Mucho se ha hablado sobre Nayib Bukele en el periodo electoral brasileño de 2026. Desde conductores de Uber intentando explicar las maravillas que Bukele hizo y hace en El Salvador, pasando por los medios de comunicación nacionales e internacionales haciendo reportajes sobre el “nuevo” país, hasta menciones de candidatos presidenciales en Brasil proponiendo e inspirándose en el “modelo Bukele” en sus planes de gobierno y en entrevistas; parece que Bukele tiene las soluciones para todos los problemas en Brasil. Sin embargo, ¿qué es realmente ese “modelo Bukele” que ha sido ampliamente abrazado por la ultraderecha y criticado tímidamente por la izquierda brasileña?

Es importante entender que ese “modelo de seguridad pública” está muy lejos de ser una política pública sustentable y basada en datos. Todo lo contrario. La orden pública instaurada por Nayib Bukele deriva de un pacto clandestino con las pandillas, de un oportunismo electoral y de la captura de los tres poderes del Estado, lo que confiere una plasticidad inherente a las narrativas diseminadas y las acciones implementadas, que se adaptan a diferentes aspectos de la vida, como, por ejemplo a la economía (efectos de la adopción del Bitcoin), la religión (instrumentalización de discursos mesiánicos), la vida cotidiana (militarización permanente de colonias) y al ocio (entretenimiento como legitimación).

Los resultados y la efectividad mostrados ampliamente por el político salvadoreño son simplemente la punta del iceberg, pero existen muchos componentes sumergidos que no son percibidos: más de 123,830 personas presas hasta junio de 2026 (representando un poco más del 2% de la población del país); 554 casos de muertes en el interior de las prisiones desde el inicio del Régimen de Excepción en marzo de 2022 (muertes que el gobierno no reconoce); el gobierno utilizó más de 622 millones de dólares para comprar un aproximado de 7,743 bitcoins (que pasaron a tener un valor aproximado de 492 millones de dólares, o sea, se gastó más de lo que se ganó); la mineración de metales a cielo abierto volvió a ser legalizada en diciembre de 2024, colocando en riesgo las fuentes de agua que abastecen a más del 60% de la población. 

Otro ejemplo de esto es la postura que Nayib Bukele adoptó respecto de la población LGBTQIA+ desde que era alcalde de la capital, San Salvador, hasta que se reeligió inconstitucionalmente como presidente. 

En noviembre de 2014, cuando era candidato a alcalde de San Salvador, Nayib Bukele se vendía como una persona progresista, llegando a afirmar que “la lucha por los derechos civiles de nuestra época es la lucha de la comunidad LGBTI” y que quería “estar del lado correcto de la historia” en una reunión con la Asociación Generación Hombres Trans El Salvador. En esa misma reunión, Nayib Bukele prometió que, una vez que llegase al poder, eliminaría toda la discriminación en el gobierno y en las instituciones municipales, buscando cambiar el trato que las personas trans y travestis recibían en espacios públicos por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la fuerza de seguridad del municipio. 

Nayib Bukele ganó las elecciones municipales con el 53,6% de los votos bajo la bandera del partido de izquierda y exguerrillero, FMLN. Una vez en el poder, esas promesas no se institucionalizaron de forma permanente en el organigrama de la alcaldía. A pesar de haber creado la Secretaría Municipal de la Mujer en 2016, las demandas de la población LGBTQIA+ fueron bloqueadas o ignoradas por la administración. 

Esta aproximación a grupos LGBTQIA+ fue apenas una utilización de esos colectivos para obtener un mayor apoyo en la campaña electoral. Activistas han denunciado que la reunión fue organizada por el propio equipo de campaña de Nayib Bukele. Debido a la efectividad de esta primera reunión, algunos colectivos fueron invitados a elaborar su plan de gobierno, titulado “Nuevas Ideas para los Nuevos Tiempos”, que incluía el eje “Ciudad Inclusiva”. Sin embargo, cuando Bukele llegó al poder, se rehusó a continuar los diálogos con los colectivos, así como a cumplir las promesas hechas. 

En esa postura de Nayib Bukele, se observa cómo el oportunismo político encuentra posibilidades y se desarrolla junto con la maleabilidad de sus acciones. Bukele se vendió como un “aliado” de las poblaciones LGBTQIA+ salvadoreñas para obtener su apoyo en la campaña electoral; al mismo tiempo, buscó evitar las polémicas o confrontaciones directas con grupos más conservadores, como fundamentalistas religiosos o grupos “pro-vida”, que también apoyaban su campaña, al incumplir las promesas hechas a los colectivos. 

