
Donald Trump, en su primer año del segundo mandato, ha ganado méritos para ingresar en la lista de depredadores de la libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras. Su actuación es comparable con los autócratas del mundo, como Vladimir Putin en Rusia, pero también con los tiranos regionales como Daniel Ortega en Nicaragua. Este giro autoritario en la Casa Blanca no es solo una noticia lejana, sino que representa un peligroso incentivo para los líderes centroamericanos con tendencias dictatoriales, como Nayib Bukele y Rodrigo Chaves (junto a su sucesora Laura Fernández), quienes ya han adoptado una estrategia de ataques contra periodistas y medios independientes. Las agresiones a la prensa, además, también son un asalto al derecho de los ciudadanos a tener información sobre cómo se utiliza el dinero de sus impuestos. En El Salvador, el gremio periodístico ha denunciado cientos de agresiones en los últimos años, incluyendo exilios forzados y reformas legales que criminalizan la labor informativa.
Febrero 05, 2026
Reporteros Sin Fronteras (RSF) señala que Donald Trump ha dejado de ser una amenaza retórica para convertirse en un “depredador de la libertad de prensa”. Al cierre del primer año de su segundo mandato, el presidente estadounidense se está ganando su lugar en la lista de depredadores, codeándose con la brutalidad y acciones antidemocráticas de personajes como Vladímir Putin o el nicaragüense Daniel Ortega. Este panorama no solo afecta a periodistas y medios independientes, quienes ahora ejercen en un ambiente hostil. La verdadera víctima es la ciudadanía que paga impuestos y que se está quedando sin acceso a información verificada sobre quién se embolsa el dinero público y si el poder estatal funciona solo para facilitar los negocios y ganancias de la oligarquía, mientras las clases medias y los sectores más vulnerables son condenados a enfrentar, en un silencio informativo, políticas que los hunden en la pobreza.
Para Centroamérica, donde el periodismo independiente sobrevive bajo el asedio de regímenes autoritarios, la conclusión de RSF es grave. Durante los últimos años, líderes como Nayib Bukele en El Salvador o Rodrigo Chaves en Costa Rica han utilizado la misma retórica de Trump sobre las “noticias falsas” para deslegitimar investigaciones periodísticas sobre su corrupción. Aunque Chaves está a punto de entregar la presidencia de Costa Rica, los analistas y opositores indican que su estilo autoritario continuará con su sucesora Laura Fernández, quien ganó las elecciones el pasado 1 de febrero.
La situación en Nicaragua ha sido peor. Al día de hoy, no existe en el país ningún medio independiente. Más de 300 periodistas han tenido que exiliarse para evitar la cárcel y seguir informando desde afuera. El régimen de Ortega no solo censuró a los medios, sino que también les robó. A través de procesos de confiscación, el gobierno se quedó con las instalaciones de los medios y las convirtió en centros de salud y casas de propaganda gubernamental. Por eso, la comparación que RSF hace de Ortega con Trump no es menor, sino la advertencia de que el líder de una de las naciones más poderosas del planeta se está pareciendo cada vez más a un tirano del tercer mundo que recurre al terror de Estado como herramienta para gobernar.
En consecuencia, con Trump de vuelta y más agresivo que antes, el mensaje para los líderes autócratas centroamericanos es que si Washington persigue a sus propios reporteros, difícilmente tendrá autoridad moral para pedir cuentas por el acoso a periodistas en Centroamérica. Es más, ni siquiera le importará.
La agresividad de la administración Trump puede notarse, según el informe de RSF, en una serie de acciones que resultan familiares para los periodistas salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y últimamente también para los costarricenses. Entre esas acciones destacan restricciones de acceso, ya que la Casa Blanca ahora elige a dedo qué periodistas pueden entrar a las conferencias de prensa, privilegiando a creadores de contenido afines al oficialismo.
Asimismo, durante el año 2025, la Casa Blanca protagonizó ataques judiciales y financieros a medios que fueron críticos con Trump durante la campaña y la elección presidencial. A los medios públicos, como NPR y PBS, les recortó fondos. También hubo acoso a la prensa extranjera, restricciones de visado a corresponsables a quienes el mandatario norteamericano llamó “animales” e “incivilizados”.
