
Octubre 22, 2026
El próximo 25 de octubre, Brasil elegirá en segunda vuelta entre dos proyectos de país, y la Seguridad Pública revela con claridad qué los separa. Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), coinciden en situar la Seguridad Pública en el centro de sus planes de gobierno, pero lo hacen desde concepciones muy distintas sobre lo que significa “proteger a la población”. De un lado, una apuesta que combina represión y prevención social, no exenta de concesiones al punitivismo; del otro, una retórica de guerra que encuentra en el “modelo de Nayib Bukele”¹, su principal fuente de inspiración.
Este texto examina esos proyectos en tres frentes. El primero es la disputa por los territorios: cómo cada candidato propone enfrentar a las facciones criminales en las periferias y favelas, y qué lugar ocupan allí la prevención, la prisión y el uso de la fuerza. El segundo es la tecnología: el reconocimiento facial masivo, las cámaras corporales y la regulación de las plataformas digitales, instrumentos que pueden servir tanto para la protección de derechos como para la hipervigilancia de la vida cotidiana y la liberación de datos personales a grupos empresariales de seguridad. El tercero es el feminicidio, que en esta campaña dejó de ser un tema marginal para convertirse en eje de las propuestas, y que deja ver la distancia entre una respuesta estructural y preventiva y otra centrada en el endurecimiento penal.
Lo que atraviesa los tres frentes es una misma pregunta, que dirigimos a usted, lector/a/e: ¿quién define qué es una amenaza, a quién alcanzarán estas políticas y a qué precio? En un momento en que modelos autocráticos de gubernamentalidad circulan por América Latina como si fueran soluciones exitosas, discutir la seguridad pública también es discutir qué democracia queremos sostener.
La disputa entre el gobierno federal brasileño y los grupos criminales organizados, llamados “facções” (facciones), por el control de territorios en ciudades y comunidades no es nada nueva. Por el contrario, constituye la base fundamental de las políticas de seguridad pública y de defensa nacional, impulsadas por todos los gobiernos desde el fin de la dictadura militar en la década de 1980.
Frente a este contexto histórico, los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL) llevan esa discusión a sus campañas presidenciales de 2026. Ambos colocan el control de los territorios y la lucha contra las facciones en el centro de sus planes de gobierno, pero cada uno conlleva sus propias implicaciones para el/la ciudadano/a común”.
En su plan de gobierno, Lula propone un modelo híbrido que combina la “represión calificada” por parte de las fuerzas de seguridad contra los grupos criminales con la participación de las comunidades locales. Eso ocurriría mediante inversiones en: (i) modernización de las periferias y favelas (asentamientos precarios); (ii) recalificación de los espacios públicos; (iii) ampliación del acceso a servicios públicos esenciales.
El objetivo, según el plan de gobierno, es promover actividades económicas lícitas para limitar los mercados explotados por el crimen organizado. El plan del candidato del PT prevé una “recuperación de los territorios” por medio de la ocupación por el Estado social, bajo el entendimiento de que la seguridad de las comunidades resulta de la garantía de infraestructura y de servicios de prevención que combatan la presencia del crimen en estos espacios.
A pesar del enfoque social, no podemos ignorar que el plan de gobierno de Lula no abandona las medidas punitivas. El texto menciona el fortalecimiento y la expansión del sistema penitenciario, área considerada “estratégica” para el combate al crimen organizado y la garantía de los derechos, así como la recreación de un Ministerio de Seguridad Pública para coordinar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP).
El documento también promueve el aislamiento de líderes criminales por medio de un protocolo nacional para la clasificación y la transferencia de presos de alta peligrosidad. En este aspecto, la propuesta no difiere mucho de la presentada por el candidato del PL, ya que ambos plantean ideas que exigen una alteración significativa del diseño institucional del país.
