
El abogado constitucionalista Enrique Anaya padece una enfermedad crónica y su salud decayó desde el 7 de junio, cuando fue capturado y mantenido en prisión. Eso, según explicó uno de sus defensores, no fue suficiente para que la jueza del caso le otorgara libertad condicional para seguir enfrentando el proceso judicial acusado de supuestamente haber lavado dinero y activos desde 2015 hasta 2024. Sobre la acusación no hay detalles ni explicaciones, ya que la Fiscalía solicitó reserva total del caso. Anaya había dicho, cuatro días antes de su captura, que temía ser arrestado por ser una voz crítica del Gobierno de Nayib Bukele.
Fotos Bladimir Nolasco | Junio 24, 2025
Salvador Enrique Anaya Barraza, abogado constitucionalista y una de las voces críticas del Gobierno de Nayib Bukele, seguirá en prisión preventiva esperando que su caso por el presunto delito de lavado de dinero y activos avance a la fase de instrucción formal. Así lo decretó el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, este martes 24 de junio, en una audiencia inicial que se realizó a puerta cerrada y bajo un estricto protocolo de seguridad que limitó —censuró— el ejercicio periodístico en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
Uno de los seis defensores del constitucionalista, Jaime Quintanilla, lamentó la decisión de la jueza, ya que hizo caso omiso al cuadro clínico de Anaya para otorgarle la libertad condicional. De acuerdo con su abogado, Anaya padece una enfermedad crónica y tras 17 días en prisión ya es evidente que su salud ha decaído como resultado de la mala alimentación, el hacinamiento y el encierro. Por esto mismo, el abogado solicitó a las autoridades que Anaya pueda acceder a una revisión médica.
“Esperamos que la jueza, en el fallo que dé, también establezca mayor cuidado hacia él y que dé órdenes que velen por su situación de salud y su vida, que no se vaya a descompensar. Eso lo vamos a insistir permanentemente. Por eso es que hay también entidades de derechos humanos, porque lo que se está violando es un derecho humano a su salud, a su vida, a la libertad”, recalcó Quintanilla al finalizar la audiencia, quien no pudo brindar detalles sobre el caso ni la acusación de lavado de dinero que habría ocurrido entre 2015 y 2024, debido a la reserva total solicitada por la Fiscalía.
Sobre la situación de salud, Quintanilla explicó que está a la espera de los próximos informes del juez Harold Córdova, quien fue nombrado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intimar —exigir que cumpla con sus deberes— al fiscal general, Rodolfo Delgado, y al jefe de la Subdivisión de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), por las vulneraciones al derecho a la salud y a la defensa adecuada de Anaya. Esto forma parte del recurso de hábeas corpus —petición ante la Sala de lo Constitucional para que un juez revise si un arresto fue legal— que su defensa presentó el pasado 13 de junio y que la Sala aceptó parcialmente.
“Entiendo que los informes del juez ejecutor están ya por llegar. Tienen plazo de cinco días para informar, que concluyen esta semana, y de eso la Corte tiene también cinco días hábiles para resolver. Nosotros vamos a estar pendientes de eso porque nos interesa no solamente hacer uso de los recursos que la ley nos da, sino también por el aspecto de Enrique, para nosotros es importante que, aunque el juicio siga, él debe permanecer en libertad”, dijo Quintanilla.
Por petición de la Fiscalía, el caso tiene reserva total. Esto ocasionó que Jaime Quintanilla fuera limitado en sus declaraciones y no pudiera brindar mayores detalles sobre el desarrollo de la audiencia, como los argumentos y supuestas pruebas presentadas por la Fiscalía. Asimismo, Enrique Anaya no pudo responder ninguna pregunta de la prensa y se limitó a hacer gestos de agradecimiento con sus manos esposadas cuando policías armados con fusiles lo escoltaron durante el receso que decretó la jueza a las 11:00 de la mañana.
En principio, Anaya fue trasladado al centro judicial a escondidas de la prensa previo a la instalación de la audiencia. Estas prácticas del personal del centro judicial censuraron la labor de los medios de comunicación, como GatoEncerrado, que están dando cobertura al caso. El lunes 23 de junio, un día antes de la audiencia, La Prensa Gráfica denunció que restringieron el acceso a sus periodistas al recinto por “nuevas disposiciones de seguridad”.
Producto de ese suceso surgió la duda si permitirían dar cobertura a la audiencia inicial en el caso de Anaya. Aunque finalmente sí dieron acceso, lo hicieron con un nuevo protocolo que implicó ingresar en grupos de cinco personas, ser guiados por personal de la unidad de comunicaciones del centro judicial hasta llegar afuera de la sala de audiencias y, una vez ahí, colocarse detrás de un cordón de seguridad que impedía que los periodistas se acercaran a Anaya, a su equipo de abogados y a los fiscales.
