Imelda de Jesús Cardona tiene 65 años. En un El Salvador con justicia social y económica, estaría jubilada desde hace 10 años, pero su realidad es otra: se dedica a la venta de flores y hierbas que encuentra en las fincas aledañas al caserío El Portezuelo, donde vive. Mejor dicho, donde intenta sobrevivir en medio de la pobreza extrema. 

Para subir al caserío El Portezuelo, donde vive Imelda, hay que viajar en un vehículo de doble tracción por 17 kilómetros desde el casco urbano de Juayúa. El caserío es el último rincón con un asentamiento humano ubicado en un valle entre el cerro el Águila y la laguna de las Ranas de Sonsonate. 

Las 36 familias que conforman la comunidad, incluida la de Imelda, tienen una lucha cotidiana contra la miseria para sobrevivir. En un día cualquiera, la escasez de comida y dinero los deja un poco de hambrientos. Y por si aún era posible tocar más abajo del fondo, su situación empeoró desde que el Gobierno impuso, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, la cuarentena domiciliar y el régimen de excepción para evitar la propagación del COVID-19.

Solo cinco, de las 36 familias, fueron beneficiadas con el subsidio de $300 que entregó el Gobierno, como parte de su plan de alivio económico para las familias afectadas por el régimen de excepción y las medidas restrictivas del estado de emergencia. Si han sobrevivido es gracias a las personas altruistas que han llevado víveres.

En un día cualquiera, sin emergencia, Imelda tiene que caminar dos horas y media hasta llegar a la carretera que la lleva a Juayúa, en donde dos veces por semana vende sus flores para sobrevivir. Hasta el caserío no suben buses. No podrían por lo complicado del terreno. Así que Imelda es de las que caminan. Pero también porque no tiene $35 o $40 para pagar el viaje a un vehículo doble tracción que la saque desde su vivienda hacia Juayúa para vender. Pero ahora, en tiempos de cuarentena, ni bajar a pie hasta la carretera ha podido.