Foto/ Presidencia de la República

¿Es cierto que Bukele no tiene “ni un centavo partido por la mitad” para enfrentar la COVID-19?

El presidente Bukele aseguró que somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para enfrentar la pandemia, porque los diputados no le han dado “ni un centavo partido por la mitad”. Su discurso es engañoso porque omite decir que ha tenido donaciones internacionales, ha hecho reorientaciones del Presupuesto General de la Nación y ha utilizado la “tarjeta de crédito (Letes y Cetes)” para pagar los bonos de $300 a las familias afectadas por la cuarentena, los paquetes con alimentos, remodelaciones de hospitales, entre otros. Lo que sí es cierto es que la Asamblea ha detenido la incorporación de $389 millones del primer préstamo que el Gobierno gestionó. La razón es el señalamiento de falta de transparencia que hace el Ejecutivo en el manejo de los fondos, que incluso provocó la renuncia de un comité fiscalizador.  

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Ficha de verificación

Autor

Nayib Bukele

Frase

"Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron $3,000 millones, pero no nos han dado un solo centavo partido por la mitad"

Vía

Conferencia de prensa

Fecha y hora

18 de mayo, 2020

Categoría

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha reiterado que el Gobierno no ha recibido “ni un centavo partido por la mitad” de la deuda por $3,000 millones que la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo que gestione, desde hace dos meses, para atender la emergencia por COVID-19.

“Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron $3,000 millones, pero de los $3,000 millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad”, aseguró Bukele, en una conferencia de prensa del 18 de mayo.

Esa afirmación del presidente, que ha repetido en los últimos días, encaja en la definición de Engañosa, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato hace verificaciones del discurso público del Ejecutivo. 

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y los economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Panorama Económico, coinciden en que es cierto que el Gobierno aún no ha recibido directamente “ni un centavo” de los $3,000 millones de deuda, pero el presidente omite decir que el Ejecutivo tomó dinero del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ha obtenido fondos de donaciones internacionales, ha hecho reorientaciones del Presupuesto General de la Nación y ha utilizado la “tarjeta de crédito (Letras y Certificados del Tesoro, que son una especie de préstamos a corto plazo)”.

“Es como que usted no ha recibido de los préstamos pero ha tomado de sus ahorros y ya lo empezó a gastar, o de otra gente que le ha prestado para mientras y ya lo empezó a gastar. Entonces, cuando venga el préstamo, ya solamente es para pagar las otras deudas y reponer. Pero no es que no hayan gastos. Gastos ya hay y bastantes, ya son millones”, explicó a GatoEncerrado Carolina Alas de Franco, investigadora del departamento de estudios económicos de Fusades.

En otras palabras y en contraste con lo que asegura el mandatario, el Gobierno sí ha tenido financiamiento para enfrentar la COVID-19, pero con el matiz de haber tomado de otros fondos para hacer pagos; por ejemplo, el bono de los $300 a las familias afectadas, los paquetes de alimentos, insumos médicos, remodelaciones y construcciones de hospitales, entre otros.

“El Ejecutivo, durante la crisis, sí ha estado utilizando desembolsos de deuda, provenientes de las ‘tarjetas de crédito’ que son las Letes y Cetes”, dijo a esta revista Michelle Molina, economista investigador de Icefi. Según el mismo informe de Hacienda, el Gobierno ha emitido casi $900 millones mediante estos mecanismo.

Los Letes y Cetes son préstamos a corto plazo, de un año o menos, que colocó el Gobierno en bancos locales con intereses que promedian una tasa de 9.5 %, y que serán pagados cuando llegue el dinero que se coloque en los mercados internacionales o préstamos con organismos multilaterales. El Gobierno tiene un límite, según la ley, para endeudarse hasta por un 30 % de sus ingresos corrientes, con el fin de cubrir deficiencias temporales de ingreso con la colocación de Letes y Cetes. Según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, están cerca de alcanzar ese techo.

Bukele también omite decir que su Gobierno aún no ha logrado conseguir toda la deuda, y los economistas ven difícil que lo logre por la elevada deuda que ya tiene el país. Hasta el cierre de esta nota, Icefi decía que el Ejecutivo apenas había logrado negociar el 23.63 % del total de la deuda autorizada por la Asamblea.

El presidente Nayib Bukele se paró frente a la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero, después dehaberla militarizado. Foto/ Carolina Amaya.

¿De dónde han sacado el dinero?

Algunos pagos como el bono de $300, la entrega de paquetes de alimentos, compras de insumos médicos, entre otras obligaciones, han salido de un fondo de emergencia que se llama Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID). Según la ley, los recursos de ese fondo solamente podrán utilizarse en la prevención de desastres, atención de emergencias ocasionadas por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto en todo el país o que las incidencias del mismo afecten un espacio delimitado del territorio nacional. 

