Derechos humanos

Socorro Jurídico documentó 470 muertes de privados de libertad bajo el régimen de excepción entre 2022 y 2025

El informe de Socorro Jurídico señala que el 94 % de las personas fallecidas no tenían vínculos con pandillas, pero que aún así fueron capturadas sin pruebas y padecieron torturas o fueron ignoradas cuando necesitaron atención médica. Entre el perfil de las víctimas están pastores evangélicos, sindicalistas, comerciantes y hasta bebés.

Por Ezequiel Barrera

Enero 29, 2026

Aproximadamente 1300 personas privadas de libertad fallecieron en los centros penales de El Salvador entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción. De esa cifra, 470 casos cuentan con un registro documentado, en el que se puede observar que algunas de esas personas eran pastores evangélicos, sindicalistas y hasta bebés que murieron bajo circunstancias en las que se infiere torturas y malos tratos o negación de atención médica. Así lo señala el informe más reciente de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), publicado este 28 de enero de 2026.

Según el informe, lo más alarmante de la cifra de muertes documentadas no es solo el volumen de casos en menos de tres años, sino también el perfil de las víctimas. El análisis de Socorro Jurídico revela que el 94 % de las personas fallecidas no pertenecían a pandillas, pero eran clasificadas por las autoridades como “colaboradores” sin pruebas sustanciales. En la mayoría de esos casos, las personas fueron detenidas arbitrariamente como parte de las cuotas de arrestos que el Gobierno de Nayib Bukele exigía a los policías, como parte de su supuesta guerra contra las pandillas a través del régimen de excepción.

CECOT: ¿Cárcel de castigo o refugio negociado?

El informe plantea una contradicción entre la publicidad gubernamental y lo que realmente sucede en el sistema carcelario salvadoreño. Mientras Bukele exhibe ante el mundo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como el símbolo de su “mano dura” y de su “modelo”, las estadísticas de mortalidad sugieren una realidad distinta. El CECOT, que según la versión oficial fue diseñado para albergar a la élite criminal y a los pandilleros, registra una tasa de mortalidad mínima, con apenas cuatro casos conocidos. Es en esta prisión donde están recluidos los cabecillas históricos de la MS-13 y el Barrio 18. En contraste, prisiones comunes y conocidas como el penal de Izalco y Mariona se han convertido en una especie de campos de exterminio, concentrando el 40.9 % y el 18.9% de las muertes respectivamente.

El documento sugiere que esta disparidad no es accidental, sino que podría ser parte del pacto de no agresión entre el gobierno y las estructuras criminales, donde se garantizan mejores condiciones de vida a los cabecillas y pandilleros en el CECOT, mientras que la población civil inocente, hacinada en otros recintos, sufre las peores consecuencias de la política carcelaria.

“Edema pulmonar”: El eufemismo de la tortura

Las víctimas de esta política de Bukele tienen rostro y nombre, desmintiendo la narrativa de que “solo caen criminales”. Entre los fallecidos se encuentran pastores evangélicos, líderes sindicales, agricultores y comerciantes, muchos de ellos detenidos por denuncias anónimas y sin pruebas o por tener antecedentes no vinculados a pandillas.

El aspecto más desgarrador del informe es el señalamiento sobre la muerte de personas con inocencia absoluta. Durante la vigencia del régimen de excepción han fallecido, al menos, cuatro bebés debido a las condiciones infrahumanas que sufren sus madres en prisión. Casos como el de la niña Génesis, quien murió a los 17 meses tras adquirir neumonía en el penal de Izalco, o el bebé de Dina Hernández, fallecido durante el parto tras un embarazo de alto riesgo ignorado por las autoridades, exponen la violación sistemática de los derechos de la niñez y las mujeres.

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El olvido e impunidad

La tragedia de estas personas en centros penales o por causas relacionadas directamente con el régimen de excepción no termina con su muerte. El Estado salvadoreño ha recurrido a la práctica de enterrar cuerpos en fosas comunes sin notificar a los familiares, prolongando el dolor y la incertidumbre.

Familias enteras han seguido llevando paquetes de insumos a sus parientes, desconociendo que estos ya habían sido enterrados meses atrás por las autoridades, como ocurrió en casos como el de Rafael López Castellón.

Por todos estos hallazgos y casos documentados, Socorro Jurídico pide el cese del régimen de excepción que ha perdido su razón de ser. Asimismo, solicita la investigación de las muertes violentas y las considere como homicidios. Además, exige el fin de la impunidad y justicia para todos los salvadoreños inocentes que fueron capturados arbitrariamente, siendo inocentes, y luego fallecieron bajo un patrón de torturas y negación de atención médica.