La Casa Blanca lanzó una página web (“salón de la vergüenza”) para difamar a periodistas y medios, una táctica de estigmatización que en El Salvador se conoce bien a través de las cadenas nacionales donde Bukele ha dedicado tiempo para atacar a periodistas que han revelado corrupción en su gobierno. En Costa Rica también resulta familiar en conferencias de prensa donde Rodrigo Chaves ha llegado hasta el punto de insultar a periodistas tildándolos de “ratas” y “sicarios políticos”.
En los países centroamericanos, principalmente en El Salvador, esos ataques de los mandatarios van acompañados por el ejército de cuentas falsas en redes sociales que se dedican a adular a los presidentes y atacar a la prensa.
Esta cronología elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) reúne, mes a mes de 2025, los ataques de Donald Trump en su primer año del segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Indicación: Desplázate horizontalmente para leer cada tarjeta con la información.
En un ejemplo precursor de empresa que cede por adelantado a las amenazas de Trump, Meta elimina su programa de verificación de datos. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y otros ejecutivos de las grandes tecnológicas asisten a la toma de posesión de Trump poco después.
Trump emite un decreto ejecutivo para “poner fin a la censura federal”, eliminando de hecho la supervisión gubernamental de la desinformación y la información falsa.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, restablece las denuncias por licencia previamente desestimadas contra las tres principales cadenas de televisión estadounidenses, ABC, CBS y NBC, por su cobertura de las elecciones de 2024, pero se niega a restablecer una denuncia similar contra la cadena de cable Fox News, afín a Trump.
Trump congela prácticamente toda la ayuda exterior, desmantela la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y recorta más de 268 millones de dólares asignados por el Congreso para apoyar la libertad de los medios en todo el mundo. Medios independientes en todo el planeta se ven sumidos en el caos.
Carr inicia una investigación en profundidad sobre los medios públicos PBS y NPR, complementando los esfuerzos políticos para recortar su financiación federal.
La administración Trump retira miles de páginas del Gobierno estadounidense que contienen información sobre temas que van desde las vacunas hasta el cambio climático.
Trump impone sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional en represalia por su investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza, incluidos los ataques contra cientos de periodistas.
Trump exige a CBS un acuerdo de 20.000 millones de dólares por editar una entrevista con su rival electoral, la exvicepresidenta Kamala Harris.
La Casa Blanca prohíbe a los periodistas de Associated Press cubrir sus convocatorias en represalia por su negativa a adoptar el nombre elegido por Trump para el Golfo de México.
La Administración Trump despide a los trabajadores responsables de gestionar las solicitudes de acceso a la información (FOIA-Freedom of Information Act), obstaculizando el acceso de los periodistas a datos vitales.
La Casa Blanca anuncia cambios importantes en su pool de prensa y comunica que elegirá quién puede asistir a las ruedas de prensa.
Trump emite un decreto por el que se desmantela la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (USAGM), que supervisa la asignación de fondos a las radiotelevisiones públicas estadounidenses Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Middle East Broadcast Networks (MBN), Radio y Televisión Martí y Radio Free Asia (RFA). RSF presentó inmediatamente una demanda para salvar a VOA.
Trump acusa sin fundamento a los medios de “comportamiento ilegal” en un discurso ampliamente interpretado como un impulso al Departamento de Justicia para que persiga a los que considera enemigos del presidente en la prensa.
La Administración Trump suspende de empleo y sueldo a todo el personal de Voice of America (VOA), lo que paraliza prácticamente toda la producción de noticias.
Trump comienza a castigar a los bufetes de abogados que aceptan trabajos pro bono que le incomodan, incluida la defensa de periodistas.
la Administración Trump anuncia que planea recortar la financiación de NPR y PBS.
el Departamento de Justicia deroga las medidas que impedían investigar los registros telefónicos de los periodistas.
se prohíbe a todos los periodistas de agencias de noticias el acceso al Air Force One durante el viaje de Trump a Oriente Medio.
más de 500 empleados de VOA reciben notificaciones de despido, a pesar de la resolución judicial obtenida por RSF y otros demandantes, entre los que figuran periodistas de VOA y sus sindicatos.
el secretario de Defensa, Pete Hegseth, limita el acceso de la prensa acreditada al Pentágono, lo que dificulta la cobertura informativa esencial sobre la sede de la defensa del país.
la asesora principal de la USAGM (Agencia para los Medios Globales), Kari Lake, presenta planes para recortar más de 900 puestos de trabajo en la plantilla de esta entidad.
el periodista Mario Guevara es detenido mientras informa sobre las redadas de inmigración en Atlanta (Georgia). Aunque se retiran los cargos contra él y se ordena su puesta en libertad, la policía local lo transfiere al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que inicia un proceso de deportación contra él, a pesar de su situación laboral legal.
