Por Beatriz Benítez

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, reeligió a Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para el periodo 2025-2028, pese a los señalamientos por su silencio ante las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción, una medida vigente desde el 27 de marzo de 2022 que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Según organizaciones de sociedad civil y la oposición política, su reelección consolida su subordinación al Gobierno de Nayib Bukele —que controla todas las instituciones—, y le da espalda a las víctimas.

El pasado 6 de octubre, durante su entrevista para buscar la reelección ante la Comisión Política, Caballero de Guevara mostró su afinidad con la narrativa gubernamental. Aseguró que los centros penales se encuentran en “buenas condiciones” y que su institución no ha recibido ni un solo caso de tortura, lo cual contrasta con los casos registrados por organizaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación de abusos cometidos por policías, militares y custodios. Desde la implementación del régimen de excepción hasta el 28 de febrero de 2025, las organizaciones de derechos humanos  han registrado 6,889 denuncias de posibles violaciones a derechos humanos, entre las cuales se cuentan hechos de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo al último informe de las organizaciones. 

“La información recopilada indica que se están cometiendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violaciones al debido proceso y acoso policial”, señala otro informe de organizaciones presentado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), un organismo de las Naciones Unidas que investiga denuncias de detención arbitraria. 

En julio pasado, el Socorro Jurídico denunció que más de 430 personas habían muerto bajo custodia estatal. Algunas personas liberadas, han relatado que muchas de esas muertes en las cárceles han sido por negligencia, golpes o torturas, hacinamiento, o falta de alimentos y agua.

A pesar de que la procuradora afirma que hay “buenas condiciones” en las cárceles salvadoreñas, la realidad es que existe un hacinamiento del 369.5 %, situando a El Salvador entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, según estimaciones del SSPAS (Servicio Social Pasionista). 

La diputada suplente del partido VAMOS, Cesia Rivas, durante esa misma entrevista, le explicó que desde el fin del conflicto armado no se había registrado una vulneración sistemática a los derechos humanos por parte del Estado. Caballero de Guevara respondió que antes del actual gobierno se vivía en un “Estado fallido” y que ahora existe una “realidad incuestionable” en materia de seguridad. Su declaración dejó entrever que ha adoptado la misma narrativa del Gobierno de Bukele y que en su cargo actúa en alineación a las decisiones del Ejecutivo. 

En la sesión plenaria del 15 de octubre, previo a la votación y juramentación de la procuradora, la diputada Claudia Ortiz reiteró lo que las organizaciones han venido señalando sobre el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa El Salvador, donde la Procuraduría ha sido una institución ausente y cómplice, pese a que fue creada tras los Acuerdos de Paz de 1992 para proteger a las víctimas del Estado. Para la diputada de Vamos, su continuidad en el cargo solo demuestra que ha sido útil al régimen de Bukele al “tapar las violaciones”. 

Marcela Villatoro, de Arena, coincidió en que la están eligiendo porque no pide cuentas al gobierno sobre las denuncias y juega un rol de encubrir las violaciones a derechos: “Necesitan a una persona que sea cómplice, una persona que guarde silencio, una persona genuflexa y una persona que diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, un verdadero procurador de derechos humanos va a velar por la gente, le guste o no al gobierno”, dijo. 

Ortiz también cuestionó la falta de transparencia del proceso de elección, en el que participaron solo cinco candidaturas y en el que, a criterio de Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, ninguno representaba esperanzas de cambio. “Un procurador independiente con deseos de escuchar a las víctimas no hubiera sido electo”, señaló en la entrevista de radio en línea A Primera Vista.

Por su parte, Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, repitió el discurso oficial de que en El Salvador ahora se respetan los derechos de la “gente honrada” y que el “verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran su territorio”.