Sin energía eléctrica para aplicar a un subsidio de $300

El Gobierno partió del consumo de energía eléctrica para determinar a qué hogares ayudará con $300 en medio de la crisis del coronavirus. Los que estuvieran por debajo de los 250 kilovatios de gasto al mes, de forma automática, serían seleccionados como beneficiarios  —en teoría—. Pero en El Salvador hay un porcentaje de la población —la más empobrecida e invisibilizada— que vive a oscuras, más al caer la noche. No conocen de ese servicio, porque simplemente no lo tienen. Para estas familias aún no hay subsidio. 

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Siete días después del anuncio de los primeros beneficiarios del subsidio de $300, destinado a las familias más afectadas por el COVID-19, Ana Luz Reyes miraba su teléfono móvil como quien espera una llamada que no debía dejar perder. Había intentado comunicarse al número habilitado por el Gobierno para presentar su reclamo por no haber aparecido en la primera lista de personas que recibirían ese dinero. Marcaba el 929 una y otra vez. Así lo hizo durante 15 veces más, hasta que enlazara. Su teléfono de línea Digicel fracasaba. Cuando cambió a uno de la empresa telefónica Tigo, dio tono a la primera. 

—Buenas tardes, gracias por llamar a Cenade. Le saluda Marvin. ¿Cómo le puedo ayudar?

—Yo quisiera ver con el número de DUI si he sido beneficiada con el subsidio del Gobierno.

—Validándolo en este momento, con este número de DUI —explicó Marvin— no me aparece que tenga el beneficio activo. ¿No sé si tiene otro familiar que resida con usted para poder corroborar el número de DUI?

—No.

—Comprendo... Pero, al menos, en este caso, con su número de DUI sí no me aparece el registro.

—Es que quiero hacer el reclamo porque no salí beneficiada— insistió Ana Luz. 

—En este caso, ¿a qué se dedica usted?

—Yo trabajo en la casa. Soy ama de casa. No tengo empleo ni nada, sino que trabajo así ambulantemente, haciendo lavadas y planchadas para ganarme el sustento diario. Pero ahorita que estoy en cuarentena ya tengo varios días de no trabajar.

—Bueno, se puede ingresar la solicitud para que el área encargada valide, ¿verdad? ¿De qué compañía le llega el recibo de la luz?

—Yo, en el área donde vivo, no tengo energía eléctrica— aclaró ella. 

—Vamos a ingresar la solicitud. Manténgase en línea, por favor. 

—Bueno, gracias...

—Gracias por su amable espera —contestó Marvin tres minutos después— En este caso, ya está enviada la solicitud directamente al área encargada. Le pediría que dentro de 72 horas se comunique de nuevo a este número de teléfono para poder verificar la información referente a la solicitud que se acaba de ingresar.   

Como parte del plan de alivio económico, el Gobierno anunció que otorgaría $300 para 1.5 millones de hogares salvadoreños identificados como los más afectados ante la emergencia por el COVID-19. Uno de los principales parámetros para repartir la ayuda económica ha sido el consumo de energía eléctrica: los que tuviesen un gasto menor a 250 kilovatios al mes serían prioridad, según el Ejecutivo. Las entregas se darían por tandas, tal y como lo anunció el presidente Nayib Bukele, sin precisar el tiempo que tomará hacer el desembolso total. 

Ana Luz Reyes, de 50 años, trabaja desde casa: hornea pan, lava ropa ajena y también ha comenzado a trabajar huertos caseros junto a otras mujeres de su comunidad, en Jicalapa, La Libertad. Sobreviviente de cáncer de cérvix y diabética, aunque intenta mantener en pie la economía de su familia durante la cuarentena, lo ve difícil. Ana Luz no cuenta con energía eléctrica y tampoco fue favorecida con el bono de $300 del Gobierno. Foto/Émerson Flores

Ana Luz, de 50 años, no fue seleccionada en la primera lista, como tampoco buena parte de sus vecinos. Ella no tiene servicio de energía eléctrica y mucho menos una factura a su nombre. Por eso ni a subsidio de gas llega. No hay manera de que se lo entreguen. Comprarse un tambo le cuesta $11, como alguien con capacidad económica para hacerlo. “¿Cómo es que lo piensan meter a uno?”, se pregunta al pensar sobre la selección de beneficiarios de los $300.  

