El domingo 12 de abril, las personas en cuarentena en el hotel Alicante se exacerbaron al escuchar de parte del personal médico que todavía no podrían abandonar el centro, pese a cumplir con el tiempo establecido.
Los 88 centros de contención han comenzado a dejar ir a algunas personas que han guardado cuarentena desde hace un mes —o inclusive antes—. Pero la gran mayoría sigue adentro, sin información y con incertidumbre. GatoEncerrado compila el día a día de una persona en cuarentena en el hotel Alicante y sus inquietudes de seguir atrapada pese a saberse negativa de COVID-19 y de haber completado el proceso en los tiempos establecidos.
Un mes atrás, la noche del 11 de marzo, el presidente Nayib Bukele ordenó poner en cuarentena a toda persona que hiciera su ingreso al territorio salvadoreño. Las puertas de diferentes centros de contención, algunas bases militares y albergues del Estado, fueron abiertas como medida para controlar la propagación de un virus de fácil contagio.
La gente aceptó someterse a cuarentena —pese a no tener muy claros los protocolos que se seguirían internamente—. Dos días después del anuncio del presidente Bukele, el viernes 13 de marzo, una familia de ocho personas llegó a El Salvador. Aceptaron también ingresar al sistema implementado. Una de las personas de ese grupo en cuarentena compartió, bajo anonimato, su diario con GatoEncerrado. El texto compila, en sus propias palabras, los días claves desde que llegaron a la Villa Olímpica, Mejicanos, hasta ser trasladados al hotel Alicante, en Ahuachapán. “Hoy tenemos 31 días de cuarentena y no nos dicen nada”, relata.
Toque las fechas para leer el diario de cuarentena.
Ingresamos en un vuelo aéreo proveniente de San José, Costa Rica, en un viaje familiar. Llenamos voluntariamente la papelería respectiva y firmamos para 12 de abril la salida. Nos trasladaron en un bus a la Villa Olímpica. Nos querían dividir en hombres y mujeres. Solicitamos nos mantuvieran juntos a los ocho, ya que estábamos conscientes de que, por nuestro viaje a Europa, éramos propensos a desarrollar la enfermedad. Nos ubicaron en una habitación con cinco literas y un área de varios baños, que compartíamos con los otros dos cuartos en el mismo pabellón. No había más personas. Mi hermano es médico con maestría en Salud Pública y Gerencia Hospitalaria, y maneja el área epidemiológica. Nos advirtió que no saliéramos del cuarto, solo para comer, ya que eso no era una cuarentena. No había aislamiento adecuado. Si alguien de verdad tenía el virus, lo andaba propagando. Nunca nos tomaron temperatura y siempre habían albergados haciendo ejercicio, paseando en los pasillos, jugando fútbol, tenis, etcétera. Nos mantuvimos tres días solo saliendo a comer y con las medidas preventivas como mascarilla, alcohol gel y limpieza del área donde comíamos, ya que éramos alrededor de 400 personas y nos turnábamos.
Después de la cena, a todo el grupo familiar, con otras personas, nos trasladaron al hotel Alicante, en Apaneca. Nos ubicaron en un solo cuarto con mi esposa. Ya no tuvimos contacto directo con nadie, ya que las habitaciones eran privadas y con baño propio. La comida nos la traen, no hay que desplazarse para nada. Aquí sí estamos en aislamiento.
Le realizaron a seis personas, entre ellas a mi padre y a mi esposa, la prueba de COVID-19 con hisopado nasal y faringeo, quedando pendiente la toma al resto de mi familia.
Hicieron otras siete pruebas, entre las cuales la realizaron a mi persona y a uno de mis hermanos con su esposa. Y esperamos…
Los resultados de las pruebas practicadas en los centros de contención no han sido liberados para las personas a quienes se les realiza; ni eso ni el conocer sus cuadros clínicos mientras estuvieron en cuarentena. Eso pese a que dentro de la Ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud es claro, en su artículo 13, el derecho a la información.
En otras palabras, todo paciente o su representante tiene derecho a recibir de forma verbal y escrita, del prestador de servicios de salud, mientras sea atendido “su diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgo…”, así como “recibir la información y explicación de manera oportuna, lo más clara posible de su diagnóstico, de sus exámenes de laboratorio…”, y “la duración estimada de estadía en caso de hospitalización y tratamiento”.
