace impostergable la necesidad de una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.