Su familia es una de las 17 que viven en una comunidad del cantón La Perla, de Jicalapa, La Libertad. Las casas, de cemento y otras de lámina, con apenas un cuadro de habitación, bordean la carretera del Litoral frente a la costa pacífica. Las construyeron hace poco más de 25 años en una zona protegida por el Estado. Ana Luz llegó entre las primeras familias que se asentaron. Buscaban seguridad y encontraron esas tierras. Desde entonces, han traído una lucha constante con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y con los diferentes gobiernos, para lograr un lugar y condiciones estables. 

Para iluminarse por las noches han hecho uso de todo a su alcance: candiles, velas en botellas de vidrio o sobre latas o candiles Coleman. Hoy son más prácticos y compran lámparas recargables, por las que pagan $0.25 la recarga en la casa de un vecino. Lo mismo pasa al cargar un teléfono celular; también pagan $0.25 las tres horas de recarga. Como Ana Luz, hay un 6 % de los hogares salvadoreños que en el área rural no cuentan con energía eléctrica.

Su comunidad hasta hace tres años logró tener agua potable. Por ella pagan $1.25 el metro cúbico a una junta de agua que la administra. La usan racionada, porque sino fácilmente pagan $12 por su consumo. Para cubrir gastos, Ana Luz se metió a hornear pan junto a una de sus hijas. Ambas salen a venderlo entre sus vecinos. El horno, empolvado por el desuso y la inactividad momentánea de la cuarentena, lo consiguieron gracias al apoyo de una organización. Como mucho, su ganancia no supera los $7 o $10 por venta diaria. Pero les ayuda un poco.

“Lo que conseguimos diariamente, lo consumimos diariamente”, expresó Ana Luz con preocupación. Su familia es grande. Todavía no saben cómo tendrán comida para siete personas.

Vivir a oscuras

Leonor González buscaba sobre una mesa, al pie de su cama, la última vela que le quedaba. El paquete de cinco candelas que compró un par de días atrás no le duró lo esperado. Teme que sea una de esas noches en las que su hijo, Manuel, de 20 años, se enferme de nuevo. Cuando eso pasa, una vela no le es suficiente. Amanece a su lado intentando cuidarlo. 

En medio de una sábana guarda una lámpara diminuta, casi desechable, a la que le cambia baterías cada tres días. La tiene ahí para no perderla. Solo la usa de madrugada si debe sacar a Manuel al baño.

Su casa, escondida entre un muro de vegetación, se mantiene a oscuras aun cuando hay sol. Las entradas de luz son pocas, solo algunos finos destellos atraviesan la carcomida lámina que cubre el techo. “Viera en invierno, todo esto se moja”, dice mientras señala el espacio donde duermen con su hijo. Leonor no cuenta con energía eléctrica. Su casa está en el cantón Los Arenales de Nahuizalco, Sonsonate. Ahí escuchan del coronavirus, pero lo que más les interesa es saber cuándo volverán a trabajar. Eso les quita el sueño. 

Leonor vende mora, cuyuya, hojas de huerta y pacayas en la terminal de buses en Santa Ana cada día. Gana $10 diarios, con suerte, eso sin contar los casi $2 que gasta en transporte. Por la cuarentena dejó de trabajar y no fue seleccionada entre los beneficiarios del bono de los $300. Ya no puede mantener su casa. Unos días más y comerá aire. Las dos semanas que lleva sin ingresos comienzan a pasarle factura. “El hombre del pan me fía el pan. Le digo que, cuando pase todo esto, se lo voy a pagar. Se lo voy a pagar”, se repite. Vive de esos pequeños créditos o de comida que le comparten vecinos. Esta semana le regalaron huevos, chorizos y unas sodas. Con eso tuvo para comer.

