Caso tacuscalco

Funcionarios del FMLN intentaron favorecer a Fénix en Tacuscalco

Tharsis Salomón y Marco Fortín, en nombre del exvicepresidente Óscar Ortiz, buscaron un acuerdo para favorecer a la constructora Fénix S.A de C.V., en el proyecto urbanístico que construyó sobre parte del sitio arqueológico Tacuscalco. La empresa hizo lobby en la vicepresidencia para conseguir los permisos que el Ministerio de Cultura y el de Medio Ambiente les negó. Los funcionarios, hasta ahora, no han querido explicar la situación, a pesar de que GatoEncerrado insistió.

11 de junio 2019

Por Marvin Díaz y Mario Beltrán 

Tharsis Salomón y Marco Fortín tomaron la palabra, en su calidad de delegados de inversión privada de la presidencia y en nombre del exvicepresidente Óscar Ortiz, esa tarde del viernes 13 de abril de 2018, en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Presidencia.

“Aquí no hay nada que cuidar”. “¿Se va detener un proyecto por unos pedacitos viejos de cerámica?”, “No vamos a parar el proyecto por un montón de pedacitos viejos de cerámica”, dijeron Fortín y Salomón, según coinciden en sus testimonios dos arqueólogos que estaban entre los convocados a una reunión para buscar una salida -o negociación- al impase que tenía en ese momento el proyecto urbanístico de la constructora Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. en Nahulingo, Sonsonate. Exactamente sobre parte de una zona declarada como patrimonio cultural en 1997 y conocida como Tacuscalco - Los Cerritos.

Esos dos arqueólogos explicaron a GatoEncerrado que el impase de la constructora consistía en la falta de permisos que le había negado la Secretaría de Cultura de la Presidencia, ahora Ministerio de Cultura (MICULTURA). Tampoco tenía los permisos ambientales, debido a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) consideró que la residencial Acrópolis era una amenaza ambiental para el río Ceniza. Los primeros estudios de impacto ambiental revelaron que la aguas negras de la residencial terminarían en el río.

En esa reunión, a puerta cerrada, con los delegados de vicepresidencia fueron convocados: la directora de Patrimonio Cultural y Natural, Irma Flores; el director de arqueología Hugo Díaz y su compañero arqueólogo Julio Alvarado; la directora general de evaluación y cumplimiento del MARN, Celina de Monterrosa y una abogada de Casa Presidencial.

De acuerdo con lo que recuerdan los arqueólogos Díaz y Alvarado, el espíritu de la reunión era encontrar una forma de otorgar permisos a Fénix, para que terminara de construir la residencial que ya estaba edificando sin los permisos. De hecho, la finalizó y comercializó las viviendas sin los permisos correspondientes.

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Los dos arqueólogos detallaron a GatoEncerrado que Fortín y Salomón llegaron a la reunión con documentos y estudios técnicos facilitados por la empresa Fénix, a través de su representante legal Francisco Bertrand Galindo. Las fotografías, los informes y demás documentos que llevaban eran la versión de Fénix y las razones por las que consideraba que tenía derecho a los permisos.

Cuando el director de arqueología intentó explicar que la versión de Fénix no tenía fundamento, Salomón lo calló y se impuso en el uso de la palabra.

“Yo no les voy a creer a ustedes, sino que voy a creer la versión de la empresa, que es esta que tengo aquí”, recuerda Díaz que le dijo Salomón, esa tarde de viernes.

Esas palabras lo desconcertaron, mientras se apoyaba de su compañero Alvarado para intentar explicar que Fénix había destruido, irreversiblemente, parte del centro cívico ceremonial Nahuat Pipil, ubicado en Tacuscalco.

La situación pasó de la cordialidad, según recuerda Díaz, a los alzamiento de voz y reclamos entre los arqueólogos y los delegados de la vicepresidencia.

“Tharsis me chasqueó los dedos en la cara y me dijo: ‘¡Te me salís ya, inmediatamente! Si seguís jodiendo le voy a decir a tu jefe que te hable directamente!’”, relató Díaz, quien detalló que luego se salió de la reunión.

Alvarado caminaba detrás de Díaz, para retirarse de la reunión por cuenta propia, cuando la directora de Patrimonio Cultural y Natural, Irma Flores, le pidió que se quedara. Alvarado aseguró a esta revista que la reunión siguió con la misma dinámica: intentar un acuerdo para que Fénix obtuviera los permisos.

