
Cinco cartas escritas desde cárceles de El Salvador entre 2022 y 2025 revelan cómo algunas familias reciben las únicas noticias de sus parientes detenidos bajo el régimen de excepción. Estos mensajes, que circulan a través de intermediarios conocidos como “cables”, expresan los sentimientos, los anhelos, las experiencias y las condiciones mínimas del encierro de quienes han sido condenados al aislamiento antes de ser hallados culpables por un tribunal.
Ilustraciones: Diego Orellana | Junio 3, 2026
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En un país donde el régimen de excepción ya no es excepción, sino parte del paisaje, las cárceles también producen algo escaso: noticias. Son cartas escritas a mano que atraviesan muros de concreto gracias a una red informal que las familias conocen como los cables. Para muchos familiares, esos papeles doblados y gastados, enviados casi siempre por fotos a través de WhatsApp, son la única señal de que alguien sigue vivo.
La lista de encargos —lociones baratas, camisas, calzonetas— no es un simple capricho. Es parte de la vida cotidiana dentro de prisión: una forma de resolver necesidades básicas y de sostener cierta normalidad dentro de un sistema que tiende a reducir a los detenidos a números de expediente.
El equipo de redacción de Ciclos CAP tuvo acceso a cinco cartas de las decenas que reos de distintos centros penales de El Salvador enviaron a sus familias entre 2022 y 2025, en el marco del régimen de excepción, que en mayo de 2026 sumó 51 prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Estas cartas por las que las familias suelen pagar entre cincuenta y doscientos dólares, dependiendo de las condiciones impuestas por los intermediarios, son muchas veces la única prueba de vida de personas encarceladas dentro de un sistema que ha detenido a casi 91,000 personas y en el que, según registros de Socorro Jurídico Humanitario, han fallecido 519 reos bajo custodia estatal hasta marzo pasado.
Leídas en conjunto, estas cartas permiten identificar patrones comunes. Son textos escritos con poco tiempo y bajo vigilancia, donde se mezclan mensajes afectivos con información práctica: pedidos de paquetes o depósitos, consultas sobre el proceso judicial y noticias breves sobre otros detenidos. Se repiten fórmulas tranquilizadoras como “estoy bien” o “no se preocupen”, mientras que casi no aparecen referencias directas a castigos o violencia. En su lugar, se mencionan las condiciones del encierro de forma indirecta: se habla del cansancio, de la enfermedad o de la calidad de la comida.
Las cartas también funcionan como un boletín desde dentro. El aviso sobre un compañero enfermo o trasladado. Ese nombre de quien ya no está con ellos es muchas veces la única forma de alertar a las familias. Mientras afuera el debate público se reduce a dos posturas sin tonos medios como estar a favor o en contra del régimen de excepción, dentro circulan noticias mínimas: quién enfermó, quién fue movido de sector, quién dejó de recibir paquetes.
El preso lo sabe: cuando el paquete o el depósito deja de llegar, la situación puede volverse más caótica. Su súplica por el compañero enfermo —“ya con flores y con tumbas va a ser por gusto”— es también una advertencia para que la ayuda llegue antes que el abandono.
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Detrás de cada carta que logra llegar a los familiares de los privados de libertad se ha establecido un negocio: intermediarios conocidos de manera informal como “cables”.
¿Quiénes son estas personas? No son una red solidaria gratuita. Son un grupo de empleados del sistema penitenciario que establecen contacto con las familias para proponerles el intercambio de cartas. Son un grupo de operadores que imponen las tarifas y condiciones: “El viernes entro de turno, por si quieren responder”, escribió uno de ellos a una de las familias.
Los cables rara vez dejan rastro. Funcionan con otra red de personas, que bien pueden ser amigos, amigas, esposas, o cualquier persona vinculada a ellos de manera directa, sin ser empleados formales del sistema penitenciario —no aparecen en los registros del Seguro Social— y que reciben el dinero en cuentas bancarias sin poner nunca un pie en un penal.
Tal es el caso de la esposa de un custodio que ofrece el servicio, explota la desesperación desde fuera, usando información privilegiada; la familia paga además de la carta por el permiso, que no se dice de manera directa, de no ser delatados.
A pesar de la manera oculta en la que funciona este sistema y de la extorsión por información, la carta que finalmente llega posee una cualidad casi sagrada: es la prueba de que un ser querido sigue existiendo dentro del centro penal. No importa si el texto es un inventario de necesidades o una declaración de amor contenida. En un país donde la Ley de Acceso a la Información Pública fue sepultada con la llegada del gobierno en turno, las cartas se convierten en el único parte médico, el único boletín judicial y la única visita familiar posible.
