Foto/Neil Brandvold
A las delegaciones policiales llegaron más de 500 personas retenidas, en los primeros tres días de cuarentena domiciliar nacional, por no tener justificación para andar en las calles. La Policía mostró su fuerza en redes sociales, como así lo hizo también el fiscal general al decir que procesaría a todos los que desobedecieron la ley. Entre normas poco claras y arbitrariedades denunciadas, el decreto avalado por el Ministerio de Salud evidencia, nuevamente, por qué cuestionar las acciones represivas y trazar líneas de trabajo desde el principio es un bien necesario.
“¿Y eso que todavía anda vendiendo?”, le pregunté a un panadero avispado que pasó en su moto frente a mi casa. Llevaba el canasto lleno de mercadería. “Ah, si no iba a salir… pero ni modo”, me dijo con la voz atropellada. No pude escucharle claramente, como otras veces: usaba una mascarilla y encima el casco. Apenas me dejaba verle los ojos. “Casi nadie ha salido a vender, ni los canastos de pan que suelo ver afuera del súper están. Hoy vine porque no vi tanto retén”.
Aproveché para abastecerme y hablar un poco –de frente, como los humanos-. “Mañana ya no creo que salga”, me adelantó. De continuar con su venta, sabe que puede ser retenido y enviado a un centro de cuarentena, o tal vez procesado; quién sabe. Me entregó mi compra y no soltó más que un “adiós” lejano. Acomodó sus cosas y se fue. Era la noche del primer lunes de cuarentena domiciliar nacional en la que nadie, salvo algunas excepciones, puede recorrer las calles del país.
Horas antes, la Policía Nacional Civil (PNC) había compartido un tuit impetuoso. “Hasta las 3:00 p.m. los números por no acatar la cuarentena domiciliar son: 434”, informaba la institución policial sobre la cantidad de personas que por no permanecer en el encierro obligatorio, tal y como lo decretó el presidente Nayib Bukele el sábado 21 de marzo, fueron a parar a una bartolina policial.
La Policía, en su reporte, mencionó a San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Ahuachapán y San Miguel como los departamentos con más personas detenidas.
Para evitar contagios por COVID-19 en el país, el Ejecutivo fue drástico e implementó la cuarentena domiciliar nacional. Mandó a más militares y policías a las calles, sacó más patrullas y hasta camionetas de la Fuerza Armada para controlar el encierro. La medida, que tiene su base en el decreto n° 12 en el ramo de Salud, contiene dos acciones: la declaratoria de cuarentena por 30 días y la posibilidad de que la seguridad pública retenga a las personas por permanencia injustificada en las calles. El decreto lleva la firma de la ministra de Salud, Ana del Carmen Orellana Bendek, quien pareciera deja de estar ausente cuando de avalar documentos se trata.
Solo en las primeras seis horas desde la implementación del decreto, 70 personas habían sido detenidas por irrumpir con el mandato. La cifra subió repentinamente y fotos comenzaron a ser difundidas en las redes sociales de la policía, hasta la 1:30 p.m. del 24 de marzo iban 518 personas retenidas. Ninguno de los retenidos esperaba en un lugar para ser enviados a cuarentena; fueron expuestos en bartolinas, debajo de canopies a la intemperie -como en Lolotique, San Miguel- y otros esposados. “Las retenciones por cumplimiento a la cuarentena continúan, por lo que hacemos el llamado a abstenerse a salir de sus casas”, decían los mensajes que acompañaban las imágenes de la Policía en sus redes sociales.
Militares y policías han incrementado su presencia en puntos de mayor tránsito para garantizar que salvadoreños cumplan con la cuarentena domiciliar. Foto/Neil Brandvold
Más tarde, mientras el fiscal general de la República, Raúl Melara, hacía su aparición en Twitter para comprometerse a procesar penalmente a todos los capturados por el delito de desobediencia de particulares, el video de un agente policial se hizo viral. El policía aseguraba que tales centros de cuarentenas no existían. Pero, para entonces, los números de retenidos ya eran altos.
Seamos responsables con nosotros y los demás.
— Raúl Melara (@MelaraRaul) March 22, 2020
Además de ser llevados a un centro de contención de la pandemia, quienes violen la cuarentena domiciliar serán procesados penalmente por el delito de Desobediencia de Particulares, sin perjuicio de otros delitos que puedan cometer.
Manuel Escalante, asesor de la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), explica lo ocurrido a partir de lo que pareciera ser una confusión implantada con respecto a que la fuerzas de seguridad pública tienen luz verde para hacer capturas. “Están haciendo (los funcionarios) un juego de palabras en donde están ocultando las cosas”.
