Opinión

Alerta por COVID-19, alerta por masacre-20

Luis Salazar

Luis Salazar

Abogado del Programa de Acompañamiento
a Víctimas de Cristosal.

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Luis Salazar

Luis Salazar

Abogado del Programa de Acompañamiento
a Víctimas de Cristosal.

¿Quién mueve los controles para que las muertes violentas se disparen hasta 24 en un solo día? Eso ocurrió el viernes 24 de abril, después de días con bajos números de asesinatos. La pregunta es difícil de responder.

Ciertamente, en nuestro sistema institucional se le ha confiado al fiscal general de la República la función de dirigir la investigación del delito. Ese funcionario debería aclararnos, con el uso de la criminología, la investigación criminalística y la información que le provea la Policía Nacional Civil (PNC) y eventualmente el Organismo de Inteligencia el Estado (OIE), si hay alguien moviendo los hilos para aumentar o bajar la frecuencia de muertes violentas. Además, debería explicarnos si tiene base la afirmación que establece una conexión entre lo que pasa adentro de las cárceles, en plena cuarentena por la COVID-19, y la inusitada alza en los homicidios.

Como ciudadano, y como defensor de derechos humanos preocupado por la vida, exijo a las autoridades del Estado que respondan adecuadamente, sin represión y sin tanta improvisación, para enfrentar la pandemia. Asimismo que aclaren y no dejen en la impunidad la ola de homicidios ocurrida en abril. Lo que menos importa es que se haya roto o no la buena racha de estadísticas de una gestión de gobierno. Lo importante es que se haga justicia y se corten esos “hilos perversos”.

Pero que estemos en plena aplicación de estados de emergencia, cuarentenas y demás medidas para la contención de una grave pandemia que tiene paralizado al país y al mundo, no puede ser la ocasión para tomar una medida que, y con esto no queremos ser aves de mala suerte, puede provocar “una masacre inducida”.

Nuevamente se comienza al revés. Los estados de emergencia no fueron solicitados a los jueces de vigilancia penitenciaria, sino que el Presidente de la República ordenó, a través de un tuit al director general de Centros Penales y sin tener aún la autorización de los jueces, el “encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días… las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades quedan suspendidas, hasta nuevo aviso”.

Esta inversión de roles y esta gerencia invertida, sin duda, atenta contra el estado de derecho, pues se lleva de encuentro el principio de legalidad y la presunción de inocencia. Pero explicar eso en este momento parece una exquisitez en tiempos de coronavirus, pero hay que decirlo.

Asimismo, hay que decir que la orden del director general de Centros Penales, de colocar en las mismas celdas, que además serán “selladas”, a personas de distintas pandillas, deja como uno de los escenarios posibles: torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las lesiones y las muertes que los propios internos se ocasionen, si es que eso ocurre, serán responsabilidad de los directores de centros penitenciarios que están aplicando la medida, como también del director general que la ordenó.

Las reglas Nelson Mandela, instrumento universal de derechos humanos de las personas privadas de libertad, establecen claramente que las restricciones o sanciones no podrán ser formas de tortura o tratos inhumanos, mucho menos derivar en ejecuciones extrajudiciales. El aislamiento prolongado y las condiciones inadecuadas de las cárceles son por sí propias formas de tortura. Pero hay una regla aún más básica: no se pueden imponer sanciones sino es con base en un proceso justo, en el que se pruebe que alguien cometió una falta o delito.

Tratar inhumanamente a personas que cumplen sus condenas, por la supuesta responsabilidad de delitos que se cometen fuera de las prisiones, y hacerlo en medio de un estado de emergencia nacional, por mucho que le busquemos, en nada ayuda en este momento.

Lo que sí ayuda es que el presidente de la República conduzca el sistema de salud y la seguridad pública con asertividad y con el más pleno respeto a los derechos fundamentales. Ayuda también que el fiscal general de la República investigue los delitos, combata la impunidad y nos explique los repuntes de muertes violentas.

Además de un sistema sanitario fortalecido y finanzas sanas, necesitamos instituciones fuertes y que se respeten mutuamente, para enfrentar el avance del COVID-19, sus efectos sociales y económicos y los embates de la criminalidad.

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