Enrique Anaya fue capturado en la casa de su hija el sábado 7 de junio, alrededor de la 1:00 de la tarde. El abogado aseguró que fueron “encañonados” por un grupo de policías vestidos de civil cuando se bajaron del vehículo en el que se transportaron desde su apartamento hasta la casa de su hija, en la colonia Pinares de Suiza, en Santa Tecla. Posteriormente llegaron tres pickups con 12 agentes de la Policía, quienes se hicieron cargo de concluir el procedimiento y llevarse esposado a Anaya, sin notificar a la familia el lugar en el que estaría detenido.
Un par de días después, Jaime Quintanilla explicó en una entrevista radial que las autoridades primero le enseñaron una orden de captura desde un celular y con un formato característico de las publicaciones que la Fiscalía realiza en sus redes sociales. Anaya exigió que le mostraran un documento en físico. Las autoridades aceptaron y fue hasta ese momento en el que Anaya abordó la patrulla de la Policía.
Quintanilla relató que para ubicar a Anaya en alguna bartolina policial tuvieron que apelar a la intuición, porque las autoridades no les compartieron ninguna información sobre su paradero. Dedujeron que había sido trasladado a la Subdirección de Investigaciones de la Policía, lugar por el que también han pasado los presos políticos del Gobierno de Bukele como Eugenio Chicas y la abogada de Cristosal, Ruth López.
Cuando el equipo legal de Anaya se hizo presente en ese lugar, llevaron medicamentos que él debe tomar por una enfermedad crónica que padece. Quintanilla relató que para entregar la medicina tuvieron que pasar por un proceso burocrático bastante lento, lo que implicó una larga espera de horas. También llevaron un poder que Anaya debía firmar para designarlos legalmente a ellos como sus defensores. Sin embargo, la Policía no les recibió el poder y sin más opciones tuvieron que retirarse cuando cayó la noche.
Ese mismo día, cerca de la medianoche, la Fiscalía allanó cinco inmuebles relacionados con Anaya, entre ellos su apartamento, una oficina en la que dejó de trabajar desde hace 15 años y la vivienda de su hija. De esa casa se llevaron documentos que no tienen vinculación con Anaya, según explicó Quintanilla. También confiscaron la tarjeta de circulación del vehículo en el que se transportaba con su hija al momento de la captura. El abogado Quintanilla cuestionó que estos procedimientos se hayan realizado en la noche, cuando existía la posibilidad de ejecutarlos durante el día.
“¿Por qué lo hacen a altas horas de la noche? A las 11:00 de la noche, un allanamiento, teniendo perfectamente horas normales. Es como quien dice, o anda haciendo cosas buenas o tiene temor de que la gente vaya a aparecer, o incluso que la misma prensa pueda dar cobertura a una situación que se está dando sobre una persona que no es funcionario, pero es una persona pública, es una persona reconocida, para ver si lo que están haciendo es correcto o no”, enfatizó Quintanilla en una entrevista con la radio YSUCA.
Apenas cuatro días antes de su captura, Anaya participó en una entrevista televisiva para hacer un análisis del discurso que Nayib Bukele brindó el 1 de junio durante la rendición de cuentas sobre su primer año del segundo mandato inconstitucional. En esa ocasión, el abogado afirmó que las personas que se atreven a cuestionar y exigir al gobierno —incluido él— lo hacen con el temor de ser capturados arbitrariamente.
“Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso. Por supuesto que tengo miedo. Cualquier persona que nos atrevemos a hablar, hablamos con miedo, con temor, porque la Fiscalía es una fábrica de tamales”, dijo Anaya unos días antes de su captura.
Salvador Enrique Anaya Barraza es un abogado experto en derecho constitucional. Fue secretario de la Sala de lo Constitucional y en los últimos años se ha desempeñado como consultor jurídico. A lo largo de su carrera ha sido crítico con los gobiernos de turno, especialmente en aquellos temas que vulneran la Constitución.
En ese sentido, Anaya ha sido una de las voces más críticas en contra de Nayib Bukele, especialmente por impulsar reformas constitucionales que le han permitido concentrar todo el poder, dirigir el golpe judicial en 2021 y las modificaciones a las reglas electorales previo a los comicios de 2024. También ha cuestionado el uso del régimen de excepción para perseguir y capturar a opositores o voces incómodas para el oficialismo.