El abogado constitucionalista dice que el decreto lo que indica es que debe haber una decisión médica que, al final, justifique por qué una persona debe quedarse en cuarentena. La mezcla de muchos hechos es lo que ha llevado a que se sostenga, incluso desde los mensajes enviados por el Ejecutivo, como si el centro de contención fuera un castigo. “La contención es para la salud de las personas. Quien entra a una cuarentena no es porque sea culpable, es porque es un paciente”.
Para entenderlo mejor, desgrana frase por frase del artículo 5, el causante de la confusión. En el artículo se detalla que a una persona se le enviará a su casa “sin importar las responsabilidades penales”. Es decir, que en medio de la cuarentena si una persona es capturada por la policía y remitida a los centros de contención, se manda a su casa y se inicia un proceso penal, “pero no necesariamente ese proceso debe de ser desde una bartolina”.
La principal falla que encuentra es que al tomar la decisión de qué se puede y no hacer, también los funcionarios debieron haber pensado “en el cómo se va a hacer”. Eso debió haber quedado establecido en el decreto, dice Escalante. “Una cosa es la retención y la otra es la forma de implementación”.
Mientras el régimen de excepción esté vigente, el Ministerio de Salud puede permitirle a la Policía que verifique si existe permanencia justificada de las personas en la calle. Pero hasta ahí. Para poder capturar y llevar a una bartolina a alguien por no cumplir cuarentena, la Policía necesita la autorización de la Asamblea.
¿Cuál sería, entonces, el rol de la Policía? El decreto es claro en especificar que si agentes policiales encuentran a una persona con permanencia injustificada, pueden retenerla, pero no ser juez. En todo caso, debe llevar a la persona al centro de contención o a un lugar donde determine el Ministerio de Salud. “Por exclusión, no está habilitada (la Policía) para que a estas personas las lleven a bartolinas”, manifestó Escalante.
Al llegar a estos lugares, insiste, las autoridades de salud son las que deben decidir si los dejan en el centro de contención o si los envían a sus casas. “El centro de contención es una posibilidad, no la posibilidad”. Con este mal proceder de la Policía no solo pondría en riesgo la salud de las personas detenidas, sino también la de todo su personal. “¿Qué pasa si una persona resulta que está contagiada? Aquí la misma policía se está exponiendo a sí misma”.
Así como el decreto establece ciertas obligaciones que la ciudadanía debe acatar, también deben existir otras más de parte del Órgano Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Salud, como el hecho de habilitar espacios para este grupo en cuarentena. Pero, esos centros no existieron desde el inicio.
“¿Cómo fue posible el hacer detenciones sin contar con un espacio para estas personas?”, vuelve a cuestionar Escalante. “Lo peor es que al final es un incumplimiento por parte del Órgano Ejecutivo a reglas que ellos mismos se han establecido”.
A primera hora del lunes, la Asamblea Legislativa citó al fiscal Melara para que rindiera explicaciones sobre los procesos que dijo abriría contra las personas retenidas. El presidente del Legislativo, Mario Ponce, calificó de arbitraria la acción de las autoridades de seguridad y preguntó al fiscal cómo haría para tipificar un delito en contra de las personas que habían sido retenidas.
El abogado del Idhuca es tajante en señalar que con la participación de Melara, “pareciera ser que el proceso de salud, de cuarentena, epidemiológico, lo están confundiendo con un proceso judicial de naturaleza penal” y trae a colación un punto importante sobre el decreto N°12: lo que primero dice el decreto es que se debe resolver la parte epidemiológica y a la persona o se le envía a un centro de contención o se le manda a su casa e independientemente de esas dos decisiones puede ver responsabilidades penales. “Pero mientras se dan esas responsabilidades penales, las personas tienen que estar en uno o en otro: o están en un centro de contención o están en su casa, pero no en un bartolina”.
Esa decisión inicial de que si se manda a su casa o a un centro de cuarentena es del Ministerio de Salud; si habrá responsabilidad penal o no, es una decisión posterior que debe valorar el Ministerio Público.
“La Fiscalía no tendría que estar haciendo nada en este instante”, continuó el abogado. En todo caso, si inicia un proceso de responsabilidad penal, es un juez quien, en audiencia inicial, debe decidir cuál es el futuro de esa persona: si se va a su casa o si se va a detención. El no seguir el proceso penal frente a un juez es lo arbitrario en estas acciones cometidas: la lectura no es conforme a derechos humanos, sino punitiva, por dejarlo a la interpretación.