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Quienes escriben son hombres de entre veintitantos y cuarenta y tantos años, detenidos hace cuatro años por algo que nunca quedó claro para la mayoría. Pero lo que no sabe ninguno de ellos cuando escriben desde adentro, es lo que pasa en las afueras. No saben que sus madres han dejado de comer o que la abuela, esa por la que piden que cuiden, ya no necesariamente recuerda todo como antes. O que la tía de alguno ha muerto de alguna enfermedad mientras ellos siguen pidiendo que la mantengan viva hasta su regreso.
Ellos escriben para dar las gracias, para pedir cosas de primera necesidad, para saber del proceso judicial. Quienes reciben esas cartas las leen con ansiedad, las leen a solas, en familia o le piden a alguien de confianza que las lea por ellos. Para estas familias, una carta no es solo un mensaje: es una prueba de que su hijo, padre o compañero de vida sigue existiendo. Es la confirmación de que no está en una fosa común, de que no murió de una infección tratable, de que no desapareció en algún traslado del que nunca se informa. Es lo que los mantiene vivos también a ellos.
La mayoría de destinatarios son mujeres, cuya salud mental depende de esa mínima conexión. Ana, la madre de un privado de libertad, padeció una depresión que la llevó al borde del abismo. Dejó de bañarse, de comer, de peinarse. Pasaba días encerrada, sin querer ver a nadie. Su esposo, lejos de sostenerla, se volvió violento. Su madre, una anciana ciega, tuvo que irse a vivir con la exnuera porque Ana ya no podía cuidar de nadie, ni siquiera de sí misma. Un día Ana intentó suicidarse. No lo logró. Dice que escuchó la voz de su hijo llamándola desde la puerta y eso la detuvo. O tal vez fue solo el instinto.
“Me corté el pelo con una tijera. No me bañaba, no comía, no me peinaba, no quería oír bulla, pasaba solo encerrada. Mi esposo se metió con otra mujer. Yo sentía que no había sido una buena madre para mi hijo. Dudé que Dios existía por tantas cosas que hemos vivido”, relata.
No es un caso aislado. En reuniones de comités de familiares, muchas madres describen experiencias similares: depresión, pérdida de peso, problemas de salud y un desgaste emocional acumulado durante años de incertidumbre. En esos espacios comparten la poca información que logran obtener sobre sus hijos detenidos y esperan nuevas noticias. Para muchas, recibir una carta es la única confirmación de que sus hijos siguen con vida.
Delmi, desde Estados Unidos, lo explica con otras palabras: “Yo estoy siendo rentada por el régimen de Bukele. Todo el dinero que yo tenía para mi retiro, todos mis ahorros ahora van para el régimen porque no les da comida a mis hijos. Yo tengo que mandar de mi dinero ahorrado para cubrir la necesidad y cuidar de mis hijos”. Ella envía dos mil dólares al mes, paga abogados, sostiene a las esposas y a los hijos que sus hijos dejaron.
La manera de cubrir las necesidades de los privados de libertad puede ser a través de dos vías: paquetes o pines. Los primeros consisten en bolsas llenas de insumos de primera necesidad, higiene, ropa y comida. Estos paquetes, según relata Ana, están valorados en 120 dólares. Eso debe ser complementado con un depósito de 20 dólares, a través de un pin vinculado a cada reo.
Para Delmi o Ana, así como para muchas otras madres, los montos solicitados resultan inalcanzables y no puede costearse mes a mes, por lo que tiene que fraccionar la ayuda: un mes envían el paquete y al siguiente realizan el depósito con el pin correspondiente, en un intento para que sus hijos no queden en el desamparo.
“A veces he enviado paquetes y no me los reciben porque no están valorados en $120 dólares. Ellos dicen que el sistema no los agarra así. Una vez le pregunté a un muchacho y me dijo que le piden eso a uno porque hay gente que nadie les trae, entonces, se les saca para darles un poquito a los que no tiene”, cuenta Ana.
Más que el dinero con el que sostienen al régimen de excepción, a estas familias les duele la incertidumbre. Les duele que la única forma de tener noticias de sus familiares sea pagarle a un custodio, arriesgarse a una estafa, o depender de la buena voluntad de un desconocido que un día puede desaparecer con el próximo mensaje.
Las cartas circulan por vías informales. Las familias las leen repetidamente, las guardan y vuelven a ellas cuando pasan largos periodos sin noticias. Para quienes las reciben, esas cartas funcionan como el único vínculo. En un contexto donde la información oficial es escasa y los procesos judiciales avanzan con lentitud, estos mensajes se convierten en la única forma de saber cómo están sus familiares y si continúan con vida.
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Dentro de las cárceles salvadoreñas no circula dinero en efectivo, pero existe una moneda de intercambio: el café. Los sobres de marcas como Musún o Riko se han convertido en el principal medio para comprar o pagar favores dentro de los penales. Los reclusos los utilizan para adquirir comida adicional, artículos de higiene o ropa.