Un juez dicta una orden judicial temporal contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por uso excesivo de la fuerza. Desde el 6 de junio, se han denunciado al menos 70 agresiones contra periodistas.
no se renueva “The Late Show with Stephen Colbert” después de que el presentador del programa nocturno criticara el acuerdo entre Paramount, la empresa matriz de CBS, y el presidente Trump, que supone una amenaza contra la independencia de la cadena.
Trump demanda al Wall Street Journal por su reportaje sobre sus vínculos con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.
el Departamento de Seguridad Nacional propone restricciones severas a los visados para los periodistas extranjeros en Estados Unidos.
el embajador en Turquía nombrado por Trump, Tom Barrack, dice a los periodistas libaneses que “actúen de forma civilizada” y les acusa de comportarse como “animales” cuando le hacen preguntas.
la cadena ABC retira de la programación al presentador Jimmy Kimmel tras la presión ejercida por el presidente de la FCC, Brendan Carr, por los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk.
el Departamento de Defensa exige a los periodistas que firmen un juramento inconstitucional. La gran mayoría de los periodistas acreditados en el Pentágono abandonan en masa la sala de prensa.
un agente del ICE agrede a dos periodistas frente a un tribunal de inmigración en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos, L. Vural Elibol, es hospitalizado.
Mario Guevara es deportado a El Salvador tras más de 100 días bajo custodia del ICE.
Trump restringe el acceso de los medios de comunicación al ala oeste de la Casa Blanca, prohibiendo el acceso a la zona conocida como “Upper Press”.
Donald Trump le espeta “¡Cállate, cerdita!” a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey. Este es uno de los muchos ataques personales lanzados contra periodistas.
La Administración Trump lanza la página web “Hall of Shame” (Salón de la vergüenza) dirigida a difamar medios de comunicación.
Trump se inmiscuye en la posible fusión de Warner Bros. Discovery, Paramount y Netflix, presionando para que se venda el canal de noticias CNN.
La redactora jefe de CBS, Bari Weiss, retira una noticia sobre deportaciones del programa “60 Minutes”, provocando críticas por la politización de la cadena.
Uno de los señalamientos más graves del reporte de RSF es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos derogó medidas que impedían investigar los registros telefónicos de periodistas. En el gobierno de Joe Biden, el exfiscal general Merrick Garland, emitió un memorando que prohibía al Departamento de Justicia usar órdenes judiciales o citaciones para forzar a periodistas a revelar sus fuentes confidenciales. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, ese memo fue derogado y ahora, en términos prácticos, se legalizó el espionaje.
En contextos como el salvadoreño, esto suena similar a las reformas al Código Procesal Penal implementadas por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Estas reformas introdujeron la figura del “agente encubierto digital”, criticada por esencialmente legalizar el espionaje. Esto se suma al hecho de que en el país ya existen antecedentes de periodistas de GatoEncerrado y otros medios de comunicación, así como políticos y líderes sociales, espiados con el software espía Pegasus.
Para el público centroamericano, esto no debe entenderse como un cambio de política en otro país. Sino como el desmantelamiento acelerado de estándares democráticos que termina afectando a la región. Al final, cuando los mandatarios autócratas o con aspiraciones dictatoriales observan que Trump muerde a la prensa de su país, en Centroamérica se sienten libres de devorar lo que queda de la libertad de expresión.
La nota de RSF es una bofetada de realidad que nos indica que el autoritarismo ya no es un fenómeno aislado de países del tercer mundo. Es una pandemia global, y su paciente más contagioso hoy está en la Oficina Oval, desde donde respalda a su aliado Bukele, interviene en elecciones como las de Honduras e inspira gobiernos como el de Rodrigo Chaves y su continuidad con Laura Fernández.