Mientras tanto, Flávio Bolsonaro tiene un enfoque mucho más centrado en el enfrentamiento directo con los grupos criminales, declarando una “guerra abierta” contra el crimen organizado, que pasaría a ser calificado como “narcoterrorismo”, en línea con los intereses de Estados Unidos respecto del uso de esa categoría. La elección de esa nomenclatura es muy importante, pues crea las condiciones que justifican la lucha contra el enemigo a cualquier costo. Podemos observar esa construcción en el título de la sección sobre seguridad pública de su plan de gobierno, “Brasil sem medo” (Brasil sin miedo).
Eso también repercute en la comprensión de la juventud, pues el candidato del PL propone reducir la mayoría penal a 16 años, además de prever la punición de jóvenes de 14 años o más que cometan crímenes graves, como el homicidio o la violación. Sin embargo, el texto no menciona, en ningún momento, cómo prevenir que tales crímenes ocurran.
La retórica es puramente reaccionaria, enfocada en combatir el crimen mediante la construcción de cinco prisiones de máxima seguridad, que serían administradas por el nuevo Complejo Federal de Seguridad Máxima, denominado TREVA (acrónimo que puede ser comprendido en español como “obscuridad”) e inspirado en las acciones autoritarias y represivas de Nayib Bukele. En ese sentido, la gobernanza del territorio se enfoca en el uso de la fuerza por parte del Estado, por medio del combate urbano directo contra las “organizaciones narcoterroristas”, una estrategia que, como muestra el Estado de Río de Janeiro, de donde Flávio Bolsonaro es senador, no ha funcionado.
A pesar de que Lula considera la adopción de criterios “objetivos” y basados en “evidencias” en sus propuestas contra las facciones, su plan no especifica cuáles serían estos criterios selectivos. Frente a esa ambigüedad y el uso de un lenguaje que coquetea con el punitivismo, es posible observar cómo la extremización de la cultura y la celebración del castigo por parte de la extrema derecha en América Latina, especialmente la exportación y la aclamación del “Modelo Bukele” por diferentes candidatos presidenciales en Brasil, incluyendo a Flávio Bolsonaro, han llevado a la izquierda a volverse más conservadora en materia de seguridad pública.
Hasta cierto punto, esta pasa a aceptar el uso de medidas represivas para atraer un mayor apoyo popular a sus propuestas. Un ejemplo de ello es el apoyo que Camilo Santa, líder del PT en el Senado, y Lula han dado a la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre Seguridad Pública, que prevé reducir la mayoría penal de 18 a 16 años para crímenes graves, como el homicidio calificado, el latrocinio, la extorsión mediante secuestro y la violación. Eso evidencia un fenómeno transnacional de radicalización de la derecha y de respuestas limitadas por parte de las izquierdas latinoamericanas, que muchas veces parecen dispuestas a flexibilizar valores democráticos en busca de réditos políticos mayores.
El tema de la innovación y el avance tecnológico comenzó a ganar relevancia en la campaña presidencial brasileña de 2026. El avance de los discursos tecnofuturistas está lejos de ser neutro y apolítico; la verdad, se utiliza para pensar nuevas formas de gobernanza sobre las personas, la seguridad pública, la defensa y la soberanía de los países. En este sentido, es curioso que las experiencias en autocracias actuales sirvan como base para modelos de políticas de control y vigilancia en nombre de la seguridad pública de la población en propuestas de gestión en estas elecciones.
Como ejemplos de cómo estas políticas pueden ser mal utilizadas, podemos citar la instalación de cámaras de videovigilancia y reconocimiento de vehículos, el uso de drones para el patrullamiento y de “agentes virtuales” hechos con inteligencia artificial para el monitoreo por parte de la PNC en El Salvador. En ambos casos, esas tecnologías se han utilizado para monitorear al “ciudadano común” en sus actividades diarias. O sea, monitorean a alguien como usted, lector/a/e de este artículo, mientras realizamos actividades que no son consideradas como criminales o ilegales, como hacer compras en el supermercado o cuando nos dirigimos al trabajo o a la escuela o universidad. Los datos recopilados se utilizan entonces para crear un perfil sobre nosotros, predecir nuestros comportamientos y clasificarnos como posibles amenazas al Estado.
