Ambiente

Gobierno de Bukele avaló Marsella 2 en una zona de protección y detectó fallas en drenaje diez meses antes de la inundación

El Ministerio de Medio Ambiente detectó, diez meses antes de la inundación, que el proyecto urbanístico Marsella 2 tenía fallas en el drenaje. Sin embargo, no detuvo la construcción, solo se limitó a decirle a la constructora que cumpliera con las medidas ambientales y que hiciera un monitoreo del drenaje en época de lluvias. Luego, el 10 de enero, pasó lo inevitable: una inundación que afectó al menos a 20 familias que habían adquirido viviendas en una obra que todavía sigue inconclusa. El caso de Marsella 2 es la muestra de lo que está ocurriendo en El Salvador gracias a la política de “agilización de permisos ambientales” que ha impulsado Nayib Bukele bajo el argumento de que no se puede detener el desarrollo económico. Esta política, además, ha normalizado que las instituciones públicas cambien sus reglas a conveniencia de empresas y del mismo gobierno para que construyan sus proyectos donde ambientalmente no se debería.

Por GatoEncerrado

Editado por Ezequiel Barrera | Enero 15, 2026

La noche del sábado 10 de enero, al menos 20 viviendas del proyecto urbanístico “Ciudad Marsella segunda etapa” se inundaron. Esto provocó daños irreparables en electrodomésticos, muebles y vehículos. Para varias de las familias afectadas, lo perdido esa noche fue absolutamente todo, según denunciaron públicamente en redes sociales. Lo ocurrido no fue un evento fortuito en una noche de lluvias, sino el desenlace de una cadena de decisiones y omisiones gubernamentales que facilitaron el desastre. La responsabilidad de lo sucedido es tanto del Gobierno de Nayib Bukele como de la empresa Global Developers (del grupo Salazar Romero, una constructora mencionada en informes de inteligencia porque supuestamente sus principales socios tienen vínculos con el narcotráfico, a través del Cártel de Texis, y por destruir patrimonio cultural en Tacuzcalco).

Una revisión exhaustiva del expediente del proyecto urbanístico, realizada por GatoEncerrado, deja al descubierto que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detectó fallas en el drenaje, diez meses antes de la inundación. El informe final de una auditoría ambiental del proyecto, publicado en marzo de 2025, consignó 20 hallazgos específicos que la empresa debía solventar. Entre los más urgentes de resolver estaban los relacionados con fallas en el drenaje para evitar inundaciones. Esos hallazgos, sin embargo, no fueron considerados como graves y, por lo tanto, el permiso ambiental no fue revocado. Así que la empresa continuó ejecutando su proyecto, comercializando las viviendas aunque la obra estaba inconclusa y con el compromiso de cumplir medidas ambientales.

En palabras más claras: el Ministerio de Medio Ambiente sabía que las fallas en el drenaje podrían concluir en inundaciones (como terminó ocurriendo la noche del 10 de enero), pero no detuvo el proyecto. Al contrario, dejó que la empresa siguiera, bajo una blanda advertencia de cumplir con las medidas ambientales.

El expediente del proyecto, de hecho, deja en evidencia que “Ciudad Marsella segunda etapa” ni siquiera tuvo que haber obtenido el permiso ambiental, por tratarse de una construcción que colinda con el Área Natural Protegida Chanmico y el complejo El Playón.

Todas las áreas protegidas tienen, en los colindantes, “zonas de conservación” y de “protección y restauración”, donde los proyectos urbanísticos deberían estar restringidos por directrices, zonificaciones ambientales y usos de suelo.

DATO

Chanmico y El Playón

Chanmico fue declarada como área natural protegida en 2007 y cuenta con una extensión territorial de un poco más de 455 hectáreas. Mientras tanto, el complejo El Playón posee una extensión territorial de 230 hectáreas, las cuales se encuentran en proceso de ser declarada como área natural protegida, según información oficial del MARN.

Ambas zonas están dentro del área de conservación El Playón, un ecosistema que alberga fauna silvestre y es un lugar de recarga acuífera de San Salvador. Posee diferentes ecosistemas como bosques, vegetación y restos de roca por la lava volcánica que expulsó el volcán de San Salvador en 1917.

Aún así, Global Developers (Salazar Romero) obtuvo el permiso ambiental, firmado el 3 de octubre de 2024 por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga. Ese permiso, para construir en un zona que debería estar restringida, es el resultado de la política de “agilización de permisos ambientales”, que Nayib Bukele impulsa desde 2019 bajo el argumento mercantilista de que “no se puede detener el desarrollo”.

El procedimiento administrativo que siguió el proyecto urbanístico es una muestra de que, bajo esta política de agilización de permisos ambientales, no solo se aceleran los trámites para las empresas que sacan ganancias millonarias con las construcciones. También se consolida un patrón, para garantizar el “desarrollo económico”, que se nota en diferentes proyectos urbanísticos y turísticos, y alcanza incluso a megaproyectos gubernamentales, como ha documentado GatoEncerrado.

