Justiciómetro
"Soy una presa política": Ruth López, la abogada que denunció corrupción en el Gobierno de Bukele
Ruth López alzó su voz: “Soy una presa política, todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia en contra de la corrupción del gobierno”, gritó, mientras los policías la trasladaban del juzgado a una celda, donde seguirá en prisión por al menos otros seis meses esperando que avance el proceso judicial en su contra. La Fiscalía cambió el delito de peculado y ahora la acusa de enriquecimiento ilícito; además pidió la reserva total del caso. Los abogados de Ruth López calificaron la decisión del juzgado como una “aberración jurídica” y señalaron a la Fiscalía de querer ocultar la acusación formal y el proceso judicial porque carece de fundamento.
Por Ezequiel Barrera y Guillermo Cartagena
Junio 4, 2025
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decidió, la tarde del 4 de junio, enviar a prisión preventiva a la reconocida abogada, defensora de derechos humanos y jefa anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López Alfaro; quien es acusada de supuestamente haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Los detalles de la acusación son inaccesibles, ya que la Fiscalía General de la República pidió la reserva total del caso y el tribunal se la concedió; lo que significa que el proceso judicial se realizará de forma confidencial y no habrá forma de saber públicamente cuáles son los argumentos y evidencias de la Fiscalía para demostrar riqueza injustificada.
Esa reserva impidió, incluso, que los abogados de Ruth López tuvieran —con suficiente tiempo de antelación— una copia de la acusación formal para preparar su estrategia de defensa. Lo único que conocieron inicialmente fue que el delito que se le imputaba al momento de su captura fue cambiado de peculado a enriquecimiento ilícito. Asimismo, por publicaciones de la misma Fiscalía en redes sociales, sabían que fue acusada por una investigación relacionada con el caso de Eugenio Chicas, quien es procesado por enriquecimiento ilícito presuntamente cometido cuando fue magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral y secretario de comunicaciones de la Presidencia de la República en el periodo del exmandatario Salvador Sánchez Cerén. Según el ministerio público, Ruth López era “mano derecha” de Chicas y “colaboró en la sustracción de fondos públicos” mientras era asesora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El abogado Pedro Cruz calificó de “aberración jurídica” la decisión del juzgado de enviar preventivamente a Ruth López hacia un centro penitenciario por al menos seis meses, mientras el caso avanza a la fase de instrucción. Además, Cruz señaló que el requerimiento fiscal carece de fundamento jurídico y que la reserva total del caso es ridícula.
“Hay una reserva total del caso: ¿A qué le temen? ¿A qué le tienen miedo? ¿A haber hecho una acusación infundada? ¿A haber hecho un requerimiento infundado? ¿Le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional? ¿Le temen a la defensa por la superioridad evidente de la estrategia técnica, ética y jurídica para este caso? No debería tener reserva el caso (…) Opino que tienen miedo a que se sepa lo ridículo que han presentado y quedar ante la faz de la nación como un ministerio público incompetente y que arma tamales en contra de ciudadanos y no procesos”, cuestionó el abogado Cruz.
El abogado Luis Rivera, quien llegó a las afueras del Centro Judicial “Isidro Menéndez” para apoyar a familiares y amigos de Ruth López que estaban exigiendo su liberación y quien además es el defensor de otros dos presos políticos, dijo a GatoEncerrado que el cambio de delito obedece a que la Fiscalía no hizo la debida investigación y no logró juntar evidencias irrefutables para sostener la acusación de peculado.
“Lo único que demuestra es que no tiene suficientes pruebas la Fiscalía para sostener un delito. Por eso fue que inicialmente, a la hora de la captura, se le mencionó que estaba siendo detenida por peculado y hoy por enriquecimiento ilícito. Definitivamente, el delito de peculado era imposible de sostener en el tiempo”, comentó Rivera.
"Soy una presa política"
Ruth López no pudo dar declaraciones a los periodistas nacionales e internacionales que llegaron a los tribunales para cubrir la audiencia inicial. Los policías que la trasladaban, la empujaron para que caminara rápido por los pasillos del Centro Judicial “Isidro Menéndez” hasta las oficinas del juzgado. Sosteniendo una biblia verde en sus manos esposadas y vestida con las ropas blancas que los privados de libertad son obligados a utilizar en las celdas, alzó su voz durante los 36 segundos que los policías la arrastraron frente a las cámaras y micrófonos.
“No me traían, porque no me cambiaba de ropa. Querían que viniera con traje”, dijo, para explicar por qué fue trasladada al juzgado casi dos horas después de la convocatoria para la audiencia.
“¡No me van a callar! ¡Un juicio público quiero! La gente merece saber. El que nada debe, nada teme”, fue lo que alcanzó a gritar antes de llegar al juzgado.
“No me van a callar” “Un juicio público quiero”: ingresó de la abogada Ruth López a las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez para la audiencia inicial. pic.twitter.com/YhOTmofOb5
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) June 4, 2025
Mientras la audiencia se realizaba, dos policías permanecieron afuera del juzgado, uno de cada lado de la puerta y eran ellos quienes decidían quién entraba y quién no. Tomaron el control del juzgado. Cada hora había relevo, pero siempre se quedaban dos policías en el mismo lugar.
La abogada Mirna Perla se acercó por la tarde al juzgado, según explicó, para mostrarse parte del proceso y pedirle a Ruth López que le firmara un poder. Cuando llegó, un policía le dijo que no podía entrar ni hacer el trámite que necesitaba.
“Estamos aquí exigiendo a la jueza que realmente asuma su autoridad, su independencia judicial, que levante la reserva de este caso, que se imponga al poder de la bota militar de Nayib y que no permita que la Policía sea la que mande en su tribunal. Un policía me dijo que tenía órdenes de no permitir ningún escrito y la misma secretaria del juzgado también dijo que ahorita mandaba la Policía. Es una vergüenza”, explicó la abogada Perla, tras haber sido rechazada por los agentes.
Pasadas las 4:00 de la tarde, la decisión de enviar a Ruth López a un centro penal, para esperar la siguiente fase del proceso judicial, ya era de conocimiento público. En ese momento, los fiscales que llevan el caso salieron del juzgado e ignoraron las preguntas de los periodistas sobre el por qué del cambio de delito y por qué pidieron la reserva total del caso. En silencio se retiraron apresuradamente.
En el pasillo, afuera del juzgado, un grupo de policías llegó para entorpecer el trabajo de los periodistas. Hicieron un cordón de seguridad para sacar rápidamente a Ruth López y bajarla hasta un vehículo, tipo pick up con placas guatemaltecas número P514JNW, y así evitar fotografías y preguntas de los periodistas.
Como lo hizo en la entrada al juzgado, mientras era empujada por los policías, Ruth volvió a alzar su voz para decir que es inocente y que en El Salvador no hay instituciones públicas que garanticen los derechos humanos.
“Soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia en contra de la corrupción de este gobierno (de Nayib Bukele)”, alcanzó a gritar, antes de que los policías la bajaran por unas gradas de emergencias del edificio de tribunales y se la llevaran en el vehículo.
Quién es Ruth López?
Actualmente es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, desde donde ha liderado más de 15 investigaciones e informes que revelan distintos casos de corrupción del Gobierno de Nayib Bukele y desde donde también ha denunciado las torturas en cárceles y graves violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción que sigue vigente en El Salvador y que fue aprobado desde marzo del año 2022.
Es experta en derecho electoral y una de las voces críticas de la administración Bukele. Su trabajo por la transparencia y los derechos humanos fue reconocido internacionalmente por el periódico inglés BBC Mundo, que la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes en el mundo.