Las familias lo saben y suelen enviarlo en los paquetes autorizados. Los presos piden cantidades específicas y una marca determinada, principalmente Riko, porque es la que tiene mayor aceptación dentro de los penales. En las cartas también se repite una instrucción: enviar los sobres “regados en la bolsa”, es decir, distribuidos dentro del paquete para evitar que sean decomisados durante las revisiones.
El café también se utiliza para pagar favores que permiten la comunicación con el exterior. Una madre relató que su hijo pactó con un supuesto enfermero el envío de una carta a cambio de veinte dólares en café dentro del penal. En la respuesta que ella recibió, su hijo resumió la lógica de ese sistema en una frase: “El café es oro, mamá. Mándeme lo más que pueda”.
La circulación de café sostiene gran parte del intercambio interno. “El café para mí era el dinero. Con el café compramos lo que queremos allá adentro”, relata Miguel, quien estuvo recluido en un penal y recuperó su libertad este año.
Según él, un sobre de café cuesta alrededor de 16 centavos de dólar en la tienda penitenciaria y entre reclusos se intercambia a unos 20 centavos. Los precios de los productos se calculan en sobres: un par de sandalias o una camisa pueden costar unos 15 sobres; una rasuradora, entre 8 y 12.
El café también funciona como una forma de subsistencia para los reclusos que no reciben apoyo familiar. Dentro del penal se les conoce como “rusos”, un término utilizado para referirse a quienes no reciben paquetes ni visitas.
Muchos de los reclusos venden la comida que reciben en el penal a cambio de café, que luego utilizan para comprar jabón, ropa u otros artículos básicos. “Es triste que por tres miserables cafés tengan que entregar un plato de comida”, recuerda Miguel.
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Cuando un preso del régimen de excepción escucha que va a entrar al plan Cero Ocio no celebra un programa de reinserción. Dicho plan, impulsado por el actual Gobierno, incorpora a personas privadas de libertad a trabajos en obras públicas a cambio de reducir sus condenas.
Pero salir a trabajar no significa salir en libertad. Los sacan en cuadrillas de lunes a viernes, de sol a sol. Los levantan antes del amanecer, los suben a autobuses y los llevan a construir hospitales, fumigar campos, reparar calles. No reciben salario. Cuando el cuerpo se quiebra —la piel llena de hongos por el hacinamiento, los pies infectados por las jornadas—, la solución no llega del Estado sino de las familias que siguen pagando el uniforme, las botas, los medicamentos, incluso la ropa con que los sacan.
Para los privados de libertad es la esperanza desesperada: la esclavitud como única salida. Celebran la posibilidad de ver el sol después de años encerrados entre muros que no dejan pasar ni un rayo. Desde aquel tuit de marzo de 2022 en que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó cerrar todas las celdas veinticuatro/siete, cientos de personas —muchas sin condena— han vivido en un encierro que viola los plazos que la propia ley establece. El Plan Cero Ocio es para ellos, la única vía de escape a un encierro con fecha de salida incierta: la promesa de que, si se portan bien, quizás los dejen salir a trabajar.
Desde entonces, todo ocurre en un vacío. La emergencia máxima, que suspendió las visitas se prorrogó sin control, violando la Ley Penitenciaria. Y las denuncias son escasas. La paradoja es que los reos y sus familias agradecen. Porque salir en esas condiciones significa ver la calle.



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El régimen de excepción convirtió la detención provisional en una espera sin fecha de salida. Para miles de personas, la cárcel ya no es una medida temporal, sino una forma de condena indefinida que se renueva mes a mes, sin juicio claro ni garantías. Afuera de las cárceles, las familias organizan su vida alrededor de paquetes, depósitos y la posibilidad, cada vez más costosa, de recibir una carta. Adentro, los detenidos escriben con lo que quieren y necesitan: listas de encargos, preguntas sobre sus procesos, noticias urgentes sobre otros internos.




Hay una preocupación constante: el abandono. “No me vayan a dejar abandonado”, escribe uno. “Cuando yo salga, espero hallarlas con vida”, dice otro. También hay advertencias: “Hablen con la familia para que lo ayuden hoy que pueden. Ya con flores y con tumbas va a ser por gusto”.
Las cartas no hablan abiertamente de violencia, pero sí de desgaste: enfermedades que se agravan, comida insuficiente, años sin cambios. También dejan claro qué sostiene a quienes están adentro: que el paquete llegue, que el depósito se haga, que alguien responda, y que no los den por muertos. La idea de justicia se diluye. Lo único que les queda es una espera que puede durar toda la vida y un espacio donde se aferran a enviar pruebas de vida.



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*Estas cartas fueron transcritas en su totalidad o por fragmentos, según la petición de cada familia. Los nombres de los remitentes y los destinatarios fueron cambiados. Ellos temen que, si se publican las cartas manuscritas, se identifique la caligrafía de los autores y se rompa el único hilo con el que reciben pruebas de vida.
Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismos en Centroamérica.