Todo eso fue posible gracias a un manejo cuidadoso y planeado de sus mensajes en redes sociales, que han sido un eje fundamental en la consolidación de su imagen, tanto a nivel nacional como internacional. La trayectoria política de Nayib Bukele revela una transición calculada entre la construcción discursiva de una lideranza progresista y la consolidación de un proyecto autoritario que vacía los compromisos políticos con los principios democráticos. 

Su cambio progresivo que comienza en 2017 con su expulsión del FMLN y se consolida con la legalización de su propio partido de corte neoliberal, Nuevas Ideas, en 2018, no implicó apenas una ruptura organizacional, sino que una mutación y una revelación narrativa: de autoproclamado aliado de las “luchas por los derechos civiles de nuestro tiempo”, él pasó a reducir las demandas políticas de la población LGBTQIA+ a menciones tangenciales en su programa de gobierno para el período presidencial constitucional 2019-2024, Plan Cuscatlán. 

Nayib Bukele fue electo presidente en 2019 bajo la bandera de GANA, un partido conservador de derecha. El inicio de su gobierno fue marcado por la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social y por la transferencia de las cuestiones LGBTQIA+ al Ministerio de Cultura. Ese fue un cambio decisivo, pues sustituyó una institución con responsabilidades específicas por una unidad con funciones meramente administrativas y discursivas, desprovista de cualquier capacidad efectiva de influenciar políticas públicas y mucho menos leyes.

La trayectoria de las identidades LGBTQIA+ bajo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador apunta a un escenario de profunda marginalización estructural. La deriva autoritaria del régimen revela que, bajo el pretexto lato de modernización y eficiencia, hubo un desmantelamiento institucional sistemático de los mecanismos básicos que permitían a las personas LGBTQIA+ expresarse, aunque fuera mínimamente, como sujetos de derecho. 

Esa supresión no es meramente administrativa; forma parte de una estrategia de control social, en la que la invisibilidad política opera como mecanismo para neutralizar las categorías de orientación sexual, identidad de género y expresión de género de la escena pública. 

En la práctica, eso significa que el Estado salvadoreño, bajo Nayib Bukele, relegó las identidades sexuales y de género disidentes a un espacio de subciudadanía, en que su existencia es tolerada apenas en la medida en que estas no desafíen el orden sexual, moral, estético y político del Régimen. 

La eliminación de instituciones gubernamentales con capacidad de influir en la cuestión (como la Secretaría de Inclusión Social), la ausencia de legislación que garantice el reconocimiento institucional de identidades diversas, la reducción del tema a actividades culturales periféricas, la censura estatal virada a expresiones artísticas disidentes y la clausura de espacios de encuentro e intercambio para personas LGBTQIA+ consolidan lo que podría ser llamado un modelo de “armario institucional autoritario”. 

Ese modelo fue estructurado mediante los autoataques institucionales del Ministerio de Educación para eliminar, en octubre de 2022, la política nacional de Educación Integral de la Sexualidad, que, por lo menos, enseñaba la existencia de diferentes orientaciones sexuales. El Ministerio de Salud removió, en febrero de 2024, las categorías “transgénero”, “bisexual”  e “HSH” (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) de diversos documentos y protocolos institucionales, por medio de la estrategia de “actualización” de las políticas institucionales. 

Ese modelo de armario institucional autoritario fue consolidado por la declaración pública de Bukele en la conferencia de la CPAC (Conservative Political Action Conference) de 2024, en la cual afirmó que la “ideología de género” sería combatida durante su segundo mandato presidencial inconstitucional.

Si esa tendencia continúa, el futuro inmediato no será tanto el desaparecimiento de las identidades LGBTQIA+ en El Salvador, que resisten en los márgenes y en las redes comunitarias, como su transformación en objetos de sospecha, criminalización y persecución dentro de un Estado que normaliza cuerpos, placeres y subjetividades de acuerdo con principios nada democráticos. Ese es el modelo de Bukele que se esconde tras la propaganda en las redes digitales.

En Latinoamérica, es evidente que el liderazgo de líderes autoritarios con fuerte apoyo popular, la estigmatización de las diferencias sexuales y de género se convierten en un terreno fértil para la movilización de discursos de odio. En El Salvador, la reelección inconstitucional de Bukele en 2024 abrió la posibilidad de que esta estrategia de supresión  institucional se intensifique, tanto en el ámbito cultural como en el jurídico, mediante omisiones deliberadas, censura sutil y la creciente criminalización de expresiones disidentes, además de la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad pública contra miembros de la población LGBTQIA+. 

En resumen, la trayectoria de las identidades LGBTQIA+ bajo el gobierno se desconfigura como una transición de la inclusión simbólica a la exclusión estructural, en la que la negación de derechos se entrelaza con la producción de subjetividades dóciles y la consolidación de un Estado penal máximo que define qué vidas son reconocidas y cuáles deben ser ignoradas. Este es el modelo que la derecha quiere transferir a Brasil.