Un informe del Ministerio de Hacienda, enviado a la Asamblea Legislativa, revela que hasta abril 2020, las asignaciones de FOPROMID eran de $568.1millones. Anualmente, ese fondo tiene un presupuesto de $4 millones, pero en esta emergencia por COVID-19 tuvo un incremento de $564.1 millones. De ese total asignado, entre el 13 de febrero y el 13 de mayo de 2020, Hacienda transfirió de la Caja Fiscal al FOPROMID un total de $513.8 millones para financiar las diferentes necesidades durante la pandemia.

El informe también especifica que trasladaron al fondo $400 millones de la colocación de Letras del Tesoro en los mercados nacionales. Esta es una deuda puente para un año que se pagará con los préstamos que se obtengan de los $2,000 millones de deuda que fueron aprobados por la Asamblea, el 26 de marzo, como primera parte de los $ 3,000 millones.  

El informe también incluye $45.3 millones de un préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y $68.5 millones de transferencias al presupuesto 2020.

El informe no lo dice, pero el Gobierno ha echado mano de $25 millones del ISSS y ha recibido donaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de los Gobiernos de Estados Unidos y de China. Además, empresas privadas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han realizado donaciones de kits de pruebas para detectar la COVID-19 y otros insumos médicos.

Además de los $3,000 millones para atender la pandemia, la Asamblea autorizó al Gobierno $645.8 millones de deuda para completar los gastos del Presupuesto General de la Nación 2020. Según Hacienda, entre marzo y abril se emitieron Cetes por $483.5 millones.

Durante la emergencia, la Asamblea Legislativa también ha autorizado al Gobierno hacer  transferencias entre instituciones por un monto de $10.1 millones para pagar salarios de ANDA y de CIFCO. Ese dinero, principalmente, ha salido del ramo de Educación.

Los $513.8 millones de FOPROMID han sido distribuidos en 10 instituciones del Gobierno, encabezada por el Ministerio de Economía con $375 millones para otorgar el bono de $ 300 a las familias afectadas económicamente por la pandemia. En un informe que envió la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la Asamblea Legislativa dice que los beneficiarios del bono de $300 fueron 1.2 millones. Sin embargo, en la reforma que presentó el Gobierno para la distribución de los $2,000 millones, indicó que utilizó $450 millones para transferencias a familias.

Hacienda también ha transferido $55,288,563 de FOPROMID al Ministerio de Agricultura para adquirir 1.7 millones de cesta alimentarias y contratar servicios de maquila para el empaquetado; adquisición de equipos, contratación de recurso humano y asistencia técnica. En el decreto de distribución de los $2,000 millones, el Gobierno dijo que usó $300 millones para un paquete alimentario que entregará a las alcaldías durante tres meses. En una conferencia con alcaldes de Arena, este 21 de mayo, Bukele dijo que duplicará la entrega de paquetes a 3.4 millones.

Carolina Alas, de Fusades, señala que no hay claridad de la información, debido a que, en la primera semana de mayo, empezaron a repartir paquetes de alimentos a través de los alcaldes y tras recibir críticas de que no costaban $50, como el presidente había prometido, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que la “cesta de $50” sería entregada por Bienestar Social, a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC). Esa entrega empezó el pasado 17 de mayo, y de hecho las bolsas tienen estampado el nombre de “Bienestar Social”, una oficina dirigida por la primera dama Gabriela de Bukele. 

También hay otros ministerios que han recibido dinero de FOPROMID. Al Ministerio de Salud, el principal encargado de decretar medidas durante la pandemia, le han transferido  $35,430,500 para la adquisición de insumos, equipos y medicamentos para hospitales y unidades de salud y para el reacondicionamiento y equipamiento de hospitales. 

Al Ministerio de Obras Públicas le pasaron $35 millones para la ampliación, construcción y remodelación de la red hospitalaria en todo el país; alquiler de unidades de transporte, adquisición de materiales de protección, aseo, limpieza y alimentos. Según el informe de la Corte de Cuentas, parte de ese dinero se está usando para la construcción del hospital provisional en CIFCO; aunque los auditores indican que “la falta de entrega de la información de manera expedita ha generado limitantes en los procedimientos para realizar el examen”.

Eso contrasta con las declaraciones del presidente, en la última conferencia de prensa, cuando afirmó que su Gobierno no está obligado a presentar el detalle de todos los gastos en el informe que envía a la Asamblea Legislativa, pero que sí envía toda esa información a la Corte de Cuentas. 

