La exclusión de El Salvador de la “lista corta” de la OIT fue presentada por el Gobierno de Bukele como un logro histórico en materia laboral, pero eso no equivale a una certificación de cumplimiento. Documentos oficiales y organizaciones de trabajadores confirman que los mecanismos de control del organismo de trabajo siguen activos por una decena de observaciones y graves señalamientos por violaciones a la libertad sindical en el país. Los sindicalistas que no son afines al Gobierno siguen denunciando casos de persecución, hostigamiento y capturas arbitrarias. Algunos de los dirigentes sindicales aún están en prisión.
Editado por: Ezequiel Barrera | Agosto 18, 2026
El Gobierno de Nayib Bukele celebró, en junio de este año, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) excluyera a El Salvador de la “Lista corta”. El listado es un mecanismo anual de escrutinio público en el que la Comisión de Aplicación de Normas examina casos de países cuestionados por el incumplimiento de convenios laborales que han ratificado. La exclusión, sin embargo, no equivale a una certificación de cumplimiento. El Salvador arrastra más de 15 años de observaciones en los mecanismos de control de la OIT, principalmente por señalamientos relacionados con afectaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Sindicatos consultados por GatoEncerrado sostienen que persisten despidos injustificados, hostigamiento contra dirigentes sindicales y obstáculos a la organización de los trabajadores. Estas denuncias coinciden con nuevas quejas presentadas ante la OIT, en el mismo mes de junio, entre las que destacan la negativa del gobierno de reconocer e inscribir la directiva de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT).
El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el pasado 1 de junio una entrevista televisiva. Castro afirmó que El Salvador no había sido incluido entre los casos individuales que la Comisión de Aplicación de Normas discutiría durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada del 1 al 12 de junio en Ginebra, Suiza. Ese día, medios reportaron que el país había quedado fuera de la lista preliminar como de la lista corta de 23 casos seleccionados para rendir informe.
Después del anuncio, miembros del partido oficialista Nuevas Ideas —entre ellas Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa—, perfiles institucionales en redes sociales como el del Consejo Superior del Trabajo (CST) y creadores de contenido afines al oficialismo replicaron el mensaje, como si esa fuera la evidencia de que El Salvador había superado los cuestionamientos formulados durante años por órganos de control de la OIT. El CST, por ejemplo, presentó la exclusión como reflejo de “avances” en el ámbito laboral.
Rolando Castro agregó que este hecho fortalece la confianza de la comunidad internacional hacia el país. A través de su cuenta de X afirmó que la decisión representa “una señal para inversionistas extranjeros de que existe seguridad ciudadana, jurídica y reglas claras para empleadores y trabajadores”. En la misma publicación enlistó otros beneficios que, a su juicio, implica la salida de la lista corta.
Estamos muy cerca de obtener un gran logro para nuestro país.
— Rolando Castro (@RolandoCastroSv) May 15, 2026
Sacar por primera vez en la historia a nuestra nación de la Lista Corta de la OIT.
Tendríamos los siguientes puntos claves:
* Mayor inversión extranjera
* Estabilidad en Tratados o Acuerdos Comerciales.
* Inpulso a… pic.twitter.com/lBFPEVCstM
El 18 de junio, durante una sesión solemne del Consejo Superior del Trabajo, el vicepresidente Félix Ulloa presentó la exclusión de la lista corta como si fuera el cierre de una etapa de confrontación entre gremiales empresariales y sindicales. En su intervención, calificó al sindicalismo como “beligerante y partidario” y lo acusó de promover “innecesarias confrontaciones”.
Ulloa sostuvo que esa dinámica había cambiado y que los sectores empresarial y laboral ahora estaban mejor representados. “La nueva y alta representación del sector empresarial, igual que la alta representación del sector sindical, coordinado por el Ministerio de Trabajo, han demostrado que es posible tener una sola bandera, la bandera de El Salvador, y desde ella los intereses de todos van a estar garantizados”, afirmó.
La salida de la lista corta, sin embargo, solo significó que El Salvador no fue seleccionado para la discusión pública de casos individuales de la Comisión en esa conferencia. No cerró los mecanismos de supervisión ni resolvió las denuncias sobre la libertad sindical.
Algunos sindicatos y movimientos sociales como la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) o el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) rechazaron los comentarios vertidos por Ulloa y Castro y cuestionaron la decisión de excluir a El Salvador de la lista corta de la OIT, al considerar que el Gobierno de Bukele acumula nuevas violaciones a la libertad sindical, la estabilidad laboral y el debido proceso administrativo.
