Docente del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador.
Indignación. Es la menor de las palabras que puede sentir una persona cuando ve el video de 19 segundos que se ha viralizado en las últimas horas en la red social Twitter, en el que un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) golpea a un joven, en presencia de otros oficiales, de un militar y de la misma comunidad, en la que uno tuvo el valor de tomar el vídeo.
Esta columna, sin embargo, no es sobre la indignación que genera dicha acción. Sí amerita una advertencia porque refleja el peligro de no depurar nuestras instituciones de seguridad, y también los riesgos de otorgar carta blanca a cuerpos de seguridad que han quedado en evidencia por su debilidad institucional para evitar no solo la infiltración de delincuentes o del narcotráfico, sino también la creación de cuerpos de exterminio, como bien lo han demostrado investigaciones periodísticas en el último quinquenio.
Pero no. Esta columna quiere preguntarse otra cosa, relacionada al discurso oficial sobre dicho video. Reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, con su habitual estilo contundente para decir que “al agente debe aplicársele TODO EL PESO DE LA LEY”, ya que “la PNC no puede permitirse tener un delincuente, como el del video, en sus filas”. Pero si frenamos por un momento la indignación y revisamos un par de datos que están al alcance de cualquiera, entonces encontraremos que hay un par de preguntas que vale la pena realizar.
Primero, el video. Según se ha sabido casi que inmediatamente a su publicación, corresponde a una acción de 2017. El usuario que lo compartió en Twitter responde al nombre ClemDin y al usuario @ClemDIn1. Un vistazo a su cuenta nos muestra que la misma se abrió en junio de 2019 y que en los ocho meses transcurridos desde entonces ha escrito nada más 21 tuits. Al menos la mitad son relacionados a defender la gestión del presidente. Sigue a 41 usuarios y es seguida por 71.
Más allá de esos números, los que le siguen son los que motivan las preguntas. Antes de compartir el ahora famoso video, ClemDin había escrito por última vez un tuit el 21 de octubre de 2019. Cuatro meses sin actividad y, de golpe, ¡bam! El video viral del día. Cuando menos motiva a las preguntas sobre cómo lo obtuvo, quién lo proveyó y si lo publicó inmediatamente al conseguirlo o no.
En ese último cuándo está implícito otro punto. El tuit con el vídeo fue publicado a las 10:24 de la noche del pasado miércoles 4 de marzo. Una hora, aún, de tráfico alto en la tuitósfera salvadoreña.
La respuesta de Bukele llegó seis horas después, a las 4:22 de la mañana —una hora perfecta para que lo primero que vea el salvadoreño al entrar a Twitter en el día sea el tuit del presidente—, en un hilo de tres tuits en el que no sólo mostraba su indignación por el hecho, sino que aseguraba que “la información recabada hasta el momento” permitía identificar el lugar del hecho (un centro escolar), su ubicación geográfica (Morazán) y el año (2017). ¿Imaginan al presidente a las cuatro de la mañana, esperando que le den información sobre un video? Sí, el tuit original mencionaba el lugar, pero acaso no repetimos incesantemente que antes de compartir una información o dar un retuit hay que estar completamente seguros de lo que ahí dice. Significa que al gobierno de Bukele le tomó seis horas, de las diez de la noche a las cuatro de la madrugada, para confirmar que la agresión así había existido. ¿Cómo la confirmaron? ¿O ya la habían confirmado de antemano, antes que saliera el video, porque ya sabían del mismo?
¿Es el Estado salvadoreño tan efectivo para poder identificar en seis horas —sobre todo si estas son horas de la madrugada—, primero, la veracidad de un video en relación a quiénes son vistos en él; y segundo, los datos sobre dónde ocurrió?
¿Imaginan ustedes al director de la policía llamando al jefe de cada una de las las 14 delegaciones departamentales a la una, dos, de la mañana para decirles: “Anda un video en Twitter, vean si conocen a los agentes”? ¿Cómo lo confirmó el gobierno con tanta rapidez? ¿Pueden seguir el rastro de un video y en seis horas conocer dónde y cuándo sucedió y no pueden encontrar archivos militares de violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto armado? Algo aquí no está bien.