Erika Saldaña, abogada constitucionalista, lo resume así: la gente es dueña de esa información y si esa información no es trasladada, hay una violación al derecho de autodeterminación informativa. “Todo dato médico es parte de los datos personales de alguien y su titularidad le pertenece a ella misma. Me parece un poco inaudito que haciéndoles pruebas médicas no sepan los resultados”. La persona, según Saldaña, no solo tiene derecho a saber sus datos, sino que ella misma puede hacer con esa información lo que quiera: publicarlos o no publicarlos o mantenerlos en reserva. “Sí es una violación al derecho a la intimidad; todas las cuestiones de salud son parte de ese ámbito de cada persona”.
Solicitamos a la Sala de lo Constitucional un hábeas corpus explicando que tenemos hijos menores de edad, entre 2 y 11 años (diez hijos en total entre todo el grupo familiar ). Finalizan las pruebas en el hotel y se la realizan a mi madre y a mi otro hermano con su esposa.
Nos enteramos que la Sala de lo Constitucional falló a nuestro favor y enviarían un juez para verificar y validar el hábeas corpus.
Vino el juez y verifica lo expuesto en el documento.
De a poco, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el haber admitido diferentes hábeas corpus relacionados a demandas de gente que exigía conocer los resultados de sus pruebas. Otros recursos pedían les hicieran evaluaciones para saber si la cuarentena podrían seguirla en su domicilio o, simplemente, demandaban tener las condiciones necesarias y asistencia médica adecuada debido a padecimientos médicos que podrían poner en riesgo su salud.
Ese 4 de abril, 70 personas fueron las primeras en cumplir cuarentena y ser enviadas a sus casas. Al día siguiente, fueron 81. Y así continuaron.
Comienza la Semana Santa y, como católicos practicantes, tratamos de vivirla con fe, esperanza y paciencia, ya que teníamos 23 días de cuarentena y estábamos ya en cuenta regresiva.
Toda esta semana hemos preguntado diariamente al personal de salud cómo es el protocolo de salida para ir preparando todo y la única respuesta que recibimos ha sido: “No nos han dicho nada”. Nuestros hijos esperan ansiosos nuestro regreso, lloran porque no comprenden por qué ya tantos días y nosotros no llegamos. Mis suegros ya están fatigados, estresados. Ambos padecen de hipertensión arterial. Mi suegro además padece de insuficiencia renal y mi suegra de diabetes mellitus. En esta semana nos informan, por personas fidedignas, que nuestras pruebas tienen un resultado negativo. Brilla una luz ante tanta oscuridad.
30 días en cuarentena cumplidos. Hemos comenzado a preguntar por el protocolo de salida sin tener una respuesta. Llegó la representante del Ministerio de Salud a informar que no saldríamos este día, sino hasta que los de “arriba” dieran indicaciones. Pero, ¿con qué derecho nos privan de nuestra libertad y nos alejan de nuestros hijos sin responder con la verdad a nuestras dudas? La doctora nos dijo que solo venía a informarnos, que nos realizarían otras pruebas, pero no entendemos el por qué si aquí no hay positivos. Entonces, ¿por qué más pruebas? Además el ministro de Salud dijo que no eran necesarias las pruebas para salir de los centros de contención. Entonces, ¿a quién le creemos? Nos dicen que por haber estado en la Villa Olímpica nos quieren hacer otra prueba, pero ya tenemos 28 días de haber sido trasladados y estamos asintomáticos. Si nuestra prueba es negativa, ¿por qué nos retienen?
¡Queremos respuestas e irnos a casa! ¡Es todo lo que pedimos!
Las personas en el hotel Alicante no son las únicas que se preguntan por qué, si ya cumplieron con los tiempos, siguen en cuarentena. Lo mismo pasa con personas en Atami, como en el centro salesiano de retiro de Ayagualo, en La Libertad; el hotel Kartagus, el hotel Villa Terra, en San Salvador; y en uno de los albergues en el Lago de Coatepeque, Santa Ana, por mencionar algunos. Todos preguntan lo mismo: ¿por qué aún no se inicia el trámite de salida?