Además, al revisar documentos oficiales de la OIT, como los exámenes por parte de los órganos y comisiones de control, muestran que la exclusión de la lista corta no puso fin a la supervisión internacional sobre El Salvador. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones mantuvo observaciones sobre la aplicación del Convenio 87, relativo a la libertad sindical por las denuncias de violaciones a derechos sindicales, detención de sindicalistas, amenazas, persecución e intimidación.
En el 414.º informe del Comité de Libertad Sindical, publicado en marzo de 2026, se dejó constancia de alegaciones según las cuales, al 4 de febrero de este año, más de 50 dirigentes, activistas sindicalistas y obreros habían sido objeto de enjuiciamiento penal. El uso de procesos penales, las detenciones, amenazas, actos de intimidación y otras formas de hostigamiento contra personas sindicalistas forman parte de los asuntos que organizaciones de trabajadores han llevado al sistema de control de la OIT.
Ambos funcionarios afirman que ha existido diálogo con el sindicalismo y que eso permitió dejar de lado las diferencias del pasado, pero omiten que los acuerdos han sido tomados con una parte de todo el universo sindical del país, dejando de lado a otros grupos que siguen denunciando incumplimientos de los convenios ratificados.
Veinte años de convenios ratificados, observaciones acumuladas y quejas abiertas. Un repaso de los hechos que marcaron el ingreso y la permanencia del país en el escrutinio más intenso de la Organización Internacional del Trabajo.
El hito jurídico central fue la ratificación de los Convenios 87 y 98, que protegen la libertad sindical y la negociación colectiva. Desde ese momento, El Salvador quedó obligado internacionalmente a garantizar que los trabajadores pudieran organizarse, negociar y no ser perseguidos por hacerlo.
Pese a la ratificación, el país arrastró una limitación estructural: la jurisprudencia constitucional salvadoreña declaró inconstitucional una parte del Convenio 87, lo que dejó un problema persistente para aplicar plenamente la libertad sindical. Ese vacío fue uno de los antecedentes de las observaciones posteriores de la OIT.
De acuerdo con la información periodística que cita al propio ministro de Trabajo, El Salvador permaneció “de forma permanente” en la lista corta desde 2014. Eso significa que, año tras año, el caso salvadoreño siguió entrando al escrutinio más intenso de la Comisión de Aplicación de Normas.
En el sistema de libertad sindical de la OIT aparecen casos activos contra El Salvador, incluido el caso núm. 3395 presentado en 2020. Más adelante, el caso 3472 reunió múltiples comunicaciones entre 2023 y 2025, con denuncias sobre negociación colectiva rota, despidos de dirigentes y otras violaciones a la libertad sindical.
En 2023, la OIT volvió a llamar la atención sobre la falta de diálogo con empleadores y trabajadores. En 2024 reiteró peticiones como el cese de hostilidades hacia organizaciones laborales, la investigación de asesinatos de sindicalistas y la flexibilización de requisitos para crear sindicatos. También se reportó que, por novena ocasión consecutiva, el Gobierno compareció ante la comisión por denuncias ligadas al Convenio 87.
El Salvador fue incluido entre los países examinados por la llamada lista corta o lista preliminar de la OIT. Al mismo tiempo, la escena sindical quedó dividida: algunos sindicatos cercanos al Gobierno respaldaron la estrategia oficial, mientras otros denunciaron despidos, injerencia y persecución.
En mayo y junio de 2026, sindicatos afines al Gobierno integraron la delegación oficial que viajó a Ginebra para defender la exclusión del país. Poco después, El Salvador quedó fuera de la lista corta, pero sindicatos independientes sostuvieron que eso no cerraba las denuncias ni borraba los casos abiertos ante la OIT.
Cada año, la OIT examina el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por sus Estados miembros, entre los que está El Salvador. Ese proceso comienza con el trabajo técnico de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), un órgano independiente que revisa los informes de los gobiernos y las observaciones presentadas por organizaciones empresariales y sindicales.
Posteriormente, durante la Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza cada junio, la Comisión de Aplicación de Normas (CAN), tras haber examinado el informe realizado por la CEACR, selecciona un número reducido de países —generalmente 24 de los 187 miembros de la OIT— para que respondan a las observaciones realizadas en materia laboral. Ese grupo es al que se le conoce como “lista corta”.
