¿A qué está autorizada la Policía?
Mientras el régimen de excepción esté vigente, el Ministerio de Salud puede permitirle a la Policía que verifique si existe permanencia justificada de las personas en la calle. Pero hasta ahí. Para poder capturar y llevar a una bartolina a alguien por no cumplir cuarentena, la Policía necesita la autorización de la Asamblea.
¿Cuál sería, entonces, el rol de la Policía? El decreto es claro en especificar que si agentes policiales encuentran a una persona con permanencia injustificada, pueden retenerla, pero no ser juez. En todo caso, debe llevar a la persona al centro de contención o a un lugar donde determine el Ministerio de Salud. “Por exclusión, no está habilitada (la Policía) para que a estas personas las lleven a bartolinas”, manifestó Escalante.
Al llegar a estos lugares, insiste, las autoridades de salud son las que deben decidir si los dejan en el centro de contención o si los envían a sus casas. “El centro de contención es una posibilidad, no la posibilidad”. Con este mal proceder de la Policía no solo pondría en riesgo la salud de las personas detenidas, sino también la de todo su personal. “¿Qué pasa si una persona resulta que está contagiada? Aquí la misma policía se está exponiendo a sí misma”.
Así como el decreto establece ciertas obligaciones que la ciudadanía debe acatar, también deben existir otras más de parte del Órgano Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Salud, como el hecho de habilitar espacios para este grupo en cuarentena. Pero, esos centros no existieron desde el inicio.
“¿Cómo fue posible el hacer detenciones sin contar con un espacio para estas personas?”, vuelve a cuestionar Escalante. “Lo peor es que al final es un incumplimiento por parte del Órgano Ejecutivo a reglas que ellos mismos se han establecido”.
El tropiezo del fiscal
A primera hora del lunes, la Asamblea Legislativa citó al fiscal Melara para que rindiera explicaciones sobre los procesos que dijo abriría contra las personas retenidas. El presidente del Legislativo, Mario Ponce, calificó de arbitraria la acción de las autoridades de seguridad y preguntó al fiscal cómo haría para tipificar un delito en contra de las personas que habían sido retenidas.
El abogado del Idhuca es tajante en señalar que con la participación de Melara, “pareciera ser que el proceso de salud, de cuarentena, epidemiológico, lo están confundiendo con un proceso judicial de naturaleza penal” y trae a colación un punto importante sobre el decreto N°12: lo que primero dice el decreto es que se debe resolver la parte epidemiológica y a la persona o se le envía a un centro de contención o se le manda a su casa e independientemente de esas dos decisiones puede ver responsabilidades penales. “Pero mientras se dan esas responsabilidades penales, las personas tienen que estar en uno o en otro: o están en un centro de contención o están en su casa, pero no en un bartolina”.
Esa decisión inicial de que si se manda a su casa o a un centro de cuarentena es del Ministerio de Salud; si habrá responsabilidad penal o no, es una decisión posterior que debe valorar el Ministerio Público.
“La Fiscalía no tendría que estar haciendo nada en este instante”, continuó el abogado. En todo caso, si inicia un proceso de responsabilidad penal, es un juez quien, en audiencia inicial, debe decidir cuál es el futuro de esa persona: si se va a su casa o si se va a detención. El no seguir el proceso penal frente a un juez es lo arbitrario en estas acciones cometidas: la lectura no es conforme a derechos humanos, sino punitiva, por dejarlo a la interpretación.
Tras horas reunido en la Asamblea, el fiscal Melara brindó una conferencia de prensa en la que se esperaba que hablara sobre su proceder contra las personas enviadas a bartolinas. Pero el giro en su discurso fue drástico. “Ninguna de las retenciones que se están haciendo por el momento son con base a hechos delictivos que se estén cometiendo. Estas retenciones son para que exclusivamente el Ministerio de Salud pueda enviar a cuarentena o decidir sobre las personas”, dijo el fiscal. Añadió que el Estado de derecho y el principio de legalidad serán respetados y que la ley solo se aplicará en aquellos que irrespeten el régimen de emergencia.
Ahora, en otras palabras, el fiscal entendió que su rol no es procedente, al menos no en este momento, sostiene Escalante. “Si la Fiscalía se activa en este periodo, a estas víctimas las están revictimizando más, porque es un error atribuible a la administración pública la falta de información y los malos procedimientos (…) Y a este grupo de personas les van a iniciar procesos penales cuando la administración pública es la que ha actuado mal”.