Por Leonel Herrera

En un comunicado difundido la semana pasada, la Comunidad Santa Marta planteó la posibilidad de que la reactivación de la minería metálica también esté detrás de otros casos de persecución política, además del de los líderes ambientalistas.

Según Santa Marta, la minería podría ser también causa de la persecución contra los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas y la abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López, además de las razones específicas de cada caso (denuncia de la reelección presidencial, venganza política o denuncia de los abusos del régimen de excepción).

“Los veteranos de la Alianza se pronunciaron varias veces por la libertad de los ambientalistas; Eugenio Chicas fue testigo clave en su defensa; y Ruth López lideró, dos meses antes de su detención, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley General de Minería Metálica, respaldado por 150 mil firmas”, señala el pronunciamiento divulgado en conferencia de prensa.

Dicho planteamiento tiene mucho sentido. En el caso de los veteranos, ellos prácticamente tomaron como suyo el caso de los activistas antimineros: por principio de solidaridad como excombatientes y porque asumieron que una eventual condena contra los líderes de Santa Marta sentaría un precedente jurídico nefasto para todos los exmiembros de las organizaciones beligerantes del conflicto armado. 

“Quieren declarar criminales a todos los excombatientes”, declaró en varias ocasiones “Pepe” Melara, refiriéndose a que la acusación contra los defensores ambientales incluía también el delito de “asociación ilícita”. 

El exjefe guerrillero y exdiputado de izquierda interpretaba que la acusación contra los ambientalistas violentaba los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional, abría la posibilidad de criminalizar el pasado revolucionario de muchos luchadores sociales y completaba el relato negacionista de que “la guerra no existió”, “los Acuerdos de Paz son una farsa” y los participantes en la guerra que lograron los históricos Acuerdos “son delincuentes”.

Por eso, “Pepe” y los demás veteranos asumieron como propia la defensa de los líderes comunitarios. Por tanto, la persecución contra ellos podría ser también una represalia por apoyar a los ambientalistas y sumarse al rechazo ciudadano contra la minería metálica.

En relación al expresidente del TSE, ciertamente su participación como testigo fue clave para lograr la primera absolución de los activistas antimineros en octubre de 2025 en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. 

Como exmando de la Resistencia Nacional (RN), Chicas demostró que ninguno de los procesados se encontraba en Santa Marta en la fecha que, según Fiscalía, se cometieron los delitos imputados, ya que varios meses antes se habían trasladado a campamentos en Chalatenango y luego al cerro de Guazapa para ir finalmente a San Salvador a participar en la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.

Por tal razón, es lógico sugerir que la persecución contra este exdiputado, expresidente del TSE y exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, también esté motivada por su rol decisivo en el primer juicio contra los activistas antimineros y por él mismo sumarse al rechazo a la mortífera minería metálica.

Y con respecto a Ruth López, ella también denunció la minería y encabezó la presentación colectiva de un escrito de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, poco después de que la Iglesia Católica hiciera lo suyo en la Asamblea Legislativa. Dicha acción pudo haber acelerado la detención de la célebre abogada que lleva dos años presa.

Es probable que otras acciones de persecución también tengan entre sus motivos la necesidad de anular las resistencias y despejar el camino para la nociva industria extractiva. Una es la aprobación y vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

Sus efectos, un año después de su implementación, sugieren que los verdaderos objetivos de dicha normativa son: desfinanciar, paralizar, obligar al exilio o cerrar a las organizaciones no gubernamentales que acompañan las luchas sociales. El actual repliegue y silencio de varias ONGs y espacios ambientalistas es una de las consecuencias más notorias de la LAEX. 

Otro es el régimen de excepción. Sus cuatro años de implementación ininterrumpida aún cuando las pandillas ya fueron desarticuladas, también sugiere que uno de sus propósitos reales es mantener a la mayoría de la población con miedo e inmovilizada frente a amenazas tan terribles como la minería de metales. El régimen de excepción sería la principal política gubernamental de contención de la protesta social.

Entonces, si los intereses extractivistas están detrás de la persecución política, la vigencia de la LAEX y el mantenimiento del régimen de excepción, la lucha contra la minería metálica es también por la libertad de los presos políticos y el fin de la persecución, por la restauración del espacio cívico y por el restablecimiento de la legalidad, el debido proceso y las garantías ciudadanas suspendidas desde marzo de 2022.