En otras palabras, la lista reúne a un grupo de países señalados por incumplimientos de los convenios internacionales del trabajo y de los derechos sindicales, cuyos casos son evaluados durante la Conferencia Internacional del Trabajo. Estar fuera de la lista corta significa que el país no será objeto de debate durante la conferencia de ese año.
Esto no representa por sí mismo que hayan desaparecido las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos ni que el Estado haya concluido satisfactoriamente el proceso de cumplimiento de todos los convenios internacionales, según subrayó en un comunicado un grupo de organizaciones sindicales y federaciones de trabajadores de España, Brasil e Italia sobre la salida de El Salvador del listado.
“La decisión de no incluir a El Salvador en la lista corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo no modifica esta realidad. La exclusión de un país de dicho mecanismo no implica la desaparición de las violaciones denunciadas ni representa una certificación internacional del respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, reza el comunicado.
Comunicado de diferentes organizaciones sindicales, federaciones de trabajadores y redes solidarias del mundo.
Dos semanas antes de que Rolando Castro confirmara que El Salvador sería excluido de la lista corta, el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) expuso que, desde 2019, ha documentado el despido injustificado de más de 47 mil trabajadores del sector público y alrededor de 15 mil en el sector privado. Dentro de ese grupo, 550 eran sindicalistas que contaban con fuero sindical que fue irrespetado por las administraciones.
Responsabilizan directamente a Rolando Castro de impulsar una política de desarticulación del sindicalismo independiente que no se apega a la agenda del Gobierno de Bukele. Como resultado, hasta la fecha registran más de 200 sindicatos, federaciones y confederaciones que son víctimas de vulneraciones a su libertad sindical de distintas maneras, como la falta de entrega de credenciales, impidiendo así su labor de defensa de los trabajadores.
El Salvador salió de la Organización Internacional del Trabajo durante uno de los periodos más autoritarios de la historia salvadoreña. Fue cuando el país estaba bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, la represión sindical y la inestabilidad política que siguió a hasta la caída de Hernández Martínez en 1944. En esos años, los sindicatos fueron prohibidos o severamente restringidos y el país no reunía condiciones compatibles con los principios de libertad sindical que promueve la OIT. El reingreso llegó hasta el 21 de junio de 1948, en medio del reacomodo político posterior al golpe de Estado de ese año.
También remarcaron los casos de los sindicalistas Geovanni Aguirre, asistente técnico de la Alcaldía de San Salvador que fue detenido el 8 de mayo de 2022 y que cuenta con medidas sustitutivas desde febrero de 2023, pero que las autoridades de Centros Penales no han acatado; Misael Gómez, sindicalista y empleado de la alcaldía del ahora distrito de Ciudad Delgado que fue detenido en junio de 2022 tras haber participado en una manifestación del personal de desechos sólidos de San Martín; y César Hernández, capturado en junio de 2022 y que en marzo de este año fue condenado a 30 años de prisión en un juicio masivo, aunque su defensa asegura que la Fiscalía presentó “pruebas vagas”. El MDCT sostuvo que estos sindicalistas fueron capturados por defender derechos que asisten a la clase trabajadora.
Esos casos, sumados a las estadísticas, son algunas de las pruebas que presentó el movimiento para asegurar que El Salvador ha incumplido convenios internacionales ratificados y que las acciones que atentan contra el sindicalismo persisten en la actual administración.
Una revisión del perfil oficial de El Salvador en la base de datos sobre las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT muestra que la Comisión de Expertos continúa publicando observaciones sobre distintos convenios ratificados por el país. Destaca el convenio 87 relacionado a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado en septiembre de 2006.
En 2025, la Comisión instó al gobierno a resolver el caso de Victoriano Abel Vega, dirigente sindical asesinado en 2010. Además, expresó su preocupación por las quejas sobre cuatro sindicalistas detenidos durante el régimen de excepción: José Hernández Chacón, quien falleció bajo custodia del Estado pese a contar con una carta de libertad; José Leonidas Bonilla, también con carta de libertad sin ejecutar y que falleció en septiembre de 2022; Dolores Almendares, quien permaneció detenida siete meses en 2022; y Sabino Ramos, quien a la fecha aún se encuentra en prisión.
Resuena de igual manera el convenio 98 sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva. En 2025, la Comisión instó al gobierno a adoptar medidas efectivas para cesar inmediatamente los actos de “violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades sindicales legítimas y las actividades de las organizaciones de empleadores, y adoptar medidas para garantizar que tales actos no se repitan”.