El patrón, que esta revista ha identificado en distintos proyectos, se puede resumir así: Cuando conviene a las empresas o al Gobierno de Bukele, el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones públicas que otorgan permisos cambian sus reglas. Ajustan sus directrices, lineamientos, zonificaciones ambientales y usos de suelo. Hacen todo esto, en la mayoría de los casos, sin fundamento técnico y aunque las condiciones ambientales no hayan cambiado. Estas modificaciones sirven para conseguir permisos ambientales donde antes había restricciones. Los límites que las empresas y el mismo gobierno se saltan, con la complicidad de las instituciones, existían para frenar el daño ambiental y reducir riesgos para la población. Buscaban evitar desastres como inundaciones y derrumbes.

Nayib Bukele tenía una semana de haber asumido el poder en 2019 cuando ordenó a Fernando López, su amigo de infancia y compañero político en Nuevas Ideas, firmar y autorizar en un plazo de 100 días todos los permisos ambientales que se encontraban en revisión en el MARN. El presidente afirmó que en el ministerio habían “miles de millones de dólares” trabados que no estaban entrando a la economía salvadoreña.

El caso de “Ciudad Marsella segunda etapa” sigue el mismo patrón, tal como puede inferirse en el expediente. Todo empezó en enero de 2023, cuando Global Developers buscó expandir la urbanización a una segunda etapa.

El antecedente, para solicitar un nuevo permiso ambiental, es exactamente lo que ocurre con el patrón. La empresa Salazar Romero solicitó los permisos ambientales en 2010 y 2016, pero en ambos intentos, el trámite no procedió, según consta en el archivo histórico del Sistema de Evaluación Ambiental del MARN. Los permisos llegaron hasta 2020, después de que la empresa presentó un recurso de revisión del proyecto y en un contexto marcado por la llegada de Bukele al poder y su política de agilización de permisos ambientales.

Para 2023, el problema para obtener el permiso ambiental y expandir Ciudad Marsella era que el terreno del proyecto estaba clasificado como “zona de desarrollo agropecuario: agricultura pluvial sostenible”, según los lineamientos de la Oficina de Planificación del Valle San Andrés (OPVSA) y que se ubicaba en una “zona de conservación” y de “protección y restauración” colindante de un Área Natural Protegida.

Para poder construir y desentrampar el trámite, la empresa solicitó el cambio de uso de suelo a la OPVSA. Esta oficina emitió, en enero de 2023, una “precalificación del lugar” indicando que el proyecto urbanístico era factible siempre y cuando la alcaldía aprobara el cambio de uso de suelo”.

Con esta precalificación, en febrero de 2023, la alcaldía de San Juan Opico (ahora distrito) gobernada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó el cambio de uso de suelo. Reclasificó el terreno donde se desarrolla el proyecto como “uso habitacional de alta densidad”.

Cambiar el uso de suelo tardó apenas dos meses. Un trámite exprés, teniendo en cuenta que estos procesos deberían implicar una rigurosa evaluación técnica por tratarse de modificaciones con impacto ambiental.

Con la nueva clasificación del uso de suelo, el ministro Fernando López dio luz verde al proyecto, en octubre de 2024. Lo hizo aunque implicaba urbanizar 141 hectáreas en una zona de recarga acuífera, colindante de un Área Natural Protegida. Y lo hizo, además, pese a que el mismo Ministerio de Medio Ambiente había catalogado el proyecto como de “alto impacto ambiental”.

GatoEncerrado solicitó a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente una declaración sobre cuáles fueron los criterios del funcionario para firmar el permiso ambiental, pero la solicitud de descargo no fue contestada.

Este es el permiso ambiental firmado y sellado por el ministro de Medio Ambiente Fernando López Larreynaga, para la segunda etapa del proyecto Ciudad Marsella.

Para Berta Medrano, directora ejecutiva de la Asociación Gaia El Salvador y experta en el comanejo de Áreas Naturales Protegidas, es “inadmisible y grave” que el Ministerio de Medio Ambiente haya autorizado la construcción de “Ciudad Marsella segunda etapa” en una zona de amortiguamiento y colindante de una Área Natural Protegida.

“Que muestre el MARN cómo, por qué y basado en qué ley le facilitó los permisos a esta urbanizadora. Es gravísimo”, dijo Medrano a GatoEncerrado.

La directora recordó que la institucionalidad y los funcionarios están para salvaguardar y hacer cumplir la Ley de Áreas Naturales Protegidas. De no hacerlo, agregó, incurren en delitos como incumplimiento de deberes, por no aplicar el marco legal.

La empresa Global Developers, con el proyecto en ejecución, fue sometida a una auditoría ambiental, luego de que el ministerio recibió una denuncia formal sobre posibles irregularidades en la construcción. El informe final de esa auditoría, publicado en marzo de 2025, consignó 20 hallazgos específicos que la empresa debía solventar. Entre los hallazgos más urgentes de resolver estaban los relacionados con fallas en el drenaje para evitar inundaciones. Desde esa fecha, el Ministerio de Medio Ambiente ya sabía de los riesgos que representaba la construcción, pero aún así no detuvo la obra, solo pidió a la empresa que cumpliera las medidas ambientales.

