La clase política con responsabilidad en la Asamblea Legislativa salvadoreña no es capaz de entender el papel que le corresponde para legislar en contra de la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado. Hemos visto y leído recientemente que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se permite encarar a un compañero que fue víctima de torturas durante la guerra, diciéndole “yo no sé si soy más víctima que usted”.

Qué confusión más grande expresa el presidente de tan importante Órgano del Estado salvadoreño. Las personas que estamos exigiendo verdad y justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad nos dirigimos a los funcionarios públicos –en este caso a diputados–  apelando a la responsabilidad que les implica el cargo público; pero en un ejercicio de autoridad totalmente equivocado se permiten dar una respuesta descalificadora de las personas que ejercemos de manera organizada nuestro derecho a exigir justicia. 

Igual de penoso es que los funcionarios públicos se conviertan en altavoces del negacionismo de la verdad y la justicia, reiterando que “no es abriendo heridas como vamos a solventar los problemas”, o minimizando irresponsablemente los hechos con afirmaciones como “se cometieron exabruptos y estupideces durante la guerra”. 

Hace 38 años sé que la Policía Nacional y el Ejército salvadoreño detuvo y desapareció a mi familia: ¿cómo se nos puede pedir olvidarnos de ello?, ¿cómo se nos puede pedir que lo interpretemos como un “exabrupto”, es decir, como una “salida de tono, un dicho o ademán inconveniente e inesperado manifestado con viveza” (RAE)? No fueron “exabruptos”, como dice el presidente del parlamento, fueron y son crímenes que atentan contra la humanidad y por los cuales seguimos sufriendo. La herida ha estado abierta siempre. Escuchar una y otra vez el argumento de “no abrir la herida” no hace más que profundizarla y evidencia la necesidad de que nos enfrentemos de una vez a nuestra historia de violaciones de derechos humanos. 

Las víctimas ciertamente somos muchas y por ello nos organizamos. No somos víctimas pasivas, tenemos voz y nos asiste el derecho de participar en el proceso de creación de una Ley de Reconciliación Nacional, como ha mandatado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como llevamos décadas exigiendo las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Éste no es un asunto coyuntural. Terminar con la impunidad es una responsabilidad institucional que la clase política del país lleva postergando por casi 30 años.