Esta discusión se vuelve sumamente importante en un contexto en el cual los dos candidatos que disputarán la presidencia en el segundo turno el día 25 de octubre, tienen planes de gobierno opuestos sobre el enfoque a seguir en la implementación, en el uso y en la fiscalización de las nuevas tecnologías. Estas, a pesar de ser consideradas autónomas, tienen toda una maquinaria programática e ideológica detrás.
Flávio Bolsonaro (PL), propone en su plan de gobierno la implementación de la “Muralha Brasileira” (Muralla Brasileña). El proyecto consiste en un sistema nacional de reconocimiento facial integrado a un banco de datos criminales para “localizar forajidos y prever crímenes”, sustentado en la instalación de más de un millón de cámaras en espacios públicos de todo el país³. La implantación de este sistema se enfoca en la hipervigilancia de las personas y de los espacios en lo cotidiano, transformando el uso de la tecnología en una política gubernamental de monitorización, vigilancia y control.
Además, el candidato propone la extinción de cualquier estructura o institución estatal orientada a la monitorización de discursos de odio y de desinformación, tanto en los espacios públicos como en las plataformas digitales, calificándolas de “Ministerios de la Verdad”. La expresión se refiere a la institución que dictaba lo que era aceptable y correcto en la novela 1984, de George Orwell. Eso suena irónico: al final, ¿no es justamente ese control sobre las personas, los discursos y los espacios lo que el candidato del PL busca con la “Muralla Brasileña”?
Este punto es central, ya que será retomado por Lula (PT); sin embargo, él tomará un camino diferente. Propone utilizar esas instituciones para combatir los delitos cibernéticos y financieros, garantizando la seguridad de los derechos en las plataformas digitales. El programa de gobierno del candidato prevé combatir la explotación sexual y el odio contra la niñez, las mujeres y las poblaciones LGBTQIAP+, así como los crímenes de racismo, el fraude bancario electrónico y los delitos cibernéticos contra el Estado brasileño. Diferente de su adversario, el candidato del PT busca regularizar e institucionalizar los sistemas de fiscalización en las plataformas digitales, asegurando así que el uso de la tecnología se transforme en una política gubernamental de protección de derechos y de la agencia personal.
Bajo esta lógica, la propuesta de Lula de fomentar el uso de cámaras corporales por parte de agentes de las fuerzas de seguridad adquiere un rol importante. Ese uso será respaldado por protocolos nacionales para la adecuada utilización, gestión y preservación de las imágenes de las personas y de los hechos. También se propone la creación del Centro Nacional de Transparencia Algorítmica, que se encargará de construir una infraestructura soberana brasileña de inteligencia artificial, basada en las leyes nacionales, enfocada en proteger los derechos fundamentales y servir al interés público. Esas son cuestiones de suma importancia cuando se trata del registro de imágenes de ciudadanos/as/es y de espacios públicos por parte de autoridades policiales y militares.
Es importante reconocer que, a pesar de que las medidas propuestas por Lula puedan parecer insuficientes para combatir el crimen organizado en Brasil, antes de alguien diga “quien nada debe, nada teme”, tenemos que recordar que el problema con el proyecto de Flávio Bolsonaro es anterior a su implementación en las calles. O sea, el problema central reside en la lógica punitivista y controladora que basa el planeamiento y la creación de estas medidas
Normalmente, en las campañas electorales, el problema de la seguridad pública se reduce a la discusión sobre homicidios, asaltos y grupos criminales. Sin embargo, en la campaña presidencial brasileña de 2026, muchos candidatos colocaron el combate a los feminicidios como eje principal de sus eventuales gobiernos. La pauta gana aún más relevancia por el dato de que, en 2025, el país registró 1,568 casos, el mayor número desde que el crimen fue incluido en el Código Penal brasileño en 2015. En ese contexto, tanto Lula (PT), como Flávio Bolsonaro (PL), han propuesto diferentes enfoques para atenuar este problema social.