Leonor no aparenta los 50 años que tiene, es menuda y cabello oscuro. Tuvo cinco hijos, a los que se encargó de sacar adelante sola. El padre los abandonó hace 19 años cuando ella quedó embarazada del último. Lo poco que gana debe usarlo en baterías para lámparas y candelas. Ahora que no tiene ningún ingreso, está preocupada por cómo conseguir una medicina de su hijo, Manuel, a quien tiene en control médico cada mes en el hospital Rosales. Foto/ Julia Gavarrete

Si hubiera salido beneficiada, al menos habría tenido para las pastillas de su hijo, dice. Aunque hizo un reclamo en línea, con la ayuda de un vecino, aún no tiene respuesta. Por ahora, solo vive de los $40 que otro de sus hijos gana a la quincena en una finca. “Pero dicen que hasta hoy van a llegar. ¿Imagínese? Cuánta cosa”. Su hijo, como los otros que tiene, tampoco se vieron beneficiados.

Leonor está preocupada, más por Manuel. A su hijo lo tiene en controles médicos en el hospital Rosales. Ella no sabe exactamente el padecimiento, solo que toma Psicodol y sin esas pastillas él se empeora: no come, se desmaya o ya no platica. 

En el cantón Los Arenales, la casa de Leonor, no es la única sin energía eléctrica, ni la única que no fue beneficiada con el subsidio, ni la única que no tiene dinero para comer hoy mismo.

Roberto, de 55 años, vive solo. Su casa es solo su dormitorio, con una cama, y un área anexa, convertida en cocina. Eso es todo. Desde hace 15 años no tiene un trabajo formal. En una época fue empleado en las plantaciones de café, pero tuvo que abandonar el puesto cuando su mamá, Celia, enfermó. Sospecha que tuvo un padecimiento renal. Hoy Roberto trata de conseguir aunque sea $40 al mes haciendo lo que le llegue. Antes de la cuarentena, conseguía trabajo como jardinero. Salía a lugares cercanos a podar y ganar unos $10. Con eso se compraba café, frijoles y azúcar. 

Tiene más hermanos, pero solo uno que vive al lado logró el subsidio. Él cree que fue porque tiene energía eléctrica. Pero no termina de comprender el mecanismo. Presentó un reclamo, ayudado por alguien más, pero todavía no le confirman nada. 

Un día de estos pensó en salir a trabajar. Se había quedado sin dinero. Llegando a la esquina de su casa, un vecino le gritó: “¡Ahí están lo policías! Mejor no salga, porque lo van a regresar”.  Se le aceleró el corazón. Le dio miedo y regresó.  

A minutos de la casa de Roberto se encuentran Rosa Ramos, de 70 de años, y Pablo López, de 82. Son esposos. Tampoco ellos fueron beneficiados con los $300.

Rosa y Pablo viven con sus dos hijos, Angélica, de 40 años, y Marcos, de 42. Todos han crecido en medio de plantaciones de café: saben de la siembra, de las mejores temporadas y del cuido de una planta. Pablo hasta hace dos años todavía buscó trabajo en alguna finca, pero no lo consiguió. Aunque la producción de café ha bajado, pensó que estarían interesados en contratar a alguien de 80 años. Como no lo logró, comenzó a vender junto a Rosa trozos de leña a sus vecinos. La cuarentena obligó a que su forma de subsistencia quede en pausa. También la de sus hijos: ni Angélica ni Marcos están trabajando. 

En la casa de Rosa y Pablo solo hay dos cuartos para siete personas: una es dormitorio y la otra la cocina. Las paredes de lámina se estiran en el dormitorio para que quepan todos en las tres camas. Viven, además de Rosa y Pablo, su hija, Angélica; su hijo, Marcos; dos nietas, hijas de Angélica; y un nieto más, cuya madre falleció de cáncer de mama. Foto/ Julia Gavarrete

Angélica está un poco más preocupada: tiene dos hijas, una de 16 años y otra de 14. Ella es madre soltera. Con los $65 que gana a la quincena en una finca trata de darles aunque sea comida y estudio.

