El primer préstamo por $389 millones que el Gobierno obtuvo con el Banco Monetario Internacional (BMI) ya pasó por el proceso de autorización y ratificación en la Asamblea Legislativa, pero falta que se apruebe la incorporación al presupuesto general. Según el presidente de la República, ese dinero ya está depositado en el Banco Central de Reserva.

Los diputados detuvieron ese trámite luego de que los representantes del sector académico y empresarial renunciaron al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, el cual fue creado para supervisar la ejecución de los primeros $2,000 millones de la deuda. Los representantes señalaron que su renuncia fue motivada por la falta de transparencia del Gobierno y por presentar una reforma de distribución de los fondos distinta a la acordada.

Antes de incorporar esos fondos, Arena y el FMLN han pedido que el Gobierno entregue informes de ejecución y que sea más transparente.

“Lo primero que necesitamos es transparencia, porque estos son fondos de los salvadoreños. Por lo menos que presenten todos estos informes, de forma correcta”, dijo Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, quien se quejó de la falta de datos precisos en los informes que el Gobierno ha enviado. “Entonces, mientras no se resuelva el tema de la transparencia, será muy difícil (aprobarlo) y que no nos echen la culpa”, agregó.

El diputado dijo que la falta de información está relacionada con el mecanismo de entrega de los $300 a las familias, la cantidad de personas que lo recibieron, cuántos lo rechazaron y el listado de personas que lo recibieron por municipio.

Por su lado, el presidente y sus funcionarios han insistido a los diputados que aprueben la incorporación de fondos al presupuesto. Según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, las recaudaciones han disminuido y a lo largo de la emergencia estiman una caída de ingresos de $700 millones. “La cuarentena domiciliar ha detenido la marcha del consumo de productos y servicios”, escribió Fuentes, el pasado 16 de abril.

Ante eso, Fusades señala la necesidad de la reactivación económica gradual porque “entre más drásticas hayan sido las acciones para detener la pandemia y más tiempo haya pasado, más profunda será la caída económica y más difícil será revertirla”.

Icefi considera que en el supuesto de que el Gobierno logre concretar los $1,609 millones, todavía le faltaría conseguir casi $1,400 millones. Para esto último, habría que colocar bonos. Sin embargo, el perfil de riesgo de El Salvador ha aumentado por tres razones: primero, por el incremento de deuda, la cual según estimaciones del Icefi, este año cerrará con un saldo de 90 % del PIB. Es decir, que de cada $100 que le ingresan al Estado, $90 serán para pagar deuda.

Segundo, debido  a la carencia de un  plan y de claridad sobre el destino de los recursos; y tercero, debido a la incertidumbre jurídica por las afirmaciones del presidente Bukele de no respetar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fricciones con el sector privado, las academias y las organizaciones sociales. 

“Ello nos deja con tres escenarios. Uno en el que, si se logra colocar la deuda, sería a una tasa de por lo menos 12 %, considerando el riesgo país. Otro en que solo la quieran comprar los fondos buitres a una tasa de alrededor del 17 %. En estos dos escenarios se estaría hipotecando los presupuestos de los próximos años. Y un último escenario, que sería inédito y alarmante, en donde nadie quiera comprar la deuda, significando que apenas en el inicio de la crisis, los mercados ya se habrían cerrado para El Salvador”, hizo ver Molina de Icefi.

Carolina Alas, de Fusades, dice que el Gobierno asegura necesitar $3,000 millones, pero probablemente si hiciera ahorros y fuera más eficiente en el gasto necesitaría menos.