“Los delegados pidieron a Irma Flores y a Celina de Monterrosa que hicieran dos propuestas para negociar con Fénix. Les dijeron: ‘El lunes necesitamos una propuesta de cada uno de los ministerios para negociar con la empresa’. En pocas palabras, les estaban pidiendo: '¿Qué querían a cambio de dejar de molestar a Fénix?'”, relató Alvarado.

De acuerdo con la hipótesis de los arqueólogos, la intención de la vicepresidencia, a través de sus delegados, era negociar con Fénix por dos cosas: entregar los permisos a cambio de que la empresa retirara las demandas en contra del gobierno y que las fricciones entre la constructora y los ministerios de medio ambiente y cultura no afectaran la imagen del FMLN en las elecciones presidenciales.

"Nos dijeron (en la reunión) que el vicepresidente (Ortiz) estaba preocupado porque el problema se había alargado demasiado (…) Que venían épocas electorales y que eso podría afectar la visión que tenía la gente del partido", dijo Alvarado.

Otra de las personas que estuvo en la reunión, quien pidió no revelar su nombre, dijo que no se acuerda de las palabras y frases exactas que los arqueólogos relataron a GatoEncerrado. Pero confirmó que la situación subió de tono, hasta que Salomón sacó del lugar al director de arqueología. También confirmó que Salomón y Fortín llegaron diciendo que la reunión era para buscar una salida o negociación con Fénix.

"Ya pasó más de un año y le mentiría si le digo que recuerdo todo lo que dijeron. Pero sí le puedo decir que esa reunión (del 13 de abril de 2018) no fue la única, hubo otras. En total, si no estoy mal, hubo tres reuniones. En todas, los representantes de Fénix decían que tenían una propuesta y que los ministerios no tenían fundamento legal para negar permisos. Decían que ellos ya habían conseguido los permisos. Pero las reuniones eran estériles y terminaban cuando les decíamos que mostraran esos permisos", dijo esa fuente.

También aseguró que los arqueólogos tienen una interpretación diferente a lo ocurrido. De acuerdo con esa fuente, los delegados de la vicepresidencia "no querían torcer el brazo" de los ministerios para otorgar permisos, sino solamente llegar a un acuerdo y entender por qué los ministerios les negó los permisos.

El silencio

Fortín dijo escuetamente, a GatoEncerrado, que las reuniones fueron para revisar la documentación enviada por Fénix. Dijo que no podía dar más información porque él solo era un apoyo para Salomón, quien dirigió la reunión del 13 de abril de 2018 y las otras dos en el transcurso del mismo año.

Esta revista solicitó una entrevista, en mayo, con el entonces vicepresidente Óscar Ortiz para preguntarle sobre los señalamientos que hicieron los arqueólogos. Pero no hubo respuesta.

En un segundo intento que esta revista hizo, el 7 de junio, para que Fortín ofreciera más detalles sobre su versión de los hechos, se limitó a decir que ahora ya está fuera del gobierno y que no quiere decir nada al respecto.

"No, no, no voy a decir nada. Yo ya estoy fuera del gobierno y ya no tengo nada que ver. Muchas gracias", dijo Fortín.

Bertrand Galindo, el lobbista

Francisco Bertrand Galindo, apoderado legal de la constructora Fénix, tuvo reuniones privadas en la vicepresidencia, para explicar que la empresa tenía documentación para demostrar que los ministerios actuaron fuera de la ley al negar los permisos. Fue después de esas reuniones privadas que los delegados de la vicepresidencia se sentaron, con representantes de medio ambiente y cultura, para buscar un acuerdo.

"En el comienzo del problema, me reuní. Lo primero era explicar el caso legalmente, porque las autoridades habían actuado no apegadas a la ley. De ahí, pues, tratar de buscar un arreglo, basado en la misma ley", dijo Galindo a GatoEncerrado, el 20 de mayo.

De acuerdo con Galindo, la empresa aseguró a la vicepresidencia que en la zona de construcción de la residencial no había patrimonio cultural para proteger. Y que, si alguna vez hubo, fue dañado por el cultivo de caña y tractores de los cañeros. Galindo también dijo que la empresa creó una zona de tres manzanas, donde no construyó, para proteger una zona que es lindero con el centro ceremonial de Tacuscalco.

Ortiz, el funcionario de los empresarios

El exvicepresidente de la República, Óscar Ortiz, fue nombrado comisionado para la Inversión, el 10 de junio de 2014. Ese cargo lo desempeñó por 4 años y 7 meses. Una de las funciones era escuchar y generar confianza en los empresarios, quienes podían señalar al gobierno las situaciones que impedían la inversión en el país.