Veamos contextos. Luego de los penosos sucesos ocurridos el 9 de febrero, en los que Nayib Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y se llevó la reprimenda de organismos internacionales y varios países, ha comenzado una campaña para limpiar la imagen de la Fuerza Armada; sobre todo cuando trascendió que la Asamblea Legislativa valora la posibilidad de realizar una interpelación tanto al ministro de la defensa, René Francisco Monroy, como al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Eso sí, la campaña es solo para lavar la imagen del ministro de defensa; el cual, según la Constitución, no puede ser destituido como resultado de una interpelación. El director de la policía, sí.
Desde que asumió el poder, la narrativa de seguridad del gobierno de Nayib Bukele es convertir a la Fuerza Armada en los héroes nacionales por combatir la criminalidad arriesgando incluso su vida. El papel que ha pasado a jugar la PNC se ha vuelto secundario. En defensa de ellos no aparece el presidente como sí lo hace con los militares. En ese contexto, de alabanza para la FAES y despreocupación por la policía, aparece un vídeo que mancilla aún más la credibilidad que la población puede tener en la institución policial.
Si en algo ha sido bueno el gobierno de Bukele es en montar escenarios idóneos para fotos y videos. Hasta que la crisis del agua demostró que su capacidad de reacción ante verdaderas crisis es nula, las comunicaciones del gobierno se movían como pez en el agua reaccionando a cada tuit viral que aparecía. Justo como ahora con el video del policía que maltrata a un menor de edad. No solo por las seis horas que le tomó a Bukele compartir que ya conocían lugar y el cuándo del mismo, sino también porque el propio director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, escribió su propio tuit del tema a las 12:37 de la madrugada. Si es que acaso es él mismo quien maneja la cuenta.
Y tampoco fue el único. El ministro de seguridad, Rogelio Rivas, reaccionó unos minutos antes, a las 11:55 p.m. Y no es que la reacción inmediata de los funcionarios sea mala, pero cuando hablamos de funcionarios que se han destacado todos estos meses por no mover un dedo si no reciben un tuit del presidente manifestándose inmediatamente ante el tema, todo queda encajado casi como que hubiera sido escrito con guion: “primero el tuit de... , después el de…, después el de…” y así.
Y para cerrar el círculo —o el guion— menos de 24 horas después de la publicación del video, el mismo ya no aparecía en la timeline del usuario. Aún podía ser visto en los retuits de quienes lo compartieron, pero si uno buscaba el tuit original o si iba al perfil de ClemDin, el mismo había sido borrado. Ahí donde antes decía que había escrito 21 tuits, ahora solo aparecían 20. ¿Qué ocurrió ahí?
No digo que el video no sea grave. Porque sí lo es. Refleja la herencia de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al permitir que la Policía Nacional Civil se saltara la ley y realizaran cualquier tipo de violaciones de derechos humanos con permiso de las máximas autoridades de la institución. Ese cáncer aún sigue ahí.
Luego de nueve meses en el poder no hemos visto en la actual gestión presidencial un solo aviso o plan —de los que tanto publicitan pero nunca documentan— relacionado con la depuración del cuerpo policial. En lugar de ello, una élite que ya se había hecho a un lado, y que ha estado vinculada inclusive a investigaciones por narcotráfico en El Salvador (leer el libro “Infiltrados”, de Héctor Silva Ávalos), ha recuperado puestos clave en la institución.
El tiempo dirá cuál es la verdadera intención del gobierno con la Policía Nacional Civil. Lo cierto es que para ayudar al cuerpo policial lo que se exige es una depuración del mismo y no una política comunicacional que la invisibilice y en su lugar pondere a las Fuerzas Armadas. Mucho menos, si es el caso, la difusión de videos para dinamitar todavía más la imagen de la institución. Sería romperla desde adentro y otorgar definitivamente la seguridad del país al Ejército. Ese que masacró a la población y violó derechos humanos durante la guerra y ahora esconde toda la información.
Docente del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador.
En este país, un hombre, buscapleitos, religioso, sumiso ante las armas y los poderosos, pero envalentonado contra los débiles, embelesado ante las pantallas, rendido al mercado y cortito de estudios y de cultura, es un salvadoreño promedio.
La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.
Alma Sánchez es abogada e investigadora. Como candidata a diputada por el partido VAMOS, sus propuestas principales están enfocadas en temas de medio ambiente, cultura y urbanismo. En esta entrevista con GatoEncerrado, aborda diferentes temas como el derecho humano al agua, la minería metálica y las consultas públicas en temas ambientales. La perspectiva jurídica nunca falta en sus respuestas, ni la experiencia laboral que ha tenido a lo largo de su trayectoria.