El plan de gobierno de Lula no trata al feminicidio simplemente como una problemática de seguridad pública, sino como un problema estructural. El candidato propone combatir el machismo y el sexismo, promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la autonomía económica, así como asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esas acciones estarían respaldadas por la continuidad del “Pacto de Enfrentamiento al Feminicidio”, firmado por los tres Poderes en febrero de este año, que incluye la apertura de 30 Casas de la Mujer y 15 Centros de Referencia de la Mujer Brasileña, así como la implementación de las Salas Lilás y la distribución de kits para mejorar el monitoreo de los agresores en cada estado.
El plan pone un fuerte énfasis en la autonomía financiera femenina, proponiendo “políticas que apoyen a las mujeres en su inserción en el mundo laboral”, lo que incluye una mayor inversión en actividades agrícolas y en el emprendedurismo. Estas medidas apuestan por la expansión de la red física de acogida, un trabajo a ser realizado en conjunto con los gobiernos locales, vinculando la protección de las mujeres a la asistencia sistémica del Estado.
Con respecto al candidato del PL, sus propuestas están englobadas en las secciones llamadas “Brasil por Ellas” y “Brasil sin Miedo”. En su plan de gobierno, se propone la creación de la Central de la Mujer, que ofrecería orientación jurídica y apoyo psicológico. Ese espacio no se limitaría a unidades permanentes e itinerantes, sino que también prevería el desarrollo de una aplicación con todos los servicios ofrecidos. Adicionalmente, el candidato propone la creación de una inteligencia artificial, la ClarIA, con el objetivo de funcionar como “una amiga disponible 24 horas al día”, ofreciendo atención personalizada, auxiliando en la toma de decisiones y sirviendo como plataforma de integración rápida para denuncias y la validación de riesgos.
En ese sentido, Flávio defiende un endurecimiento en la monitorización de agresores bajo medidas protectivas por medio de brazaletes electrónicos; él también promueve la castración química de personas que abusan de mujeres y la niñez. A pesar de haber sido ampliamente difundida durante la campaña, la idea parte de la premisa de que la violencia contra las mujeres tiene una motivación puramente sexual, ignorando el papel de las dinámicas de control y poder en esos delitos. Tales propuestas muestran que la política central del candidato del PL se enfoca en el endurecimiento severo del Derecho Penal y en el control físico del agresor, en lugar de actuar en la prevención estructural para que esas situaciones no ocurran desde un inicio.
Además, no podemos ignorar que la mayoría de los feminicidios ocurren dentro de casa, lo que los convierte en crímenes de proximidad y de alta probabilidad. Según el informe Retrato dos Feminicidios no Brasil, entre 2021 y 2024, en un 80.7% de los casos en los cuales fue posible identificar al agresor, este era un excompañero o el actual compañero de la víctima. Además de eso, hay una dimensión racial, ya que 62.2% de las víctimas eran mujeres negras. Por lo tanto, la protección de las mujeres no puede limitarse a apenas un policiamiento intensivo; esta debe ser acompañada por un cambio en las políticas públicas federales, que incluyan discusiones sobre racismo y discriminación.
Ambas campañas prevén el enfrentamiento a los feminicidios por medio de enfoques distintos: por un lado, las medidas de Lula apuestan por la prevención y la protección por parte del Estado; por el otro, Flávio propone endurecer la prisión y ampliar la participación de la inteligencia artificial. Sirve de inspiración para el candidato del PL el caso de El Salvador, bajo el fuerte punitivismo de Bukele. Sus dos políticas públicas de seguridad, la censura de la información pública y el fortalecimiento del enfoque punitivista, constituyen el modelo a ser importado por la ultraderecha en Brasil. Ambas dialogan entre sí, en la medida en que, por un lado, la ausencia de datos específicos sobre el número de feminicidios mantiene una especie de fantasía de la violencia homicida, que contribuye a reforzar el punitivismo estatal.