“Él va a tener también el mecanismo directo con cualquier empresario para que le puedan llamar  y señalar de aquellos mecanismos, aquellos problemas que impiden que se agilice su inversión y él va a tener toda  la autoridad”, expresó el presidente Salvador Sánchez Cerén, cuando asumió el poder ejecutivo para el periodo 2014-2019.

El 19 de marzo de 2018, luego de la derrota del FMLN en las elecciones municipales y legislativas, el mandatario anunció cambios en su gabinete de gobierno. Nombró como nuevo comisionado para la inversión privada a Tharsis Salomón López, quien había sido el ministro de economía. El vicepresidente Ortiz fue nombrado como secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia.

Las pláticas que Fénix tenía con el vicepresidente Ortiz fueron retomadas por Tharsis Salomón y Marco Fortín, luego de esos cambios en el gobierno.

En su periodo como comisionado para la inversión, Ortiz se reunió con empresarios y participó en varios de sus eventos. Algunos de esos eran del rubro construcciones. El 1 de agosto de 2014, por ejemplo, el vicemandatario asistió a un evento en la residencial Metrópoli San Gabriel, ubicada en el kilómetro 19 de la autopista que conecta al Bulevar Constitución. Esa residencial fue construida por la empresa Salazar Romero.

Esta constructora, según datos recabados en el Centro Nacional de Registro (CNR) tiene nexos con Fénix. La constructora Salazar Romero es propiedad de Raúl Salazar Landaverde.

Ese empresario es -o ha sido- socio en varias empresas de José Adán Salazar Umaña "Chepe Diablo", según la documentación que tiene el CNR. "Chepe Diablo" ha sido procesado judicialmente, acusado de haber lavado dinero. El vicepresidente Ortiz también fue socio de "Chepe Diablo" en la empresa Desarrollos Montecristo S.A de C.V.

Fénix infringió ley de patrimonio

La constructora Fénix terminó en su totalidad la construcción del complejo habitacional Acrópolis Sonsonate, según el informe con referencia MARN-DEC-GEA-8419-445-2019. El proyecto urbanístico nunca se detuvo, a pesar de que tenía órdenes de suspensión de obras, por no contar con los permisos de MICULTURA y MARN.

Orden de suspensión de MiCultura

Orden de suspensión del MARN

Con el proyecto residencial ejecutado, Fénix infringió los artículos 8 y 25 de Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. El arqueólogo Julio Alvarado aseguró que la empresa constructora destruyó estructuras del patrimonio en Tacuscalco.

“Yo vi estructuras que fueron destruidas por Fénix. No se sabe cuánto material o contextos arqueológicos habrán sido destruidos mediante la apertura de tuberías, enormes zanjas que se abrieron en la urbanización, dijo Alvarado a GatoEncerrado.

La empresa no podía construir en el sector “B” sobre 19 manzanas, de 30 que tenía todo el proyecto, porque era el área de influencia del centro ceremonial de Tacuscalco. La prohibición fue incumplida por Fénix y las viviendas se construyeron sobre pequeños edificios prehispánicos, según explicó el arqueólogo.

Alvarado dijo que en la reunión, con los delegados para la inversión privada, no se pensó en los derechos culturales de los salvadoreños y de los pueblos nativos, quienes resguardan los sitios sagrados, como Tacuscalco.

El director de arqueología, Hugo Díaz, dijo que estaba sorprendido porque los empresarios de Fénix y el gobierno no querían entender la importancia de resguardar el patrimonio cultural, como sí lo hizo la población.

“Es primera vez que un sitio arqueológico es respaldado por la población, pero hay un vacío de la institucionalidad del país. Se hizo todo lo posible para que el sitio no se destruyera, las instituciones que se tenían que activar no se activan, que es la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República", dijo Díaz.

Tacuscalco y la Asamblea

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, juramentó una comisión especial para investigar el caso del sitio arqueológico Tacuscalco, el 13 de junio de 2018. En dos meses, los diputados entrevistaron funcionarios, pobladores indígenas, representantes de Fénix y arqueólogos. También visitaron la residencial Acrópolis y el sitio arqueológico en Nahulingo.

Tras las indagaciones, los diputados de la comisión aprobaron, el pasado 10 de agosto de 2018, una "interpretación auténtica al artículo 8, inciso 2, de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural". La modificación, según MICULTURA, implicaba una pérdida a la seguridad jurídica para salvaguardar, proteger y conservar todos aquellos inmuebles con presunción de valor cultural. El expresidente Salvador Sánchez Cerén, en un acto por reinvindicar, lo vetó.

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