Las niñas se encierran en el único dormitorio de la casa. Ahora es su espacio de estudio. Hacer tareas sin energía eléctrica significa no esperar a que caiga la noche. “Aquí estudian, aprovechando la luz de la ventana”, dijo Rosa mientras acomodaba los cuadernos que habían dejado regados sobre la cama más iluminada. Hasta para estudiar tienen hora.

Angélica nunca fue a la escuela, pero pronto verá a su hija mayor graduarse de bachiller —y como una de las mejores de su clase—. La más pequeña le sigue de cerca en octavo grado, un gran avance considerando que en El Salvador, hasta 2017, la media de estudio para una niña del área rural es el quinto grado.

Ni Rosa ni Pablo ni sus hijos entraron en el beneficio y a la fecha tampoco ha habido una respuesta a los reclamos que fueron emitidos.

Dentro de la distribución de entrega de los $300, economistas recomendaron al Gobierno que uno de los parámetros debió ser la edad de la persona. Es decir, la población adulto mayor tendría que haber sido de las principales beneficiarias del subsidio, además, porque son un grupo vulnerable al virus. A esta se suma que una familia sin electricidad es un grupo en condiciones de pobreza extrema, por tanto, deberían ser de los primeros beneficiados.  

Más llamadas 

Ana Luz volvió a llamar 72 horas después como se lo pidieron. Todo este miércoles 8 de abril intentó de nuevo, pero solo una contestadora respondía al fondo. “Circuitos ocupados”, le decía. Ana Luz y su familia desistieron luego de al menos diez intentos durante el día. Otros en su comunidad, que también reclamaron hace casi una semana, tampoco obtuvieron respuesta. 

“Gran mentira que nos han dado a nosotros también. Cómo engañan a la gente como para quitársela de encima y ya no molesten. Nosotros estamos probando y nada de nada”, expuso a GatoEncerrado. Solo su hija logró conectar la llamada. A ella le explicaron que su reclamo todavía está siendo procesado y que la respuesta se la darán en los próximos 7 a 15 días.

En Jicalapa, como buena parte de los municipios de la costa salvadoreña, se viven los niveles de pobreza más altos del país, donde los accesos a servicios básicos son mínimos y la falta de recursos no permite que los jóvenes puedan desarrollarse al salir de bachilleres: terminan sus estudios, pero la única opción que les queda es trabajar como meseros en las playas más turísticas. “Se preparan en el instituto, sacan su tercer año, pero igual se quedan en las casas”, expresó Ana Luz sobre otra de las preocupaciones con las que carga.

Un estudio entre el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos) calculó que cerca de 310,000 personas no contaban con acceso a energía eléctrica en el país para 2016. Investigaciones en áreas fiscales y económicas han determinado que la pobreza está estrechamente vinculada a la carencia del servicio eléctrico. Hasta 2018, un 26.3 % de la población en El Salvador es pobre y otro 5.7 % vive en pobreza extrema. 

Los niveles en las zonas rurales aumentan: ese mismo año, como lo determinó la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), un 30 % de hogares viven en pobreza mientras que un 7 % en pobreza extrema.  

El 5 de abril pasado, Bukele compartió en sus redes sociales que 118,452 personas fueron incluidos entre los beneficiarios del subsidio de $300. Es decir, $35,535,600 que ya fueron entregados como parte de su plan de alivio económico. Pero no dijo cuándo anunciará una nueva lista. Esta cifra se suma a las 400,000 personas que ya habían recibido el subsidio, según confirmó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el 2 de abril. Para entonces, el Gobierno había distribuido $143 millones de los $450 millones que anunció.

Mientras tanto, Ana Luz sigue sin respuestas, sin dinero, sin comida y ninguno de sus hijos recibirá salario fijo durante la cuarentena. “Como yo siempre les he dicho: una gente que consigue lo que se come diariamente, ¿cómo se va a preparar para esperar algo tan grande como esta cuarentena?”.

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