En conferencia de prensa, Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), advirtió que en total persisten 14 observaciones que el Estado no ha cumplido. Entre esas: no ha presentado datos estadísticos sobre denuncias de discriminación antisindical, reinstalos y multas, tampoco ha adoptado medidas legislativas y prácticas para el pleno desarrollo de la negociación colectiva, ni ha liberado a los sindicalistas detenidos ni retirado sus cargos.
La MDCT también cuestionó que el Gobierno de Bukele no haya presentado los informes de cumplimiento de los convenios requeridos por la Comisión de Aplicación de Normas para los años 2022, 2023, 2024 y 2025.
Por otro lado, Wilfredo Berríos, del Frente Social y Sindical Salvadoreño, dijo a GatoEncerrado que la salida de El Salvador de la lista corta puede tener efectos adversos como más persecución hacia los trabajadores organizados o peores y más abusos laborales por parte de los empleadores.
🔴Wilfredo Berríos, del Frente Social y Sindical Salvadoreño, comentó que esta intención del Estado puede derivar en mayores abusos laborales y más persecución de los trabajadores organizados. pic.twitter.com/4SdPlhJ7xY
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) May 13, 2026
El bukelismo sostiene que la salida del país de la lista corta de la OIT se debe al diálogo social tripartito entre el gobierno, empleadores y trabajadores. También lo atribuyen al clima de seguridad jurídica y ciudadana. Rolando Castro ha declarado en diferentes oportunidades que este hecho fue posible gracias a la visión estratégica de Nayib Bukele y por el respeto al debido proceso en materia laboral.
Esa afirmación resulta contradictoria con la realidad que vive el personal de salud que fue despedido de forma masiva y sin justificación alguna, o docentes del sector Educación, quienes han denunciado que el gobierno utiliza la figura de “supresión de plaza” para quitarlos de sus puestos pasando por encima de la Ley de la Carrera Docente. También se contradice con las modificaciones aprobadas por el oficialismo en agosto de 2021 a la Ley de la Carrera Judicial que obligaron al retiro a jueces de 60 años en adelante o con más de 30 años de servicio, bajo el único argumento de que era una depuración judicial para combatir la corrupción, aunque nunca se presentaron pruebas que justificaran la relación entre la edad o años de servicio con la honorabilidad de los jueces.
Organizaciones como el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora manifiestan que detrás de la narrativa del Gobierno de Nayib Bukele hay acciones de lobby internacional y un proceso de negociación con “acuerdos oscuros” entre la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) junto a grupos empresariales y representantes de otros sindicatos.
Desde el punto de vista de Sonia Viñerta, el gobierno ha ocultado la realidad sindical ante organismos internacionales al centrarse únicamente en las reuniones del Consejo Superior del Trabajo (CST) juramentado el 27 de agosto del año pasado, una tarea que la OIT exigió al Estado salvadoreño en años anteriores. Añadió que presentaron como avance el diálogo entre el sindicalismo plegado al Gobierno de Bukele, omitiendo que el universo sindical es más amplio.
A finales del pasado mes de mayo, Miguel Escobar, secretario general de la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), señaló que, a su criterio, la verdadera intención del Gobierno de Bukele de salir de la lista corta es para poder acceder a más préstamos internacionales. Este es un recurso que la actual administración ha explotado casi cada semana desde que controla el poder legislativo para cumplir con sus compromisos y promesas, a pesar de cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos y el aumento de deuda.
Incluso Sonia Viñerta compartió la opinión al argumentar que el oficialismo, de la mano de algunos sindicatos, intenta suavizar su imagen internacional para obtener “facilidades crediticias”.
“Si ustedes se fijan, el discurso de estos sindicatos es que debemos sacar a El Salvador de la lista corta por imagen, por inversión y por acceso a préstamos. Nosotros queremos que sea por un respeto legítimo y correcto a los derechos laborales y sindicales. Claro, la inversión es necesaria, pero la pregunta que surge aquí es: ¿Para quién? ¿A quién está beneficiando esa inversión? ¿A quién va a beneficiar esos préstamos?”, dijo Viñerta en esa ocasión.
La salida de la lista corta representa un cambio concreto traducido en que El Salvador ya no fue uno de los países sometidos al examen público de la Comisión de Aplicación de Normas durante la pasada Conferencia Internacional del Trabajo. Pero los documentos oficiales mencionados son una muestra de que la Comisión de Expertos continúa supervisando el cumplimiento de diversos convenios ratificados por el país. Sin obviar las denuncias de los sindicatos sobre despidos, inestabilidad laboral y la falta del debido proceso administrativo.