La respuesta a esa pregunta sigue en el limbo. Ante la falta de lineamientos claros aplicados en los centros de contención, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) mandó un escrito, el 9 de abril, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitando abrir la información sobre todos los protocolos enviados al Ministerio de Salud para contener la propagación del virus. Entre estos, mencionaron el interés por conocer sobre la aplicación de las pruebas, como la atención y el cuidado de las personas en albergues.
En Atami, hay personas que cumplieron 35 días en cuarentena. Ana Cruz, de 42 años, es una de ellas. Su ingreso lo hizo junto a su hija por el aeropuerto internacional la noche del 10 de marzo, un día antes del anuncio del presidente. La madrugada siguiente iniciaron su proceso en el albergue de Jiquilisco, Usulután. Cruz explica que ha consultado a los médicos sobre cuándo les darán salida, pero lo único que les han dicho es que los documentos están listos, como el resultado de sus pruebas, pero que esperan a que las autoridades den la orden. “Hoy sí nos dejaron peor, porque no nos da posibilidad de que salgamos ni hoy ni mañana ni un día de estos”.
Ahí, describe, las personas de la tercera edad con diabetes u otras enfermedades son las que más se han visto más afectadas con el encierro. “Hay señoras mayores que han aguantado lejos de su familia. Tenemos una gran depresión, pero ellas son más vulnerables que nosotros. No quieren comer”, explicó. El 28 de de marzo les practicaron una prueba de COVID-19. Cruz espera poder salir pronto para encontrarse con su hija, quien fue enviada a la casa de retiro de las Hermanas Carmelitas, en Soyapango.
El domingo 15 de marzo, 38 personas fueron enviadas a un centro en el Lago de Coatepeque. Nunca tuvieron contacto con nadie que no fuera del mismo grupo. Al quinto día, comenzaron a practicarles pruebas de coronavirus. Lo hicieron aleatoriamente a 17 personas, a uno por familia y así sucesivamente. Jennifer Menjívar, quien llegó con el grupo, cuenta que hace siete días las autoridades determinaron que solo se irían las personas a las que les practicaron pruebas. Quienes se negaron a salir firmaron un papel en el que dejaban constancia de que se quedaban por cuenta propia. “Pero, claro, los padres de familia no iban a irse y dejar a sus hijos aquí. La mayoría de esas personas se quedaron”.
La semana pasada, jueves, llegaron a hacerles pruebas a todos. “Salieron negativos”, fue la respuesta de los médicos, pero no tienen ningún documento en físico que lo compruebe. “El Ministerio de Salud no se ha hecho presente a hablar con nosotros. La fecha de salida era ayer (lunes 13). Estamos sanos, estamos a la deriva y no sabemos el por qué. No sabemos absolutamente nada”.
Aunque en algunos centros el problema ha sido el conocer los resultados de sus exámenes, en otros, como en el hotel Villa Terra, no conocen de pruebas. Las personas en cuarentena cumplieron 30 días sin que se les practicara por lo menos una. La mañana de este 14 de abril esperaron indicaciones que nunca llegaron. Lo único que supieron es que les comenzarán a hacer las pruebas pronto.
Hasta el 14 de abril, según datos del portal de Presidencia sobre COVID-19, el número de personas que finalizaron su cuarentena en centros de contención sumaban 1,768 personas de 4,287 que se encontraban en los 88 centros de contención.
Erika Saldaña recalca que, más allá de los días establecidos para cuarentena y de haber firmado un papel de 30 días, es necesario se les dé una justificación a cada persona por permanecer en cuarentena controlada por el Gobierno. Si se les está extendiendo el tiempo, debe justificarse o se estaría violando el derecho a la libertad de la persona. “Si al día 30 le dicen: ‘usted tiene coronavirus’, es razonable que lo mantengan más tiempo…”, dijo la abogada. “Lejos de eso, no hay razón. Creo que sí se estaría atentando contra el derecho a la libertad de estas personas”.
Julia Evelyn Martínez lo tiene claro: el Gobierno de Nayib Bukele ha dado muestras de profundizar en la implementación de la corriente económica neoliberal y eso, como consecuencia, ya ha provocado más pobreza, exclusión y desigualdad, mientras los ricos se hacen más ricos.
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