Género

El caso Julio Iglesias y la lucha de las empleadas domésticas en América Latina

Empleadas del hogar denunciaron al cantante Julio Iglesias por supuestos abusos laborales y sexuales. Al hacerlo, pusieron el foco en las condiciones de trabajo de este sector social en América Latina que, en algunos casos, podrían alcanzar tintes de esclavitud moderna.

Por Carlos Gutiérrez* | Connectas

Enero 30, 2026

Pocos esperaban comenzar el año con una noticia tan penosa: Julio Iglesias, amado por millones alrededor del mundo, tendría su lado oscuro. Lo reveló un trabajo conjunto de elDiario.es y Univisión Noticias, que publicaron denuncias de trabajadoras del cantante español según las cuales el artista habría abusado sexual y laboralmente de ellas en 2021. Según esos medios, los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.

Una de las denunciantes, una fisioterapeuta dominicana de 28 años, cuenta que Iglesias solía contratar “mujeres morenas, afrodescendientes” para su servicio doméstico. Otra empleada, de 22 años, recuerda que el artista las hacía vestir con un uniforme de falda hasta los tobillos, a pesar del calor. Esa vestimenta, escriben Natalia Chientaroli y Elena Cabrera, dos de las autoras de la investigación, recuerda a las esclavas del siglo XIX. “Pero no era solo la ropa”, subrayan.

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Esas historias describen insultos, tocamientos abusivos, jornadas laborales extenuantes, además de encuentros sexuales forzosos por la relación jefe-empleada. “Me sentía como un objeto, como una esclava”, confiesa la trabajadora doméstica. Ella relata que dichos actos “se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica”.

Los señalamientos contra Julio Iglesias no podrían entenderse sin el contexto laboral de las denunciantes y la compleja situación migratoria de Haití y República Dominicana, donde se encuentra la fastuosa mansión del cantante y donde habrían tenido lugar los actos de abuso más graves.

Según un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dominicano, las labores del hogar eran la tercera fuente de empleo de mujeres en el país en 2021, justo el año de las denuncias. No obstante, la mayoría de ellas trabajaba sin contrato escrito (94%) y tenían la actividad económica con mayor pobreza monetaria, con un pago equivalente a 0,9 dólares por hora. Se estima que poco más del 3% contaba con seguro de salud y sistema de pensiones. Desde entonces, su situación sigue siendo prácticamente igual o peor.

Aunque en el caso de Iglesias no se ha revelado la nacionalidad de todas las denunciantes, lo cierto es que, históricamente, miles de haitianas migran año a año a la vecina República Dominicana y se convierten en el único sustento de su familia. Provenientes del país más pobre de América, se emplean principalmente en el área de servicios, en la industria turística o en el pequeño comercio. Sin embargo, un 37% de ellas carece de papeles. Eso las hace “mucho más vulnerables para ser traficadas o para trabajar en la prostitución en áreas turísticas”, sostiene Bridget Wooding, directora de OBMICA, centro de investigación enfocado en las migraciones y el desarrollo social en el Caribe.

“Para las dominicanas, la legislación que rige el tema del servicio doméstico remunerado no es buena, pero la situación de las migrantes es peor”, dice Wooding. Afirma que algunas organizaciones y sectores de la sociedad civil han buscado visibilizar esas condiciones, “pero todavía estamos en un contexto bastante patriarcal” que lo hace muy complicado.

Un problema regional

En un comunicado oficial, Iglesias afirmó que las acusaciones de ambas mujeres son “absolutamente falsas”. Pero más allá del resultado de la investigación oficial de los hechos, su historia exhibe una realidad preocupante: las paupérrimas condiciones laborales que viven muchas trabajadoras del hogar en América Latina. Para algunos expertos en la materia, casos como los que narran elDiario.es y Univisión Noticias podrían configurar un fenómeno invisible: la esclavitud moderna.

En el resto de América Latina muchas mujeres encuentran en el servicio doméstico una “estrategia de supervivencia para ellas y sus familias”, escribe Cynthia Guaña en su tesis de maestría, realizada en Flacso Ecuador. Además, muchas son de origen indígena, afrodescendientes o “mestizas racializadas, que atravesaron uno o varios procesos de migración interna, que provienen de la ruralidad y de familias numerosas y empobrecidas, tienen bajos niveles de escolaridad y ejercen maternidades en precariedad”.

“Históricamente, el trabajo doméstico en América Latina y el Caribe tiene huellas del período esclavista, porque fue construido sobre la explotación de mujeres negras, pobres y migrantes”, explica a CONNECTAS Cleide Silva Pereira Pinto, secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar.

Desde Brasil, Pereira considera “absolutamente pertinente” hablar de esclavitud moderna para describir las condiciones laborales de muchas trabajadoras del hogar, debido a que “diversos estudios y denuncias confirman que aún existen condiciones de trabajo doméstico que se le aproximan”. Para ella, las jornadas excesivas, la ausencia de contrato formal, los salarios irrisorios o inexistentes, la restricción de la libertad, el aislamiento social, la retención de documentos, humillaciones y violencia reproducen la lógica esclavista.

De acuerdo con Alianza 8.7, una asociación mundial comprometida con acabar el trabajo forzoso, hoy en día a nivel mundial casi 50 millones de adultos están sometidos a esclavitud moderna. “Los sectores en los que está más extendida son los servicios, la manufactura, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico”, apunta en su sitio web. También señala que esta esclavitud va más allá de las fronteras éticas, culturales y religiosas. “El denominador común es que una persona está siendo explotada y no puede negarse o marcharse debido a las amenazas, la violencia, la coacción, el engaño, la manipulación y/o el abuso de poder”.

