Existen al menos cinco razones indiscutibles para rechazar la inconsulta, ilegal e ilegítima reforma a la Constitución de la República que el oficialismo pretende imponer aprovechando su correlación favorable en la legislatura saliente y en la que iniciará el 1 de mayo próximo.

La primera razón tiene que ver con el momento de la reforma. Contrario a lo dicho por el vicepresidente Félix Ulloa sobre que éste es el momento oportuno para reformar la Constitución, ésta debió aprobarse antes de las elecciones del pasado 4 de febrero, para que fuera debatida en la campaña electoral y que la población estuviera consciente de su posible ratificación en la siguiente gestión parlamentaria.

Así lo estableció la Sala de lo Constitucional en noviembre de 2017 cuando revirtió la reforma que ampliaba a cinco años el período de los diputados, alcaldes y concejos municipales. La reforma había sido aprobada el 23 de abril de 2015, después de las elecciones legislativas y sólo una semana antes de que tomaran posesión los nuevos diputados.  

La sentencia sostiene que la población no pudo pronunciarse sobre la reforma de manera tácita al elegir a los diputados del período 2015-2018 porque entonces ya estaba firme la conformación de la legislatura que ratificaría la reforma. En tal sentido, la reforma constitucional del bukelismo violaría flagrantemente esta sentencia de la Sala porque debió aprobarse antes del 4 de febrero.

La segunda razón se refiere a la legalidad y legitimidad de los legisladores que avalarían la reforma. La elección de los diputados y diputadas 2024-2027 es ilegal porque promovieron la reelección presidencial continua. El artículo 75 inciso cuarto de la Constitución dice que “pierden los derechos ciudadanos quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. 

Basta con revisar las redes sociales y publicaciones en medios de comunicación para constatar que todos o la mayoría de diputados electos o reelectos de Nuevas Ideas perdieron el derecho a aspirar a un cargo público por haber apoyado la reelección de Bukele; por tanto, su elección es ilegal y no pueden aprobar reformas constitucionales.

La tercera razón está relacionada con la dimensión de la reforma prevista y la necesidad de una Asamblea Constituyente. Un reforma constitucional tan amplia y profunda que busca modificar aspectos fundamentales -incluido el sistema político, la forma de gobierno y otras “cláusulas pétreas”- no puede realizarse con un procedimiento de reforma mediante la aprobación en una legislatura y su ratificación en la siguiente. 

La reforma que desea Nayib Bukele sería -en la práctica- una nueva constitución, por lo cual debería ser avalada por una Asamblea Constituyente. La actual carta magna fue aprobada en una Asamblea Constituyente en 1983. 

La cuarta razón se vincula a la metodología de aprobación de la reforma. Las constituciones no son leyes para períodos cortos, ni se modifican al capricho de quienes gobiernan; sino que son disposiciones de largo alcance temporal y regulan aspectos elementales de la vida de las sociedades y del funcionamiento de los Estados. Por tanto, sus reformas son ampliamente debatidas y consensuadas, no aprobadas a la ligera y de espaldas a la ciudadanía.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional mencionada anteriormente sobre el momento para hacer las reformas, también manda a que cualquier modificación a la carta magna debe cumplir plenamente con el procedimiento informativo establecido en los artículos 83, 85 inciso primero y 248 de la Constitución. 

Félix Ulloa asegura que la reforma ya fue consultada hace un par de años en grupos focales que él mismo organizó; sin embargo, el problema es que la reforma de Bukele parece ser otra muy distinta a la que elaboró el vicepresidente.

Y la quinta razón es el objetivo político de la reforma constitucional. Es obvio que el régimen del clan Bukele tiene el nefasto propósito de institucionalizar la nueva dictadura que iniciará formalmente el próximo 1 de junio. Es decir, busca adecuar el marco legal del país a su estilo de gobierno autocrático, autoritario y dictatorial.

Como denunció un grupo de organizaciones sociales la semana pasada, la reforma no es para actualizar el marco constitucional, reconocer nuevos derechos e incorporar avances democráticos; sino para “concentrar aún más el poder en el presidente de la república, eliminar la separación de los órganos estatales, desmontar el modelo de democracia republicana y legalizar los abusos, arbitrariedades y violaciones a la actual Constitución”.

Probablemente la reforma también cambie la forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los períodos de los diputados y alcaldes en función de los tiempos políticos y los intereses electorales del oficialismo que buscará perpetuarse en el poder. Además, fortalecería el militarismo, la vigilancia digital y otros mecanismos de control social.

Finalmente, la reforma podría incorporar disposiciones del régimen de excepción y convertir en “nueva legalidad” la suspensión de garantías constitucionales; anular la autonomía de la Universidad de El Salvador (UES) y -en el ámbito económico- podría instaurar las criptomonedas e incorporar otros aspectos de la “utopía digital” y del anarco-capitalismo que abandera la autocracia de Bukele y sus hermanos.