Ana Luz, de 50 años, no fue seleccionada en la primera lista, como tampoco buena parte de sus vecinos. Ella no tiene servicio de energía eléctrica y mucho menos una factura a su nombre. Por eso ni a subsidio de gas llega. No hay manera de que se lo entreguen. Comprarse un tambo le cuesta $11, como alguien con capacidad económica para hacerlo. “¿Cómo es que lo piensan meter a uno?”, se pregunta al pensar sobre la selección de beneficiarios de los $300.  

Su familia es una de las 17 que viven en una comunidad del cantón La Perla, de Jicalapa, La Libertad. Las casas, de cemento y otras de lámina, con apenas un cuadro de habitación, bordean la carretera del Litoral frente a la costa pacífica. Las construyeron hace poco más de 25 años en una zona protegida por el Estado. Ana Luz llegó entre las primeras familias que se asentaron. Buscaban seguridad y encontraron esas tierras. Desde entonces, han traído una lucha constante con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y con los diferentes gobiernos, para lograr un lugar y condiciones estables. 

Para iluminarse por las noches han hecho uso de todo a su alcance: candiles, velas en botellas de vidrio o sobre latas o candiles Coleman. Hoy son más prácticos y compran lámparas recargables, por las que pagan $0.25 la recarga en la casa de un vecino. Lo mismo pasa al cargar un teléfono celular; también pagan $0.25 las tres horas de recarga. Como Ana Luz, hay un 6 % de los hogares salvadoreños que en el área rural no cuentan con energía eléctrica.

Su comunidad hasta hace tres años logró tener agua potable. Por ella pagan $1.25 el metro cúbico a una junta de agua que la administra. La usan racionada, porque sino fácilmente pagan $12 por su consumo. Para cubrir gastos, Ana Luz se metió a hornear pan junto a una de sus hijas. Ambas salen a venderlo entre sus vecinos. El horno, empolvado por el desuso y la inactividad momentánea de la cuarentena, lo consiguieron gracias al apoyo de una organización. Como mucho, su ganancia no supera los $7 o $10 por venta diaria. Pero les ayuda un poco.

“Lo que conseguimos diariamente, lo consumimos diariamente”, expresó Ana Luz con preocupación. Su familia es grande. Todavía no saben cómo tendrán comida para siete personas.

Vivir a oscuras

Leonor González buscaba sobre una mesa, al pie de su cama, la última vela que le quedaba. El paquete de cinco candelas que compró un par de días atrás no le duró lo esperado. Teme que sea una de esas noches en las que su hijo, Manuel, de 20 años, se enferme de nuevo. Cuando eso pasa, una vela no le es suficiente. Amanece a su lado intentando cuidarlo. 

En medio de una sábana guarda una lámpara diminuta, casi desechable, a la que le cambia baterías cada tres días. La tiene ahí para no perderla. Solo la usa de madrugada si debe sacar a Manuel al baño.

Su casa, escondida entre un muro de vegetación, se mantiene a oscuras aun cuando hay sol. Las entradas de luz son pocas, solo algunos finos destellos atraviesan la carcomida lámina que cubre el techo. “Viera en invierno, todo esto se moja”, dice mientras señala el espacio donde duermen con su hijo. Leonor no cuenta con energía eléctrica. Su casa está en el cantón Los Arenales de Nahuizalco, Sonsonate. Ahí escuchan del coronavirus, pero lo que más les interesa es saber cuándo volverán a trabajar. Eso les quita el sueño. 

Leonor vende mora, cuyuya, hojas de huerta y pacayas en la terminal de buses en Santa Ana cada día. Gana $10 diarios, con suerte, eso sin contar los casi $2 que gasta en transporte. Por la cuarentena dejó de trabajar y no fue seleccionada entre los beneficiarios del bono de los $300. Ya no puede mantener su casa. Unos días más y comerá aire. Las dos semanas que lleva sin ingresos comienzan a pasarle factura. “El hombre del pan me fía el pan. Le digo que, cuando pase todo esto, se lo voy a pagar. Se lo voy a pagar”, se repite. Vive de esos pequeños créditos o de comida que le comparten vecinos. Esta semana le regalaron huevos, chorizos y unas sodas. Con eso tuvo para comer.