Tras horas reunido en la Asamblea, el fiscal Melara brindó una conferencia de prensa en la que se esperaba que hablara sobre su proceder contra las personas enviadas a bartolinas. Pero el giro en su discurso fue drástico. “Ninguna de las retenciones que se están haciendo por el momento son con base a hechos delictivos que se estén cometiendo. Estas retenciones son para que exclusivamente el Ministerio de Salud pueda enviar a cuarentena o decidir sobre las personas”, dijo el fiscal. Añadió que el Estado de derecho y el principio de legalidad serán respetados y que la ley solo se aplicará en aquellos que irrespeten el régimen de emergencia.
Ahora, en otras palabras, el fiscal entendió que su rol no es procedente, al menos no en este momento, sostiene Escalante. “Si la Fiscalía se activa en este periodo, a estas víctimas las están revictimizando más, porque es un error atribuible a la administración pública la falta de información y los malos procedimientos (…) Y a este grupo de personas les van a iniciar procesos penales cuando la administración pública es la que ha actuado mal”.
El número de retenciones por circular de manera injustificada llegó a 518 personas hasta la 1:30 p.m. de este martes 24 de marzo. Foto/ Neil Brandvold
“Me robaron recientemente todos los documentos de identidad, y cerraron Duicentros. Ya no pude sacarlo y soy yo la que salgo de casa a comprar. ¿Qué puedo presentar a la autoridad en la calle si se da el caso?”, preguntó una ciudadana en televisión abierta al ministro de Defensa Francis Merino Monroy. El funcionario respondió: “Ahí, es complicado, pero deberá tener otro documento de recibos… Hay muchos documentos que uno tiene: licencias de conducir, de armas si tiene armas, que dan fe de que es esa persona”.
El caso de la persona que consultó a Merino Monroy es el ejemplo de cómo no avisar con tiempo y preparar a la sociedad puede traer problemas graves como violación de derechos. “Ahí esa persona es doblemente víctima, por la violencia y por el Estado, que le está pidiendo algo que no le había avisado que le pediría”, valoró el abogado.
Cuando las dudas saltaron por parte de salvadoreños sobre estos mecanismos de verificación, el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, habló de la necesidad de portar una carta especificando su labor o si era la persona encargada de suministrar alimentos al hogar, como una manera de no ser retenido y enviado a un centro de contención. También, mencionó la posibilidad de desarrollar un formulario en línea para que las personas autorizadas puedan llenarlo desde su casa y presentarlo en retenes para no tener problema alguno.
Cuando periodistas cuestionaron a Argueta por el accionar de la Policía, insistió: “No son detenciones”. Para el asesor jurídico, no hay sanciones, sino medidas apegadas al Código de Salud.
Pero Escalante lamenta que las propuestas del Ejecutivo para evitar ser retenido por retenes se limite a llenar un formulario o imprimir una carta. Para el abogado, eso se traduciría en que derechos básicos, como salud y alimentación, estén dependiendo de factores socioeconómicos; es decir, tener impresor y una computadora en casa, electricidad, además de internet o saldo para comprar un plan de datos. El problema no es la hoja como un mecanismo de verificación, es que se debe pensar en una lógica que incluyan “a aquellas clases que no están en esa dinámica”.
Toda esta confusión podría haberse evitado trazando las líneas desde el principio. Escalante dice que el problema no es el decreto en sí mismo -incluso, está bien articulado-, sino las acciones. “El Minsal es la autoridad máxima, es la ministra de Salud, según el decreto, ni siquiera el presidente”, recalcó el abogado.
Casi 24 horas después de platicar con el panadero, el número de personas retenidas subió a 565. El Ejecutivo ha dictado líneas más concretas y la PNC trabaja con una guía de aplicación de las medidas. Habrá que esperar que las nuevas directrices lleguen al territorio.
Hoy, el panadero no apareció por mi colonia. No escuché el sonido característico del pito que anuncia su venta. Cumplió su promesa de no regresar.
El Ministerio de Medio Ambiente se negó a reconsiderar el permiso ambiental que otorgó al megaproyecto Ciudad Valle El Angel. En su lugar, justificó su decisión a través de un dictamen.
Para lograr la aprobación del presupuesto 2021, el Ejecutivo aseguró que redujo históricamente la emisión de deuda pública para este año. Economistas e investigadores señalan que ese discurso no solo es falso, sino que omite hablar del carísimo plan de gastos del gobierno. El presupuesto, además, no se ajusta a la realidad de crisis económica y sanitaria que El Salvador enfrenta.
La Campaña Mesoamericana para la Justicia Climática y organizaciones parte del “Foro Centroamérica vulnerable Unida por la vida”, hicieron un llamado a los Estados de la región Centroamericana para que implementen nuevos marcos políticos ambientales coherentes con la crisis climática actual, cimentadas en la promoción y fortalecimiento de la acción local, la adaptación como una herramienta de lucha contra la pobreza y la mitigación que prioriza los beneficios ambientales locales.