Específicamente, la auditoría señaló que las lagunas de laminación —que es el nombre que se le da a enormes depósitos diseñados para retener el agua de lluvia y evitar inundaciones— estaban “en proceso” con un 60 % de avance. Pero más grave aún, los cabezales de descarga —que son las estructuras para evitar la erosión en los puntos de salida del agua— tenían un avance de apenas el 10 %. A pesar de estos preocupantes hallazgos, en el informe final de la auditoría consta que el ministerio se limitó a indicar que las medidas “deben seguir ejecutándose” y ordenó a la empresa “monitorear durante la época de lluvia” si la construcción obstruía los cauces.

La noche del sábado 10 de enero, ese monitoreo falló. Las tuberías colapsaron por acumulación de sedimento. La misma empresa lo admitió en un acta que firmó con el Ministerio de Vivienda y la Defensoría del Consumidor. Era, además, lo que ya había advertido el Ministerio de Medio Ambiente en la auditoría ambiental.

Una urbanización que no debió ser

Según los documentos, para el proyecto “Ciudad Marsella segunda etapa” se han impermeabilizado 378,918.00 m2. Esta extensión territorial, para tener una idea aproximada, equivale a casi 16 veces el tamaño del territorio construido de la Biblioteca Nacional del El Salvador (BINAES).

El área donde Global Developers está construyendo colinda con Chanmico y el complejo el Playón, una área que está en proceso de ser declarada protegida, según mapas revisados por GatoEncerrado en el Sistema de Información y Monitoreo Ambiental y Cambio Climático (SIMACC), del MARN, y planos presentados presentados por la empresa.

Según la imagen satelital de junio de 2025, las obras de terracería avanzaban en la zona de amortiguamiento de Chanmico y El Playón. Para noviembre de ese mismo año, la obra había avanzado y trastocado una parte de El Playón. Indicación: Para ver la imagen completa, solo mueva la línea que divide ambas fotografías satelitales.

Para la construcción del proyecto también era necesaria la tala de 381 árboles; entre ellos el laurel, palo de jiote, tiguilote y chaperno. Asimismo, la afectación del 100 % de la fauna silvestre registrada en el lugar. Entre las especies están aves, anfibios, reptiles; además de mamíferos, como el conejo de monte, tepezcuintle, coyote, zorra gris, taltuza y cusuco (armadillo).

Una tardía reacción del gobierno

La zona más afectada, el quartier 11, es descrita en los planos como un área crítica que depende directamente de los colectores secundarios que debían drenar hacia las lagunas de laminación. El cambio de uso de suelo impermeabilizó el terreno, aumentando el caudal de agua de 3.18m3/s (condición natural) a 20.67m3/s (en el proyecto).

Al permitir que el proyecto operara con las lagunas de retención inconclusas, el gobierno aceptó el riesgo de que el sistema no pudiera manejar el incremento de agua.

Para intentar remediar lo ocurrido, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció el 11 de enero la suspensión de permisos para Salazar Romero en todos sus proyectos. Y calificó, además, de “abuso” las prácticas que cometió en la construcción y comercialización de las casas. Asimismo, indicó que Global Developers debe hacerse responsable de los daños y afectaciones a las familias que sufrieron la inundación.

La reacción gubernamental, sin embargo, llegó tarde y solo después de que el mismo gobierno facilitó los permisos en una zona de protección. Además, mediante la auditoría ambiental de 2025, validó la continuidad de las obras a pesar de las fallas detectadas en el drenaje.

DATO

La relación del Gobierno de Bukele con Salazar Romero

El grupo empresarial Salazar Romero no solo ha sido beneficiado con la política de agilización de permisos ambientales. En diciembre de 2020, el Gobierno de Nayib Bukele compró 252 casas de Ciudad Marsella y se las entregó a las familias afectadas por la tormenta Amanda y el deslave en Nejapa, de ese mismo año.

La reubicación de estas familias en la primera etapa de la urbanización Marsella se realizó sin hacer ninguna consulta previa a las familias afectadas y bajo un escenario de escasa información sobre la compra de las viviendas.

El día en que Bukele entregó las casas, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, hizo que las familias firmaran un cheque endosado de $25,300 para vivir en una residencial hecha para personas con ingresos de, al menos, $720. En ese momento, el precio de las viviendas rondaba entre los $30 y 40 mil dólares.

Según reportes periodísticos, los habitantes denunciaron públicamente al gobierno por haberlos “llevado a ciegas a Ciudad Marsella” y que tras la entrega del cheque no recibieron ningún papeleo por la compra de las casas. Además, en ese momento las familias estaban preocupadas por el pago mensual de $25 a Global Developers por los servicios de recolección de desechos, vigilancia y mantenimiento, los cuales no fueron incluidos en el monto que recibieron del Ministerio de Vivienda.

La única información oficial que se conoce es que los fondos públicos utilizados para la compra de las casas provenían de los “ahorros que sobraron de la construcción del Hospital El Salvador”, dijo Bukele sin mencionar cifra total de la inversión. Fue el propio gobierno que emitió y entregó los cheques a Global Developers a nombre de las familias beneficiarias, comentó Michelle Sol.