La esclavitud moderna en el trabajo doméstico se manifiesta, muchas veces, dentro de los hogares, lejos de la fiscalización del Estado y de la visibilidad pública. Ello aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras, considera Pereira. “No se trata solo de precarización del trabajo, sino de una grave violación de los derechos humanos”.

Por su parte, Wooding no está de acuerdo con llamar “esclavitud moderna” a las condiciones de las trabajadoras domésticas. Dice que de ese modo no se “logran captar los matices de la situación actual”, debido a que ya no existen tantas restricciones físicas para las personas, a diferencia del pasado. Considera que esta definición, incluso, puede contribuir al ocultamiento de los dramas que padecen muchos migrantes para movilizarse de un país a otro.

Sin embargo, las activistas coinciden en que estas trabajadoras viven diversas violencias. La principal es la laboral, expresada en la informalidad, bajos salarios, jornadas excesivas, negación de derechos como vacaciones, descanso semanal, seguridad social y protección a la maternidad. También enfrentan violencia psicológica y moral, “marcada por humillaciones, racismo, discriminación de clase, amenazas, aislamiento social y falta de respeto. Esta violencia muchas veces se naturaliza, lo que hace aún más difícil su denuncia”, ahonda Pereira.

Otra forma grave de violencia es la física y sexual, “especialmente contra trabajadoras jóvenes y migrantes que residen en el lugar de trabajo, porque quedan más vulnerables a la explotación y a los abusos de los empleadores y otros miembros de la familia”, dice Pereira. Insiste en que “en situaciones extremas, estas violencias se combinan con prácticas análogas a la esclavitud, como restricción de la libertad, retención de documentos, trabajo sin remuneración y condiciones degradantes”.

Angélica González es abogada y defensora de derechos humanos laborales en México. Desde hace más de dos décadas acompaña a trabajadoras del hogar que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Cuenta que, en aquellos años, ni siquiera la Ley Federal del Trabajo las contemplaba como trabajadoras. “La estrategia de ellas es muy interesante, porque primero empezaron a organizarse en el ámbito internacional y en 2011 lograron la consolidación del Convenio 189 del trabajo digno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A partir de ahí buscaron modificar leyes nacionales”.

El Convenio 189 reconoce el empleo doméstico como trabajo y “prevé que los Estados deberían extender los mismos derechos a los trabajadores domésticos que aquellos que gozan el resto”, señala la OIT. Estima que hay más de 67 millones de empleadas domésticas en el mundo y que tan solo en México alrededor del 97% de ellas trabajan en “condiciones de informalidad”.

González explica que a las mujeres no se les reconoce su estatus de trabajadoras por una “cultura de discriminación y de estereotipo”, porque las labores domésticas están vinculadas a lo femenino y, como se realizan en casas particulares y no en empresas, pocos piensan que deben tener derechos. “Muchas son migrantes y hablan una lengua indígena con niveles de estudio de primaria o secundaria. Varios factores hacen que la población se aproveche”.

Chile es uno de los países con mejores condiciones laborales para las trabajadoras del hogar. Rosa Cárcamo, tesorera del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, comparte que en ese país tienen el sueldo mínimo igualado y 42 horas laborales semanales, como cualquier trabajador. Afirma que ellas son la clase trabajadora más grande y la economía del país se sostiene gracias a su trabajo. A pesar de ello, tampoco gozan de pleno reconocimiento.

El sindicato al que pertenece Cárcamo nació hace más de 50 años, pero solo un 30 o 40% de las trabajadoras están afiliadas. “Tienen miedo porque los empleadores las pueden despedir”, dice. En casos críticos, como cuando llegó la pandemia, perdieron garantías. “Lo pasamos muy mal”, recuerda. “Muchas compañeras tuvieron que quedarse trabajando puertas adentro. No las dejaban ver a sus familiares. Prácticamente las tuvieron secuestradas”.

A pesar de las leyes, nadie asegura que se respeten los derechos en la mayoría de los países. Andrés García, investigador de la Universidad del Rosario, de Bogotá, y coordinador del Observatorio Laboral en Colombia, cree que la rigidez de las propias leyes tiene la culpa. Pone un ejemplo: “si se contrata a una persona por un 20% del tiempo completo, se generan extracostos que terminan haciendo que quienes contratan eludan obligaciones, como protección social, salariales y demás”.

Además, profundiza el académico, “no hay un enforcement de la ley que haga que quien no cumpla tenga penalidades importantes”. González suma un motivo: los inspectores del trabajo no pueden acceder a los hogares para supervisar las condiciones de las trabajadoras porque los domicilios son ámbitos privados. “Ahora se está trabajando para que los inspectores y las inspectoras puedan supervisar las casas donde exista alguna queja de las mismas trabajadoras”, afirma.

Países como Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, México y Argentina han dado pasos importantes para garantizar derechos como jornada laboral regulada, salario mínimo, descanso semanal o acceso a la seguridad social de las trabajadoras domésticas. Pero falta crear conciencia y empatía en los patrones para que esos derechos sean efectivos. Sin ello, es probable que las historias de abusos sigan persistiendo en los hogares. Y si los patrones no son tan famosos como Julio Iglesias, quizá las violencias de las trabajadoras del hogar nunca trasciendan del espacio privado a la denuncia pública.

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

*Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS