Su cuarentena volvió a empezar el día que fueron detenidos y enviados a delegaciones policiales de Soyapango e Ilopango por supuestamente estar en la calle sin una justificación. Pasaron en el sol, sin comida, hasta que fueron trasladados a la casa de retiro Nuestra Señora de Monte Carmelo, en Ciudad Delgado. Ahí, las condiciones de confinamiento —agua y alimentos de mala calidad— llegaron a provocar enfermedades estomacales además de una repentina huelga de hambre, que podría repetirse, de no cumplirse sus derechos.
Frente a la entrada de la casa de retiro Nuestra Señora de Monte Carmelo, en Ciudad Delgado, Luis*, junto a otras personas retenidas, esperaba para que el lugar fuese habilitado como un centro de contención. Ahí fue enviado tras ser detenido por agentes policiales, bajo el argumento de haber incumplido el resguardo domiciliario. Habían pasado casi diez horas desde que lo llevaron a la delegación policial en Montes IV de San Bartolo, donde permaneció bajo el sol, expuesto en una cancha de basquetbol y sin comida ni agua.
Cuando entraron, a las 10 de la noche, no había nada listo ni adecuado para recibirles. Los cuartos, con tres camas cada uno, estaban sucios, llenos de polvo y en algunos había excremento de ratas. Antes de terminar el día, nadie cenó. A la medianoche, recibieron indicaciones de que serían atendidos por el personal médico encargado del centro. Creyeron que el chequeo sería de salud, pero todo lo que hicieron fue llenar una ficha, con sus datos, similar a la que habían firmado horas antes en las bartolinas.
Luis fue detenido, como otras personas, la mañana del 7 de abril, un día después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, girara instrucciones al Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Defensa para ser más duros con la gente que se encontrase en la calle. Lo detuvieron cuando se trasladaba junto a su madre a dejarle un pato a una señora que vive sola, y sin comida, a diez casas de la suya. Los policías les encontraron en el camino. Querían llevárselos a los dos, pero solo a él terminaron esposando. Previo a subirlo al carro patrulla, otro policía alertó sobre quitarle las esposas: ese agente sabía que era algo que no podían hacerle.
En la delegación policial había más detenidos que, como él, estaban ahí por romper cuarentena injustificadamente. Los pasaban uno a uno dentro de un cuarto, donde dos policías, un mujer y un hombre, les preguntaban por su edad, dirección, si padecían de una enfermedad crónica, si tomaban algún medicamento de forma permanente, si tenían tatuajes, cicatrices, tos o gripe y ahí se acababa todo. Además de policías, la delegación también estaba custodiada por soldados.
Ese fue el procedimiento que siguieron esa noche: su cuarentena comenzó en una bartolina, pese a que en el papel, como lo detalla inclusive el artículo 13 del vigente decreto Ejecutivo n° 20, se menciona que “en caso de que la autoridad pública encuentre a una persona incumpliendo resguardo domiciliar sin justificación, esta será conducida a un establecimiento de salud, en donde se le realizará una evaluación clínica para determinar si continuará en resguardo domiciliar o si amerita cuarentena controlada por 30 días o el que la autoridad de salud determine…”. Similar fue, en su momento, el artículo 5 del decreto Ejecutivo n°12.
Pero ese punto nunca se cumplió, como tampoco la evaluación médica que se hizo hasta entrada la noche en el centro de contención y a la mañana siguiente cuando hicieron la primera toma de la temperatura.
Cumplieron nueve días en cuarentena dentro de la casa de retiro Nuestra Señora de Monte Carmelo. La mañana del jueves 16 de abril amanecieron algunos con el estómago revuelto y los intestinos alterados. Tenían náuseas y otros problemas de diarrea a causa de lo que comían y tomaban. Desde que llegaron, dicen, nunca tuvieron agua potable y la comida que les daban tenía la textura de una chancleta y el sabor ácido de cuando comienza a dañarse.
—¿Realmente están con cuadros de diarrea o es algo más que ustedes quieren que nosotros les escuchemos?—preguntó una doctora, quien de entrada dijo haber sido enviada para atender casos de supuestos problemas gastrointestinales aparecidos en el centro de contención.
—¡Aquí no nos dan ni lejía ni nada! Aquí nosotros le hemos pedido a la familia que nos traigan escobas, lejía y dos botes de agua por día— respondió alguien entre el círculo que se había formado en el patio central de la casa de retiro—. Esa agua es del tanque, esa agua nos están haciendo que tomemos.
—¿Qué comieron ayer?
—Tamales y frijoles.
—Pero tengo un problema con ustedes —prosiguió desconcertada la doctora—. Me dicen que no se han querido tomar la temperatura.
—Es que no nos la vamos a tomar hasta que nos escuchen, porque aquí nadie va a agarrar comida.
—O sea, ¿se van a declarar como en huelga de hambre?
—En huelga de hambre —respondieron al unísono—. ¡Sí!
—Como ahí hay comida que viene arruinada y esa comida a nosotros nos afecta —respondió otro de entre el grupo de enfermos—. Si nos dieran comida bien y nos dieran líquido de agua bastante, estamos también.
En la conversación de ese jueves, a la que GatoEncerrado tuvo acceso a través de unas grabaciones en audio, buena parte de las personas en cuarentena expusieron que comenzaron a enfermarse no por el virus, sino por las condiciones en las que se encuentran en ese centro de contención. La declaratoria de huelga de hambre, de unas 41 personas —de un aproximado de 90— en ese lugar, fue una medida de presión que también incluía no dejarse tomar la temperatura hasta que las autoridades cambiaran la comida y llevaran agua consumible. Esa reunión también sirvió para preguntar por la prueba de COVID-19 y el tiempo que les tendrían en cuarentena, como para saber los tratamientos que recibirán los que padecen enfermedades crónicas.
—Ustedes me dicen: “¿la prueba?”. La prueba tiene su tiempo para ser aplicada —continuó la doctora—. Si alguno de ustedes sale con fiebre, a esa persona se le hace la prueba antes del tiempo que debe hacerse para todo.
—¿Cuánto tiempo? —le preguntaron con insistencia.
—De 15 (días) a 3 semanas.
—Usted como doctora tiene el acceso a saber cuántos son los días que podemos estar acá —preguntó otro—. Porque eso es lo que nos está matando.
—Son un promedio de 30 días —le respondió—. Al salir tendrán certificados que confirmen que están fuera de COVID. Van a salir todos al mismo tiempo.
La doctora se comprometió a que levantaría un acta en la que dejaría por escrito las quejas por la comida, por el calor y porque también reclamaban que no les permitían el ingreso de alimentos que enviaban sus familiares. Pero también fue muy firme en asegurar que no podría dejarles ir. Les explicó que dado que el virus ya circula en la comunidad, es necesario que ellos sigan en el centro de contención para evitar un contagio.
—Para mí son pacientes y tienen derecho a saber la verdad sobre la enfermedad —les dijo quien se había convertido en una figura de autoridad para ellos.
—Agradecemos a usted que ha sido muy fina en querernos dar explicaciones —comentó otro de los hombres al cierre de esa reunión—. Usted ha tenido esa buena actitud de pararse y escuchar nuestras peticiones.
La huelga de hambre se levantó horas después, cuando tuvieron respuestas de que les darían agua y comida de calidad. De las pruebas de COVID-19, solo supieron que comenzarán a hacérselas por grupos de diez personas. Sin embargo, como nunca les dijeron cuándo, decidieron que harán presión para que se las practiquen. Si el lunes próximo, no obtienen respuesta alguna, volverán a declararse en huelga.
Para el abogado Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), si bien hay un problema arbitrario en la implementación de la medida contra los que violen la cuarentena domiciliaria, es decir, en el cómo se procede al tomar la decisión de si se van a su casa o a un centro, también no se puede omitir la falla que existe en las condiciones de los sitios de cuarentena controlada. Aunque está claramente establecido en las normas, no es lo que se ve realmente en el terreno: “En el Estado de Emergencia habla explícitamente, muy en términos generales, de cómo deben de ser las condiciones de los centros”. Según Escalante, ese es un mandato legal que el Ejecutivo debe de cumplir aunque no esté contemplado en el decreto Ejecutivo n° 19.
Al conocer de los hechos ocurridos en el centro de contención de Ciudad Delgado, Escalante recalca el impacto del coronavirus en organismos vulnerables: “Si el Gobierno está diciendo que protegen la salud y se ha demostrado que el virus podría ser más letal cuando el cuerpo está debilitado, entonces, las condiciones de infraestructura donde se encuentren estas personas, que pudieran contagiarse, deben garantizar las fortalezas del cuerpo”.
Luis, de 29 años, vive con su madre y dos hermanas. Es el mayor y el encargado de aportar más a la casa. Como él, también Antonio* fue detenido casi a la misma hora, alrededor de las 12:30 p. m. Antonio, de 41 años, había salido a comprar al mercado en Soyapango. Es el encargado en su familia. “No te vayás a correr”, le dijeron los policías cuando le detuvieron. No lo esposaron, pero sí suplicó porque le dejaran ir: explicó que en su casa vive con su pareja, de 24 años, y su hija, de cuatro años, pero aún así fue llevado a las bartolinas de Soyapango. A las 6 de la tarde estaba subiéndose a un microbús que lo llevaría a Ciudad Delgado.
A las 11:30 a. m. fue detenido Marlon* en la residencial Altavista. Cuando salió a buscar almuerzo, policías le llevaron en un carro patrulla a la delegación policial. No hubo resistencia de su parte por miedo a que lo golpearan. En la bartolina firmó unos papeles sin saber exactamente de qué se trataban. De Altavista lo trasladaron a la delegación policial de Ilopango luego de seis horas de espera. No comió nada hasta el día siguiente que ya había sido ingresado en el centro de contención.
El abogado Dennis Muñoz es quien está a cargo de los habeas corpus de estos casos. Son siete los que ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre personas, de escasos recursos y zonas marginales, que fueron detenidas, llevadas a bartolinas y, finalmente, a centros de contención en procedimientos con un indiscutible abuso de parte de las autoridades y de exposición mediática, dice.
“Ha habido abuso de poder: ellos andaban comprando comida para abastecerse, porque eran las personas encargadas”, comentó Muñoz a esta revista. “Todas las capturas las hizo la Policía y la Fuerza Armada. No es cierto de que fueron llevados a un centro de contención. Los ficharon en la delegación policial en San Bartolo, a partir de la 1:00 p.m., para exponer a estos jóvenes”.
El abogado dejó por escrito en los recursos que, además de que los hechos ocurrieron un mismo día y en horas similares, “hay algo más complicado: todos decían que cada agente se peleaba por detenerlos. Les habían llevado metas de cinco personas”.
En su fundamento añadió que los decretos del Ejecutivo no son ley formal, que hayan pasado por formación en la Asamblea Legislativa, sino medidas de emergencia. Además, sostuvo que en los decretos “sí se les va a detener, pero con prueba respectiva. Ya transcurrieron diez días, pero nunca les han practicado una”.
El artículo que Muñoz cita es el 1, literal b del decreto n° 19. En este, el Ejecutivo ha establecido que “toda persona que incumpla el resguardo domiciliar sin justificación y que luego de haber sido evaluada por el personal médico se catalogue como sospechoso deberá guardar cuarentena controlada por 30 días, en tanto no se confirme o descarte la presencia del COVID-19 a través de la prueba PCR respectiva”.
El abogado también emitió una denuncia ante la PDDH por el derecho humano vulnerado, como el derecho a la libertad, a la integridad física, a la salud y al debido proceso. “Este no es un tema de seguridad pública, es de emergencia sanitaria. Me parece nefasto todo este cúmulo de detenciones ilegales”, señaló.
El 15 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió la resolución HC 148-2020 en la que ordenaba al Ejecutivo abstenerse de “detener o retener a las personas por el mero incumplimiento de la cuarentena domiciliaria”. El presidente de la República dijo, minutos después, que no acataría dicho fallo.
Estas detenciones no han sido las únicas: el 21 de marzo, a las 9:30 p. m., dos horas después de que Bukele anunciara la cuarentena domiciliaria obligatoria, Fernando Zuniga fue detenido por un retén militar al salir de trabajar en la Central Geotérmica en Berlín, Usulután. Con Fernando también fueron detenidos cinco compañeros de trabajo.
Cuando fueron detenidos, Fernando y sus compañeros llevaban sus uniformes e identificación del trabajo. Pero los policías consideraron que esa no era una justificación para estar en la calle. Así que Fernando y sus compañeros fueron llevados a la delegación policial de Lourdes, Colón, donde estuvieron retenidos por dos días. Fernando contó a GatoEncerrado que durante ese tiempo solo se les permitió un cambió de ropa y la comida tuvo que correr por su cuenta. Fueron obligados a firmar documentos, que hasta la fecha no se les ha permitido leer.
El 24 de marzo, fueron trasladados a las instalaciones de Ciudad Mujer de Lourdes. Eran las primeras ocho personas en entrar al centro de contención. “Todavía el policía dijo que nosotros éramos los que íbamos a estrenar. Ahora somos casi 50 acá”, dijo Fernando.
Manuel Escalante aseguró que en estos casos si el Ejecutivo no garantiza condiciones de distanciamiento social, con insumos de protección personal, ni buena alimentación en los centros de contención, “sería completamente arbitrario, porque ahí estaría un incumplimiento claro” con respecto a la protección de la salud de las personas. “Es contrasentido”, dijo.
Desde el 21 de marzo, cuando Bukele decretó cuarentena domiciliaria obligatoria, hasta el 18 de abril, 2,220 personas habían sido “retenidas” por desobedecer al encierro, según la página web que el Gobierno ha habilitado para publicar datos sobre todo lo relacionado con el COVID-19 en el país.
La fundación Cristosal ha registrado en línea los casos de vulneraciones a los derechos humanos en el triángulo Norte. Rina Monti, subdirectora de monitoreo de derechos humanos, explicó a GatoEncerrado que en el sistema de alerta de vulneración de derechos han registrado más de 15 denuncias, la mayoría de El Salvador, en relación a las privaciones de libertad durante la emergencia por COVID-19. Esas denuncias están enfocadas en jóvenes que han sido delegados por su familia para realizar las compras. El 60 % de las denuncias de detenciones son hombres. También, registran que en el 47 % de los casos son agentes policiales quienes han vulnerados derechos, mientras que un 41 % ha sido personal del Ministerio de Salud.
El 8 de abril, en su cuenta de Twitter, el presidente Bukele recordó que de violar la cuarentena, las autoridades y el Ministerio de Salud ordenarán su ingreso a un centro de cuarentena “por ser potencial foco de infección”.
“Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus. Esto último podría tardar mucho tiempo, ya que usted no será prioridad en los tests”, dijo.
Bukele también mencionó que dentro de la cadena de prioridades, primero, estará el personal médico, soldados, policías; luego, están las personas con síntomas y, tercero, con nexos epidemiológicos. Lo que se traduce en que las personas que han sido capturadas están en una cuarta categoría.
¿Qué significa estar en el cuarto grupo? ¿Un grupo de cuarta categoría? Escalante cuestiona el tuit de Bukele y, al interpretarlo, recalca que el factor determinante para que este grupo termine su cuarentena no es el tiempo, sino la prueba y en el decreto no dice nada sobre realizar esa prueba dentro de los 30 días. Dado que no son catalogados como prioridad, su salida podría tardar más del tiempo estipulado. Si bien considera que los procedimientos deben estar claros y que deben existir, aunque tal vez no de la mejor manera, espera que ninguna prueba de la gente capturada se detenga de manera indeterminada.
*Con reportes de Carmen Valeria Escobar
*Nombres fueron cambiados por protección de identidad
–No se pueden detener o retener a las personas por el mero incumplimiento de la cuarentena domiciliaria.
–Las actuaciones del Ejecutivo, ejecución que sean arbitrarias e ilegales, constituyen una vulneración de derechos de las personas.
–A la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa y al Ministerio de Salud se les ordena elaborar un registro de las personas privadas de libertad por violación de la cuarentena domiliciliaria y que sea entregado en cinco días, este debe incluir: nombre, dónde fueron detenidos, condiciones en las que fueron privados de libertad y lugares donde fueron conducidos.
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