Al Ministerio de Turismo le han transferido $5.9 millones para alquiler de hoteles, readecuación y habilitación de espacios públicos y privados para centros de contención; alimentos e insumos varios para dichos centros. El monto no coincide con en el informe de la Corte de Cuentas, que indica $3.9 millones.

Al Ministerio de Gobernación le fue transferido $3 millones para la adquisición de alimentos, kits de higiene e insumos varios para centros de contención.

Falta de transparencia

Después de que la Asamblea Legislativa autorizó las emisiones de deuda, el responsable de salir a buscar el dinero es el Ministerio de Hacienda. Una vez conseguidos los fondos, tiene que volver a la Asamblea para que ratifique e incorpore los fondos al presupuesto. Generalmente, el proceso lleva un tiempo porque los diputados piden explicaciones sobre cómo usará ese dinero el Gobierno.

Hasta el momento, de los $3,000 millones autorizados, el ministro de Hacienda publicó que solo han conseguido $1,609 millones en préstamos con bancos internacionales, el resto está pendiente. 

El primer préstamo por $389 millones que el Gobierno obtuvo con el Banco Monetario Internacional (BMI) ya pasó por el proceso de autorización y ratificación en la Asamblea Legislativa, pero falta que se apruebe la incorporación al presupuesto general. Según el presidente de la República, ese dinero ya está depositado en el Banco Central de Reserva.

Los diputados detuvieron ese trámite luego de que los representantes del sector académico y empresarial renunciaron al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, el cual fue creado para supervisar la ejecución de los primeros $2,000 millones de la deuda. Los representantes señalaron que su renuncia fue motivada por la falta de transparencia del Gobierno y por presentar una reforma de distribución de los fondos distinta a la acordada.

Antes de incorporar esos fondos, Arena y el FMLN han pedido que el Gobierno entregue informes de ejecución y que sea más transparente.

"Lo primero que necesitamos es transparencia, porque estos son fondos de los salvadoreños. Por lo menos que presenten todos estos informes, de forma correcta", dijo Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, quien se quejó de la falta de datos precisos en los informes que el Gobierno ha enviado. "Entonces, mientras no se resuelva el tema de la transparencia, será muy difícil (aprobarlo) y que no nos echen la culpa", agregó.

El diputado dijo que la falta de información está relacionada con el mecanismo de entrega de los $300 a las familias, la cantidad de personas que lo recibieron, cuántos lo rechazaron y el listado de personas que lo recibieron por municipio.

Por su lado, el presidente y sus funcionarios han insistido a los diputados que aprueben la incorporación de fondos al presupuesto. Según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, las recaudaciones han disminuido y a lo largo de la emergencia estiman una caída de ingresos de $700 millones. “La cuarentena domiciliar ha detenido la marcha del consumo de productos y servicios”, escribió Fuentes, el pasado 16 de abril.

Ante eso, Fusades señala la necesidad de la reactivación económica gradual porque “entre más drásticas hayan sido las acciones para detener la pandemia y más tiempo haya pasado, más profunda será la caída económica y más difícil será revertirla”.

Icefi considera que en el supuesto de que el Gobierno logre concretar los $1,609 millones, todavía le faltaría conseguir casi $1,400 millones. Para esto último, habría que colocar bonos. Sin embargo, el perfil de riesgo de El Salvador ha aumentado por tres razones: primero, por el incremento de deuda, la cual según estimaciones del Icefi, este año cerrará con un saldo de 90 % del PIB. Es decir, que de cada $100 que le ingresan al Estado, $90 serán para pagar deuda.

Segundo, debido  a la carencia de un  plan y de claridad sobre el destino de los recursos; y tercero, debido a la incertidumbre jurídica por las afirmaciones del presidente Bukele de no respetar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fricciones con el sector privado, las academias y las organizaciones sociales. 

“Ello nos deja con tres escenarios. Uno en el que, si se logra colocar la deuda, sería a una tasa de por lo menos 12 %, considerando el riesgo país. Otro en que solo la quieran comprar los fondos buitres a una tasa de alrededor del 17 %. En estos dos escenarios se estaría hipotecando los presupuestos de los próximos años. Y un último escenario, que sería inédito y alarmante, en donde nadie quiera comprar la deuda, significando que apenas en el inicio de la crisis, los mercados ya se habrían cerrado para El Salvador”, hizo ver Molina de Icefi.

Carolina Alas, de Fusades, dice que el Gobierno asegura necesitar $3,000 millones, pero probablemente si hiciera ahorros y fuera más eficiente en el gasto necesitaría menos.

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¿Qué son los Letes y Cetes?

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