Es necesario que el atendimiento estatal llegue antes del asesinato, por medio de un refuerzo educativo para el reconocimiento de señales de violencia, fortaleciendo y garantizando procesos de denuncia más accesibles y que produzcan protección efectiva para las mujeres. De esta forma, es necesario que existan servicios de atención disponibles y robustos para las mujeres y sus familias, porque los feminicidios envuelven redes de relaciones familiares y son sustentados por el machismo y por el sexismo histórico de la sociedad brasileña que viene siendo valorado por los mecanismos de naturalización de las posiciones de género desiguales por parte del ultraconservadurismo actual.
La tentativa de Flavio Bolsonaro de emular el “modelo Bukele” no constituye una simple apropiación retórica de políticas de seguridad, sino una estrategia para legitimar prácticas coercitivas y punitivas presentadas como respuestas excepcionales ante la inseguridad. La experiencia salvadoreña advierte sobre una trayectoria posible: desde la ruptura de un pacto clandestino con las Maras hasta la intensificación represiva y la violencia estatal selectiva contra periodistas, antiguos aliados, activistas de derechos humanos y otras voces críticas que cuestionan las decisiones autocráticas gubernamentales.
Este riesgo se agrava cuando la eficacia política se mide por resultados inmediatos y niveles de popularidad, mientras se minimizan los costos humanos e institucionales de la represión. Además, el coqueteo de sectores de izquierda con concepciones punitivistas extremas puede ampliar el consenso en torno a la utilidad de este tipo de medidas excepcionales para controlar la violencia y menospreciar el debate sobre la prevención, los derechos humanos y los controles democráticos. La normalización de la coerción y la discrecionalidad gubernamental trasciende fronteras ideológicas y contribuye a debilitar el Estado de derecho, convirtiendo la seguridad en argumento para restringir garantías y criminalizar disidencias.
La reproducción discursiva del “modelo Bukele” también puede operar como un mecanismo de blanqueamiento político, al presentar prácticas cuestionables o inconstitucionales como fórmulas exitosas, reducir el espacio para debatir sus costos humanos, jurídicos e institucionales y favorecer su aceptación colectiva. Por ello, en el contexto brasileño analizado, la pregunta central no es únicamente cuántas personas serán encarceladas, cuántas castradas, ni cuánto territorio recuperará el Estado; sino quién define la amenaza, con qué pruebas y bajo qué garantías. La ampliación del aparato penitenciario y la presencia militar permanente no son indicadores suficientes de seguridad; también exigen examinar a quién se criminaliza, qué derechos se restringen y qué formas de convivencia democrática serán eliminadas.
Esta discusión se vuelve aún más urgente ante el uso de tecnologías y sistemas de procesamiento de información para identificar, vigilar o clasificar personas. ¿Quién recopila estos datos, con qué criterios se interpretarán y qué mecanismos permitirán impugnar decisiones automatizadas o corregir errores? Ninguna máquina es infalible, y la opacidad algorítmica puede reforzar desigualdades y decisiones arbitrarias cuando falta supervisión pública. Frente a la importación regional de modelos autocráticos de gubernamentalidad, corresponde preguntarse qué sociedad se está construyendo y para quién. ¿Es esa la única aspiración posible para Brasil y El Salvador, o pueden imaginarse políticas de seguridad compatibles con los derechos, los controles democráticos y la justicia social?
Notas:
Para el debate acerca de esta idea de “modelo” ver Dammert, L. (2023). El «modelo Bukele» y los desafíos latinoamericanos. Nueva Sociedad, (308), 4–15; Ruidiaz Salazar, A. B., y Reategui Salcedo, A. C. (2025). Seguridad y Estado de derecho en El Salvador: el dilema del Plan Bukele (2019–2025). Revista de derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 1(2), 35–48. https://doi.org/10.20511/rdiri.2025.v1n2.2238.
El texto original de esta sección fue publicado en portugués en el medio brasileño A Terra é Redonda.
Sobre esto ver la filtración de dados e uso de câmeras de vigilancia pública em São Paulo.
Es estudiante de la maestría en Psicología en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Es posdoctorando en Sociología y Derecho en la Universidade Federal Fluminense (UFF).
Es profesor del Departamento de Psicología de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).